1618/2022-S4

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto el Auto Supremo 535/2021-RA; y el consiguiente, Auto Complementario, debiendo los Magistrados demandados emitir nuevo fallo sobre la admisibilidad del recurso de casación aplicando objetivamente las normas previstas por los arts. 16.I y 17.I de la LOJ, los precedentes obligatorios sobre la flexibilización de los requisitos de admisión del recurso de casación en situaciones excepcionales de grave vulneración a derechos fundamentales, aplicando los estándares mínimos internacionales y los fundamentos que serán expuestos en la resolución constitucional; y,
2. b)Se condene a costas procesales a las autoridades demandadas.

La parte accionante, ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional, y ampliándola señaló que:

1. 1)El Código de Procedimiento Penal establece que los defectos pueden ser impugnados en los casos y formas previstas por el mismo Código; por lo que, desde una interpretación sistemática, en especial de los arts. 416 y 417 del CPP con la Constitución Política del Estado, se concluye que el medio de impugnación previsto por dicha norma procesal, para denunciar la lesión a derechos fundamentales y garantías en apelación es el recurso de casación, siendo su finalidad no solo buscar la uniformidad de sus fallos sino velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales;
2. 2)Los Magistrados demandados apartándose de su propia doctrina, jurisprudencia constitucional y estándares internacionales, al asumir una postura extremadamente formalista no acorde con el principio de verdad material declararon la inadmisibilidad de su recurso de casación, sin exponer las razones jurídicas suficientes y razonables para justificar el apartamiento de los precedentes obligatorios, el mismo que según la jurisprudencia cobra fuerza vinculante garantizando la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de las normas;
3. 3)Las autoridades demandadas en su fallo argumentaron que si bien el recurrente citó los precedentes contradictorios; empero, no explicó en que consiste las contradicciones, aspecto que carece de sustento ya que la referida exigencia extrema se convierte en un obstáculo para que dicho recurso cumpla su finalidad, convirtiéndolo con la determinación asumida en un recurso de mera existencia y no de resultados como exige el art. 8.2 inc. h) de la CADH;
4. 4)Los Magistrados demandados se encuentran en la obligación de aplicar el control de convencionalidad, por cuanto la ratificación del Estado obliga no solo a tomar en cuenta el tratado sino la interpretación realizada por la Corte IDH, que determinó que dicho control debe ser realizado aún de oficio, habiendo la amplia jurisprudencia constitucional determinado que los Jueces y Tribunales tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad;
5. 5)Conforme se puede evidenciar del recurso, se invocó el precedente contradictorio y se explicó las contradicciones existentes con el Auto de Vista, por cuanto la determinación asumida por las autoridades demandadas es ilegal y vulneradora de derechos fundamentales, pues no consideró los fundamentos y las acciones que asumieron los defensores para hacer valer los derechos de los acusados, convirtiendo con su determinación en ineficaz el recurso de casación planteado;
6. 6)Asimismo, debe tomarse en consideración que cuando se denuncian defectos absolutos referidos a vulneración de derechos y garantías constitucionales no es exigible presentar y argumentar el precedente contradictorio, en cuyo caso constituye deber del Tribunal Supremo de Justicia, identificar y aplicar de oficio los precedentes contradictorios, razonamiento modulado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0715/2018-S4 de 30 de octubre, 692/2020-S2 y 0244/2021⁴, última que debe ser aplicada al contener el estándar más alto;
7. 7)El art. 16.I de la LOJ excepcionalmente permite retrotraer el proceso anulando obrados, cuando las irregularidades e ilegalidades que lesionan derechos humanos fueron oportunamente reclamadas, como acontece en el caso, por lo que es deber de las autoridades demandadas hacer una revisión de oficio, a objeto de que no se afecten derechos y garantías constitucionales de los justiciables; máxime, cuando fueron denunciados defectos absolutos insubsanables e inconvalidables;
8. 8)Aclararon que no es en la etapa de admisibilidad donde debe corregirse los defectos procesales y las ilegalidades a que hace referencia los arts. 16.I y 17.I de la LOJ, sino que los Magistrados demandados aplicando la doctrina legal de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y en cumplimiento a la jurisprudencia constitucional, se admita y luego resuelva el recurso de casación cumpliendo la norma orgánica en el marco de supremacía legal, debiendo primero admitir el recurso para realizar la revisión integral objetiva conforme los estándares internacionales; y,
9. 9)Finalmente, ratificaron su petitorio y solicitaron que ante el riesgo inminente de ejecutar la sentencia condenatoria para que sea recluido en la cárcel, aspecto procurado por el Concejo Municipal de Cochabamba y otras autoridades nacionales, extremo que generaría daños irreparables e irreversibles, solicitaron se amplíen la medida cautelar de suspensión de ejecución de la sentencia condenatoria hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita en revisión el respectivo fallo.

Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 7 de octubre de 2021, cursante de fs. 377 a 383 vta., manifestaron que:

1. i)El Auto Supremo confutado, para ser objeto de amparo constitucional debe vulnerar de manera clara y precisa algún derecho, situación que no acontece, resultando más bien la pretensión de la parte accionante convertir la presente acción tutelar en una cuarta instancia, donde se revisen fallos que por su naturaleza son irrevisables;
2. ii)La pretensión de los impetrantes de tutela no tiene asidero legal, ya que si bien se menciona ciertos derechos como vulnerados, en toda la narrativa expuesta no se evidencia como ni por qué el Auto Supremo emitido hubiera vulnerado esos derechos, pues se realiza una extensa explicación de los mismos sin relacionarlos con el fallo confutado, lo que torna un intento de inmiscuir a la jurisdicción constitucional a la ordinaria, ya que según las propias manifestaciones de la parte solicitante de tutela se trata de una impugnación de Resolución Judicial mediante la acción de amparo constitucional;
3. iii)La parte accionante incumple con los requisitos para que pueda ingresarse a la interpretación de la legalidad ordinaria, pues no cuenta con la carga argumentativa para que la jurisdicción constitucional asuma de manera excepcional el control de un recurso, la cual es atribución privativa de la jurisdicción ordinaria;
4. iv)Se pretende hacer creer que con el Auto de Vista emitido, se lesionaron derechos fundamentales que corresponden a otras etapas procesales, sin mencionar que todos los reclamos realizados mediante impugnaciones, fueron resueltos en su oportunidad por autoridades con facultad legal y competencia otorgada por el Estado, lo que significa que no puede intentarse a través de esta acción de defensa hacer valer un criterio que no fue acogido por los tribunales de justicia y porque no son de agrado de la parte accionante;
5. v)Cualquier recurso de casación antes de considerarse en el fondo debe cumplir con los requisitos de admisión conforme el art. 418 del CPP, cuyos alcances son obligatorios, siendo en esa línea que se hizo la revisión del recurso planteado por los hoy accionantes, por lo que, advirtiendo que no cumplía con los requisitos de admisión debe ser declarado inadmisible conforme establece la norma aludida;
6. vi)El Auto Supremo cuestionado, no adolece de vulneración alguna, ya que se hizo una revisión puntual de cada uno de los motivos casacionales relacionándolos con la doctrina legal aplicable que se hubiere fundamentado en el recurso, no bastando con hacer una enunciación sino una fundamentación clara de la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido en casación y dicha doctrina, aspecto que no es un capricho sino deviene del cumplimiento de la ley y los precedentes contradictorios vinculantes que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe observar, para dar certidumbre y seguridad jurídica a los justiciables, por cuanto también fueron analizados los motivos de flexibilización, en cuyo efecto el Auto Supremo confutado, de manera clara fundamenta los mismos explicando porque no pueden aplicarse al caso concreto;
7. vii)El recurso de casación tuvo cinco motivos casacionales, que fueron analizados uno a uno fundamentando debidamente en cuanto a la posibilidad o no de admitirlo, realizando un análisis prolijo de cumplimiento de los requisitos de forma y las condiciones de admisibilidad tanto normativa como extraordinaria mediante la flexibilización como se realiza en todos los casos que ingresan ante el Tribunal Supremo de Justicia;
8. viii)La configuración del recurso de casación no alcanza para denunciar errores procedimentales, la cual está destinada solo a corregir errores formales y materiales de la sentencia, caso contrario, no se constituiría en un Tribunal de cierre, por cuanto no puede retroceder a etapas que se encuentran cerradas e incluso consentidas, pues la acción de defensa intentada no especifica si reclamó estos supuestos efectos de manera oportuna, ya que contrariamente de lo denunciando se evidencia que se consideró y sometió a análisis de admisibilidad del recurso de casación planteado; y,
9. ix)Fue considerado íntegramente el recurso interpuesto, habiéndose precisado de manera textual, puntual y clara los fundamentos de la decisión de declarar inadmisible el recurso, conforme la línea jurisprudencial que maneja el Tribunal Supremo de Justicia; argumentos con base en los cuales solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, representado legalmente por Patricia Dolores Sánchez Troche, Erika Yaskara Tejada Pantoja y Erick Torrico Zenzano, por informe presentado el 6 de octubre de 2021, cursante de fs. 368 a 376 vta., señaló que:

1. a)De acuerdo a las documentales adjuntas al presente, consta que los ahora accionantes a través de su apoderada Agnetha Miranda Linares, el 14 de noviembre de 2019, promovieron acción de amparo constitucional contra el Auto Supremo 004/2019-RRC, denunciando que no se hubiesen resuelto los incidentes de extinción de la acción por prescripción, en mérito a lo cual la Sentencia de primera instancia contenía defectos absolutos no susceptibles de convalidación, señalando además que no se hubiere notificado a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi de manera correcta con la acusación y radicatoria y a sus Defensores de Oficio situándolos en indefensión, quitándole su derecho que pueda ser juzgado de acuerdo a las normas en vigencia en el momento de los hechos, vulnerando el principio de verdad material entre otros; asimismo, se cuestionó que el Auto Supremo impugnado, no había observado el principio de irretroactividad de la ley que implica violación a la legalidad penal; acción tutelar que fue tramitada y resuelta a través de la Resolución 11/2020 de 23 de enero, por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quienes resolvieron conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Supremo 004/2019-RRC, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una resolución de acuerdo a los fundamentos expuestos en la Sentencia referida; en esa línea, existe igualdad de sujeto, objeto y causa, con la presente acción de amparo constitucional, la cual además está dirigida al igual que la anterior acción de defensa, contra la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la misma causa, que se revise la Sentencia 9/2013 "anulando tanto el Auto de Vista de 19 de febrero de 2021, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de Cochabamba y el Auto Supremo 535/2021 de 21 de julio" (sic), lo que denota la existencia de cosa juzgada constitucional, con base en la cual debe declararse su improcedencia;
2. b)La parte accionante, al momento de presentar esta acción tutelar, debió identificar de qué forma las autoridades demandadas incurrieron en actos u omisiones ilegales e indebidas a momento de emitir el Auto Supremo impugnado, y no limitarse a realizar un relato de hechos, los cuales además ya habrían sido considerados en otra acción de amparo constitucional que ya fue resuelta, debiendo observarse en la interposición de estas acciones el criterio de exactitud y no confundir con un nuevo recurso, conforme glosa la SCP 0071/2014-S2 de 27 de octubre;
3. c)Las autoridades demandadas obraron en derecho al analizar punto por punto los presuntos agravios sufridos por los hoy accionantes, declarando la inadmisibilidad al incumplir con los requisitos de admisibilidad;
4. d)La mera relación de los hechos o la sola enunciación de normas, no puede activar el control de constitucionalidad, conforme determina la jurisprudencia constitucional, pues es necesario exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación de la norma al caso concreto; es decir, por qué le resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, siendo insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas, deberá explicar qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la interpretación que indica es la correcta, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que solo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional; siendo evidente que en el caso presente no se cumplió con los presupuestos jurisprudenciales referidos precedentemente para que se ingrese a revisar la legalidad ordinaria, pues los impetrantes de tutela solo realizaron un fundamento genérico, respecto a que no se habría realizado una adecuada aplicación normativa, jurisprudencial y doctrina legal relativa al análisis de la flexibilización, no siendo evidente que los Magistrados demandados hubiesen lesionado su derecho a la defensa considerando todos los planteamientos que realizaron en la que advirtieron incumplimiento a los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, el cual si bien contiene una serie de sentencias constitucionales y autos supremos, además de sentencias de la CIDH, ninguna expresa la contradicción y la vulneración del derecho aludido con la emisión del Auto Supremo 535/2021-RA, habiéndose dado una respuesta debidamente fundamentada, clara y precisa sobre los planteamientos efectuados, sin que eso signifique que se hubiese cerrado cualquier posibilidad de reparación de actos procesales ilegales, los cuales ya fueron reclamados y restituidos en la primera acción de amparo constitucional interpuesto dentro del proceso por los mismos solicitantes de tutela, utilizando argumentos que no son de atribución de las acciones de defensa como el hecho de reclamar el procesamiento, la aplicación de la norma que supuestamente no es la correcta, no siendo competencia del "tribunal de amparo" entrar a resolver esos aspectos, los cuales debieron ser resueltos en su momento por las instancias correspondientes, hasta agotar las instancias; y,
5. e)Finalizó solicitando se declare la improcedencia de la acción tutelar interpuesta por existir cosa juzgada constitucional, y en caso de ingresar al fondo se deniegue la tutela impetrada ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por no cumplir con los requisitos establecidos por ley, debiendo levantarse la medida cautelar impuesta.

Emeterio Ortega Ballejos, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 5 de octubre de 2021, cursante de fs. 199 a 203, expresó que:

1. 1)Respecto a la presunta falta de notificación con la imputación y acusación, conforme los antecedentes Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, salió del país después de prestar su declaración informativa, cuando la presente causa y los otros procesos investigativos se encontraban sustanciando teniendo pleno conocimiento de los mismos; por lo que, mal podría reclamar que el proceso se hubiera llevado a cabo con vicios de nulidad y defectos absolutos insubsanables; máxime, cuando estuvo representando por sus abogados Defensores de Oficio, que realizaron los actos necesarios en resguardo de su defensa, y si bien las resoluciones de imputación y acusación fueron mediante edictos, dicho aspecto no impidió que pueda tomar conocimiento de los antecedentes del proceso, más aún cuando ya tuvo conocimiento del proceso, teniendo por tanto el derecho y la obligación de apersonarse y asumir defensa, pues ningún proceso puede suspenderse por la falta de voluntad del imputado de someterse al proceso, habiendo el legislador previsto el instituto de la rebeldía a efectos del desarrollo de la etapa preparatoria cumpliendo las reglas del debido proceso en ausencia del imputado de acuerdo a la Ley 004, que en el art. 36 introdujo los arts. 91 bis y 344 bis del CPP, permitiendo la prosecución del proceso en ausencia del procesado, no existiendo por tanto vulneración alguna;
2. 2)Debe tenerse presente que el cambio realizado a la Constitución Política del Estado de 2009, en cuanto a los delitos de corrupción se reflejó en sus normas de desarrollo, en el caso la ley 004, por lo que el nuevo contexto constitucional y legal permite asumir un criterio sobre la aplicación de la ley sustantiva, más si se añade los compromisos internacionales que en materia de lucha contra la corrupción fue adoptado por Bolivia como la Convención de las Naciones Unidas que en términos políticos criminales significó apuntalar un sistema normativo penal más energético y efectivo contra la corrupción, que encuentra sustento axiológico en el art. 108.8 de la CPE, lo que denota que se aplicó de forma correcta la norma constitucional vigente en cuanto al art. 112; no obstante, los accionantes tratan de soslayar la vinculatoriedad de la interpretación contenida en sentencias constitucionales, respecto a la aplicación directa de la Norma Suprema, sin considerar que al ser fundamento del ordenamiento jurídico no puede encontrarse supeditado a las reglas de la irretroactividad, sino que a diferencia de las otras normas jurídicas sus preceptos tienen eficacia plena en el tiempo lo que implica que puedan ser aplicados de forma inmediata, salvo que la misma disponga otra cosa en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica, de lo que se extrae entonces que las reformas introducidas al texto constitucional tampoco se subyugan a esas reglas, pues en virtud a las características resaltadas y la fuerza expansiva de la Constitución Política del Estado, es el ordenamiento jurídico el cual debe adecuarse a los nuevos lineamientos establecidos en la Ley Fundamental, aspectos que ya fueron interpretados por el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0996/2017-S2 de 25 de septiembre;
3. 3)El deber de fundamentación no solo es obligación de los juzgadores sino también de las partes procesales al realizar alguna impugnación o petición, la cual debe ser expuesta de forma fundamentada y razonable, compuesto y estructurado en un esquema lógico jurídico coherente, que permita entender con precisión la pretensión a efectos de que pueda resolverse sobre las denuncias concretas y no sobre supuestos, ya que lo contrario podría generar reclamación de no ser atendida por incoherente, vaga o imprecisa, o conducir a error al Tribunal de impugnación en cuanto a la reclamación, siendo en el caso concreto que si bien los accionantes invocaron precedentes contradictorios; sin embargo, como de manera correcta fue establecido en el Auto Supremo confutado, incumplieron con la carga argumentativa de establecer la contradicción en términos precisos con el fallo recurrido, por cuanto mal pudo admitirse el mismo, tampoco fue necesario hacer control de convencionalidad cuando no se ingresó al fondo de los recursos de casación;
4. 4)El reclamo de ser juzgado en juicio de responsabilidades, tampoco debía ser resuelto en casación y menos en la vía constitucional, ya que debió ser reclamado en su momento interponiendo los recursos previstos por ley, y no en esta etapa del proceso cuando la sentencia se encuentra ejecutoriada, con la finalidad de retrotraer actos procesales ya cumplidos, pretendiendo con ello hacer incurrir en error a la jurisdicción constitucional, para que se pronuncien sobre aspectos que pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria, debido a que tratándose de cuestiones procesales correspondían ser planteados ante la autoridad correspondiente; y,
5. 5)No advirtiéndose vulneración de derechos con la emisión del Auto Supremo 535/2021-RA, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 129/2021 de 7 de octubre, cursante de fs. 418 a 424, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto a la presunta existencia de cosa juzgada constitucional, si bien es evidente la existencia de una anterior acción de amparo constitucional contra el Auto Supremo 004/2019-RRC la cual fue concedida mediante Resolución 11/2020, no existe ningún elemento objetivo por el que se demuestre la identidad de sujetos, objeto y causa, pues tampoco existe sustento que el Auto Supremo 535/2021-RA haya sido emitido en cumplimiento a la tutela otorgada en la otra acción tutelar, pues si bien no puede desconocerse que ambas se originan del mismo proceso penal, la sola innovación de dicho aspecto resulta irrelevante para alegar la improcedencia de esta acción de amparo constitucional;
2. ii)En cuanto a Gustavo Osvaldo Navía Mallo, la solicitud de suspensión condicional solicitada implica la aceptación de la ejecutoria de la condena impuesta, por lo que, no resulta razonable con respecto al prenombrado ingresar a analizar las denuncias de presuntas lesiones a sus derechos fundamentales en cuanto a la inadmisibilidad de su recurso de casación, ya que la jurisdicción constitucional no puede encontrarse sujeta a las indeterminaciones de la parte accionante, porque de conformidad al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se declaró la improcedencia con relación al aludido, denegando la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo;
3. iii)Si bien la Ley del Órgano Judicial establece en sus art. 16.I y 17.I parámetros para la nulidad de obrados, y un deber para los Tribunales de apelación y casación; no obstante, la misma es de carácter general, por lo que, su invocación y aplicación debe circunscribirse al entorno del tipo de recurso, cuyas regulaciones son de carácter normativo y su análisis no corresponde a la presente acción tutelar;
4. iv)En cuanto a la tutela judicial efectiva, no se evidencia como vulnerado, debido a que el análisis de admisibilidad del recurso de casación por regla, se limita a examinar el cumplimiento de los requisitos que permitan un pronunciamiento de fondo, siendo una exigencia la invocación de los precedentes contradictorios y la explicación fundamentada de la contradicción con el Auto de Vista recurrido conforme el art. 417 del CPP, y excepcionalmente cuando se denuncia defectos absolutos por lesión a derechos fundamentales, la admisibilidad será realizada conforme los parámetros y criterios de flexibilización, debiendo cumplir dos aspectos, el primero fundamentar los defectos absolutos denunciados y el segundo relativo al cumplimiento de la carga argumentativa mínima, consistente en detallar la restricción o disminución de los derechos conforme los Autos Supremos 010/2013-RA, 062/2013-RA y 077/2013-RA invocados por la propia parte accionante, resultando de este último las siguientes exigencias:
5. a)Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso;
6. b)Se detalle con precisión el derecho o garantía vulnerado;
7. c)Precisar en qué consiste la restricción o disminución de los derechos y garantías; y,
8. d)Explicar el resultado dañoso emergente del defecto; siendo la primera fase el análisis de admisibilidad por el que el Tribunal solo tiene competencia para examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal o los parámetros de flexibilización frente a denuncias de defectos absolutos por lesión a derechos, y solo después de la admisión del recurso se activa el deber de revisar de oficio las vulneraciones a los derechos fundamentales, no siendo viable proceder de oficio con la revisión de los defectos absolutos y las vulneraciones a los derechos en la etapa de admisibilidad; aspectos de los cuales no resulta ser cierta la denuncia efectuada por la parte impetrante de tutela; toda vez que, en la etapa de admisibilidad el Tribunal de casación no se encuentra habilitado para examinar las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales, consecuentemente la no revisión de oficio no puede configurarse como una omisión indebida;
9. v)Respecto a la presunta lesión del derecho a recurrir el fallo, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva al haberse apartado de los precedentes obligatorios en cuanto a la flexibilización de los requisitos de admisión frente a la denuncia de defectos absolutos, la parte accionante no acreditó que cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la jurisprudencia invocada relativo a proveer los antecedentes generadores del recurso, precisar el derecho lesionado detallando con precisión en que consiste la restricción o disminución del mismo y explicar el resultado dañoso emergente de los defectos, no siendo suficiente la denuncia de actividad procesal defectuosa, por lo que, ante dicho incumplimiento la jurisdicción constitucional no puede suplir dicha omisión;
10. vi)Con relación al apartamiento de los precedentes obligatorios respecto a la flexibilización de los requisitos de admisión, la parte accionante no invocó la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la norma, no siendo posible incorporar un derecho que no fue invocado para sustentar la concesión de la tutela;
11. vii)Si bien el Auto Supremo confutado no contiene una explicación amplia en cuanto a las razones por las que no corresponde aplicar los criterios de flexibilización, tampoco la parte solicitante de tutela aporto elementos que demuestren que cumplieron con la fundamentación que viabilice la aplicación de dichos criterios, ya que, una eventual tutela para que se amplié esa motivación carecería de relevancia constitucional; y,
12. viii)Las medidas cautelares asumidas en el Auto 210/2021 de 23 de septiembre y complementario Auto 213/2021 de 27 de septiembre, fueron basadas en la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, quien ejerce un cargo público por voto popular representando la voluntad del electorado en una circunscripción municipal, debido a lo cual, corresponde pese a la denegatoria mantener vigente la medida cautelar dispuesta hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión emita Sentencia de conformidad a lo dispuesto por el art. 129.IV de la CPE, sin que ninguna autoridad pueda dejar de cumplirla, por lo que, se mantiene en suspenso los efectos del Auto Supremo confutado.

1. 1)Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación (esta última posibilidad desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia) ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

1. 2)Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, (o dependiendo el caso, también es posible su invocación en el recurso de casación, es decir, cuando la contradicción se genera a partir de la emisión del Auto del que se impugna) debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado.

1. 3)Como única prueba admisible, se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente contradictorio. Ahora bien, la SCP 0064/2018-S4 de 20 de marzo, emitida por esta misma Sala, desarrolló ampliamente el marco normativo y los estándares pertinentes en materia de derechos humanos, concretando finalmente una integración jurisprudencial sobre los criterios de flexibilización para la admisión del recurso de casación, considerando que: "...a través del tiempo, el recurso de casación fue ampliando en el ámbito de admisibilidad, pues en primera instancia se encontraba limitado al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; sin embargo, en aplicación al acceso a la justicia preservando los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales, se apertura la posibilidad de que ante la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación se disponga la admisión excepcional vía flexibilización, misma que fue considerada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de diferentes fallos que si bien no resultan contradictorios entre sí, ante la amplitud de estos y por seguridad jurídica, corresponde revisar su desarrollo jurisprudencial y realizar una integración respecto a la forma de admisibilidad del recurso de casación...." (las negrillas corresponden al texto original).

Así, el aludido fallo constitucional remitiéndose a lo desarrollado en la SCP 0128/2015-S1 de 26 de febrero, cuyo pronunciamiento constitucional a su turno, consideró lo esgrimido en los Autos Supremos 026/2012⁸, 0312/2012-RA, 062/2013-RA y 77/2013-RA, estableció que: "'...un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente:

1. a)Que el fin último del derecho es la justicia;
2. b)La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente;
3. c)la necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenido en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y,
4. d)Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ´.

En ese marco, conforme a lo manifestado precedentemente a través de la cita de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales relativas a la exigencia o no del estricto cumplimiento de los criterios de flexibilización desarrollados por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia corresponde encontrar un equilibro que permita otorgar seguridad jurídica a las partes que recurren en casación, pero también para que las autoridades de ese máximo Tribunal de justicia cuenten con una base sólida que les permita asumir las decisiones de admisibilidad o inadmisibilidad vía flexibilización. Es así que, conforme se advirtió anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia, estableció ciertos criterios de flexibilización para la admisión de un recurso de casación como ser:

1. a)Que la parte recurrente formule las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso;
2. b)Se detalle con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo; y,
3. c)Finalmente se explique el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. Estos criterios resultan útiles para contar con la suficiente información, pues permite al Tribunal de casación establecer con claridad cuál el agravio puesto en su conocimiento y que será motivo de resolución, además de mantenerse una mínima técnica recursiva; sin embargo de ello, corresponde también observar que conforme a la evolución de la justicia y en particular del recurso de casación, lo que se pretende es que el Tribunal Supremo de Justicia al ser la máxima instancia de revisión ordinaria, emita sus fallos cumpliendo un verdadero control de legalidad respecto de la actuación de los jueces inferiores, observando que se haya efectuado una adecuada aplicación de las normas adjetiva y sustantiva penal y el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales conforme al valor justica, otorgando así seguridad jurídica a las partes que acuden ante ese Tribunal; en consecuencia, no resultaría válido que los criterios de flexibilización se conviertan en otro listado más de requisitos que deban ser cumplidos de manera expresa, pues de dicho modo, se estaría retrocediendo nuevamente a la formalización rigurosa del derecho e ineficacia del principio pro actione sin considerar la progresividad de los derechos, impidiendo así el acceso efectivo a la justicia y a un recurso idóneo cuando ?a contrario sensu? lo que se pretende es la humanización de la justicia a través de fallos judiciales que satisfagan las necesidades de la sociedad boliviana. Con ello tampoco se pretende como el mismo Tribunal Supremo de Justica establece, que los recurrentes se limiten a formular simples denuncias de defectos absolutos o vulneración a derechos y garantías constitucionales sin otorgar la suficiente información que permita al Tribunal identificar con claridad el agravio a resolverse, pues lo que se debe considerar, es que, si la autoridad judicial de la verificación del recurso advierte la flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales por la concurrencia de defectos absolutos que contienen trascendencia, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y en caso de percibir que no, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria debe fundamentar su determinación de manera razonable.