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TCP

1644/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de agosto de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1644/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1644/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 53669-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-0011/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 231 a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nancy Liseth Fuentes Aguirre contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante mediante memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 117 a 129, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso disciplinario seguido contra su persona por la presunta comisión de falta disciplinaria grave tipificada y sancionada por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, signado con el Número de Registro Único (NUREJ) 30320774, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, emitió la Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, que declaró probada la denuncia planteada imponiéndole la sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes.

Formulado el recurso de apelación el 28 de junio de 2022, los entonces Consejeros ahora accionados emitieron la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, confirmando la Sentencia Disciplinaria 25/2022.

La Resolución TSI 264/2022 se constituye en un acto ilegal y arbitrario que desestimó todos los puntos de agravio denunciados sin argumento ni análisis reflexivo, demostrando que los entonces Consejeros hoy accionados incurrieron en una notoria motivación insuficiente e incongruencia omisiva; toda vez que:

  1. a)En el "apartado IV.2", pretendieron resolver los aspectos relativos a la denuncia de defecto por insuficiente fundamentación probatoria -descriptiva e intelectiva-, así como valoración defectuosa de la prueba; y, el defecto absoluto por vulneración a derechos y garantías constitucionales e infracción al principio de legalidad; sin embargo, no consideraron que como Tribunal de alzada debieron circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de la Resolución TSI 264/2022, además de resolver cada uno de los puntos de agravio con la debida motivación y con argumentos jurídicos sólidos e individualizados y con criterios jurídicos de respaldo a cada caso concreto; y,
  2. b)La incongruencia omisiva en la que incurrieron los entonces Consejeros ahora accionados, no fue un acto involuntario o un mero error de apreciación, sino una constante y única forma posible en la que pudieron desestimar o declarar como inatendibles o inviables los motivos de apelación, tal es así que:
  3. 1)Respecto a la congruencia, no consideraron que el hecho determinado tiene características de inmutabilidad e invariabilidad; por lo que, se tenía el impedimento de modificar los hechos sobre los cuales se inició el proceso judicial. En el caso, el límite de verificación fue únicamente la presunta actitud negligente de su persona desde el Auto de 29 de junio de 2020, y hasta antes del Informe UTS/NLFA 371/21 de 7 de julio de 2021, y no así cuatro meses posteriores a la fecha de dicho Informe;
  4. 2)Sobre la insuficiente fundamentación probatoria, no se precisaron cuáles fueron los aspectos medulares descritos por el Juez de primera instancia sobre cada uno de los medios probatorios introducidos en el proceso disciplinario, ni la valoración asignada a ellos; más al contrario, se avaló el criterio de que el Juez de la causa no debe analizar todas las pruebas, sino solo algunas;
  5. 3)Con relación a la errónea aplicación de la norma los entonces Consejeros hoy accionados repitieron los argumentos alegados por el Juez de primera instancia, concluyendo que la inexistencia de un manual de funciones de las Trabajadoras Sociales en los Juzgados de Ejecución Penal, no es excusa para el desacato de una orden judicial emanada de la autoridad competente; y, por consiguiente, subsumieron la supuesta inconducta a la falta disciplinaria del art. 187.14 de la LOJ en contraposición a los principios de separación de funciones, reserva de la ley, jerarquía normativa, supremacía constitucional y el principio de legalidad; y,
  6. 4)Finalmente, en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba, los entonces Consejeros ahora accionados no consideraron que existió una interpretación arbitraria del Informe UTS/NLFA 371/21; ya que se asumió, sin sustento, que la emisión de este implicaba el conocimiento del Auto de 29 de junio de 2020, a pesar de que, afirmó que no fue legalmente notificado, obviando además que dicho Informe fue elaborado de oficio y por iniciativa propia, en el marco de sus funciones y no en cumplimiento de una orden judicial ni por notificación previa.

El 1 de noviembre de 2022 solicitó aclaración, complementación y enmienda la cual se declaró "NO HA LUGAR". Posteriormente, a través del decreto de 13 de enero de "2023" -2022- se declaró la firmeza de la Sentencia Disciplinaria 25/2022, quedando pendiente la notificación del memorando de suspensión de funciones.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; y, al trabajo y justa remuneración; citando al efecto los arts. 24, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga:

  1. i)Dejar sin efecto la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, pronunciada por los entonces Consejeros hoy accionados;
  2. ii)Emitir una nueva resolución jerárquica que respete sus derechos y garantías constitucionales; y,
  3. iii)Que en caso de cumplirse la sanción impuesta, se proceda a la reincorporación a su fuente laboral en el día o se disponga el pago de salarios devengados que injustamente se le privaron.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 229 a 230 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en la audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

  1. a)Señaló como defectos en la sentencia sancionadora -Sentencia Disciplinaria 25/2022- la falta de fundamentación respecto de los elementos probatorios, la valoración defectuosa de la prueba, así como la errónea aplicación de la ley sustantiva;
  2. b)Se encuentra en incertidumbre jurídica; toda vez que, se instruyó a la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la Magistratura el cumplimiento de la Sentencia Disciplinaria 25/2022; y,
  3. c)Trabaja -a la fecha del planteamiento de esta acción de defensa- en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, como parte del equipo multidisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del mismo departamento, funciones que venía realizando cuando se aperturó el proceso disciplinario.

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