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TCP

1646/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1646/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1646/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58469-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 91/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 268 a 272 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Daniela Pacheco Moreno y María Susana Cazón Espejo en representación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Carlos Alberto Egüez Añez y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de enero y 14 de abril de 2023, cursantes de fs. 6 a 18; y, 156 a 165, la parte accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de abril de 2019, la Administración de la Aduana Zona Franca Winner, en apego estricto de la normativa y ejerciendo sus facultades de fiscalización y control mediante Nota AN-GRZGR-WINZZ-C-14/2019, comunicó al concesionario la realización del procedimiento de control no habitual a toda la mercancía en los depósitos de Zona Franca, que se encontraba bajo el régimen aduanero de depósito aduanero; actuación que se encuentra respaldada en el marco legal establecido por los arts. 2, 24, 118, 238 inc. b) y 283 del Decreto Supremo (DS) 25870 de 11 de agosto -Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA)-, efectuando la verificación de la mercancía consignada en el parte de Recepción 737 2019 85733-04/BOL/2019, a nombre de Ana Paola Castedo Castedo -ahora tercera interesada-.

El 21 de mayo de 2019, se emitió el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-C-0011/2019, adecuando la conducta de la prenombrada tercera interesada al ilícito de contrabando contravencional, que se encuentra sancionado en el art. 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB), al haber ingresado un vehículo nuevo para reacondicionamiento a la zona franca industrial Winner, sin contar con la respectiva autorización previa, correspondiendo el comiso de la mercancía; en ese sentido, dictaron la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional WINZZI-RC-0008/2019 de 5 de junio, que declaró probada la comisión de contravención tributaria de contrabando, disponiendo el decomiso de la mercancía.

Ante esa decisión administrativa, -la ahora tercera interesada-, interpuso recurso de alzada, mismo que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0373/2019 de 21 de mayo, por la que se ordenó anular obrados hasta el vicio más antiguo, que era el Acta de Intervención Contravencional, a objeto que la administración tributaria reconduzca sus acciones y cumpla con lo previsto en el art. 212 inc. c) del CTB.

Ante la presentación del recurso jerárquico, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2019 de 9 de diciembre, resolviendo anular la Resolución de alzada, con reposición al vicio más antiguo, debiendo dictarse una nueva determinación que se pronuncie sobre los aspectos planteados por el sujeto pasivo.

En razón a ello, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0134/2020 de 14 de febrero, resolviendo confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional.

Posteriormente, la AGIT emitió la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0952/2020 de 27 de julio, que determinó revocar totalmente la mencionada Resolución de Recurso de alzada, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional WINZZI-RC 0008/2019 de 5 de junio.

Contra esa determinación, interpusieron demanda contenciosa administrativa, que concluyó con la emisión de la Sentencia 11/2022 de 15 de febrero -acto lesivo- pronunciada por las autoridades demandadas, que resolvieron declarar improbada la demanda, manteniendo firme la nombrada Resolución de recurso jerárquico.

El identificado acto lesivo vulneró sus derechos al debido proceso, en su vertiente de aplicación objetiva de la ley, pues las autoridades demandadas realizaron de manera equivocada una interpretación y lectura sesgada del art. 82 de la Ley General de Aduanas (LGA); en tal sentido, el fundamento de la cuestionada decisión se basó en señalar que la otorgación de autorizaciones previas, para la importación de vehículos, entró en vigencia el 1 de enero de 2019, con el DS 3244 de 5 de julio de 2017 y la Resolución Ministerial (RM) 351 de 21 de diciembre de 2018, que aprobó el "Reglamento para la emisión de las Autorizaciones Previas para vehículos automotores antiguos y vehículos automotores para reacondicionamiento"; en consecuencia, el vehículo en cuestión con chasis MROHX8CD3K1387153, no se encontraría sujeto a la aplicación de las mencionadas normas, concluyendo que no era necesaria ninguna autorización previa. Tal interpretación, obvia que la Administración de Aduana Zona Franca Winner comunicó al concesionario el procedimiento de control no habitual, respaldando su actuar en los arts. 2, 24, 118 y 238 inc. b); y, 283 del DS 25870; al respecto, la Sentencia 11/2022, no consideró que la mercancía ingresó a través del régimen aduanero interior; por lo que, no tiene la fecha de embarque en el país de origen, al ser destinada a una Zona Franca Industrial, pues ingresó sin considerarse como importación, lo que se materializa cuando el usuario presenta a despacho aduanero la mercancía; contrariamente, las autoridades demandadas entendieron que el proceso de importación se inició con el embarque de la mercancía en el país de origen, situación que resulta incongruente con el Instructivo AN-GEGPC-F-N 68/2018 de 28 de diciembre, el cual es de conocimiento pleno del usuario, con referencia a las autorizaciones previas para vehículos automotores en aplicación del art. 3 de la RM 351, mismo que no resulta aplicable en vehículos automotores para reacondicionamiento, que se encuentren en tránsito aduanero, iniciado en una aduana de ingreso con destino a Zonas Francas Industriales Nacionales o que se encuentren almacenados en dichas zonas francas hasta el 31 de diciembre de 2018.

En el caso concreto, se trata de una importación de mercancía; en el cual, el tránsito aduanero se inició el 27 de febrero de 2019, desde Iquique Chile; lo que implica que al ser posterior al 31 de diciembre de 2018, no corresponde su exclusión de la aplicación del DS 3244 ni de la RM 351; por consiguiente, se tiene que la tercera interesada ingresó un vehículo sin contar con la autorización previa, inobservando el mandato del art. 118.II del RLGA, vigente al momento de ingreso de la mercancía a territorio nacional; por lo que, las autoridades demandadas al emitir la Sentencia 11/2022, soslayaron la potestad de control que tienen como administración aduanera y se atribuyeron facultades que no les competen, determinando en el fondo, la inexistencia de contrabando, valorando documentación al respecto, contrariando los entendimientos asumidos en las , , y 0675/2016-S3 de 14 de junio.

Las autoridades demandadas, al declarar improbada la demanda interpuesta, aplicando de forma retroactiva los Decretos Supremos que estaban vigentes al momento del hecho generador, transgredieron lo previsto en el art. 123 de la CPE; además, procedieron a revalorar la prueba que ya fue sujeta a estudio, cuando correspondía que los prenombrados se limiten a determinar si la normativa aplicable era correcta o no, tales acciones devinieron en la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica.

Por otra parte, las autoridades demandadas también lesionaron el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; toda vez que, al emitir la Sentencia 11/2022, se limitaron a analizar los argumentos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0952/2020, decisión administrativa que se basó en el recurso jerárquico presentado por la tercera interesada; es decir, no se pronunciaron sobre los argumentos que desplegaron en la respuesta a la demanda contenciosa administrativa, generando que la fundamentación y motivación sea escasa e insuficiente al no atender todos los agravios que expresaron de su parte.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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