Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1617/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57819-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lily Medina Padilla y Alcides Ferrufino Quispe contra Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes mediante memorial presentado el 31 de julio de 2023, cursante de fs. 63 a 66 vta., manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Salustio Flores Franco contra los accionantes por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, avasallamiento y tentativa de homicidio, previstos y sancionados por los arts. 132, 332, 351 Bis y 251 con relación al art. 8 del Código Penal (CP); se dio inicio de investigación en la vía ordinaria sin agotar la jurisdicción constitucional.
En ese contexto, el 25 de julio de 2023, fueron arrestados con "grandes signos extorsivos"; posteriormente, el 28 de igual mes y año, se celebró una audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó la detención preventiva -de Alcides Ferrufino Quispe- por ciento veinte días, con señalamiento de audiencia de control jurisdiccional para el 9 de enero de "2023" -se entiende 2024-, todo ello en evidente usurpación de funciones a la jurisdicción agroambiental.
El proceso penal de referencia, surge debido a que se encontraban en posesión del terreno con Título Ejecutorial PPD-NAL-616865 a nombre de Ana Villarroel Castro, el cual ocupan desde el 2013 con la venia y autorización de la propietaria; sin embargo, un falso denunciante logró sacar los alambres que dividen los límites y colindancias y provocó un avasallamiento. No obstante a lo mencionado, y a la mala calificación de los hechos, correspondía conocer el presente conflicto al tratarse de un avasallamiento a la jurisdicción agroambiental, conforme a lo previsto por los arts. 1 y 4 de la "Ley 447" (sic); asimismo, no se puede considerar que se produjo un hecho de robo; ya que, todo sucedió en una parcela distinta a la del denunciante y respecto a la presunta comisión del delito de homicidio culposo se debe entender que fue una vaca quien agredió al denunciante; por lo tanto, se inventó y fabricó lo denunciado.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia, dignidad, igualdad, garantía de presunción de inocencia, así como los principios de favorabilidad y celeridad; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115, 109.I, 116, 119, 120, 178, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.6, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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