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TCP

1626/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1626/2025-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1626/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 57661-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 12/23 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ider Fernando Balanta González en representación sin mandato de Juan Carlos Coronel contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación -seguido por el impetrante de tutela contra Emilse Roca Vaca-, el 11 de abril de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- sustanció la audiencia de aplicación de medidas cautelares; -a criterio del accionante- en dicho verificativo la prenombrada autoridad no valoró adecuadamente la probabilidad de autoría; razón por la cual, interpuso oralmente en audiencia recurso de apelación incidental, conforme a lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); indicando que dicho recurso fue posteriormente ratificado de manera escrita dentro del plazo de las setenta y dos horas.

Señaló que, desde la realización de la audiencia de medidas cautelares trascurrieron ciento diecinueve días sin que se efectuara la trascripción del verificativo ni se remitieran los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a cubrir con los recaudos correspondientes; afirmando que dicha omisión vulneró el debido proceso, tomando en cuenta que la normativa establece el plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante la autoridad superior en grado; sin embargo, hasta el momento de haber interpuesto la acción tutelar habían trascurrido más de tres meses sin que se elaborara el acta de la audiencia ni se remitieran los antecedentes, aspecto que -a su entender- denota una clara discriminación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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