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TCP

1650/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1650/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1650/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 72076-2025-145-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 06/2025 de 29 de marzo, cursante de fs. 282 a 284, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lizzette Fernández Daza por sí y en representación sin mandato de su hijo adolescente AA contra Sandra Ortuño Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) Distrito 4 (D-4) del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de marzo de 2025, cursante a fs. 1 y de 28 a 32 vta., la accionante por sí y en representación de su hijo adolescente, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Sentencia de divorcio se le otorgó la guarda legal de su hijo AA -de trece años-; el padre del niño se distanció de sus responsabilidades, visitándolo esporádicamente, siendo que algunas ocasiones lo llevó a la casa de su tía paterna donde también se encontraba con su abuelo; consiguientemente, su hijo le comentó que en más de una ocasión, su abuelo le decía que estaba gordo, petizo y que debería bajar de peso; similares comentarios recibió de sus compañeros de colegio, situación que le causó angustia y decidió bajar de peso iniciando una dieta y ejercicio físico desde octubre de 2024; a raíz de ello, paulatinamente empezó a bajar de peso.

Por el incumplimiento en el pago de sus obligaciones de asistencia familiar, le exigió al padre su cumplimiento, siendo el motivo para que promoviera una denuncia en la DNA D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (en adelante DNA D-1); es así, que en audiencia de 5 de marzo de 2025, -llevada adelante en la mencionada institución- junto al padre de su hijo se comprometieron apoyarlo nutricionalmente y psicológicamente; situación por la que, buscó ayuda de un profesional nutricionista, a efectos que siga una dieta adecuada y orientada a su crecimiento.

Sin embargo, el 21 de marzo del citado año, recibió una llamada inesperada, identificada como de la DNA del Distrito 4 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca (en adelante DNA D-4); señalándole que debían hablar de su hijo, pero tuvo que responder que no podría en ese momento presentarse en sus instalaciones, porque estaba ingresando a una cirugía, además porque su caso estaba siendo atendido por la DNA D-1, en la cual suscribieron acuerdos conjuntamente al padre, que favorecían al adolescente. Inmediatamente, recibió otra llamada, esta vez de una madre del colegio, quien le informó que personal de la DNA, sacó a su hijo del establecimiento educativo y lo ingresaron a una camioneta; en consecuencia, tuvo que asistir a oficinas de la DNA D-4, donde le informaron que llevaron a su hijo a un hogar, para someterlo a la prescripción de un especialista pediatra en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios; ante lo cual, les comunicó que la DNA D-1 era quien originalmente llevaba su caso, empero se asombró que fue la DNA D-4 quien efectuó el secuestro de su hijo, sin previo aviso a sus padres, por lo que reclamó la forma abrupta en que sacaron a su hijo adolescente del colegio; sin obtener ninguna respuesta clara por parte de los funcionarios que le atendieron.

En esas circunstancias, sin que exista un diagnóstico médico fisiológico ni psicológico que justifique la hospitalización de su hijo, fue ilegalmente trasladado e internado en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, de forma arbitraria, sin mayor justificación y sin el consentimiento informado de sus padres; prohibiéndole su intervención como madre a lo largo del proceso, negándole información y la posibilidad de tener contacto con su descendiente, prohibiéndole verlo hasta la fecha de interposición de la presente demanda tutelar, vulnerando su derecho a decidir sobre el bienestar de su hijo; y sobre todo, sin tomar en cuenta que AA se encontraba angustiado, desconociendo lo que sucedió y sin poder asistir al colegio a efectos de continuar con su educación, lesionando de esta forma sus derechos a la libertad física, a la libertad de circulación y a la educación; y el principio de interés superior del adolescente.

Finalmente, solicitó a la Coordinadora de Defensorías, información o copias simples del procedimiento que conllevó a la señalada actuación de la DNA -D4 contra su hijo y su persona; sin embargo, le negaron esta petición, señalando que este actuado debía realizarse por orden judicial, siendo que todo lo tramitado aún se encontraba en sede administrativa de dicha institución; con lo cual, le lesionaron su derecho de acceso a la información y al debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció por sí, la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la información; y en representación de su hijo, la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación, a la educación, a la salud y al debido proceso; además del principio del interés superior del adolescente; citando al efecto los arts. 18.I, 22, 23.I, 60 y 77.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia:

  1. a)Se ordene el cese inmediato de cualquier medida que restrinja la libertad de su hijo adolescente, sin el debido proceso, que restringe su derecho a la educación, su imagen e interés superior;
  2. b)Se disponga la restitución de sus derechos como madre, asegurando que se respeten sus garantías constitucionales, como el respeto a la protección de su hijo; y,
  3. c)Se inicien las acciones legales correspondientes contra las autoridades que tomaron la decisión ilegal y arbitraria de internar a su hijo sin justificación, sin conocimiento de los hechos y sin la autorización de sus padres.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de 29 de marzo de 2025, según consta en acta cursante de fs. 276 a 281 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogada, ratificaron íntegramente los términos de su acción de tutela y ampliándola, en audiencia señalaron que:

  1. 1)En esta acción de libertad, recién se encuentran conociendo los informes de la DNA D-4 y los antecedentes que, anteriormente les denegaron;
  2. 2)Si bien el progenitor, alega haber realizado una nueva denuncia a la DNA D-4, ante una supuesta negligencia de la DNA D-1, no es menos cierto que, existe un acta de compromiso de 5 de marzo de 2025, suscrita por ambos padres, donde el progenitor se comprometió a cancelar los tratamientos de AA; sin embargo, no lo cumplió, siendo la madre la única que se hizo responsable del costo total de las revisiones médicas de su hijo, a efectos de no interrumpir su tratamiento;
  3. 3)Los trastornos psicológicos que sufre el adolescente, los atribuye al hecho que durante los pocos encuentros con su padre y abuelo, le cuestionaban por su sobrepeso, colocándole calificativos y aconsejándole que haga dieta; además de recibir por parte de sus compañeros de curso apelativos por su gordura; lo cual, ocasionó en AA inestabilidad emocional y rebeldía; razón por la cual, decidieron bajar de peso sobre la base de un asesoramiento nutricional, asumiendo una dieta vegana;
  4. 4)AA tiene trece años, se encuentra en la etapa de crecimiento, por ello no hay una relación entre el peso y la talla; además por disposición de la DNA D-1, se encontraba recibiendo atención psicológica y acompañamiento nutricional, que era de conocimiento del progenitor; quien sin embargo, realizó nueva denuncia a la DNA D-4, alegando que la DNA D-1 no estaba cumpliendo sus funciones, encontrándose en supuesto riesgo, la vida de su hijo; lo cual no es evidente;
  5. 5)Es curioso que encontrándose su caso en la DNA D-1, ejecute el secuestro de su hijo la DNA D-4, a sola denuncia del progenitor; como consecuencia de haber sido notificado con una demanda de asistencia familiar, quien no se hace cargo de AA; sino la madre, que le proporciona una vida económicamente estable, porque es de profesión Odontóloga además de vender productos odontológicos; en consecuencia, existe un trasfondo de venganza por parte del padre;
  6. 6)La denunciaron por violencia y solicitaron medidas de protección en su contra; sin embargo, ama a su hijo, podría dar su vida por él; si bien es menor de edad, pero está consiente de comer saludable para adelgazar, siendo esa la verdad; la DNA D-4 lo tergiversó todo, hasta el extremo de internarlo en el Psicopedagógico, donde se encuentra sufriendo de depresión y corriendo en peligro su vida;
  7. 7)Le dijeron que ingresó al Psicopedagógico por problemas familiares, pero acaba de enterarse que en realidad tiene diagnóstico de bulimia, incluso anorexia; sin embargo, no existe prueba científica que confirme que su hijo tenga ese trastorno alimenticio; en todo caso, considera que se encuentra saludable; empero, privado de su libertad desde el 21 de marzo de 2025 hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad;
  8. 8)Aun no se considere el Psicopedagógico un recinto penitenciario, procede la presente acción de libertad, porque se está lesionando el derecho a la vida e integridad física de AA;
  9. 9)Resulta extraño el cambio de Defensoría, ya que el mismo, de ninguna manera obedeció a la protección del interés superior del adolescente, al contrario, la nueva defensoría asignada al caso, actuó de forma arbitraria, dañando psicológicamente a su hijo; toda vez que, fue sacado intempestivamente del colegio en presencia de todos sus compañeros para internarlo directamente en el Psicopedagógico, sin considerar que previamente se podría haber coordinado un tratamiento ambulatorio, con la colaboración de un psicólogo y de un equipo multidisciplinario, sin necesidad de privarle abruptamente de su libertad y del apoyo materno con el que siempre contó; y,
  10. 10)Solicita no causar mayor daño psicológico al adolescente, perjudicándolo de su derecho a la educación; por lo que, pide la restauración de sus derechos a la libertad y se lo retorne al seno materno.

Con el uso de la palabra la accionante -madre del adolescente- señaló que:

  1. i)Se encuentra divorciada del padre de su hijo hace nueve años, con orden de restricción de acercarse a ella, por haber ejercido violencia en contra de los dos -madre e hijo- cuando estaban casados; actualmente el progenitor vive y trabaja en Santa Cruz, solo visita a su hijo una o dos veces al año;
  2. ii)Si bien su hijo bajó de peso por salud, pero de manera paralela el año pasado recibió un tratamiento psicológico; asimismo, se le realizó análisis de sangre y peso, teniendo constancia de ello la hermana del progenitor; de igual forma firmaron ambos padres un compromiso ante la DNA D-1, para que el adolescente reciba tratamiento psicológico y nutricional durante esta gestión; empero, estuvo a cargo únicamente de ella, evadiendo este compromiso el padre, siendo que cuenta con las pruebas de tal afirmación;
  3. iii)Durante nueve días hasta la presentación de esta acción tutelar, le mantuvieron alejada de su hijo, sin poder hablar con el psicólogo ni psiquiatra para que le expliquen sobre su salud; si bien no pudo acudir inmediatamente ante el llamado de la DNA D-4, fue porque estaba entrando a una cirugía por fibrosis; sin embargo, cuando se enteró del supuesto rescate, inmediatamente la suspendió, salió del quirófano y fue en busca de su hijo, porque jamás se alejó de él y nunca haría nada en su contra;
  4. iv)En cuanto a la educación, la mayor parte de las profesoras son nuevas, su hijo tiene buen rendimiento académico; está retrasada con las mensualidades porque es la única responsable de AA tanto emocional como económicamente;
  5. v)Solo tuvo la oportunidad de verlo por única vez en el Psicopedagógico, donde su hijo le dijo que no quería estar ahí; siendo su preocupación el frio; en dicho instituto, le remitieron a pediatría, psicología y psiquiatría a costa suya, donde le indicaron que estaba con bajo peso, disponiendo su internación y que podía visitarlo sábados y domingos; a pesar de haber solicitado su internación en la Clínica Los Ángeles para poder verlo diariamente, empero, nadie tomó en cuenta esta petición ni se solidarizó con su sufrimiento en calidad de madre; a partir de ese momento, no pudo dormir ni trabajar al estar alejada de su hijo;
  6. vi)A efectos de realizar la petición de trasladarlo a la Clínica Los Ángeles, además de consultar con la psicóloga y recibir el consejo por parte de ella, que lo mejor era sacarlo del Psicopedagógico porque le estaban suministrando mucho ansiolítico, se apersonó nuevamente a la DNA D-4; sin embargo, la trataron mal, hasta el extremo de sacarla del lugar con un guardia policial; y,
  7. vii)Está muy preocupada porque su hijo está perdiendo días de clases educativas y se encuentra deprimido por estar alejado de su presencia, además que en calidad de madre, no se encuentra recibiendo informes por parte del psicólogo ni del psiquiatra sobre el estado de su salud; por lo que, solicitó al Juez de garantías que se dirija al Psicopedagógico a verificar la situación de su hijo y poder hablar con él, para escuchar su opinión y consiguientemente disponga su liberación a efectos que vuelva al seno materno y a sus actividades escolares.
I.2.2. Informe de la parte demandada

Sandra Ortuño Quintana, Abogada de la DNA D-4 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca, por informe escrito de 29 de marzo de 2025, cursante de fs. 46 a 50, y en audiencia señaló:

  1. a)Mediante Comunicación Interna DNA 274/2025 de 19 de marzo, emitida por el Encargado de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca, se remitió a conocimiento de la DNA D-4 el presente caso; puesto que, desde el 14 de febrero del citado año y a pesar de contar con el Informe Psicológico de 27 del mismo mes y año, que advirtió un presunto trastorno de la conducta alimenticia o alguna comorbilidad emocional en el adolescente, se propuso su valoración y seguimiento nutricional, asegurando que su dieta sea saludable y no guiada por restricciones auto impuestas o influencias externas; sin embargo, la DNA D-1 no tomó ninguna acción al respecto;
  2. b)Por Informe de 26 de febrero de 2025, el Director de la Unidad Educativa Don Bosco, recogió la preocupación de los maestros ante el cambio de conducta del adolescente, quienes le comunicaron que: se involucra menos con sus compañeros; su comportamiento es introvertido y callado con poca o nula participación en clase, afectando su rendimiento académico; lo ven triste e irritable ocasionalmente; su apariencia denota descuido, su estado físico se observa deteriorado, evidenciando ojeras pronunciadas, palidez y extrema delgadez;
  3. c)De una entrevista realizada con la Psicóloga de la DNA D-1, se advirtió que el adolescente bajó de peso, ante ello, el 5 de marzo de 2025, solo se limitaron a realizar un acta de compromiso y responsabilidad, dejando a su suerte al adolescente, recomendando que sean los padres quienes se encarguen de brindar apoyo médico y psicológico al adolescente para que supere los problemas y trastornos alimenticios que estaba afrontando; el cual incumplieron, porque no recibió atención médica menos psicológica, llegando a empeorar su estado de salud, tal cual denunció el progenitor no solo a la DNA D-1, sino al Responsable de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y a la Defensoría del Pueblo; por ello, esta instancia municipal estaba obligada a resguardar los derechos y garantías del adolescente, que se encontraba en completa indefensión;
  4. d)Con esos antecedentes, el 21 de marzo de igual año, la DNA D-4, gestionó atención pediátrica para el adolescente; pero con carácter previo la Psicóloga y la Trabajadora Social, el mismo día se comunicaron con su madre, a objeto de informarle los antecedentes del caso, puesto que se trataba de una situación de salud muy delicada; sin embargo, mencionó que no podría asistir debido a que se estaba realizando una intervención quirúrgica y que en ese momento tampoco tenía ningún familiar que pueda acompañar a su hijo; por este motivo se comunicaron con su padre -que radica en Santa Cruz- quien autorizó la intervención a su hijo por parte de la DNA D-4;
  5. e)Posteriormente, se trasladaron a la Unidad Educativa de AA, donde el Director, dio viabilidad y coadyuvó con el trabajo de la DNA D-4; en consecuencia, la Psicóloga, abordó al adolescente explicándole sobre su presencia en el colegio; por lo que, una vez asimilado este hecho por AA, fue trasladado a dependencias de la DNA D-4 en compañía del Director de la Unidad Educativa;
  6. f)Al momento de tener contacto con el adolescente advirtieron que se encontraba en situación de riesgo, ya que lucía bastante descuidado, ojeroso, delgado y muy abrigado -alegando tener frio- pese a que ese día el clima estaba templado; razón por la que, el personal de la DNA D-4, en el marco de lo previsto en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, realizó el rescate del mismo siendo trasladado al Hogar Transitorio Charquipata, donde se lo alimentó para luego conducirlo al Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, donde fue atendido por el Pediatra y por el Psiquiatra de dicha institución, con diagnóstico de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno ansioso depresivo, además de desnutrición con un peso; por lo que, a criterio de los médicos del referido nosocomio, tuvo que ser internado con la prohibición de cualquier tipo de contacto de la madre con su hijo, conforme a las políticas del mencionado centro de salud;
  7. g)Ante esa situación la accionante, mostró una actitud beligerante y tozuda, al grado que tuvo que intervenir la Psiquiatra de turno y el abogado Milton Mamani, para explicarle la situación, como también el funcionario policial, ya que la prenombrada señalaba que su hijo fue secuestrado, sin observar que el acogimiento circunstancial no es de ninguna manera una privación de libertad, sino una medida excepcional y provisional asumida ante una situación de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño o adolescente, cuando no exista otro medio para su protección inmediata; advirtiéndose negligencia de la madre quien con su actitud puso en riesgo la salud e incluso la vida de su hijo al no brindarle atención médica y psicológica oportuna;
  8. h)La DNA D-4 en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 188 incs. a. y b. del CNNA, no requiere autorización expresa de los padres para intervenir de oficio y sin necesidad de mandato expreso, más si en el presente caso, la madre demostró una actitud negligente, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de su propio hijo, al no brindarle la atención médica y psicológica oportuna;
  9. i)Actualmente la madre no comprende el estado de salud de su hijo, minimizándolo, a pesar de conocer el diagnóstico que motivó a los profesionales del Psicopedagógico para ordenar la internación del adolescente; manifestando que su hijo fue ilegalmente internado como si fuera un caso grave, sin ninguna explicación; siendo que se le explicó los motivos y la necesidad de su atención médica;
  10. j)El 25 de marzo de 2025, se puso a conocimiento del Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, el acogimiento circunstancial del adolescente AA, dando a conocer que por el conflicto interno que existía entre sus padres, éstos no eran idóneos para estar al cuidado de su hijo, con dichos antecedentes y la situación de riesgo del adolescente, la autoridad jurisdiccional admitió el mencionado acogimiento circunstancial en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios mediante Auto Interlocutorio de 26 de marzo de igual año;
  11. k)En consecuencia, la DNA D-4 ante la actitud negligente de la impetrante de tutela que puso en riesgo la salud e incluso la vida de su propio hijo, tuvo que activar los mecanismos legales necesarios para resguardar el interés superior del adolescente, quien se encuentra recibiendo atención médica y psiquiátrica con el fin de restituir su salud, pues este principio cumple una triple función, como derecho sustantivo, principio de interpretación y como norma de procedimiento que debe ser observado en todos los procesos judiciales y administrativos, en una comprensión de acceso a la justicia;
  12. l)La prohibición de tener algún contacto de la madre con su hijo, se debe a políticas del Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, para que no interfiera en la recuperación del adolescente; además, se cuenta con medidas de protección a su favor, impuestas por el Ministerio Público; y,
  13. m)El 24 del referido mes y año, la DNA D-4 presentó una denuncia contra la accionante, ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que se encuentra en proceso de investigación y con imposición de medidas de protección; por lo que, finalmente solicitó se deniegue la tutela.

En respuesta a las preguntas realizadas por el Juez de garantías, la demandada puntualizó:

  1. 1)Se diagnosticó al adolescente anorexia y bulimia nerviosa, trastorno ansioso depresivo y desnutrición;
  2. 2)AA se encuentra con medidas de protección emitidas el 24 de marzo de 2025, por el Fiscal de Materia a cargo del proceso penal iniciado por la DNA D-4 contra la madre, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, consistentes en prohibir la comunicación directa o indirecta, por cualquier medio con la víctima; intimidarlo por cualquier medio o a través de terceras personas o cualquier integrante de la familia; transitar por lugares de recorrido frecuente de la víctima; concurrir ni frecuentar lugares de custodia, albergue, estudios o esparcimiento donde se encuentre la víctima;
  3. 3)No es evidente lo manifestado en sentido que el niño sea vegano; al contrario, puede comer de todo;
  4. 4)Se actuó a favor de AA, sobre la base de informes psicológicos y del Director del Colegio, que manifestaron sobre sus cambios de comportamiento negativos desde la anterior gestión; y,
  5. 5)La madre trató de impedir que el adolescente sea evaluado y atendido por los profesionales del Psicopedagógico; además, existe constancia que una vez que hizo comer a su hijo, lo acompañó al baño para vomitar.
I.2.3 Participación del tercero interviniente

Glen Sylvester Abad Llanos Castel, por medio de su representante legal, en audiencia, manifestó que:

  1. i)Ante la preocupante situación de su hijo, realizó la denuncia a la DNA D-1, con la certeza que tomarían acciones conforme dispone el art. "388" del CNNA; sin embargo, su actuar fue negligente, realizando actos contradictorios conjuntamente la madre de su hijo, pues la última vez que lo visitó en diciembre de 2024 pesaba 45 kg, siendo que actualmente pesa 40 kg para 1.60 m de altura; por ello se vio obligado a denunciar estos hechos ante Milton Marquiegui, Encargado de Coordinación de la DNA, solicitando el cambio de defensoría, por lo que dicha autoridad, mediante Comunicación Interna Cite: DNA 274/2025 de 19 de marzo, dispuso que el caso sea puesto a conocimiento de la DNA D-4, quienes se hicieron cargo del caso;
  2. ii)Por falta de tiempo, no se pudo presentar en calidad de prueba, la orden de cambio de un distrito a otro, a efectos que la DNA D-4 tome todas las atribuciones en el caso; sin embargo, sus funcionarios son quienes realizaron todos los actos necesarios para salvar la vida de AA porque estaba en una situación crítica; frente a una madre que de forma caprichosa no permite la intervención de profesionales médicos ni psicólogos para tratar y estabilizar al adolescente; tampoco se da cuenta de la dimensión del problema, minimizándolo, en contra de la vida de su propio hijo; y,
  3. iii)En el marco de sus atribuciones la DNA D-4, denunció a la solicitante de tutela, ante el Ministerio Público por el delito de violencia familiar contra su hijo adolescente, instancia que impuso como medida de protección la restricción temporal de acercarse, para proteger su integridad física y psicológica; por lo que, no pueden ser entendidas como privación de libertad.

Habiéndose solicitado en audiencia la participación de forma personal del tercero interviniente, Glen Sylvester Abad Llanos Castel, en audiencia, refirió:

  1. a)La madre de su hijo nunca le dejó que lo lleve a revisión médica, por ello, tuvo que acudir a la DNA D-1, insistiendo que se apersonen a su casa para ver su situación, ya que la madre no le dejaba acercarse a él; fue ahí que se preocupó, porque le informaron que el adolescente estaba delgado; y,
  2. b)En diciembre de 2024, sorprendido por el estado de desnutrición de su hijo reservó consulta con el médico Mircko Cabrera Ballesteros, especialista en gastroenterología y psiquiatría; lo cual fue impedido por la madre; ante tanta negación, preservando el derecho de su hijo, tuvo que denunciar esta situación ante la DNA D-1 quienes después de conversar con la accionante, se opusieron llevar a su hijo al psicólogo que pagó; ante la falta de seguimiento sobre su situación, se vio obligado a denunciar a la Defensoría del Pueblo y solicitar el cambio de DNA; es así que su denuncia fue atendida por la DNA D-4; quien ante la negativa de atención médica por parte de la madre, le llamaron para solicitar su autorización, a efectos de llevarlo ante galenos especializados, otorgando la autorización, sin comprender cuál el motivo para que haya llegado al extremo de descuido, sometiéndolo a una situación tan deplorable. Finalizó solicitando al Juez de garantías verifique el estado en el que se encuentra AA.

En respuesta a las consultas del Juez de garantías, el padre del adolescente indicó:

  1. 1)Planteó el divorcio llegando a un mutuo acuerdo sobre la guarda de su hijo, pero después que terminó su tramitación, comenzaron las rencillas, coartando la comunicación entre padre e hijo;
  2. 2)La madre tenía la guarda de AA, teniendo como acuerdo visitas durante las vacaciones, feriados y fines de semana; y,
  3. 3)Trató de cumplir el derecho de visita dentro de lo permisible por su fuente laboral; hizo lo posible para llegar a verlo una vez por mes o cada dos meses, pero estos encuentros fueron negados por la madre, cuartando el derecho de ambos de poder relacionarse, hasta que tuvo que intervenir para que puedan encontrarse en la DNA durante solo media hora o veinte minutos, alegando siempre, que se encontraban ocupados.
I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2025 de 29 de marzo, cursante de fs. 282 a 284, denegó la tutela impetrada, solicitando encarecidamente a la accionante que, se someta a un tratamiento psicológico a objeto de identificar la causa que llevó a ese estado de salud al adolescente AA, quien probablemente no lo hizo como un acto doloso; sin embargo, requiera apoyo psicológico; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

  1. i)De acuerdo a los informes presentados por la DNA D-4 y por el personal del Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios -que data de 21 de marzo de 2025-, dan cuenta sobre el estado de salud delicado del adolescente; en consecuencia, se considera que la DNA D-4 en el marco de las atribuciones del art. 53 del CNNA activó inicialmente el mecanismo de rescate, a objeto de brindar el auxilio oportuno frente al estado desnutrición de AA; y posteriormente, solicitó el acogimiento circunstancial puesto a conocimiento de una autoridad judicial, disponiendo el Instituto Pedagógico San Juan de Dios para tal efecto, para que pueda realizarse los exámenes de rigor;
  2. ii)Conforme al art. 54.IV del CNNA, el acogimiento circunstancial no constituye una privación de libertad, pues en concordancia con el art. 60 de la CPE, existe el deber de realizar tres acciones básicas y fundamentales en defensa y velando por el interés superior del niño; vale decir, en recibir protección, socorro y prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, gozando del derecho de acceso a una justicia pronta y oportuna;
  3. iii)Conforme al art. 108.9 de la CPE, se les asigna a los padres asistir en la alimentación y educación a los hijos, siendo un deber fundamental, básico y supremo, debiendo atenderlos, realizar las gestiones y actividades necesarias para garantizar la materialización de sus derechos, mientras se encuentren bajo su tutela;
  4. iv)Se constata que fueron lesionados los derechos a la alimentación y educación del adolescente y tomando en cuenta lo manifestado por el padre, que apenas en tres meses perdió 5 Kg, también se está vulnerando su derecho a la vida digna que implica sus derechos de acceso a la salud y a gozar de la salud plena; en consecuencia, las actuaciones realizadas por la DNA D-4, encuadran con los procedimientos establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente; y,
  5. v)El acogimiento circunstancial no se constituye en una privación de la libertad, está reconocido tanto por el Código Niña, Niño y Adolescente como por la ; empero, los alegatos de la accionante no se encuentran enmarcados en ninguna normativa frente a la necesidad de tomar control en la salud del adolescente a objeto de reestablecerla plenamente; en consecuencia, no existe mérito para acoger la pretensión de la impetrante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 28 de abril de 2025 (fs. 293), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 21 de noviembre del mismo año (fs. 296); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Sentencia 160 de 19 de mayo de 2016, la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso de Divorcio seguido por Glen Sylvestre Abad Llanos Castel contra Lizzette Fernández Daza -ahora accionante-, declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los padres de AA, otorgando la guarda del adolescente a la madre (fs. 3 a 4).

II.2. El 14 de febrero de 2025, Glen Sylvester Abad Llanos Castel, padre del adolescente AA de trece años interpuso denuncia contra la madre accionante ante la DNA D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca, por presunta negligencia materna, alegando que su hijo sufría problemas de conducta alimenticia; por lo que, solicitó intervención y seguimiento inmediato. En el marco de la referida denuncia, la DNA D-1 realizó las siguientes acciones:

  1. a)Informe de Entrevista Psicológica de 17 de marzo de 2025 -lo correcto es 17 de febrero del referido año-, realizado por Giovanna Ramírez Barja, Psicóloga, a solicitud de Jhosseline Remedios Miranda Canaviri, Abogada, ambas de la DNA D-1; concluyendo que:
  2. a.1)La madre no mantiene comunicación con el padre;
  3. a.2)AA al momento de la entrevista se encontraba estable, refiriendo que se siente bien al estar junto a su madre, con quien tiene mayor comunicación y convivencia en su tiempos libres, que a pesar de trabajar, almuerzan y cenan juntos; de igual forma se lleva bien con los padres de su madre y con su tía "Isa" que la considera como su segunda madre;
  4. a.3)Con su padre no tiene buena relación, no quiere estar con él; si bien vive en Santa Cruz pero conoce su número telefónico fijo, empero no lo llama; además, le genera sensación de miedo, porque cuando se encontraba con su padre, le obligaba a jugar fútbol y correr, deportes que no le gustan, porque prefiere hacer ejercicios en las máquinas que tiene en su casa; razones por las cuales, no quiere verlo, tal vez solo quince minutos, luego no se siente a gusto; la última vez que lo vio fue para fin de año, comió con su familia, pasó más tiempo con sus tías, porque su padre pasaba las horas en su celular; con quien tiene mejor relación es con su abuelito paterno;
  5. a.4)El adolescente, se encuentra estable y tranquilo en el seno materno;
  6. a.5)Está anímicamente bien con los estudios. Concluyendo que, a través de la entrevista de primer contacto, advirtió que su nivel emocional está estable, recomendando que su progenitora continúe colaborándole con terapias psicológicas, evitando su revictimización, así como con la atención de un médico nutricionista velando por el bienestar e integridad superior del adolescente, frente al bastante peso que perdió con relación a su edad y tamaño;
  7. b)Informe de Verificación Domiciliaria de 19 de igual mes y año, realizado por Guisela Lupa Soto, Trabajadora Social de la DNA D-1, a través del cual, una vez evaluada la vivienda de la progenitora y su hijo, concluyó: b.i) La vivienda cuenta con condiciones adecuadas de higiene, orden y comodidad para el bienestar del adolescente y la madre, disponiendo de espacios bien organizados, compuesta por dos habitaciones independientes para ambas personas, el área de sala-comedor, cocina y un depósito; b.ii) La habitación de AA es amplia y con todas las comodidades necesarias para su descanso, organización personal, con un espacio adecuado para realizar sus actividades escolares que favorece su rendimiento escolar; b.iii) La alimentación en el hogar es acorde a las necesidades del adolescente, quien sigue una dieta vegana y cuida su estado físico; b.iv) La madre asume la totalidad de los gastos de educación, salud, vivienda y alimentación de su hijo; b.v) El padre no cumple de forma regular con la asistencia familiar, lo que afecta la estabilidad económica del adolescente; y, b.vi) La casa donde reside AA es de propiedad de los progenitores; sin embargo, solo viven la madre con su hijo; la cual se encuentra en la zona central, con acceso a servicios básicos, transporte, centros educativos y de salud. Informe que se encuentra acreditado por copias fotostáticas adjuntas al mismo;
  8. c)Informe 005/2025 de 26 de febrero, emitido por Raúl Pozo Tejerina, Director del Nivel Secundario de la Unidad Educativa Don Bosco, en cuyas partes sobresalientes señaló:
  9. c.1)El desempeño académico del adolescente es muy bueno en dos materias, bueno en cinco, regular en cinco, bajo en dos, preocupante en una;
  10. c.2)En la gestión 2024, no registró inasistencia a clases, excepto por una sola vez, con licencia por salud; durante la gestión 2025 no faltó a clases;
  11. c.3)Para el Colegio la responsable del estudiante es la madre, quien registra sus datos y firmas para la inscripción; además es quien asiste a las reuniones de padres de familia;
  12. c.4)El 14 de febrero de 2025, el progenitor asistió a la Dirección del Colegio Don Bosco, para manifestar su preocupación sobre su hijo, detallando varios aspectos del contexto familiar y la complicada relación con la madre;
  13. c.5)Observando con detenimiento al estudiante, se corrobora que está bastante flaco, lo cual, se dio parte al área de psicología, para que pueda indagar con mayor profundidad al respecto; y,
  14. c.6)Los profesores de la mayoría de las asignaturas, coincidieron en informar que el estudiante es educado y tranquilo; sin embargo, muy callado, introvertido, se involucra menos en clases en comparación a la anterior gestión, se lo percibe triste, alejado de sus compañeros, con miedo, a ratos irritado; y, desde hace dos años atrás cambió bruscamente, se lo ve desmejorado, su silueta y fisonomía delata descuido, pues, antes era muy saludable, empero, a mediados de la gestión 2024, comenzó a enflaquecer, siendo que ahora, se notan sus ojeras, con ojos muy pronunciados, cuya flaqueza preocupa; por lo que, solicitaron que ambos padres tomen cartas en el asunto, ya que parecería que adolece de anemia; lo cual le perjudica en el rendimiento óptimo;
  15. d)Conforme al Informe de 26 de febrero de 2025, emitido por la Jhissel Nayla Colque Zambrana, señaló que la Feria de Salud realizada en el tercer trimestre de la gestión 2024, fue propuesta con el objetivo de cuidar la alimentación de personas con enfermedades de base como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, concientizando el consumo de alimentos saludables, sin edulcorantes, saborizantes ni cantidades de azúcar altas;
  16. e)Por informe de Nataly Castro Daza, Psicóloga Encargada del Colegió Don Bosco, conforme a la entrevista que tuvo con AA, mencionó que: e.i) La relación con su madre es muy buena, con quien pasa la mayor parte del tiempo a gusto, pues, salen a comer, juegan y conversan; y, e.ii) No le gusta consumir carne roja ni blanca, prefiere las lentejas y otro tipo de proteínas, le gustan las frutas. Siendo agendadas otras citas posteriores;
  17. f)Informe de Cristhian Isacc Durán Pessoa, Responsable Médico del Centro de Diagnóstico Médico San Martín de Porres -galeno particular del adolescente-; a través del cual, refirió que el 9 de enero de igual año, la impetrante de tutela solicitó la valoración médica y de laboratorio de su hijo, cuyo diagnóstico fue buen estado de salud clínica fisiológico, recomendando nuevo control de rutina en un año;
  18. g)Informe de 27 de febrero del referido año; por el que, Mónica Andrea Ríos Pereira, Psicóloga particular de AA, refirió que a solicitud de la accionante, quien mostró preocupación por los cambios en el hábito alimenticio de su hijo, pérdida de peso y episodios de vómito inducido; y, de la DNA-D1, realizó la atención psicológica del adolescente en cuatro oportunidades, concluyendo la presencia de factores de vulnerabilidad asociados a su alimentación, autoimagen y bienestar emocional; la restricción de alimentos, los episodios de vómito recurrente y la relación entre la actividad física y su malestar emocional pueden indicar un patrón de conducta alimentaria disfuncional que requiere evaluación especializada; su baja autoestima y la influencia de comentarios externos sobre su apariencia podrían estar contribuyendo al desarrollo de pensamientos negativos sobre su cuerpo, afectando su seguridad personal y su regulación emocional. Informando, además, sobre su resistencia a profundizar en el tema y la interrupción del proceso terapéutico, dificultan una intervención oportuna, lo que podría derivar en una mayor consolidación de estos patrones en ausencia de tratamiento; por lo que, considera fundamental, la continuidad del abordaje psicológico y nutricional para prevenir complicaciones a largo plazo y promover estrategias de afrontamiento saludables. En cuanto a su relación con sus padres es importante advertir que:
  19. g.1)Los comentarios de su padre y sus abuelos paternos sobre su apariencia física lo incomodaron, por lo que, influyeron en su cambio alimenticio, con quién tiene una relación distante;
  20. g.2)Su madre es la persona que más valora, calificándola diez sobre diez, con quien tiene una relación cercana; y,
  21. g.3)Quien acompañó y pagó todas las sesiones del adolescente, fue su madre; y,
  22. h)Mediante Acta de Compromiso y Responsabilidad de 5 de marzo del citado año la DNA D-1, sobre la base de los citados informes, que percataron la existencia de problemas con la alimentación y la autoestima del adolescente desde la gestión pasada; y, en virtud de la necesidad de contar con apoyo psicológico y médico-nutricional, a su favor, responsabilizó a ambos padres el cumplimiento de los siguientes compromisos: h.i) Brindarle educación, salud, alimentación, vestimenta y/o cualquier necesidad básica; coordinar para intervención médica y psicológica de su hijo; informar a la DNA - D1, sobre cualquier circunstancia que involucre al adolescente, sea el cambio de domicilio, problemas de salud o de conducta de manera pertinente; h.ii) El padre se comprometió a cubrir los gastos económicos a erogarse en las intervenciones psicológicas, médicas y nutricionistas de su hijo; y, h.iii) La madre se comprometió a coadyuvar y apoyar a su hijo, para que realice las intervenciones médicas y psicológicas necesarias para su bienestar. En el documento se hace constar, que tiene la calidad de una medida de protección inmediata para precautelar los principios fundamentales del interés superior del niño, prioridad absoluta y desarrollo integral, previstos en el Código Niña, Niño y Adolescente; comprometiéndose la DNA -D1 a realizar el seguimiento a través de su equipo interdisciplinario para el cumplimiento de dichos compromisos (fs. 224 a 269).

II.3. Mediante memorial de 14 de marzo de 2025, dirigido a Mauricio Marquiegui Cervantes, Coordinador de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Glen Sylvester Abad Llanos Castel -padre de AA-, puso a conocimiento que en diciembre de 2024 ejerció su derecho a la visita de su hijo de trece años, pero se sorprendió y alarmó al encontrarlo delgado con signos de desnutrición, por una mala alimentación o enfermedad severa; por lo que, este extremo puso a conocimiento de la DNA D-1, pensando que realizarían el seguimiento e investigación correspondiente; empero, emitieron una serie de contradicciones y arbitrariedades, concluyendo que sus problemas solo se debían a su alimentación vegetariana y a su crecimiento, culpándolo por su afecciones psicológicas; siendo que la DNA D-1 no estaría actuando conforme a derecho, solicitó nueva intervención (fs. 103 a 104).

II.4. Como consecuencia, de la denuncia realizada por el padre de AA, el Equipo Interdisciplinario de la DNA D-1, dirigió el Informe de 18 de marzo de 2025, ante el Coordinador de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; comunicándole todas las actuaciones realizadas a favor del niño; además informó:

  1. 1)El 25 de febrero del mismo año, se llevó a cabo una reunión con los familiares paternos de AA, Adriana y Pedro LLanos, junto con el equipo interdisciplinario de la DNA D-1, para solicitar información sobre la relación que tienen con el adolescente, porque ambos comparten más tiempo con él, quienes mostraron su preocupación por su bajo de peso; sin embargo, comprenden el desarrollo de su edad;
  2. 2)El 6 de marzo de 2025, la DNA D-1 tuvo una reunión con el progenitor, donde su conviviente observó el acta de compromiso, estando en desacuerdo con que el padre pague las intervenciones psicológicas y médicas, queriendo imponer que las intervenciones se realicen según su criterio; ante ello, se le informó que la decisión debe ser asumida por ambos progenitores; además, pretendía realizar el seguimiento del asunto, obligándolos a otorgarle información sobre el adolescente, afirmando que su esposo no pagará las intervenciones médicas, si es que no se realizarían con un profesional escogido por el padre;
  3. 3)Ante la actitud de la conviviente del padre del adolescente, por orden de sus inmediatos superiores, explicaron al progenitor que toda información y acciones relacionadas con AA, únicamente debe coordinarse con ambos padres, y no con terceras personas; pues, la referida conviviente tergiversó la información, entorpeciendo el trabajo del equipo interdisciplinario;
  4. 4)Se solicitó al progenitor, otorgar la documentación judicializada con relación a su hijo, respecto al proceso de asistencia familiar o de infracción efectuado en su contra; siendo que no hizo caso a esta solicitud;
  5. 5)El 12 de marzo de 2025, se comunicaron con ambos progenitores para coordinar la intervención psicológica y médica del adolescente, donde no se logró coordinar, puesto que cada uno, propuso su profesional de confianza; y,
  6. 6)El 17 de marzo de igual año, la madre de AA, informó que está pagando y coordinando sesiones psicológicas y médicas a favor del adolescente, siendo que ya se encuentra cumpliendo una dieta alimenticia adecuada para su salud; asimismo, solicitó que el padre se comunique con su hijo, pues le realiza llamadas pero no le contesta. Concluyendo que, se evidenció que no existe coordinación efectiva entre ambos progenitores, lo cual es un factor para que el adolescente sea sometido a diferentes terapias psicológicas y médicas; siendo que, actualmente las mismas solo se encuentran pagadas y asumidas a cargo de la madre; por lo que recomienda, la continuidad en el seguimiento sobre la salud del adolescente, sin que sea sometido a una posible revictimización (fs. 272 a 275).

II.5. A través de la Comunicación Interna Cite: DNA 274/2025 de 19 de marzo, el Coordinador de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, instruyó al Equipo Profesional de la DNA D-4, hacerse cargo del caso denunciado por el progenitor de AA, por argüir que el niño tiene problemas alimenticios, quien solicitó la intervención inmediata del adolescente de trece años de edad (fs.56).

II.6. Proceso a través del cual se realizó el presunto rescate de AA, por la DNA D-4, constando los siguientes documentos:

  1. 1)Acta de constancia de 21 de marzo de 2025, donde se evidencia que la DNA D-4, se presentó en el Colegio de AA, para atender la denuncia relacionada con su salud, determinando, sacarlo y llevarlo a dependencias de la referida DNA D-4, precautelando su bienestar conforme a ley; y posteriormente al Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios; y,
  2. 2)Solicitudes de interconsultas realizadas por la Pediatra del Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, dirigidas a: 2.a) Psiquiatría por disfunción familiar; 2.b) Medicina interna por desnutrición; 2.c) Nutrición por desnutrición; 2.d) Psicología por disfunción familiar; 2.e) Laboratorios; 2.f) Orden de hospitalización emitida por médicos Psiquiatras del Psicopedagógico; por el que, se indica la hospitalización de AA en el área de Psiquiatría, con el antecedente de patrón de restricción de alimentos, miedo irracional a subir de peso, bajo peso, IMC 14.8 (desnutrición) y purgas, con diagnóstico de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno ansioso depresivo; sin más justificación que la señalada (fs. 59 a 66).

II.7. Consta Acta de Consentimiento Informado sobre Internación y Tratamiento Psiquiátrico, supuestamente aprobado por los padres del adolescente, a efectos que la Trabajadora Social de la DNA D-4, la suscriba, aceptando cada una de sus cláusulas relacionadas con la internación y tratamiento psiquiátrico de AA, en el que se acepta el tratamiento psicológico, farmacológico u otros del paciente, con los posibles beneficios y potenciales riesgos asociados al uso de fármacos y sus efectos adversos; aceptando haber recibido información clara sobre tratamientos alternativos; la responsabilidad de visitas; haciendo constar que el tratamiento del adolescente es voluntario, pudiendo retirarlo en cualquier momento (fs. 159).

II.8. Se tiene Certificado Médico de 23 de marzo de 2025; a través del cual, Ignacio Tapia Vargas, hace constar que la accionante tenía programada a horas: 15:00 del 21 de igual mes y año, cirugía por fibrosis, a raíz de una lipotransferencia realizada anteriormente, la cual fue interrumpida de forma abrupta a horas 13:30 del mismo día, por motivos familiares de la paciente (fs. 7).

II.9. Se tienen los antecedentes que conllevaron a la DNA D-4 a proceder con la denuncia contra la accionante por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica:

  1. i)Por Informe de 24 de marzo de 2025, la Trabajadora Social de la Niñez y Adolescencia, comunicó a la Abogada -ambas de la DNA D-4-, con relación a la actuación de la madre, que: i.a) Al tomar conocimiento sobre la intervención, se presentó en oficinas de la DNA D-4, donde se explicó el procedimiento y los motivos de la evaluación médica de su hijo; sin embargo, durante el diálogo, reiteró su negativa a colaborar, priorizando su procedimiento quirúrgico estético, sobre la atención médica de su hijo; i.b) Mientras el adolescente se encontraba en consulta, la madre ingresó abruptamente al consultorio acompañada de su abogado, acusando a la DNA D-4 de secuestro; i.c) Ante la negativa de la madre de colaborar con el procedimiento, se solicitó el apoyo de la Policía para la explicación de las implicancias legales de su obstaculización; i.d) El padre desde la ciudad de Santa Cruz, se comprometió correr con todos los gastos; i.e) Diagnosticó la evidencia de una vulneración de los derechos a la salud y bienestar integral del adolescente, la falta de contacto con su padre y la negativa de su madre a colaborar con el proceso médico; lo cual, reflejan una situación de desprotección y negligencia parental; asimismo, se identificó la necesidad de atención psiquiátrica especializada del adolescente, por existir un afectación emocional y psicológica; y, i.f) Concluyó, afirmando la evidencia de la lesión de derechos del adolescente, derivado de la negligencia materna y falta de un entorno de cuidado adecuado; por lo que, se recomienda la continuidad del seguimiento profesional en áreas de salud, además de evaluar la posibilidad de modificar la custodia del adolescente en favor de un entorno más seguro y estable; y,
  2. ii)Por Informe de 25 de marzo de 2025, de la Abogada, dirigido al Coordinador -ambos de la DNA D-4-, se comunicó sobre las siguientes actuaciones jurídicas, psicológicas y sociales a favor del adolescente: ii.1) El 21 de marzo del referido año, se determinó realizar la evaluación médica y psicológica del adolescente; para lo cual, se gestionó con el Instituto Psicopedagógico una cita pediátrica a horas 14:00 del mismo día; ante lo cual, a horas 11:00, se intentó contactar a la progenitora, solicitando su acompañamiento a la consulta médica, pero, manifestó estar internada para una cirugía programada a horas 15:00, negándose a colaborar; argumentando que su hijo no necesitaba atención médica, señalando además que ningún familiar se encontraba disponible; ii.2) El padre, autorizó la intervención, señalando que se encontraba trabajando en Santa Cruz, manifestando que viajará a Sucre, para ver la situación de su hijo; ii.3) Ante la falta de apoyo familiar, se constituyeron en el Colegio de AA, donde el Director les comentó su preocupación sobre el estado físico delgado y el cambio de apariencia del adolescente; además, constataron que se encuentra piel y hueso; por lo que, decidieron realizar su rescate inmediato para resguardar su integridad; ii.4) La madre se hizo presente en oficinas de la DNA D-4, donde se le explicó los motivos del rescate y sobre la cita médica a realizarse en pediatría del Psicopedagógico; ii.5) Durante la señalada cita médica, la madre y su abogado comenzaron a gritar, acusando al personal de la DNA D-4 sobre secuestro, lo cual alarmó a todos los presentes; ii.6) Psiquiatría diagnosticó trastornos alimenticios -anorexia y bulimia-, recomendado su internación de urgencia; empero, la madre se negó, argumentado que su hijo se encontraba bien siguiendo una dieta estricta con supervisión nutricionista y acompañamiento al baño del adolescente, ante tanta negativa, se solicitó el apoyo policial para concretar el internamiento entre las horas 19:00 a 20:00; ii.7) El 24 de marzo de 2025, la madre al mostrar actitudes inestables, fue remitida para que se la realice estudios psiquiátricos; ii.8) La DNA D-4 presentó denuncia ante el Ministerio Público por violencia familiar o doméstica contra la madre y la abuela materna, obteniendo medidas de protección a favor del adolescente, gestionando el acogimiento circunstancial, debido a la falta de idoneidad de los familiares para su custodia temporal; y, ii.9) Concluyó, señalando que todas las acciones, fueron realizadas a favor del interés superior del adolescente y en resguardo de su integridad física y psicológica; siendo que la madre mostró reiterada resistencia para colaborar con las acciones de protección y tratamiento, lo que complicó el proceso; en consecuencia, la situación crítica de salud del adolescente requería medidas urgentes y adecuadas, por lo que, se logró su internación y tratamiento especializado (fs. 52 a 55; y, 71 a 75).

II.10. Conforme al Formulario Único de Denuncias del Ministerio Público de 24 de marzo de 2025 y al memorial de 19 de abril de igual año, Sandra Ortuño Quintana, Abogada de la DNA D-4 -ahora demandada-, interpuso denuncia contra la accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fundamentado que la progenitora evidencia una conducta recurrente contraria a la protección y bienestar de niño, ante la negativa de permitir evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas necesarias para atender el evidente estado crítico del adolescente, así como la obstrucción a los procedimientos de la DNA D-4, demostrando actos de desatención y omisión deliberada, que ponen en riesgo la integridad física y emocional del adolescente, quien presenta signos de desnutrición y trastornos alimenticios, con diagnóstico de anorexia y bulimia; señalando además, que:

  1. a)Se intentó gestionar consulta pediátrica para el prenombrado adolescente, pero la madre se negó a colaborar, priorizando una cirugía estética personal, demostrando una actitud negligente y desinteresada hacia la salud de su hijo, conducta que se interpreta como violencia familiar o doméstica, en su vertiente de agresión psicológica;
  2. b)Se realizó el rescate de AA, porque la DNA D-1 no tomó medidas adecuadas ni oportunas para abordar la situación crítica del adolescente, omitiendo su deber de protección;
  3. c)Durante el proceso de rescate, la madre mostró un carácter alterado, agresivo, hostil que puede calificarse como violencia psicológica; pues junto a su abogado, obstaculizaron la evaluación médica del adolescente, la negligencia tanto de la madre como de la DNA D-1, permitió la situación de riesgo crítico para el adolescente, quien debió ser rescatado para garantizar su derecho a la salud y bienestar integral; y,
  4. d)El padre se mostró dispuesto a colaborar. Como emergencia de la referida denuncia, el Ministerio Público impuso las siguientes medidas de protección contra la madre: Prohibición de:
  5. d.1)Comunicarse directamente o indirectamente y por cualquier medio con la víctima;
  6. d.2)Intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia;
  7. d.3)Transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y,
  8. d.4)Concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima. Además, el Ministerio Público, informó sobre el inicio de investigación al Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de Chuquisaca (fs. 76 a 87).

II.11. Por memorial de 25 de marzo de 2025, la DNA D-4 a través de la demandada, interpuso ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, acogimiento circunstancial del adolescente AA en la Unidad de Psiquiatría del Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, por la extrema urgencia y necesidad a favor de los derechos del adolescente, mientras de realice la investigación correspondiente. Esta solicitud la realizó sobre la base de los mismos argumentos señalados precedentemente; mencionando además que los comentarios del progenitor sobre la apariencia física del adolescente, fueron inapropiados, provocando incomodidad y aparente deterioro en su relación con la alimentación; además, de vivir en un ambiente familiar desfavorable para el desarrollo emocional y físico del adolescente; por lo que, su familia y la familia ampliada no son idóneas para asumir el cuidado, debido a la falta de capacidad y compromiso para protegerlo y brindarle el apoyo necesario; pues la ausencia de medidas adecuadas para atender el trastorno alimenticio y la falta de reacción ante el riesgo identificado, justifican la medida de acogimiento como una alternativa de protección para garantizar su recuperación y bienestar. Petición que mereció el Auto Interlocutorio 167/2025 de 26 de marzo, a través del cual, la autoridad judicial, admitió el acogimiento circunstancial de AA en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, por situación de riesgo, a efectos de brindarle cuidado, protección, atención y asistencia integral, debiendo garantizar los derechos del adolescente en todo momento (fs. 89 a 96).

II.12. A través del Informe Social de 27 de marzo de 2025, la Trabajadora Social del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, señaló:

  1. i)Se recomendó la internación del adolescente por consulta externa en coordinación con la unidad de Psiquiatría, con diagnóstico de anorexia, bulimia nerviosa y trastorno ansioso depresivo;
  2. ii)El progenitor señaló que al inicio de la convivencia, tuvo problemas con la madre de AA, porque le hacía jugar con muñecas y constantemente realizaba viajes largos, manteniéndose alejados; siendo que en principio habitaban en la ciudad de Santa Cruz;
  3. iii)Finalmente, la madre decidió residir en Sucre, pero poco a poco le fue coartando el contacto con su hijo, hasta el extremo de no permitirle hablar por ningún medio de comunicación; llegando a una relación muy tensa entre ambos; incluso las visitas programadas eran restringidas por la madre; por ello, solicitó la intervención de la DNA D-1; más porque notó que su hijo se encontraba muy delgado, con bajo peso con relación a su altura; razón por la cual, solicitó mediante esta instancia, que pueda recibir atención médica y psicológica; sin embargo, la progenitora juntamente con la DNA D-1, hicieron caso omiso a tal petición;
  4. iv)El progenitor, acudió al Director del Colegio de AA a solicitar colaboración para su intervención, así como al Defensor del Pueblo; por ello, es que nuevamente tuvo que acudir ante la DNA, para solicitar ayuda a favor de su hijo, siendo transferido el caso a la DNA D-4, quien realizó su rescate;
  5. v)El progenitor radica en Santa Cruz, cancela a favor de su hijo la asistencia familiar de Bs1000 (mil bolivianos); tiene otra pareja quien tiene un hijo de diecisiete años;
  6. vi)El adolescente vive en la casa de los abuelos maternos, en un departamento independiente ubicado en la zona central de Sucre, que cuenta con todos los servicios básicos;
  7. vii)AA ingresa como interno temporal a la unidad de Psiquiatría Infanto Juvenil, hasta que se encuentre estable; y, vii) El personal de la DNA D-4 realizó la internación del Adolescente, a quienes se les informó que se aproximaran en una fecha establecida, para regularizar la internación; sin embargo, no lo hicieron de forma oportuna, a pesar de llamar directamente a la Abogada de la DNA D-4 y al progenitor (fs. 212 a 214).

II.13. Mediante Oficio CITE: A.J.EXT.PSICO. 40/25 de 28 de marzo de 2025, el Director del Instituto Pedagógico San Juan de Dios, informó al Juez de garantías, que AA fue internado de emergencia, por referencia de la DNA D-4, con el diagnóstico de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno ansioso depresivo, estableciendo su internación médica en la unidad de Psiquiatría; siendo que, conforme a protocolo e indicación médica, los pacientes son aislados de cualquier vínculo familiar, por un lapso de diez días; por ello, el adolescente, se encuentra cumpliendo la indicación conforme a evaluación multidisciplinaria y criterio médico, hasta la alta hospitalaria o solicitada, no siendo un centro de reclusión. Empero, no adjuntó el protocolo de referencia (fs. 186 a 187).

II.14. Según el Historial Clínico que reporta el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, con relación al estado de salud del adolescente AA, se tiene lo siguiente:

  1. a)AA fue llevado al área de Pediatría por la DNA D-4, refiriendo que el adolescente sufre maltrato; quien se encuentra asustando y lloroso; físicamente está delgado, no tiene lesiones escoriativas ni hematomas; diagnosticó desnutrición; y sugirió interconsulta con nutrición, psicología, psiquiatría y medicina interna;
  2. b)El área de Psiquiatría reportó:
  3. b.1)El 21 de marzo de 2025, diagnostica desnutrición moderada, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno mixto de ansiedad y depresión; sugiriendo la hospitalización en la Sala de Psiquiatría Infanto Juvenil; ante ello, la DNA D-4, informó que el padre acudiría a realizar la entrevista, estableciendo que se evite la visita de la madre de AA;
  4. b.2)El 25 de igual mes y año, el progenitor manifestó que realizó la denuncia porque la madre desde niño lo indujo a jugar femeninamente, induciéndole al vegetarianismo, prohibiéndole los últimos meses contacto con su hijo;
  5. b.3)En cuanto a la entrevista realizada al adolescente, afirmó que se encontraba mejor que los primeros días, pero extrañaba a su madre porque la ama y es con la única que tiene conexión; se encuentra preocupado por faltar a clases; por reportes, el paciente recibe los alimentos sin dificultad, no puede mantener el sueño porque algunos internos gritan, tiene capacidad de introspección y toma sus medicamentos; y,
  6. b.4)El 28 del referido mes y año, se lo observa con buen aliño personal, establece buen contacto interpersonal verbal y visual, preguntó sobre su alta y su deseo de volver a ver y hablar con su madre, negó conductas restrictivas y purgativas; además manifestó que decidió ser vegetariano desde una capacitación que recibió en el Colegio, siendo que su madre le hacía comer carne manifestando que era saludable. Asimismo, informó que desde la internación -21 de marzo de 2025- la DNA D-4 no otorgó datos sobre los antecedentes familiares, no se logró obtener datos sobre los síntomas y signos confiables de comportamiento del paciente;
  7. c)El área de Psicología reportó: c.i) El 25 del mismo mes y año, como consecuencia de la entrevista con el adolescente, mostró tendencia al llanto debido a que desea ver y comunicarse con su madre, considera que por ser vegetariano y bajar drásticamente de peso en los últimos tres meses se encuentra internado; además se advirtió que, con relación a su padre, se observa que tiene rencor y frustración; c.ii) EL 26 del referido mes y año, en la entrevista nuevamente lloró de forma incontrolable, manifestando que estaba viviendo un infierno, por su deseo de estar con su madre, porque la amaba y extrañaba demasiado, ya que es buena con él, además estaba muy preocupado por volver al Colegio y por sus estudios. La profesional observó, que el adolescente no cuenta con conciencia de enfermedad, siendo que la internación no se muestra favorable para AA, debido a que se encuentra desesperado por permanecer cerca a su madre; no colabora con el avance de las terapias del área psicológica, pues durante el día permanece aislado y llorando; c.iii) El 27 de mismo mes y año, el adolescente continuaba con la tendencia al llanto porque desea ver a su madre; además, se encuentra atemorizado con la actuación de la DNA D-4, pues ante las preguntas realizadas se centra en otorgar respuestas que no le vayan a perjudicar; incluso, les preguntó si las respuestas serán puestas a conocimiento de la DNA D-4, porque quería que todo salga bien, para poder irse junto a su madre, mostrando un llanto frecuente y solicitando entrevista con esa institución, quienes fueron los que lo internaron contra su voluntad y la de su madre (fs. 189 a 220).

II.15. Cursan videos de seguridad, observándose en el titulado "Consulta Externa", que el 21 de marzo de 2025 a horas 18:21, el adolescente AA manifestó no querer quedarse en el instituto Pedagógico San Juan de Dios; asimismo, de la revisión de los demás videos adjuntos al expediente, se pudo observar el siguiente comportamiento de la madre:

  1. 1)Estuvo toda la tarde haciendo seguimiento a la atención del adolescente en las diferentes especialidades, se advierte en ella, preocupación por la circunstancia que estaban atravesando ambos -madre e hijo-, también por las cosas personales de su hijo y sobre todo por su internación en el Psicopedagógico, se nota en el rostro aflicción y desesperación;
  2. 2)De la observación de todos los videos -algunos con audio, se puede verificar que la madre no perdió la calma; es decir, no se alteró ni afectó el ambiente donde se encontraban los demás pacientes;
  3. 3)Se verifica que una persona mayor llegó para dar alimento al adolescente, a quien lo sacaron fuera del hospital junto con la mamá;
  4. 4)Antes que llegue la mamá, se observa consecuente llanto en el adolescente, una vez que la vio y supo de su presencia, se observa tranquilidad en él -se deja conducir con facilidad a las diferentes especialidades asistida de su madre y personal de la DNA-;
  5. 5)La madre hace la cancelación de los servicios hospitalarios -se observa su presencia en caja-;6) Mientras la madre no se separa de su hijo, el abogado trata de coordinar con las funcionarias de la DNA sobre la necesidad o no de su internación, gestionando que la madre pueda quedarse en el hospital, alegando que no entorpecerá en el proceso a seguir por el Psicopedagógico; ante lo cual, se escucha que una funcionaria de la DNA le contesta que no pueden dejarlo salir de ahí;
  6. 7)Si bien, se resistía en internarlo y dar la autorización pero el abogado trataba de hacerle comprender; empero, en ningún momento se observó que ambos se hayan sobresaltado contra los médicos o el personal de la DNA D-4; y,
  7. 8)Se observa la presencia de personal de la Policía Boliviana, apersonándose ante la madre y el abogado; siendo que posteriormente se retiraron, continuando la progenitora esperando a su hijo (fs. 221).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por sí y en representación de su hijo AA, alega que, como consecuencia de haber exigido la ejecución de la asistencia familiar al padre de su hijo, en venganza fue denunciada ante la DNA D-1 por presunta negligencia materna, ante la cual se suscribió un acta de compromisos y coordinación para coadyuvar a su hijo AA a tratamientos médicos; empero, a pesar de cumplir con su compromiso ante la DNA D-1, el 21 de marzo de 2025, la DNA D-4 la citó vía telefónica a una reunión para tratar los problemas por los cuales estaría atravesando su hijo, a la cual respondió que no podría acudir porque tenía programada una cirugía, además porque su caso no se encontraba ante esta instancia; no obstante ello, la DNA-4:

  1. i)Intervino en el colegio de su hijo, para sacarlo e internarlo de forma abrupta e ilegal en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, sin previo consentimiento de sus padres y sin que exista un diagnóstico médico, fisiológico ni psicológico que justifique su internación, disponiendo el acogimiento circunstancial de su hijo para luego internarlo directamente en el área de Psiquiatría del Instituto Psicopedagógico de San Juan de Dios, privándolo de su libertad, separándolo de forma abrupta de su madre, quien para él es su entorno seguro, dañándolo psicológicamente, pues le generaron mayor sufrimiento y depresión;
  2. ii)La medida de acogimiento circunstancial y posterior internamiento psiquiátrico por más de nueve días no fue coordinada con los padres, ni estuvo precedida de un tratamiento con un equipo multidisciplinario; además, no se tomó en cuenta su derecho a ser oído sobre el deseo que tiene de retornar al seno materno y de no querer permanecer en el Psicopedagógico; en consecuencia la demandada, vulneró los derechos de AA a la libertad, a la educación, a la opinión, la seguridad y apoyo que le representa la relación con su madre; y,
  3. iii)En su condición de madre, al tiempo de reclamar por esta actuación arbitraria, no recibió información precisa por parte de los funcionarios de la DNA D-4 ni de los médicos que atendieron a su hijo, hasta el extremo de sacarla con guardias policiales del lugar donde se encontraba internado; separándola y prohibiendo el contacto con su hijo, arremetiendo en su contra una serie de sanciones sin previo procesamiento, como la de interponer una denuncia penal por violencia intrafamiliar, medidas de protección en su contra, sin sensibilizarse por su sufrimiento como madre, y sin considerar ni realizar un estudio profundo, para establecer cuáles realmente eran los motivos para que su hijo adelgace acusándola y sancionándola anticipadamente; siendo que hasta la interposición de la presente demanda tutelar la prohibieron acercarse a su hijo; por lo que, solicita la tutela impetrada, contra la demandada que lesionó sus derechos a recibir información clara y oportuna, a decidir sobre el bienestar de su hijo y a un debido proceso.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se recogerán los siguientes problemas jurídicos de carácter procesal constitucional relativos a:

  1. a)La flexibilización de la legitimación pasiva;y,b) El principio de informalismo y el acceso a la justicia constitucional.

Asimismo, a efectos de resolver los problemas jurídicos de carácter sustantivo, se abordará el siguiente eje temático:

  1. 1)Estándares nacionales e internacionales sobre el interés superior de la niña, niño y adolescente con relación al resguardo de los derechos a ser protegidos frente a un proceso de separación o alejamiento de su familia: 1.a) Estándares sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; 1.b) Estándares internacionales sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a procesos de separación o alejamiento de sus padres;1.c) Estándares internacionales sobre la aplicación de medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes; y, 1.d) Vinculación a los componentes y elementos del interés superior del niño relacionado con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a los procesos de separación o alejamiento de sus padres: 2.i) Sobre el interés superior de la niña, niño y adolescente; 2.i) Protección de los derechos de las niñas, niño y adolescentes en procesos de separación o alejamiento de sus padres o familia: 2.i.a) Sobre el derecho a la autonomía progresiva de su voluntad; 2.i.b) Sobre el derecho a ser oídos; 2.i.c) Sobre el derecho al cuidado y premisas a ser aplicadas durante el proceso de acogimiento circunstancial; 2.i.d) Sobre los derechos a la familia y a la protección de la familia. Especial mención a las consecuencias de todo tipo de separación arbitraria; y, 2.i.e) Sobre los derechos a la familia y a la protección de la familia. Especial mención a las consecuencias de todo tipo de separación arbitraria;
  2. 3)Sobre el derecho de las niñas, niños y adolescente y sus padres a no ser juzgados por cualquier estereotipo o sesgo -como los de género-;
  3. 4)Pautas constitucionales para la adopción de medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes; y,
  4. 5)Sobre la salud mental de los adolescentes según la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Especial mención a la anorexia y bulimia nerviosas.

III.1. La flexibilización de la legitimación pasiva

En el presente caso, amerita hacer referencia a la siguiente causal de flexibilización de la legitimación pasiva, que coadyuvará en la resolución de este asunto; en ese sentido, la en su Fundamento Jurídico III.1 establece:

[E]n armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la , se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante (el resaltado es añadido).

III.2. El principio de informalismo y el acceso a la justicia constitucional

Al respecto, la en el Fundamento Jurídico III.1.1, sistematizó el siguiente desarrollo jurisprudencial:

"A partir de la configuración constitucional de la acción de libertad, contenida en los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, la justicia constitucional entendió que sus características esenciales son la sumariedad, la inmediatez de la protección, la generalidad, la inmediación y el informalismo. Así la , en el Fundamento Jurídico III.1, señala:

... el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas son añadidas).

La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, encuentra desarrollo de acuerdo a los siguientes tópicos, que se resumen así:

  1. 1)La posibilidad de planteamiento oral de la acción de libertad1, optimizando de la mejor manera las buenas prácticas;
  2. 2)La flexibilización en los requisitos para presentar la demanda2, que alcanza a la revisión de otros hechos por conexitud3;
  3. 3)La posibilidad de modificar o ampliar los derechos denunciados, siempre que tengan semejanza con el hecho inicialmente demandado4;
  4. 4)La flexibilización de la prueba y aplicación del principio de veracidad5;
  5. 5)La subsanación de los aspectos de derecho6; y,
  6. 6)La citación en forma personal, por cédula o vía fax a la autoridad demandada7. A esta última subregla, se suma, que cuando la autoridad demandada pertenezca a un órgano o entidad nacional que tenga representación departamental, la notificación puede ser realizada ante esa repartición y en el supuesto que no sea posible cumplir con tal diligencia, puede ser suplida con requerimiento de informe a la autoridad demandada, incluso en etapa de revisión por este Tribunal, en resguardo del acceso a la justicia constitucional y fortalecimiento del principio de informalismo.

En efecto, los requisitos para interponer una acción de defensa contenidos en el art. 33 del CPCo, deben ser flexibilizados en la acción de libertad, por cuanto así, en la demanda no se advierta precisión en los hechos, derechos o la parte accionante no adjunte las pruebas; toda vez que, sobre la base del principio de informalismo que rige esta acción, no es permitido rechazar la demanda; entendimiento asumido en la ".

III.3. Estándares nacionales e internacionales sobre el interés superior de la niña, niño y adolescente con relación al resguardo de los derechos a ser protegidos frente a un proceso de separación o alejamiento de su familia

III.3.1. Estándares sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes

El art. 58 de la CPE, considera a la niña, niño y adolescente, como una persona titular de derechos reconocidos en la Norma Suprema y de aquellos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y, a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

En ese sentido, el art. 60 de la CPE, establece que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente; lo que implica:

  1. 1)Otorgar preeminencia a sus derechos;
  2. 2)Primacía a recibir protección y socorro en cualquier circunstancia;
  3. 3)Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; y,
  4. 4)El acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

El art. 9 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), dispone que toda norma debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

Conforme al art. 12 inc. a. del CNNA, el interés superior de la niña, niño y adolescente es un principio, que sustenta toda situación que favorezca su desarrollo integral en el goce de sus derechos y garantías; para determinarlo se debe apreciar: su opinión, además de la madre, padre o de ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; la condición como persona en desarrollo; y, el equilibrio entre sus derechos y garantías y los derechos y garantías de las demás personas.

Sobre la base del principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, el citado art. 12 construye otros principios con los que se interrelaciona -entre otros-:

  1. i)La prioridad absoluta; mediante el cual, este grupo poblacional, debe ser sujeto de atención y protección preferente, obligando a todo los corresponsables de su materialización al cumplimiento efectivo de sus derechos y garantías;
  2. ii)Igualdad y no discriminación; por el cual, son libres e iguales con dignidad y derechos, no pudiendo ser discriminados por ninguna causa;
  3. iii)Participación; por el cual, deben ser escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social, pudiendo opinar en los asuntos en los que tengan interés;
  4. iv)Desarrollo integral; por el que, se procura el desarrollo armónico de las capacidades física, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de éstas con las circunstancias que tiene que ver con su vida;
  5. v)Corresponsabilidad; por el cual, el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, son corresponsables de asegurar el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos;
  6. vi)Rol de la familia; a través de la cual, se reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la familia como el medio natural para garantizar su protección y su papel primario y preponderante en su educación y formación; siendo que el Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades con la niña, niño o adolescente;
  7. vii)Ejercicio progresivo de los derechos; por el cual, se garantiza a este sector poblacional, el ejercicio personal de sus derechos de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva; siendo que, de igual forma se les exigirá el cumplimiento de sus deberes; y,
  8. viii)Especialidad; por el cual, los servidores públicos con competencia para aplicar las normas relacionadas con niñas, niños y adolescentes, deben contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y fundamentales.

Así el art. 6 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), con relación al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, establece que tanto el Estado, las familias como la sociedad, deben garantizar su prioridad, lo que implica:

  1. a)La preeminencia de sus derechos;
  2. b)La primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia;
  3. c)La prioridad de atención de los servicios públicos y privados; y,
  4. d)La prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier otro interés que les pueda afectar.

Dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el art. 3.1 de la Convención de los derechos del niño, sobre le interés superior señala que, todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben considerar de forma primordial el interés superior del niño.

Sobre la base de las normas nacionales e internaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional asumió los siguientes entendimientos relacionados con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes:

Así, la 8, señala que el principio de interés superior busca la protección real y eficaz de los derechos reconocidos a favor de este grupo poblacional; a través del cual, se garantiza que los órganos del poder público, las personas particulares y sobre todo las autoridades judiciales y administrativas que imparten justicia o coadyuvan en esa labor, orienten sus actos para lograr su bienestar, a partir de la compresión que los derechos reconocidos a favor de las niñas, niños y adolescentes, permiten oponerse a los abusos de poder para asegurar su desarrollo integral.

La 9, establece que el interés superior de la niña, niño y adolescente se constituye en:

  1. 1)Un eje transversal en la adopción de decisiones por parte de las instituciones públicas o privadas; debiendo asumir, que sus derechos prevalecen sobre los demás, favoreciendo de esta forma su desarrollo físico, psicológico, moral y social;
  2. 2)En un principio: 2.i) Regulador de la normativa de sus derechos; 2.ii ) Que se funda: en la dignidad humana y en la característica de este grupo vulnerable; y, 2.iii) Que se sustenta en la necesidad de procurar su desarrollo integral; y,
  3. 3)Una directriz para todas las actuaciones institucionales ya sean administrativas, judiciales, así también para la familia, como para la sociedad, que implica efectivizar la preeminencia de sus derechos, derivando así en su protección reforzada.

De igual modo, es fundamental hacer mención a los razonamientos establecidos por el Voto Disidente de la 10, el cual adoptando el razonamiento de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH)11, indica que la prevalencia del interés superior de la niña, niño y adolescente implica la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención; de donde se entiende que este principio es concebido como:

  1. i)Una pauta de interpretación; y,
  2. ii)Como una garantía, para que el Estado realice un conjunto de acciones y medidas dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y el máximo bienestar en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La 12, en su Fundamento Jurídico III.3, asumiendo la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, entiende que el interés superior del niño tiene una triple dimensión, constituyéndose en:

  1. a)Un derecho; en sentido que, se constituya en el derecho del niño a que su interés superior sea considerado de forma primordial en el análisis y resolución de un caso; siendo un derecho de aplicación directa, que puede invocarse ante los tribunales;
  2. b)Una garantía; para que ese derecho pueda ser puesto en práctica al momento de adoptar una decisión que afecte a la niña, niño o adolescente;
  3. c)Un principio jurídico interpretativo fundamental; a través del cual, ante una disposición jurídica que admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior de la niña, niño o adolescente; y,
  4. d)Una norma de procedimiento; mediante la cual, se debe tomar en cuenta las siguientes premisas:
  5. d.1)Cuando se afecte a este sector poblacional, todo proceso de adopción de decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusiones -positivas o negativas- en la niña, niño o adolescente;
  6. d.2)La evaluación y determinación del interés superior del niño, requieren garantías procesales;
  7. d.3)La justificación de las decisiones debe garantizar que se tuvo en cuenta explícitamente ese derecho; vale decir, que se debe explicar: d.3.i) Cómo se respetó el mismo en la decisión; d.3.ii) Si consideró que atendía a su interés superior; d.3.iii) En qué criterios se basó la decisión; y, d.4.iv) Cómo se ponderaron los intereses de los niños o adolescentes frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.

En ese sentido, el contenido y alcance del interés superior del niño en sus cuatro dimensiones, deben ser observados en todos los procesos judiciales y administrativos, a efectos de materializar el acceso a la justicia en los asuntos vinculados a los niños y adolescentes, en casos de violencia entre niños, de víctimas de violencia, de aquellos que se constituyen circunstancialmente en agresores y de víctimas de la violencia institucional.

De donde se tiene que, el interés superior de la niña, niño y adolescente, como sustento del ejercicio pleno de sus derechos, debe ser considerado como criterio rector para la elaboración de normas y para la aplicación de éstas y de los razonamientos más favorables, en todos los contextos relativos a la vida de la niña, niño y adolescente.

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Corte IDH, asumió los siguientes entendimientos con relación al interés superior del niño:

  1. a)La prevalencia del interés superior de la niña, niño y adolescente, debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de los demás derechos de este sector poblacional13;
  1. b)De conformidad con el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado asume las siguientes obligaciones:
  2. b.1)Asumir la posición especial del garante con mayor cuido y responsabilidad, debiendo tomar medidas o cuidados especiales orientados en el principio del interés superior del niño;b.2) Adoptar medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño;
  3. b.3)Prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad;
  4. b.4)Proteger el interés superior de los niños durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados; y,
  5. b.5)Adoptar medidas de protección referentes a la no discriminación, a la prohibición de la tortura y a las condiciones que deben observarse en casos de privación de la libertad de niños; tomando en cuenta que la detención de menores debe ser excepcional y por el período más breve posible14;
  1. c)El Estado tiene la obligación de proteger el interés superior de los niños y adolescentes durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados; lo que implica: c.i) Suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; c.ii) En casos en los cuales hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, debe ser asegurado su derecho a ser escuchados, garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, c.ii) Procurar que los niños no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto traumático15;

d)En el Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, la Corte IDH, señala: d.1) La debida protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos, debe considerar sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades; d.2) Las niñas, niños y adolescentes, ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva y a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal; en ese sentido, las medidas de protección a su favor deben ser especiales o más específicas que las que se decretan para los adultos y definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto; d.3) Toda situación que involucre a niñas, niños o adolescentes, se debe aplicar y respetar, de forma transversal, cuatro principios rectores: d.3.i) No discriminación; d.3.ii) Interés superior del niño; d.3.iii) El derecho a ser oído y a participar; y, d.3.iv) El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; d.4) Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña, niño o adolescente, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia; y, d.5) El interés superior del niño se funde en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades16;

  1. e)Tomar en cuenta que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niña, niños o adolescentes, quienes tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado17;
  1. f)A efectos de efectivizar la tutela judicial efectiva de la niña, niño o adolescente, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en cuenta su interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia18;
  1. g)Las niñas, niños y adolescentes poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos y tienen, además, derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad19; y,
  1. h)A partir de la consideración del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de los derechos del niño, en contra partida, también debe servir para asegurar la mínima restricción de tales derechos; tomando en cuenta que los niños ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal; en consecuencia el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración, sus condiciones específicas, su interés superior para acordar su participación, según corresponda, en la determinación de sus derechos20.
III.3.2 Estándares Internacionales sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a procesos de separación o alejamiento de sus padres

Con base en los entendimientos asumidos sobre el interés superior de la niña, niño y adolescente, la Corte IDH ha desarrollado los alcances de este principio como sustento de aquellos derechos propios de este grupo poblacional, a citar -entre otros-:

  1. 1)El derecho a la autonomía progresiva de su voluntad; sobre el cual la Corte IDH manifiesta que:

1.i) Si bien las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos, éstos son ejercidos de forma progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal; en consecuencia, la separación de sus familiares implica, necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad21; y,

1.ii) El aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar su participación, según corresponda, en la determinación de sus derechos; en esta ponderación, se debe procurar el mayor acceso de la niña, niño o adolescente, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso; considerando además que deben ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante -de acuerdo a su edad y capacidades-, si así lo desean22.

  1. 2)El derecho a ser oído; la Corte IDH, realiza un análisis de este derecho con relación a la autonomía progresiva de la voluntad de toda niña, niño y adolescente, asumiendo los siguientes entendimientos:

2.i) Conforme al art. 12 de la Convención sobre los derechos del niño, no solo se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescente a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino abarca también el derecho a que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de su edad y madurez; pues, no basta con escucharlos, sus opiniones tienen que ser consideradas con seriedad, a partir de que sea capaces de formar un juicio propio; lo que requiere que sus opiniones sean evaluadas mediante un examen caso por caso23;

2.ii) Dentro de procesos en los que se determinen los derechos de las niñas, niños o adolescentes, el derecho a ser oído debe ajustarse a sus condiciones, evitando redunde en perjuicio de su interés genuino; sino más bien, facilitando su papel esencial en todas las decisiones que afecten su vida24;

2.iii) Sobre la base de lo establecido por el Comité de los Derechos del Niño, la Corte IDH especificó lo siguiente: 2.iii.a) No se puede partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones; 2.iii.b) El niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino, una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto; 2.iii.c) El niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado; 2.iii.d) La realización del derecho a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar a las niñas, niños y adolescentes, les informen de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que puedan adoptarse y sus consecuencias; 2.iii.e) La capacidad de las niñas, niños o adolescentes deben ser evaluadas para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicarles la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso; y, 2.iii.f) Los niveles de comprensión de los niños y adolescentes, no van ligados de manera uniforme a su edad biológica; por lo que, su madurez debe medirse a partir de su capacidad para expresar sus opiniones sobre las cuestiones, de forma razonable e independiente25; y,

2.iv) Si la niña, niño o adolescente está en condiciones de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta sus opiniones, como factor destacado en la resolución de la cuestión; por lo que, en el contexto de decisiones judiciales sobre la custodia, toda la legislación sobre separación y divorcio debe incluir el derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar decisiones26.

  1. 3)El derecho a la familia; con relación a este derecho la Corte IDH, realizó su análisis vinculándolo con el principio de interés superior del niño y en conexión con los derechos a ser oído, a las medidas de protección y a la autonomía progresiva de su voluntad; en ese sentido manifestó:

3.i) Con relación a la vida familiar, las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas; siendo que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental de la vida de familia; en ese sentido, las niñas, niños y adolescentes deben permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función de su interés superior, para optar por separarlos de su familia; en todo caso, la separación debe ser excepcional y preferentemente temporal27;

3.ii) El Estado no solo debe abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares de la niña, niño o adolescente, sino también, según las circunstancias, tiene que adoptar providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos; ello exige que el Estado, como responsable del bien común, resguarde el rol preponderante de la familia en la protección de la niña, niño o adolescente y preste asistencia a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar28;

3.iii) Los niños son titulares de derechos humanos, que los ejercen de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal; por lo que, el niño en su primera infancia actúa por conducto de sus familiares; en consecuencia, la separación de un niño de sus familiares implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad29;

3.iv) En casos en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del menor de edad sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto30;

3.v) Se tiene como objetivo el desarrollo armonioso de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes y el disfrute de sus derechos; para lo cual, el Estado debe adoptar medidas para apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella31;

3.vi) Toda niña, niño y adolescente tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente; es así que, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre32;

3.vii) En principio la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación; sin embargo, el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes, sino también a favorecer, de forma amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar; en ese sentido el reconocimiento de la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos33;

3.viii) El transcurso del tiempo en el cual se relaciona la niña, niño o adolescente, puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora o acogedora que, en una eventual decisión sobre sus derechos, podrían a su vez constituirse en el fundamento principal para no cambiar su situación actual, principalmente debido a que se incrementa el riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico de los mismos; vale decir, que el paso del tiempo se constituye en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causarles un daño34;

3.ix) La determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de: 3.ix.a) La evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña, niño o adolescente, según el caso; 3.ix.b) Los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios; y, 3.ix.c) El bienestar de la niña o niño. En consecuencia, no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia35;

4.x) El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación contra la madre o el padre; pues, una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo de la niña, niño o adolescente, no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger su interés superior; por ello, no son admisible las consideraciones basadas en estereotipos o pre-concepciones36;

4.xi) Una determinación a partir de presunciones y estereotipos sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para asegurar el interés superior del niño, además debe considerarse que el interés superior del niño no puede ser utilizado para negar el derecho de su progenitor por su estado civil, en beneficio de aquellos que cuentan con un estado civil que se ajusta a un determinado concepto de familia37;

4.xii) La sustracción o separación de las niñas, niños o adolescentes de sus padres, puede producir una afectación a su integridad psíquica, física y moral, generándoles sentimientos de pérdida, abandono, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor; los cuales, pueden variar e intensificarse dependiendo de la edad y las circunstancias particulares38;

4.xiii) Se debe analizar el sufrimiento que genera la separación injustificada y permanente de una familia; pudiéndose incurrir en una vulneración del derecho a la integridad personal de los miembros de la familia; pues, la separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias puede generar afectaciones específicas en su integridad personal de especial gravedad, las cuales pueden tener un impacto duradero39;

4.xiv) El acogimiento residencial de las niñas, niños o adolescentes, puede constituir una forma de privación de libertad, si están sujetos a medidas de restricción de su libertad ambulatoria, que van más allá de las reglas que impondrían una familia para salvaguardar su bienestar; como por ejemplo, prohibirles salir de noche40;

4.xv) La niña, niño o adolescente tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas; de donde surge el derecho a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; lo que implica el derecho a la protección de la familia y de la niña, niño y adolescente; de donde se desprende, que el Estado debe abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño, sino, más bien, según las circunstancias, adoptar providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos; de donde se tiene, que el Estado es el responsable del bien común, vale decir que, debe resguardar el rol preponderante de la familia en la protección del niño, prestando asistencia del poder público a favor de la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar41;

4.xvi) El derecho a la protección de la familia de la niña, niño o adolescente, conlleva a que el Estado no solo disponga y ejecute directamente medidas de protección a su favor, sino también, de manera amplia, en favor del desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar; pues, la separación de su familia podría constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del derecho de protección a la familia, siendo que incluso las separaciones legales del niño de su familia biológica solo proceden si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y en lo posible temporales; además debe tomarse en cuenta, que los niños ejercen sus derechos de forma progresiva por conducto de sus familiares y que la familia tiene un rol esencial en su desarrollo, la separación de los padres biológicos de un menor de edad, puede afectar su derecho a la integridad personal, causando un riesgo a su desarrollo42;

4.xviii) No se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de la misma; el término familia debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano; por otra parte, no hay nada que indique que, las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a las niñas, niños y adolescentes; debiendo tomar en cuenta, que la realidad demuestra cotidianamente que no en toda familia existe una figura materna o una paterna, sin que ello obstaculice a que ésta pueda brindar el bienestar necesario para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; además debe considerarse, que una determinación a partir de presunciones y estereotipos sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para asegurar el interés superior del niño; adicionalmente, se considera que este principio, no puede ser utilizado para negar el derecho de su progenitor por su estado civil, en beneficio de aquellos que cuentan con un estado civil que se ajusta a un determinado concepto de familia; por otra parte, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer con su familia de origen es de fundamental importancia y resulta uno de los estándares normativos más relevantes; por ello, se considera que, a la familia biológica, la cual incluye a los familiares más cercanos, la que debe brindar la protección al niño, y a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado; en consecuencia, a falta de uno de los padres, las autoridades judiciales, se encuentran en la obligación de buscar al padre o madre u otros familiares biológicos43;

4.xix) La familia es el elemento fundamental de la sociedad que debe ser protegida, lo que implica que se deben disponer y ejecutar directamente medidas de protección que favorezcan el núcleo familiar; toda vez que, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida familiar; en consecuencia, surge el derecho a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida familiar, que forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia; asimismo, debe considerarse que no existe un modelo único de familia, no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar solo algunos miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos personales, además, que en muchas familias las personas a cargo de la atención, el cuidado y el desarrollo de una niña, niño o adolescente, en forma legal o habitual no son padres biológicos; es por ello, que el Estado tiene la obligación de determinar en cada caso, la constitución del núcleo familiar44;

4.xx) Una de las interferencias más graves en la familia es la que tiene por resultado la separación o fraccionamiento; por ello, debe tomarse en cuenta que: 4.xx.a) Los Estados deben velar que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que la separación sea necesaria en el interés superior del niño; tal determinación puede ser necesaria en casos en que los niños sean objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y de adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia de los niños; 4.xx.b) En cualquier procedimiento entablado, se deberá ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él, de dar a conocer sus opiniones; y, 4.xx.c) Los Estados respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño45; y,

4.xxi) Antes de recurrir a la separación, el Estado debe proporcionar apoyo a los padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales y restablecer o aumentar la capacidad de la familia para cuidar de la niña, niño o adolescente, a menos que la separación sea necesaria para proteger al niño; debiendo tomar en cuenta, que los motivos económicos no pueden ser considerados para la separación del niño de sus padres; por el contrario el Estado debe extender su protección a todos los miembros de su familia más cuando los padres son jóvenes; por consiguiente, el Estado debe tomar medidas no solo a favor de la niña, niño o adolescente, sino también a favor de sus progenitores que también son objeto de protección judicial. En ese sentido, la separación de la niña, niño o adolescente de su propia familia debe ser una medida de último recurso, y en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible, debiendo revisarse periódicamente; imponiéndose la elaboración de criterios adecuados sobre principios profesionales y técnicos para evaluar la situación del niño y la familia, incluida la capacidad real y potencial de la familia para cuidar al niño en los casos en que la autoridad tenga motivos fundados para pensar que el bienestar del niño se encuentra en peligro46.

  1. 4)El derecho a la vida; sobre el particular la Corte IDH, expresa:

5.i) No son admisibles enfoques restrictivos del derecho a la vida, por su carácter fundamental y necesario para el ejercicio de los demás derechos humanos; pues el derecho a la vida abarca el derecho a la vida digna; es decir, no solo comprende el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna47;

5.ii) La violencia contra niñas, niños y adolescentes tienen múltiples consecuencias, entre ellas, psicológicas y emocionales -como sensaciones de rechazo, abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima, que puede derivar incluso en suicidio o intentos de cometerlo; es así, que posiblemente los suicidios estén relacionados con -entre otras causas- la violencia, los malos tratos, los abusos y los descuidos, con inclusión de los abusos sexuales; además, debe considerarse que resulta trascendente cómo son las relaciones de un adolescente con las personas adultas importantes en su vida, pues si las mismas son inadecuadas, de acuerdo a la gravedad del caso, pueden llegar a impulsar, en forma directa o indirecta, actos suicidas; en ese sentido, el deber de proteger la vida, implica la adopción de medidas de protección respecto a personas en situación de vulnerabilidad, que corran riesgo particular por patrones de violencia preexistente, como las víctimas de violencia de género y las niñas, niños y adolescentes; consecuentemente, en virtud del derecho a la vida, los Estados deben adoptar medidas adecuadas para evitar el suicidio, en especial entre quienes se encuentran en situaciones particularmente vulnerables; tomando en cuenta que, la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes contra la violencia abarca las autolesiones, que incluyen las lesiones auto infligidas, pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio48; y,

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Tribunal Constitucional Plurinacional25 de noviembre de 20251650/2025-S3Fuente oficial