Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1654/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 77052-2025-155-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AAC-018/2026 de 26 de marzo, cursante de fs. 111 a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Rodrigo Antezana Vargas contra Angélica Scarlett Gallegos Arteaga y Winder Velasco Canelas, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memoriales presentados el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2025, cursantes de fs. 34 a 55; y, 58 a 61, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Es propietario de un bien inmueble ubicado en la zona "Las Cuadras", calle Aurelio Melean esq. calle Bolívar, Distrito 11, Sub Distrito 13, Manzano 002, predio 014, con una superficie de 466 m2, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0027581, Asiento A-1, A-2, A-3 y A-4 de titularidad de dominio, el bien inmueble que tiene registrado dos gravámenes en los Asientos B-2 en favor de "Albina Castro" y "David Vargas" con registro de 17 de abril de 1997, sub inscrito en el Asiento ?-3 a nombre de Mirtha Silvia Vargas de Gonzales y Remy Gustavo Vargas el 23 de agosto de 2017, mismos que se encuentran vigentes.
Con ese derecho propietario, constituyó en favor de su hija menor de edad, un anticipo de legitima mediante Escritura Pública contenida en el Testimonio 273/2021 de 18 de marzo, que fue complementada mediante Testimonio de Escritura Pública 991/2021 de 11 de septiembre, a través de los cuales se reconoce y acepta la existencia del gravamen de usufructo el cual no se verá afectado por el anticipo de legítima realizado, a pesar de esa decisión, el registro del anticipo de legitima fue rechazado por el Registrador en la Oficina DD.RR., con el argumento, que para realizar dicho registro, previamente los usufructuarios deben formar parte de la escritura -firmar- anticipo de legitima y dar su conformidad con la transferencia o realizarse la cancelación de los gravámenes, en el marco de los arts. 70 y 78 del Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre de 2004, que se refiere a la cancelación del usufructó. La aplicación del art. 70 del DS 27957, resulta incorrecta para negar el registro, debido a que dicho articulo refiere los presupuestos para la cancelación del usufructo y no para el registro de una nueva transferencia, lo contrario significaría desconocer las facultades que tiene todo propietario de un bien inmueble de usar gozar y disponer del mismo, en ese sentido, teniendo su persona la calidad de propietario del bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0027581., tiene todo el derecho de disponer del citado bien inmueble, sin necesidad de la firma de los usufructuarios, así como para registrar la transferencia; más aun, si se trata de un anticipo de legítima en favor de su hija menor de edad y no se está vulnerando los derechos de los usufructuarios del uso y el goce del bien inmueble, al no determinarse su cancelación, de ahí que, su participación en el documento de transferencia, no constituye un requisito indispensable o requerido por la norma para registrar una transferencia.
Notificado con el rechazo por parte del Registrador de la Oficina de DD.RR. de Cochabamba, por decreto de 8 de abril de 2024, presentó demanda voluntaria de registro de anticipo de legítima, la cual fue rechazada in límine por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del indicado departamento, por Auto Definitivo de 20 de mayo de igual año, alegó con base al art. 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, que solo podría ordenar la inscripción de sentencias y laudos arbitrales ejecutoriados; además que, la pretensión solicitada requiere la participación de diversos sujetos procesales, un desarrollo de actividad probatoria que debe ser demostrada por su persona, situación que, impide su trámite vía proceso voluntario en virtud de la existencia de intereses de terceros quienes deben hacer valer sus derechos en la vía del proceso de conocimiento.
Contra el Auto Definitivo de 20 de mayo de 2024, formuló recurso de apelación, denunciando como agravios:
- a)La Vulneración del derecho al debido proceso vinculado al principio de legalidad, por aplicación incorrecta del art. 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, al no considerar que las Sentencias y Laudos Arbitrarles no son los únicos documentos objeto de registro, como erróneamente consigna el citado Auto Definitivo; y,
- b)Vulneración del derecho al debido proceso por falta de fundamentación, motivación y congruencia, al rechazar la demanda voluntaria sin una base legal lógica y con la adecuada subsunción entre la norma y los hechos en concreto.
Como consecuencia del recurso de apelación, los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, confirmando el Auto Definitivo de 20 de mayo de 2024, decisión que le generó perjuicios, al considerar de manera errónea en el marco del art. 448 del Código Procesal Civil (CPC), la existencia de intereses de terceros, como son los usufructuarios los cuales se encontrarían ejerciendo su derecho dentro el bien inmueble objeto de la demanda y que por ello, se debe recurrir a la vía ordinaria para solicitar el registro pretendido, peor aún, al hacer mención al art. 240.I del Código Civil (CC), que no tiene relación con el trámite solicitado al referir sobre la venta que se hace entre el propietario y el usufructuario cuando existe gravámenes sobre la herencia objeto de usufructo, argumentos que no guardarían relación alguna con el contenido del recurso de apelación planteado ni con el Auto Definitivo de 20 de mayo de 2024; puesto que, el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, jamás fundamentó su rechazo en que el proceso no podía ser planteado en la vía voluntaria, sino que lo hizo, en razón a que la Ley de Derechos Reales no permitía el registro del anticipo de legítima, al no encontrarse dentro de los trámites señalados por dicha Ley y si bien, el citado Auto de Vista, señaló que debería tramitarse como un proceso en la vía ordinaria, no fundamentó ni motivó el mencionado Auto de Vista entendimiento que lo hace desde el punto de vista de la legalidad y por ello declaró respecto a la demanda planteada como "MANIFIESTAMENTE IMPROPONIBLE", aspecto que fue objeto de apelación y que ese punto no fue debidamente resuelto.
Los Vocales hoy accionados, incurrieron en aplicación errónea de la normativa contenida por el art. 240. I del Código Civil, la cual hace referencia a los casos de deudas con relación a herencias en las que pesa un gravamen de usufructo; por lo que, no ocurre en el presente caso; ya que, demuestra que el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, resulta vulneratorio al derecho al debido proceso, al resultar incongruente de manera externa al resolver aspectos que no formaban parte del trámite de apelación, constituyéndose en una resolución extra petita.
En cuanto al agravio sobre aplicación errónea del art. 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, estableció que, de la revisión del Auto definitivo de 20 de mayo de 2024, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, equivocó su decisión al manifestar "...se tiene que solo se podría ordenar la inscripción de sentencias y laudos arbitrales ejecutoriados..." (sic); ya que, existen más documentos que están sujetos a registro; no obstante, los Vocales ahora accionados de forma contradictora a esa primera conclusión, señalaron que, de la revisión de los documentos presentados y lo manifestado por el accionante existen derechos de terceros que son los usufructuarios quienes actualmente se encontrarían habitando el bien inmueble; por lo que, de acuerdo a la normativa legal vigente no se puede proceder al registro, modificación y venta en esta vía; más aun, si se considera la existencia de una ley específica para el registro e inscripción en la Oficina DD.RR. para el caso de tramites voluntarios, habilitándose la vía de conocimiento para el caso de inscripciones como la pretendida. Es decir, que por una parte exponen que la aplicación del art. 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales fue incorrecta por parte de la indicada Jueza, dando mérito al agravio planteado y por otra, declaran "improcedente" la impugnación con fundamentos que no formaron parte del debate y dando por bien hecha la aplicación de dicha normativa por parte de la Jueza de primera instancia, lo que demostraría, la vulneración del derecho al debido proceso por incongruencia interna. Los Vocales hoy accionados, al pretender que su persona no pueda disponer de su bien inmueble por la existencia de un gravamen de usufructo, afectaron su derecho a la propiedad privada, al no considerar que el usufructo es una figura jurídica que otorga el derecho de uso y goce; sin embargo, que no restringe al propietario del bien su derecho de disposición, la existencia de un usufructuario, no implica la prohibición o impedimento del registro de un contrato de anticipo de legítima sobre el bien inmueble con gravamen de usufructo; ya que, el derecho de disponer no afecta el derecho real nacido del usufructo, vale decir no busca cancelar dicho Derecho Real, por el contrario, dicho derecho al encontrarse registrado no puede ser desconocido por la transferencia efectuada; por lo que, el nuevo dueño debe asumir dicho bien inmueble con la carga existente y no puede desconocer la existencia del gravamen previo, de ahí que, no existe afectación o interés de tercero alguno.
Los Vocales ahora accionados, al emitir el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, obviaron valorar el Testimonio 273/2021 de la Escritura Pública de anticipo de legítima, así como el Testimonio 991/2021 de la Escritura Pública Complementaria y Aclaratoria de la Escritura Pública Testimonio 273/2021, donde en la Cláusula Quinta del Testimonio de esa Escritura Pública, se reconoce y acepta el usufructo; por lo que, no existe intención de cancelarlo o afectar el derecho de los usufructuarios. Asimismo, en el Testimonio 991/2021, que complementa el anticipo de legítima, en la Cláusula Tercera, se tuvo a bien aclarar la configuración del usufructo, además reconocerlo y aceptarlo nuevamente de manera expresa; por lo que, demuestra que los citados Vocales de manera completamente incorrecta determinaron que podría existir afectación de los derechos de los usufructuarios, sin valorar ni mencionar esa prueba, omitiendo su deber de valoración integral de la prueba como parte del núcleo duro del debido proceso.
Finalmente, los Vocales hoy accionados, incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso; puesto que, en el Auto de Vista de 13 de enero de 2025, de manera completamente arbitraria, errónea y contraria a derecho determinaron el pago de costas y costos, desconociendo que esas figuras conformen el art. 224 del CPC son condenas que se deben pagar a la contraparte en los procesos en los que exista contraparte y no puede condenarse en procesos voluntarios como es el del presente caso.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la propiedad privada y los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto los arts. 56, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
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