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TCP

1602/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Voto Aclaratorio 1602/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

ACLARACIÓN DE VOTO Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad

Expediente: 57160-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz

Partes: Erick Ariel Vargas Mita en representación sin mandato del adolescente AA contra Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES

La , resolvió revocar la Resolución 18/23 de 30 de junio de 2023; y, en consecuencia, conceder la tutela impetrada, argumentando que:

  1. a)La Fiscal de Materia demandada, vulneró los derechos fundamentales del accionante al promover su procesamiento ante la jurisdicción penal ordinaria, pese a conocer que al momento de la comisión del hecho investigado -25 de similar mes y año- tenía diecisiete años de edad, extremo acreditado en la imputación formal presentada el 27 de igual mes y año; en tal sentido, en contravención de los arts. 5, 262, 267, 268 y 287.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), omitió someter el caso al Sistema Penal para Adolescentes, desconoció el régimen de responsabilidad penal diferenciada y atenuada aplicable a menores de dieciocho años, solicitó indebidamente procedimiento abreviado ante el Juez ordinario e incluso requirió la imposición de pena privativa de libertad en un centro penitenciario para adultos; asimismo, incumplió su deber de garante de la legalidad y de dirección funcional de la investigación, al no comunicar inmediatamente la situación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ni a los padres, tutor o guardador del adolescente, y al no verificar el respeto de sus derechos durante la aprehensión y permanencia en dependencias policiales, infringiendo los arts. 2, 5.1, 12.1, 40.1 y 69 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); extremos que evidencian que la ahora demandada incurrió en indebido procesamiento y vulneró los derechos a la libertad, dignidad, debido proceso y protección reforzada de adolescentes frente a medidas privativas de libertad, correspondiendo conceder la tutela constitucional solicitada;
  2. b)En aplicación del principio de informalismo propio de la acción de libertad y conforme al entendimiento contenido en la , se ingresó excepcionalmente al análisis de las actuaciones policiales, pese a que la acción no fue dirigida contra los funcionarios aprehensores; esto, ante la evidente alegación de vulneración de derechos fundamentales, estableciendo de los antecedentes, que funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) procedieron al arresto del accionante el 27 de junio de 2023, sin que concurran los presupuestos legales previstos en el art. 287.I del CNNA, es decir, sin flagrancia, sin fuga ni orden fiscal o judicial, y además fuera de los parámetros constitucionales del art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), que protege la libertad personal; de ahí que la privación de libertad se realizó de manera ilegal, al no adecuarse al régimen especial de aprehensión de adolescentes ni al sistema penal especializado establecido por la normativa vigente, razón por la cual, en el contexto del fallo constitucional analizado, la actuación policial no puede ser convalidada, concluyéndose que se produjo una lesión directa a los derechos fundamentales del accionante, configurándose una detención arbitraria contraria al orden constitucional;
  3. c)Con relación a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, se determinó que, pese a haber ordenado el 27 de junio de 2023, la remisión de la causa a la jurisdicción especializada en materia de niñez y adolescencia, incurrió en una demora injustificada al no efectivizar de manera inmediata dicha remisión, manteniendo al accionante privado de libertad en dependencias de la FELCC por más de tres días sin definir su situación jurídica; omisión que generó una dilación indebida contraria al principio del interés superior del niño, previsto en el art. 60 de la CPE, que garantiza prioridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y especializada, así como vulnerando los derechos a la libertad personal y al debido proceso, al prolongar de forma injustificada una situación de detención sin control jurisdiccional especializado;
  4. d)En cuanto a las supuestas torturas, incomunicación y presentación ante la prensa, en que hubiera incurrido la Policía Boliviana, dichas alegaciones deben ser conocidas y valoradas por la autoridad jurisdiccional competente -Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del referido departamento- bajo el principio de inmediación, a fin que en el marco de sus atribuciones y conforme a las reglas del debido proceso, se pronuncie sobre la procedencia o no de tales denuncias; y,
  5. e)Finalmente, se aclaró que "...si bien se advirtió actos lesivos por parte de los funcionarios policiales de la FELCC a cargo de Marcelo Fuentes Calderón, y de la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no corresponde establecer ninguna responsabilidad, al no haber sido demandados, por consecuencia no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa" (sic).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL VOTO ACLARATORIO

II.1. Efectos de la incompetencia

Sobre el punto, la , estableció: "La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010- determina la estructura organizativa judicial atendiendo su naturaleza, estableciendo entre otros aspectos las distintas jerarquías y atribuciones competenciales de cada instancia jurisdiccional; en ese contexto, conforme prevé el art. 12 de la citada Ley, competencia "Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto"; es decir, delimita las funciones de dichas autoridades a objeto de que conozcan y sustancien un determinado conflicto, ya sea por la naturaleza en sí de las cosas o de los hechos, o de acuerdo a las personas involucradas en el asunto a resolverse.

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