Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1637/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 50143-2022-101-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 65/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marihela Ximena Valdez contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante a fs. 2 y vta., la accionante, expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), fue imputada por la presunta comisión de delitos de índole financiera; sin embargo, en el cuaderno de investigación cursa un informe de la propia comisión investigadora que concluyó señalando que no existen elementos suficientes que permitan atribuirle su participación directa en los hechos denunciados; por lo que, se encontraría ilegalmente procesada.
Denuncia que durante más de cinco años, se le mantuvo con detención domiciliaria, siendo esta una "tortura judicial"; posteriormente, el anterior "Juez de la causa Alan Zárate" (sic), autorizó su retorno laboral, medida respaldada por la normativa constitucional que protege el derecho al trabajo; no obstante, le impusieron medidas extremadamente gravosas, entre ellas la obligación de registrar su presencia mediante el reloj biométrico todos los lunes, lo que afectó gravemente su desempeño laboral; ya que, debido a la naturaleza de sus funciones, debía asistir a capacitaciones, reuniones técnicas y actividades propias de su cargo; empero, le fue imposible cumplir con ellas, porque cada solicitud de flexibilización presentada ante el Juez demandado fue rechazada sin fundamentación alguna, pese a que se trataba de requerimientos razonables, vinculados al ejercicio pleno de su derecho al trabajo.
Esta conducta judicial vulneró su derecho al debido proceso, al trabajo, a la libertad y al principio de razonabilidad, pues, las medidas sustitutivas que le fueron impuestas se constituyen en cargas desproporcionadas que, en los hechos, se convirtieron en un castigo anticipado. Asimismo, sostuvo que, este accionar constituye una afectación al principio de garantías constitucionales y a la naturaleza del juez natural, generando una situación de arbitrariedad incompatible con el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), que habilita la acción de libertad como mecanismo preventivo, correctivo y reparador frente a actos u omisiones ilegales que amenacen o restrinjan la libertad personal y otros derechos conexos, entre ellos el debido proceso y el ejercicio del trabajo.
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