Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1631/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 57764-2023-116-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 001/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Virginia Mejía Martínez en representación sin mandato de Gonzalo Franco Camacho contra Betty Mamani Aruquipa, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz; y, Nelly Vargas Apaza.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 a 64, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso familiar de homologación de asistencia familiar iniciado en su contra el 24 de julio de 2019; desde el conocimiento del acta de separación -base de la demanda- firmada supuestamente en el Gobierno Municipal de la Asunta, su persona manifestó permanentemente a la autoridad jurisdiccional, que la firma estampada no le correspondía, debido a que fue falsificada; motivo por el cual interpuso incidente de nulidad absoluta; no obstante a que, de forma reiterada solicitó la remisión del documento cuestionado al Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (ITTCUP) para el cotejo de firmas, recién después de tres años y diez meses, la Jueza ahora demandada, ordenó lo solicitado el 9 de mayo de 2023.
A pesar de ello, la juez ahora demandada, expidió mandamiento de apremio, motivo por el que se encontraría ilegalmente procesado e indebidamente perseguido, debido a que el ITTCUP mediante el Dictamen Pericial 1134/223, concluyó que las firmas en el documento cuestionado no fueron estampadas con su mano.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la vulneración al derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
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