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TCP

1632/2025-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de diciembre de 2025SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1632/2025-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1632/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 57961-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 18/23 de 12 de julio de 2023, cursante de fs. 38 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Salvador Vaca Bollati y Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Valeriana Canaviri Kilo contra Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera; y, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero, ambos de la Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de sus representantes sin mandato por memorial presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs. 17 a 19 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de julio de 2021, el Ministerio Público presentó imputación formal contra Ramiro Vargas Delgadillo por la presunta comisión del delito de violencia familiar, quien se sometió a un procedimiento abreviado y se dictó condena en su contra, disponiéndose que cumpla ciertas medidas, las cuales hasta la fecha no fueron cumplidas.

Mediante memorial presentado -el 26 de junio de 2023- a las 15:47 horas, se indicó al Juez hoy coaccionado, que hasta la fecha no realizó la remisión de la Sentencia ejecutoriada ante el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) "...y Certificado de No Violencia (Cenvi)..." (sic), con el fin de realizar el registro de dicha Sentencia; ya que, el condenado no cumple con la salida alternativa que le fue impuesta, cometiendo nuevos hechos de violencia en contra de su persona, tanto física como emocional; es por ello, que el Ministerio Público instauró otro proceso por violencia familiar o doméstica que radica en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz, en el que fue beneficiado con medidas sustitutivas debido a que no cuenta con antecedentes penales -por la falta de remisión de la Sentencia ejecutoriada-; por lo que, viene recibiendo amedrentamiento y su agresor lo amenaza señalando que no la dejará vivir y terminará con su vida, corriendo riesgo su integridad física y emocional, lo que motivó a solicitar se señale audiencia para considerar el incremento de riesgos procesales y se disponga su detención preventiva; audiencia que fue suspendida para el 5 de julio de 2023.

Hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se tiene a la vista el expediente, existiendo un incumplimiento de deberes y de debida diligencia lo que pone en riesgo su integridad, ya que, el condenado se beneficia por el extravío del cuaderno procesal; por lo que, el Juez hoy coaccionado debió remitir los antecedentes al REJAP y Certificado de No Violencia (CENVI) para su registro, conforme lo establece el art. 440 de Código de Procedimiento Penal (CPP).

El 28 de junio de 2023, se sorteó ante la Jueza hoy accionada una acción de libertad interpuesta por su persona contra el Juez hoy coaccionado y la "...JUEZA DRA. SUSANA ZABALA ambos de Instrucción Cautelar de la Guardia..." (sic), con competencia para conocer materia contra la violencia hacia la mujer; lamentablemente la citada Jueza ahora accionada en calidad de Jueza de garantías, en vez de llevar a cabo la audiencia respectiva, emitió y notificó con el decreto de 29 del citado mes y año, pidiendo se aclaren aspectos de fondo, los mismos que debían ser tramitados y resueltos intra acción de libertad, siendo inadmisible que pida complementaciones; por lo que, esa determinación está enmarcada fuera de la ley y constituye una resolución manifiestamente contraria a la Norma Suprema, aspecto que no puede pasar inadvertido; en ese sentido, dicha autoridad judicial debió llevar a cabo la audiencia de consideración de la acción de libertad; sin embargo, no dio cumplimiento a lo establecido por los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

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