Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1621/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57850-2023-116-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adelio Huaycho Quispe contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Rosmery Torrez Terrazas, Aleyda Giovana Gómez Iporre y David Gamón Nicolás, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memorial presentado el 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 a 35, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP). Al encontrarse recluido por más de once meses y catorce días en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, ante la medida cautelar de detención preventiva dispuesta el 19 de agosto de 2022 por el Juez de Instrucción de Violencia Contra la Mujer Primero de Sacaba del referido departamento; no obstante, al haber solicitado la cesación a dicha medida cautelar por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, aparejando la documentación idónea para enervar el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima previsto por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Jueces ahora coaccionados rechazaron su pedido con una motivación arbitraria, incongruente y contradictoria, realizando una valoración probatoria sesgada, alegando que se mantenía firme lo previsto por el art. 233.1 del CPP al indicar que en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, se dilucidaría lo referente a la autoría, concluyendo respecto del art. 234.7 de dicho Código, que no se desvirtuó el riesgo procesal de fuga con relación a la reacción de la menor de edad frente a un hecho de violencia sexual, apreciación totalmente subjetiva y excesivamente formalista que se aparta del límite de la razonabilidad, de la sana critica prevista por el art. 173 del CPP y es contraria a la realidad jurídica, a pesar que acreditó con bastante prueba literal que no constituía un peligro para la víctima, como establecieron los dictámenes periciales psicológicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 26 de diciembre de 2022 y el que elaboró otro perito de 22 de mayo de 2023, el primero que inclusive generó duda sobre el testimonio de la víctima, que no era autor de delito ni constituía un peligro para la misma, aspectos que no fueron considerados.
De igual manera, se manifestó que no desvirtuó el peligro de obstaculización por influir negativamente en los partícipes, testigos y peritos conforme el art. 235.2 del CPP, sin que sea suficiente alegar que la etapa investigativa concluyó y que al presentar prueba testifical, documental y pericial ya no podría obstaculizar la investigación; en ese sentido, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la libertad vinculado al debido proceso por falta de fundamentación y motivación en la resolución emitida y errónea valoración de la prueba, ante la negativa a la cesación de su detención preventiva, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto de 25 de mayo de 2023, que fue resuelto el 12 de junio de ese año por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando la Vocal hoy accionada su improcedencia a pesar de precisar los agravios sufridos con el citado con relación con al art. 233.1 -del CPP-, inexistencia de riesgos de fuga y obstaculización, no se valoró de manera correcta ni razonable las pruebas presentadas, por cuanto dicha Vocal obrando con excesiva rigurosidad manifestó que radicado el proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento, se encontraba en etapa de realización de los actos preparatorios de juicio oral, público y contradictorio instancia que debía dilucidar la autoría valorando la prueba producida, para concluir de forma contradictoria que no existía falta de motivación y errónea apreciación de la prueba al no exponer cuál era el error jurídico en el que incurrió el inferior en grado, de qué forma debió valorarse la prueba, no identificó la errónea apreciación de los hechos, las razones de hecho y derecho por las cuales consideraba que esa decisión era equivocada a efecto que puedan analizarse y examinarse el caso.
Sobre el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP la Vocal hoy accionada refirió que su persona no identificó ni expuso cuál el error jurídico en el que incurrió el a quo, quien se limitó a indicar que existía una valoración errónea de la prueba, sin referir de qué forma debió ser valorada, tampoco identificó en qué consistía la errónea apreciación de los hechos al no exponer de forma clara y precisa las razones de hecho y derecho por las que considera que la decisión asumida respecto de ese riesgo procesal era equivocada; lo que determina que la resolución de la Vocal ahora accionada es arbitraria, infundada e inmotivada al sustentar su decisión en una supuesta carencia de no identificación ni exposición del error lógico jurídico en el que se incurrió, cuando en los hechos su abogado defensor expuso en el recurso de apelación que las razones de su interposición radicaban en la falta de valoración probatoria con relación a los arts. 233.1, 234.7, 235.2 del CPP, resultando arbitrario exigir más allá del límite de la razón y la lógica una explicación sobre el error lógico jurídico en el que incurrió el Juez de primera instancia, de qué forma debió valorar la prueba, como apreció de forma errónea los hechos, las razones de hecho y derecho por las que consideraba que se trataba de una decisión equivocada para que el Tribunal de alzada pueda ingresar analizar el caso.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y, valoración integral de los medios de prueba; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga:
- a)El restablecimiento de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; y,
- b)La anulación del Auto de Vista de 12 de junio de 2023, disponiendo que la Vocal ahora accionada emita una nueva resolución en el término de cuarenta y ocho horas de su legal notificación conforme los fundamentos expuestos, en cumplimiento de los principios constitucionales y jurisprudencia citada.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 62, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 60 vta., manifestó que:
- 1)El Juez de garantías está impedido de efectuar una interpretación de la legalidad ordinaria que es realizada con plena jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales ordinarios; por lo que la acción de libertad no constituye una instancia procesal más de revisión de las resoluciones cuestiones, pretendiendo que la jurisdicción constitucional asuma atribuciones que no le competen;
- 2)El accionante omite explicar a partir de qué acciones o fundamentos se violentaron sus derechos, no explicó por qué esa argumentación no es correcta o resulta irracional, por qué se aparta de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsibles para decidir, además debe considerarse que la competencia de un Tribunal de alzada, limitándose su labor a verificar si el Juez de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en el art. 173 del CPP;
- 3)En el Auto de 12 de junio de 2023 se consideraron los preceptos legales pertinentes, se realizó una valoración pertinente para establecer la procedencia o improcedencia del recurso formulado, observando un debido proceso, el derecho a la libertad y principios rectores, siendo pronunciado en estricta observancia de los art. 234, 235 y 398 del CPP, además de la , estableciendo que los fundamentos del Juez de la causa son acertados con relación a la probabilidad de autoría;
- 4)El accionante manifestó que existen suficientes elementos probatorios que desvirtúan la probabilidad de autoría, refiriéndose los dos informes psicológicos de la víctima y su persona, los que no se valoraron en la etapa procesal oportunamente; empero, como el proceso se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio, y la construcción de este presupuesto procesal fue establecido ante la presentación de diferentes medios probatorios con los cuales el Ministerio Público fundamentó la concurrencia de la probable autoría del accionante, no se dio curso al recurso de apelación, efectuando una adecuada fundamentación y motivación sin vulnerar el derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante;
- 5)Con relación al peligro de fuga previsto por el art. 235.2 del CPP, el accionante no efectuó mayor fundamentación sobre ese agravio, limitándose a realizar un reclamo general, aspecto que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada, ya que de acuerdo con el art. 398 del CPP, los mismos se limitan a los aspectos cuestionados en el fallo impugnado, debido a lo cual no es evidente que se hubieren privilegiado formalismos ante este presunto agravio alegado; y,
- 6)Respecto a que no aplicó los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona, al haberse declarado la improcedencia del recurso de apelación, existe una imposibilidad de aplicarlos, careciendo de mérito lo reclamado. Solicitó se deniegue la tutela pretendida.
Rosmery Torrez Terrazas, Aleyda Giovana Gómez Iporre y David Gamón Nicolás, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe de 10 de agosto de 2023 cursante de fs. 49 a 50 vta. manifestaron que:
- i)Se tienen sentencias constitucionales referidas a la garantía del debido proceso en su elemento juez natural, competente, independiente e imparcial, que tanto los derechos del imputado como la víctima deben encontrar equilibrio respetando los lineamientos del Código de Procedimiento Penal, al ser importante para el sistema procesal penal la libertad del ciudadano y la seguridad de la sociedad, y los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva; y,
- ii)Del confuso memorial de acción de libertad se advierte que la pretensión del accionante es crear una tercera instancia de apelación, encontrándose el Auto de 25 de mayo de 2023, debidamente ejecutoriada, al ser confirmado en apelación, observando el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal. Pidieron se deniegue la tutela.
I.2.3. Resolución
La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Octavo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos:
- a)La víctima es una adolescente mujer que por su situación de vulnerabilidad goza de toda la protección que la normativa de internacional y nacional otorga, por lo que merece un trato preferente, lo que determina que la fundamentación efectuada por las autoridades hoy accionadas sea el correcto y coherente con los datos del proceso, sin que el nuevo elemento que acompaña la parte accionante en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, relacionado con las pericias psicológicas, sea suficiente para asumir dicha medida; puesto que se requiere considerar la situación de la víctima y su estado de vulnerabilidad; y,
- b)Se respondió de manera coherente a los fundamentos de la defensa, sin que sea evidente la falta de fundamentación y motivación en esa decisión, al aplicarse el enfoque interseccional autorizado por la normativa interna e internacional, cuya aplicación es obligatoria, ante la vulnerabilidad de la víctima, pues asumir su protección resulta ser correcto, encontrándose la resolución emitida debidamente fundamentada sin ningún sesgo ni prejuicio.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Mostrando 27 de 134 parrafos.