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TCP

1608/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1608/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1608/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 57257-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 13/23 de 26 de julio de 2023, cursante de fs. 442 a 445, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María del Carmen Raquel Arista Díaz y Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de María Amparo Carvajal Baños contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental; Inés Verónica Marca Álvarez, Fiscal de Materia; Salomé Ramos López, Fiscal Analista; Edgar José Cortéz Albornoz, Comandante Departamental de la Policía Boliviana; Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); Juan José Donaire Donaire, Jefe de la División de Delitos Contra las Personas de la Policía Boliviana; Yhoselin Mendoza Quispe, Funcionario de la Policía Boliviana Encargada de Plataforma de Atención de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) todos del departamento de La Paz; y, Edgar Salazar Limachi y Remberto Cruz Pusarico.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 29 vta., la accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cumple con la labor de resguardo y protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional desde hace cincuenta años; sin embargo, grupos afines al partido de gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), promovieron amenazas, actos de violencia, tortura, discriminación y discursos de odio en su contra, vulnerando sus derechos fundamentales, particularmente en su condición de mujer de la tercera edad y defensora de los derechos humanos.

En efecto, el grupo denominado "Willa Lluch'us", a través de videos difundidos en redes sociales profirieron amenazas de muerte, discursos de odio, racismo y venganza en su contra, advirtiendo con quemar la casa de la APDHB que además es su vivienda, ubicada en la avenida 6 de agosto de ciudad de La Paz; asimismo, un grupo de personas con distintivos del MAS, identificadas como el "Comité Impulsor del Juicio por el Golpe de Estado de 2019" lideradas por "Aldo Michel", mientras marchaba junto a voluntarios de APDHB en demanda del cumplimiento del debido proceso en las acciones penales promovidas contra Jeanine Añez Chávez, Expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y otros; el 25 de agosto de 2021, se instalaron en las puertas de la APDHB con el objetivo de tomar el bien inmueble, forzando la puerta de ingreso y exigiendo su destitución como Presidenta de la APDHB.

Por otra parte, David Inca activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDH EA); presentó ante el Tribunal de Ética de la APDHB, una denuncia en su contra pidiendo su suspensión temporal, por supuestas actuaciones en la masacre de "Senkata" El Alto del departamento de La Paz el 2019.

El 6 de octubre de 2021, se registró un atentado en la sede de la APDHB, que es también su domicilio, por parte de los "Willa Lluch'us" a la cabeza de "Grober G. Choquehuanca" (sic); quienes promovieron actos de odio y venganza en su contra, al punto de amenazarla de muerte; atentar contra su vida e integridad, así como contra su derecho a la propiedad, todo debido a la labor que realiza en defensa de los derechos humanos. Estas situaciones violentas, no merecieron acción alguna por el Estado a través de sus Jueces, Policías, Fiscales e inclusive autoridades; de gobierno que, la dejaron en absoluta indefensión y total desprotección, omitiendo asumir medidas efectivas para proteger su integridad.

En este contexto, el 13 septiembre de "2021" -siendo lo correcto 2022- interpuso una primera denuncia por amenazas contra Edgar Salazar Limachi y otros; signada con el Código Único de Denuncias (CUD): 201102012207249 en la cual, se dio a conocer que el 16 de agosto de 2022; el denunciado la amenazó con que, si no le entregaba la sede de la APDHB se atenga a las consecuencias; el 8 de septiembre del mismo año, Manuel Morales la amenazó con que si no le habilitaba las instalaciones de la APDHB, el mismo se encargaría de expulsarla.

Actos propiciados por el gobierno, a través de la creación de organismos paralelos a los organismos de derechos humanos y de defensa de la democracia, impulsando acciones como el despojo de la casa de la APDHB para entregarla a Edgar Salazar Limachi, quien funge ilegalmente como presidente y a quien se le transfirió la propiedad del mismo; figurando desde el "19 de diciembre" (sic), como su representante. Situación que entraña un peligro para las Asambleas Departamentales de Derechos Humanos; ya que, las mismas no cuentan con personerías jurídicas y dependían de la APDHB.

No obstante, la denuncia fue rechazada el 24 de enero de 2023, sin un solo acto investigativo, aduciendo el Ministerio Público que no existían los suficientes elementos de convicción para sostener que el ahora sindicado era con probabilidad autor o partícipe del hecho, sin considerar que no es responsabilidad del denunciante que los actos investigativos continúen, constituyendo un verdadero riesgo que las denuncias sean rechazadas sin tener esclarecidos los hechos, dejando que se siga atacando y coaccionando a las víctimas.

Frente a estas irregularidades; se presentó objeción al rechazo, habiendo transcurrido más de tres meses sin que el Fiscal Departamental de La Paz haya emitido pronunciamiento alguno, dejándola en indefensión en su condición de víctima en situación de vulnerabilidad.

Posteriormente, presentó otra denuncia en la que, manifestó que Edgar Salazar Limachi afín al MAS, tomó las instalaciones de la APDHB ubicada en la calle Oruro de la ciudad de La Paz -hecho ocurrido el 2 de junio de 2023-, profiriendo insultos y sindicándola de ladrona; señalando que, la mañana de aquel "miércoles" se apersonó al bien inmueble; pero no pudo ingresar con sus llaves ya que, las chapas fueron cambiadas, aguardando en aquellas instalaciones a que el Ministerio Público se apersone para tomar acciones; no obstante, pese a la existencia de testigos de la agresión, los funcionarios policiales no remitieron el informe a la Fiscalía ni a la FELCV; ante las amenazas del denunciado Edgar Salazar Limachi, con su influencia en el Ministerio de Gobierno.

La denuncia formulada fue desestimada; puesto que, en criterio de las autoridades fiscales no constituye delito ingresar con violencia a una propiedad, cometiendo abusos contra una persona de la tercera edad que tenía legítima posesión sobre ella, convirtiéndose en cómplice de hechos delictivos conjuntamente la Policía, que pese a ser un delito flagrante no intervinieron por considerarlo un hecho atípico o de acción privada.

Al conocer esta determinación, inició una vigilia en las instalaciones de la APDHB; teniendo que, subir por una escalera hasta la terraza, pese a estar enferma y ante la indolencia de los avasalladores, siendo amenazada, agredida, insultada por más de cuarenta días; no obstante, ningún Policía, Fiscal o Juez en conocimiento de estos casos la protegió; al contrario, autoridades del gobierno como Eduardo del Castillo del Carpio, Iván Lima Magne, Jorge Silva Trujillo o el mismo Defensor del Pueblo; pusieron en duda la legalidad de su condición de Presidenta de la APDHB y de forma humillante pidieron que, a pesar de ser víctima de torturas se siente junto a su agresor a negociar, dañando su dignidad.

Como prueba de que existió violencia en su contra, existe el fallo constitucional de "13" de julio de 2023 -siendo lo correcto 12-, emitido por el Juez Javier Peñaranda Saiza; que dictaminó que las personas que, ingresaron a tomar la casa de la APDHB con Edgar Salazar Limachi, generaron actos de amenaza, violencia, tortura psicológica y discriminación en su contra.

Finalmente, interpuso una denuncia más por violencia psicológica contra Remberto Cruz; misma en la que, ni el Fiscal ni el investigador que la recibió cumplieron con el deber de protegerla en su condición de víctima totalmente desprotegida; puesto que, pasaron más de veinticuatro horas sin que se realicen actuados y mucho menos se aprehendió a sus atacantes, poniendo en riesgo su vida e integridad como adulta mayor; además, no dejarle usar ni siquiera los servicios sanitarios de las instalaciones.

La Policía Boliviana y el Ministerio Público incumplieron el deber de brindar medidas de protección e investigar un hecho de violencia contra una mujer adulta mayor y Presidenta de la APDHB; asimismo, no investigaron ni aprehendieron a Edgar Salazar Limachi como su principal agresor, quien continúa al interior de la APDHB y desde donde solicitó careos; que la saquen del bien inmueble, la insulta y amenaza con llevar más gente omisión de dichas autoridades que, la revictimiza y constituye un crimen de lesa humanidad, al dejarla en desprotección por órdenes gubernamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante, a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, al acceso a la justicia, a la vida, a la salud, a la dignidad y a la libertad; citando al efecto, los arts. 8. II, 115, 119.I, 121.II; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga:

  1. a)La reapertura de "la causa"; toda vez que, la objeción de rechazo aún no fue remitida por la Fiscalía Departamental de La Paz; y se proceda a la imputación formal de los denunciados;
  2. b)Se materialice la potestad de impartir justicia ante el constante amedrentamiento sufrido;
  3. c)Se prohíba cualquier acto de violencia, amenazas, discursos de odio, discriminación, incitación a la violencia, debiendo tomar de oficio las debidas acciones procesales;
  4. d)Se ordenen medidas de protección adecuadas en su favor; y,
  5. e)El desalojo inmediato -se entiende de Edgar Salazar Limachi- de las instalaciones de la APDHB.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 26 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 430 a 442, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutela a través de sus representantes, en audiencia pública, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. 1)A raíz de las amenazas, tortura psicológica, amedrentamiento, actos violentos y de hostigamiento inferidos contra su persona en su condición de Presidenta de la APDHB, y mujer adulta mayor, por el grupo denominado "Willa Lluch'us"; Edgar Salazar Limachi y David Inca entre otros, el 13 de septiembre de 2022, presentó denuncia ante el Ministerio Público; sin embargo, pese a la connotación social de estos hechos en los que se agredió de manera pública a una mujer de la tercera edad; el Ministerio Público desestimó la denuncia para luego, -vía corrección procesal- admitirla y dar a conocer el 30 de del mismo mes año el inicio de las investigaciones al Juez de control jurisdiccional; el 24 de enero de 2023, transcurridos más de tres meses, en los que no se realizó ningún acto investigativo; William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, emitió conminatoria para cerrar la etapa preliminar; dando como resultado que Inés Verónica Marca Álvarez, Fiscal de Materia asignada al caso, en la misma fecha emita Resolución de Rechazo, por no existir elementos de convicción suficientes; posterior a ello, el 27 de enero de 2023, después de rechazada la denuncia, recién se emitió el primer y único informe por parte de Betty Nina Mamani, Investigadora asignada al caso, en el que informó que la parte denunciante no se hizo presente a objeto de coadyuvar con las diligencias preliminares, devolviendo incluso el formulario de citación de Edgar Salazar Limachi en blanco, lo que demostraba la falta de debida diligencia en los actos investigativos;
  2. 2)La Resolución de Rechazo descrita en el numeral precedente, fue notificada a su persona el 28 de marzo de 2023 -dos meses después-, motivo por el que, presentó Objeción a la Resolución de Rechazo, solicitando la continuación de las investigaciones conforme establecía la Ley; empero, incumpliendo todos los plazos previstos en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP); recién el 27 de abril del mismo año, se remitieron los antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz;
  3. 3)El 21 de julio del indicado año, a horas 10:00, presentó memorial con la suma "pido reapertura de causa y medidas de protección"; solicitud efectuada en mérito a la Resolución 56/2023 de 12 de julio, emitida por el Juez de Sentencia y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz, en una anterior la acción de libertad; por la que, el referido Juez de garantías llegó a la convicción que la accionante había sido víctima de violencia psicológica por parte de Edgar Salazar Limachi;
  4. 4)El mismo 21 de julio del indicado año, dos horas más tarde, se consignó en el portafolio digital del Ministerio Público la Resolución emitida por Willliam Eduard Alave Laura; Fiscal Departamental de La Paz que, confirmó rechazo de la denuncia objetada, argumentando que "las investigaciones se realizaron contra Edgar Salazar Limachi y Manuel Morales por amenazas"; lo cual era falso ya que, la denuncia formulada pedía también investigación a quienes la habían amenazado a título de los autodenominados "Willa Lluch'us"; asimismo, esgrimió argumentos ajenos a los hechos denunciados, sin observar la falta de investigación sobre los mismos; tal negligencia trajo como consecuencia la materialización de las amenazas vertidas por los agresores, quienes concretaron la toma violenta del bien inmueble de la APDHB, expulsándola del mismo;
  5. 5)Edgar José Cortez Albornoz, Comandante Departamental de La Paz y Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Coronel de la Policía Boliviana, como encargados del operativo de seguridad de la APDHB en el departamento de La Paz; en conocimiento de los insultos, hostigamiento y amenazas que sufrió en las instalaciones de la referida organización, donde inclusive le ofrecieron un ataúd, no tomaron ninguna medida, omitiendo tanto ellos como el Ministerio Público el deber de actuar de forma directa, sin la necesidad de tener aperturado un caso y brindar las medidas de protección contra la impetrante de tutela como víctima adulta mayor;
  6. 6)El 2 de junio de 2023 Edgar Salazar Limachi junto a cincuenta personas más -algunas en estado de ebriedad-, ingresaron con violencia a las instalaciones de la APDHB; estos hechos fueron denunciados por su persona y las diputadas nacionales Luisa Nayar Sosa y Luciana Campero Chávez ante el Ministerio Público; sin embargo, Salomé Ramos López, Fiscal de Materia, observó la denuncia por presuntamente no contar con suficientes detalles de los hechos, documentos que acrediten la habitabilidad legítima del bien inmueble y afectación del bien jurídico protegido, dicha observación fue objetada; sin embargo, según lo informado por el Fiscal Departamental de La Paz, a fecha 25 de julio de 2023 aún está pendiente de Resolución; demostrándose una vez más la desidia con la que, se actúa en las denuncias de la accionante; pues de haberse actuado con la debida diligencia no se hubieran dado "cincuenta días" de tortura hacia su persona; mismos que, fueron evidenciados en otra acción de libertad, persistiendo el riesgo a la vida, a la integridad, a la salud y a la libertad de la solicitante de tutela; cuando Edgar Salazar Limachi aseveró que, la misma estaba en la terraza del bien inmueble por voluntad propia utilizando un medio de comunicación estatal para denigrarla, aún después de la Resolución emitida en la referida acción de libertad que le ordenó abstenerse de realizar más actos de violencia en su contra;
  7. 7)Posteriormente, Ricardo Rodríguez Veizaga, presentó denuncia contra Remberto Cruz Pusarico; quien se autodenominó Vice Presidente de la organización apócrifa de Edgar Salazar Limachi -se entiende la directiva de la APDHB-; por haber ejercido actos de intimidación, hostigamiento en su contra, colocando parlantes con alto volumen en el lugar donde se encontraba la víctima, enviando gente, generando la posibilidad de envenenamiento con gases lacrimógenos en horas de la noche, pese a la presencia de efectivos policiales en el lugar; ésta denuncia fue observada el 13 de julio de 2023, sin dar curso a la misma; y,
  8. 8)En definitiva, reiteró la solicitud de que se otorguen medidas de protección a la tutela, la restitución del bien inmueble, computadoras, enseres y documentación de la organización, exhortando a las autoridades policiales y Fiscales a cumplir con su funciones en situaciones que se evidencia violencia, amenazas y hostigamiento; y, se ordene la prohibición de actos de violencia, amenazas, discursos de odio, discriminación, incitación a la violencia o confrontación; además de ordenar a Impuestos Nacionales se restituya el Número de Identificación Tributaria (NIT), a la solicitante de tutela.

La accionante en uso de la palabra, manifestó que:

  1. i)Antes de volver a abrir el edificio no le dejaron ni entrar por las escaleras, aduciendo que tenían una reunión de rendición de cuentas; y.
  2. ii)La Fiscalía le señaló literalmente que "no tenía protección".
I.2.2. Informe de los demandados

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