Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1636/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57967-2023-116-AL Departamento: Beni
En revisión la Resolución 02/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 115 a 119, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Manuel y Carlos David, ambos de apellidos Coca Leigue contra Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memorial presentado el 20 de agosto de 2023, cursante de fs. 99 a 110 vta., manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante el Auto de Vista 172/2023 del 19 de julio, la Vocal ahora accionada revocó la cesación de la detención preventiva que se les concedió previamente, lo que resultó en sus detenciones ilegales, dentro de una investigación penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-. En consecuencia, para lograr la cesación de la detención impuesta contra sus personas, presentaron nuevos elementos probatorios, como un Dictamen Pericial Psicológico y una Certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) sin antecedentes, buscando desvirtuar el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-.
Conforme a lo señalado, denuncian que el Auto de Vista 172/2023 que revoca su libertad se basa en una valoración errónea de la prueba y una falta de fundamentación y motivación, vulnerando así sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. Específicamente, señalan que la Vocal hoy accionada revocó la cesación de la detención preventiva fundando su determinación en el argumento de que el peritaje psicológico no cumplía con los puntos de pericia fijados por el Ministerio Público y que la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas por sí misma constituye un peligro efectivo para la sociedad. Alegaron que conforme a la jurisprudencia constitucional, el riesgo de peligrosidad no puede inferirse únicamente de la gravedad del delito, sino que debe sustentarse en elementos materiales y en el análisis de la conducta anterior y antecedentes penales del imputado, aspectos que señalan haber desvirtuado.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus tres vertientes de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; la presunción de inocencia; y, a la libertad personal; citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, su la libertad.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 21 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 120 a 121, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
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