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TCP

1651/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1651/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1651/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad

Expediente: 54812-2023-110-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 01/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Miguel Pinto Mayta contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, con Código Único de Denuncia (CUD) 501102012201866, por la comisión del delito corrupción de niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 318 del Código Penal (CP), el 22 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Potosí emitió la Resolución de consideración de modificación de medidas cautelares de carácter personal, misma que fue objeto de recurso de apelación incidental; debido a la supuesta desproporción de las medidas sustitutivas impuestas.

En consecuencia, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista de 30 de igual mes y año, que -según afirma- sin la debida motivación y fundamentación determinó la admisión del recurso, declarándolo improcedente. Es decir que, la autoridad demandada resolvió no dar curso al recurso de apelación, con el único argumento de una supuesta falta de fundamentación de agravios en audiencia soslayando que, en materia de apelación incidental, no puede dejar de fallar sobre el fondo de lo reclamado. En este caso, en aplicación del art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debía resolver si la imposición de una fianza económica a cambio de la personal ya establecida, no le causó agravio con los efectos consiguientes.

En este caso, correspondía aplicar la norma señalada, no siendo imprescindible demostrar que los garantes tienen bienes propios cuantificables mediante avalúos para acreditar su solvencia, como ocurre en una fianza real. No obstante, tanto el Juez de grado como el ahora demandado así lo exigían; pese a que, en la solicitud de modificación de medidas cautelares, nunca se solicitó se imponga una fianza real y en la apelación planteada, de forma precisa se solicitó la sustitución la fianza real o económica impuesta por el Juez, por fianza personal, amenazando de esa forma su derecho a la libertad de locomoción, agravando su situación jurídica.

El Vocal demandado debió resolver la apelación planteada haciendo alusión al por qué se modificó la fianza personal por fianza real o económica agravando su situación de esa forma; peor aún, imponiendo una fianza de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) imposible de cumplir, porque desde hace más de ocho meses que no tiene un ingreso económico al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Cantumarca del departamento de Potosí, vulnerando la parte in fine del art. 241 del CPP, respecto a los recursos de apelación incidental.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculado a su libertad de locomoción; citando al efecto los arts. 23.1, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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