Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1625/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57912-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 22-23 de 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Laura Andrea Gil Hinojosa en representación sin mandato de Ana Laura Gil Hinojosa contra Edil Robles Lijerón, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO
I.1. Contenido de la demanda
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 7 de agosto de 2023, cursante de fs. 92 a 97, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) contra Ana Laura Gil Hinojosa -accionante-, por la presunta comisión del delito de concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del Código Penal (CP); el 21 de diciembre de 2022, se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional el inició de las investigaciones. Posteriormente, El 26 de mayo de 2023, el Fiscal de Materia presentó imputación formal, dándose por acreditado su arraigo natural, no existiendo la concurrencia de los riesgos procesales de fuga previsto por el art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 31 de julio de igual año, celebrada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Tercero, el Fiscal de Materia a pesar de dar por acreditado que su persona es madre soltera y que tiene bajo su cuidado a un niño de tres años de edad, solicitó su detención preventiva por la sola concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previstos por el art. 235.2 del citado Código.
En la audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 31 de julio de 2023, se cuestionó la no concurrencia de la probabilidad de autoría respecto del delito imputado por el Fiscal de Materia; además, se fundamentó y presentó prueba consistente en una declaración notarial voluntaria y en el original de la Cédula de Identidad de su hijo menor de edad, elementos que demostraron que su persona se encontraba comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva prevista por el art. 232.9 del CPP, la cual establece que no procede la detención preventiva: "Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impide valerse por sí misma"; así también, solicitó se realice una valoración integral del comportamiento de su persona; ya que, por más de siete meses fue sometido a la investigación sin obstaculizar o darse a la fuga, y se señaló que al no existir el riesgo procesal de fuga que amerite ordenar la detención preventiva, sino solo el riesgo procesal de obstaculización, existían medidas cautelares menos gravosas que se podrían aplicar contra su persona; asimismo, presentó documentación médica que acreditó su delicado de salud y que se encontraba bajo tratamiento médico; por lo que, en definitiva, pidió la apliquen medidas cautelares menos gravosas, a efectos de que pueda defenderse en libertad; sin embargo, el Juez de primera instancia dispuso su detención preventiva, sin valorar sus argumentos expuestos ni la prueba presentada, y de manera subjetiva realizó una errónea interpretación de lo establecido por el art. 232.III.4 del citado Código, señalando que el delito de concusión es un delito de corrupción y no uno de carácter común, en el que se pueda considerar la excepcionalidad de tener a su cargo a una persona "menor de un año" para que no proceda la detención preventiva, pudiendo apartarse de ese criterio solo en delitos de corrupción.
Además, se tiene que el Juez de primera instancia no analizó de manera integral los antecedentes que dieron lugar a la apertura de la investigación; puesto que, si bien el delito investigado es uno de corrupción; empero, no tiene como resultado la afectación al patrimonio del estado; es decir, no existe una afectación económica al patrimonio de la UAGRM; en tal sentido, no correspondía la aplicación la excepción prevista por el art. 232.III.4 del CPP. Además, considerando lo manifestado por los denunciantes, de que supuestamente su persona les ofreció gestionar un puesto de trabajo en dicha Universidad, y que con esa finalidad les hubiese sonsacado sumas de dinero, esos hechos demuestran que el patrimonio del estado jamás fue afectado; por lo que, no concurre el requisito para que proceda la aplicación de la detención preventiva en delitos de corrupción o vinculados en caso de personas imputadas que estén comprendidas dentro del art. 232.9 del CPP, al no afectarse daño económico al patrimonio de la referida Universidad. En ese sentido, el requisito para la aplicación del art. 232.III.4, del citado Código, relativo al daño económico al Estado no se encuentra presente en el hecho que se investiga; por lo tanto, no procede su detención preventiva, quien a la fecha de interposición de la presente acción de libertad se encontraba ilegalmente privada de su libertad; ya que, a raíz de los hechos que se investigan, si hubiese afectación al patrimonio sería de particulares; por consiguiente, la interpretación realizada por el Juez de la causa en el Auto Interlocutorio 213/2023 de 1 de agosto -siendo lo correcto 31 de julio-, se aparta de lo establecido por el art. 23.1 de la Constitución Política Estado (CPE) y del principio de legalidad, vulnerando la presunción de inocencia prevista por el art. 116.I de la Norma Suprema, así como su derecho a la libertad, entre otros derechos constitucionales. Contra el Auto Interlocutorio 213/2023, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue confirmada en su integridad mediante Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, emitido por el Vocal hoy accionado, manteniendo su detención preventiva, con la única modificación del tiempo de duración, que se redujo a treinta días. En la audiencia del referido recurso de apelación celebrada en la señalada fecha, se expuso como primer agravio, la no concurrencia de la probabilidad de autoría del delito imputado y se fundamentó sobre la errónea interpretación y aplicación del art. 232.III.4 del CPP por el Juez de la causa, demostrando que su persona se encontraba comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva que establece el art. 232.9 del citado Código. Como segundo agravio, se demostró que el Juez de primera instancia de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del indicado Código, condicionándolo a efectuar dos actos procesales que el Fiscal de Materia debe realizar en el futuro, consistentes en la ampliación de la investigación contra Alberto Soto Paz y se realice una inspección ocular; asimismo, en el mencionado Auto Interlocutorio, dicho Juez de manera subjetiva indicó que se obstaculizaría "sobre" el nombrado, sin indicar cómo lo haría; más aun, teniendo en cuenta que el art. 235 del CPP en su última parte, establece de manera expresa que el peligro de obstaculización no se puede fundarse en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada aportada por el fiscal o el querellante en la audiencia y den razonabilidad suficiente para concluir que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, los argumentos del Juez de primera instancia aparte de ser subjetivos fueron impuestos de manera ultrapetita; puesto que, ni el Fiscal de Materia ni la parte denunciante fundamentaron esos extremos en audiencia; empero, el Juez de la causa incumpliendo lo previsto en la segunda parte del art. 279 del referido Código, incorporó argumentos no expuestos en audiencia y sin fundamentar los motivos, de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización. A pesar de la fundamentación de los agravios expuestos, el Vocal hoy accionado no se pronunció sobre esos extremos y se limitó simplemente a confirmar el Auto Interlocutorio 213/2023, sin cumplir con su deber de revisar las actuaciones del Juez de primera instancia, valorar los agravios planteados y emitir una resolución fundamentada y motivada conforme lo establece el Art. 124 del CPP.
Así también, se expuso como agravio que el Juez de primera instancia no realizó un análisis y valoración integral de todos los antecedentes del proceso, así como del comportamiento de su persona antes del proceso, quien no registra antecedentes judiciales ni policiales y se sometió voluntariamente a la investigación preliminar sin ser declarada rebelde; por lo que, existen medidas cautelares personales previstas por el art. 231.1 al 9 del CPP, que pueden cumplir la misma finalidad de la detención preventiva. Además, en la audiencia de sustanciación del recurso de apelación incidental se adjuntó un informe médico forense que demuestra que su persona se encuentra delicada de salud, aspecto que es de conocimiento de las partes procesales; ya que, sufrió una descompensación severa en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, hecho que fue presenciado por el Fiscal de Materia y el abogado de la UAGRM.
Ante esos hechos que se constituyen en una verdad material, el Fiscal de Materia y el Abogado de UAGRM solicitaron ante el Vocal hoy accionado la imposición de medidas cautelares personales menos gravosas; sin embargo, dicha solicitud, así como los argumentos expuestos por su persona como apelante no fueron resueltos ni tomados en cuenta por el referido Vocal, quien simplemente se limitó a confirmar el Auto Interlocutorio 213/2023, alegando que se encontraba fundamentado y motivado, sin pronunciarse sobre sus agravios expuestos, apartándose del procedimiento y concediendo el pedido de los "...supuestos compradores de cargos públicos..." (sic) quienes pidieron su detención preventiva con fines extorsivos, siendo que no adquieren la calidad de víctima frente al delito de concusión; puesto que, no se deben considerar sus exposiciones; razón por la cual, manifestaron en todo momento ser víctimas de estafa que no es el delito en cuestión; ya que, la imputación formal y posterior detención preventiva, se constituye en un procesamiento indebido.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -ese último al señalar que no se pronunciaron sobre sus agravios-, a la presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad; citando al efecto los arts. 23.1, 116.I y 180.I de la CPE.
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