Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1637/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57984-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 15/23 de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 26 vta. a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edilberto Mendoza Vaca en representación sin mandato de Ruber Durán Guatia contra José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ruber Durán Guatia -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 4 de agosto de 2023, solicitó de manera verbal al Juez ahora accionado, señalamiento de audiencia de sanción alternativa, no obteniendo respuesta alguna. En ese entendido el citado Juez no tuvo la voluntad de celebrar dicha audiencia, dilatando el proceso penal; asimismo, debió disponer que se efectúen todas las notificaciones; puesto que, se estuvo "SIMULANDO JUSTICIA" (sic). Por otro lado, tampoco proporcionó a las partes el "libro de conocimiento" para exponer su queja, reflejando esa autoridad jurisdiccional una conducta nefasta y negligente en un sistema de derechos, vulnerándose su derecho al debido proceso vinculado directamente a la privación de su libertad, encontrándose en indefensión absoluta.
Posteriormente, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, solicitó al Juez ahora accionado, señalamiento de audiencia a efectos de considerar el beneficio de la sanción alternativa, conforme lo previsto por el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. En razón a dicha petición y de acuerdo a lo referido por el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez hoy accionado debió emitir un decreto "...aceptando y/o rechazando la solicitud..." (sic); así también, le correspondía correr traslado al Ministerio Publico y a la parte denunciante para su conocimiento en el plazo de veinticuatro horas; empero, "hasta la fecha" -se entiende de interposición de la acción de defensa-, el Juez ahora accionado no dio cumplimiento a los plazos procesales establecidos en el indicado Código, tampoco fue notificado con resolución alguna.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad; además del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que:
- a)Se admita y se declare procedente la presente acción de libertad de pronto despacho, restituyendo sus derechos vinculados a la libertad, celeridad y a la dignidad;
- b)Se conmine de manera inmediata al Juez ahora accionado con relación al señalamiento de audiencia para considerar el beneficio de la sanción alternativa; emitiéndose el decreto correspondiente; asimismo, se realicen las diligencias a las partes procesales; y,
- c)Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
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