Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1648/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad
Expediente: 53665-2023-108-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución de 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 132 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 79 a 85, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los arts. 312 y 318 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, estableció la concurrencia de los arts. 233.1, 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinando en consecuencia su detención preventiva en la Carceleta provincial de la indicada localidad, por el lapso de seis meses. Decisión contra la cual, al amparo del art. 251 del citado Código Adjetivo Penal, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandada-, a través de Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, confirmando arbitrariamente el Auto Interlocutorio impugnado.
La autoridad demandada no cumplió con su obligación de fundamentar ni motivar el Auto de Vista 210/2022, por los siguientes motivos:
- a)Respecto al art. 234.7 del CPP, se limitó a señalar que el Auto Interlocutorio estaba fundamentado y motivado conforme a los arts. 124 y 173 del mismo Código, ya que, contaría con un análisis de hecho y por ende cumple la jurisprudencia constitucional como también convenios y tratados internacionales, conforme establece el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE);
- b)A decir de la autoridad demandada, el Juez a quo hubiera hecho un análisis de los antecedentes del hecho, la conducta anterior y posterior del imputado, la condición de víctimas de las menores, edad, condición de mujer; empero, la Vocal demandada omitió revisar minuciosamente que la autoridad jurisdiccional estableció la concurrencia del art. 234.7 del CPP, en sus vertientes peligro para la víctima y para la sociedad, por haber incumplido actas de alejamiento con la víctima; puesto que, este extremo también permitiría considerar que el imputado es un peligro para la sociedad; aspecto que es soslayado por la autoridad demandada, quien tenía la obligación de verificar ese extremo pero no lo hizo;
- c)La demandada no comprobó la existencia real, material y verificable del peligro efectivo para la víctima;
- d)En cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, la autoridad demandada señaló que el inferior, a efectos de cumplir precisamente el art. 235 Ter. del citado Código, tomó en cuenta un informe que fue emitido por Juan Pablo Ramírez -funcionario policial-, quien se habría constituido en el domicilio del imputado a efectos del secuestro del vehículo que hubiera sido un instrumento para la comisión del presunto hecho; pero, el vehículo no fue encontrado, siendo ese el riesgo de obstaculización señalado por la autoridad jurisdiccional a quo y con dicho argumento la autoridad demandada confirmó el Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, inobservando lo que establece el art. 398 del mismo cuerpo Adjetivo Penal y la ;
- e)La autoridad jurisdiccional de instancia determinó la concurrencia de dicho presupuesto procesal de peligro de obstaculización, en una mera presunción abstracta respecto al tipo de vehículo que presuntamente se utilizó para la presunta comisión del delito, aspecto que no fue observado por la autoridad demandada; ya que, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; y,
- f)En el Auto de Vista 210/2022, no se fundamentó ni motivó cuál es el elemento material objetivo que demuestre que el prenombrado fue la persona que ocultó y/o destruyó la movilidad de la cual se desconocen sus características, siendo evidente la falta de fundamentación y motivación por parte de la autoridad demandada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a su libertad; citando al efecto el art. 23 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
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