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TCP

1601/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1601/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1601/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 57155-2023-115-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 286/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 61 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de María Amparo Carvajal Baños contra Eduardo del Castillo Del Carpio, Ministro de Gobierno; Jhonny Omar Chávez Bascopé, Comandante Departamental de la Paz de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de junio de 2023, cursante de fs. 22 a 30, la parte accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de junio de 2023, aproximadamente a las 12:00 del mediodía, en las dependencias de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, en compañía de aproximadamente cincuenta personas, tomó por la fuerza el inmueble de la referida APDHB, dicho inmueble se encontraba bajo la responsabilidad y posesión legítima de María Amparo Carvajal Baños, de acuerdo al Testimonio 821/2023 de 9 de mayo, aclarando que la misma ejerció como presidenta de dicha institución durante varios años.

Dentro de dicho inmueble, no solo la accionante ostentaba la posesión legítima, sino que también varios funcionarios de la APDHB tenían sus pertenencias almacenadas en las instalaciones. Además, se encontraron documentos de suma importancia relacionados con casos que involucran demandas sobre la protección de los derechos humanos.

En ese contexto desde el 2 de junio hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, se ha solicitado repetidamente a la policía y, en particular, a los altos mandos del Comando Departamental, que se garantice su acceso legal a las instalaciones en calidad de presidenta y representante legal; sin embargo esta solicitud fue rechazada e ignorada lo que constituye una vulneración de los derechos protegidos por la Norma Suprema; además, desde la toma ilegal de los predios hasta la presentación de esta acción tutelar, se observó que la policía ha dejado de cumplir su deber de proteger y garantizar la seguridad de una mujer de la tercera edad, quien se encuentra en riesgo debido a la presencia de criminales en la propiedad, en ese entendido no se ha emitido ningún pronunciamiento o respuesta respecto a esta situación alarmante.

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una vigilia en las puertas tanto delantera como trasera de las instalaciones, con el fin de recuperar el control de la institución, a pesar de tener ochenta y cuatro años. Esta valiente acción ha puesto en riesgo su vida y su salud, ya que tuvo que dormir en condiciones precarias y sin contar con las condiciones necesarias, para que una mujer de su edad pueda vivir dignamente, estas acciones son contrarias a las responsabilidades institucionales y jerárquicas que incumben a los funcionarios públicos, desde el Ministerio de Gobierno hasta los agentes de policía, en lo que respecta a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, protección de las personas de la tercera edad, derechos de la mujer, citando al efecto los arts. 15, 17, 18, 109, 410, de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.1 Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 6.1 de la Convención de Derechos del Niño; y, 3 y 4 de la Convención Belem Do Pará.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene a las autoridades demandadas que den cumplimiento a lo que señala la norma, y se respete sus derechos como Presidenta de la APDHB y resguarde su vida en recuperación de las instalaciones de la referida institución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 12 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogados Carmen Arista y Ricardo Rodríguez, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que:

  1. a)Se allanó y se tomó la APDHB, por lo que no pudo ingresar a su fuente laboral con ochenta y cuatro años, encontrándose afuera, expuesta al sol y la Policía Boliviana no está cumpliendo con su rol de protección, siendo que un grupo de personas ingresaron a la Asamblea de forma ilegal, y sin ningún tipo de autorización;
  2. b)La policía tiene una misión específica de la defensa de la integridad y conservación del orden público, pero permitir un allanamiento a plenas horas del día, viendo una mujer de la tercera edad prácticamente, quedarse en la puerta con sus llaves sin poder ingresar al lugar donde ha trabajado más de cincuenta y cuatro años, va en contra de los derechos humanos;
  3. c)La APDHB, no pertenece a una persona, ni a un grupo, y se tiene que respetar como tal y la policía boliviana no puede intervenir a favor de unos y en contra de otros, debe preservar que todos somos iguales ante la ley;
  4. d)La documentación de se encontraba dentro del inmueble mencionado, no se sabe si fue destruida y ante esta situación la peticionante de tutela, se encuentra en la puerta de la Asamblea desde el día de los hechos no quiere moverse, quiere dormir y quedarse ahí y obviamente es entendible, estamos refiriéndonos a una mujer que le ha dedicado más de media década a la defensa de los derechos humanos y se ve arrebatada ante una ilegalidad porque recordemos y remarquemos que no existe ningún documento que pueda justificar el allanamiento y la Policía Boliviana, conoce perfectamente que ya tenemos dos denuncias penales que nos han pedido ellos mismos que hagamos para que se pueda intervenir;
  5. e)El Ministerio de Gobierno y el Comandante de la Policía Boliviana, se limitaron a referir que esta acción de libertad no sería procedente, porque se encuentra en este momento planteada una denuncia a través del Ministerio Público por el delito de allanamiento de domicilio y sus dependencias y otra acción penal contra Edgar Salazar Limachi; sin embargo, por un principio de verdad material, se debe referir lo siguiente la segunda denuncia que se ha interpuesto en contra de Edgar Salazar Limachi, se ha presentado una denuncia por el delito de allanamiento de domicilio a sus dependencias por los hechos suscitados el 2 de junio, justamente en inmediaciones y en instalaciones de la APDHB, empero, esa denuncia fue observada por lo que la Sala Constitucional es competente para resguardar y tutelar el derecho a la vida y la integridad;
  6. f)Es una indefensión absoluta de parte de las instituciones que tienen que colaborar y resguardar los derechos de estos sectores vulnerables, es por eso que la acción de libertad ahora está dirigida para que se tutele y en todo caso se ordene, a que la Policía y el Ministerio de Gobierno puedan tomar cartas en el asunto y puedan cumplir esa misión constitucional de resguardar el derecho a la vida y la integridad física de la ahora accionante;
  7. g)La policía llegó y no permitió que un cerrajero, pudiera abrir las oficinas y el asistente dentro de la casa de la APDHB, fue sacado y expulsado, por lo cual la parte accionante sostiene que esta es una situación absolutamente ilegal;
  8. h)Conforme al portafolio digital, se tiene que Edgar Salazar Limachi y Manuel Morales, fueron denunciados porque se atrevieron a insultar a la ahora accionante;
  9. i)Existen procesos pendientes e incluso una denuncia de allanamiento; empero, tiene que tomar en cuenta, que desde la , emitida por la Sala Segunda, se establece la conducencia de las acciones de libertad en temas de mujer y en temas principalmente en estado de vulneración y en este caso, estamos refiriéndonos a una mujer de la tercera edad, representante de derechos humanos que ha sido violentada, vulnerada en sus derechos y garantías constitucionales; y,
  10. j)Los policías pusieron una barrera de protección no dejando que ingrese hasta el lugar donde se encontraban los avasalladores.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

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