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TCP

1645/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de agosto de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1645/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1645/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 54115-2023-109-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución 018/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 191 a 193 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Román Justo Guaqui Condori contra Marvin Arsenio Molina Casanova, y Omar Michel Durán ex Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 163 a 165 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de febrero de 2023, fue notificado con la Resolución SP-AP 382/2022 de 14 de noviembre, en la cual se confirmó totalmente la -Resolución Disciplinaria- 26/2022 de 23 de agosto, que declaró probada en parte la denuncia planteada por Juan Padilla Ysuiza contra su persona, por la comisión de falta grave, prevista por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- que señala "OMITIR, NEGAR O RETARDAR INDEBIDAMENTE LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS A SU CARGO O LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS A QUE ESTÁN OBLIGADOS" (sic), imponiéndole la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes; en ese contexto, en la mencionada Resolución Disciplinaria que declaró probada en parte esa denuncia y confirmada en su totalidad por los entonces Consejeros ahora accionados, señalando que se retardó indebidamente la tramitación del proceso, en razón a que no se observó que la Sentencia de 20 de mayo de 2022, fue pronunciada en la misma audiencia; empero, no mencionaron qué ley hubiese vulnerado su conducta, aspecto que fue reclamado en apelación y que no fue reparado por los señalados Consejeros hoy accionados; puesto que, la conducta inicial asumida por la Jueza de primera instancia y confirmada en segunda instancia es el incumplimiento de plazos establecido por el art. 365 el Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, revisado citado artículo y del art. 187.14 de la LOJ, se tiene que, no es aplicable al presente caso, al no adecuarse la presunta falta al numeral 14, sino al numeral 9 de ese artículo; ya que, el reclamo "de la parte" -denunciante- es una providencia de mero trámite; es decir, la notificación con la referida Sentencia, existiendo una errónea subsunción de la conducta a la falta dispuesta por la Ley del Órgano Judicial, aspecto que nunca fue reparado por el Tribunal de alzada lo que vulnera la garantía de la legalidad.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la falta de valoración razonable de la prueba, y al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115.II; y, 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la restitución de sus derechos suprimidos y omitidos, anulando la Resolución SP-AP 382/2022 de 14 de noviembre, emitido por los entonces Consejeros hoy accionados; en consecuencia, se ordene la emisión de una nueva resolución en el marco del principio de legalidad y el debido proceso, y se encuentre debidamente motivada y fundamentada.

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