Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1619/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57840-2023-116-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 59/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo Germán Ururi Osco en representación sin mandato de Rosa Quispe de Tapia contra Vladimir Canaviri Martínez, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El representante sin mandato -Waldo Germán Ururi Osco- en calidad de abogado se dirigió -se entiende al Ministerio Público- conjuntamente con Rosa Quispe de Tapia, -accionante-; empero, ni con la presentación de la Cédula de Identidad de la nombrada se le otorgó una atención digna, a pesar de que su abogado, con domicilio y radicatoria en el departamento de Santa Cruz, como se acreditó con la Cédula de Identidad, realizó un viaje de catorce horas o más para dar seguimiento de sus causas, señalando el Fiscal de Materia ahora accionado que se identifique y que señale a quién venía patrocinando, desconociendo que la procesada -Rosa Quispe de Tapia-, fue su patrocinada.
De manera prepotente, según refirió, el Fiscal de Materia hoy accionado señalo que debía presentar un memorial de apersonamiento; y que, una vez presentado, se negó otorgarle las fotocopias solicitadas para conocer la causa, a pesar de que existiría normativa y jurisprudencia que establece que, en calidad de abogados y parte, se tiene derecho a acceder al cuaderno de investigación sin perjuicio; y que, ante el anuncio de interponer una acción constitucional, el referido Fiscal estableció que se le haría un favor al presentarla, señalando que saldría victorioso y que fue quien imponía las normas y derechos referentes al procedimiento, lo que -a su entender- vulneraría el derecho de acceso al proceso, más aún cuando contaba con tiempo limitado, constituyendo en un atentado a los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política del Estado. I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerado
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
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