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TCP

1655/2025-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
31 de diciembre de 2025SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1655/2025-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1655/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 57868-2023-116-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 55/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato Giorgina Sandra Torrez Quiroz contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; Álvaro José Álvarez Griffiths, Comandante de la Policía Boliviana; José Gregorio Illanes Rivero, Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y, Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 30 de junio de 2023, cursante de fs. 63 a 72 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Humberto López Miranda -su ex pareja-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), habiéndose emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, la Fiscal de Materia ahora coaccionada, no procedió a diligenciar la notificación oportuna con la misma, por medio de la Oficina de Servicios Comunes -instancia encargada de garantizar el cumplimiento de las formalidades legales-, generándole un profundo temor a su vida y seguridad ante amenazas recibidas de su ex pareja en su condición de policía, quien expresó "que la mataría", provocándose dilación en la tramitación de la causa que sigue.

Ante la falta de notificación y dándose por notificada con la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023, el 12 de mayo de 2023, planteó objeción a la citada Resolución de Rechazo de Denuncia, respondiéndose mediante decreto de 13 de ese mes y año, haciendo mención de la necesidad de remitir los antecedentes a la Fiscalía Departamental de la Paz y cumplir formalidades legales, sin que "hasta la fecha" -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- dicha remisión no fue cumplida por parte de la Fiscal de Materia ahora coaccionada; asimismo, no remitió a la Oficina de Servicios Comunes, no obstante se reiteró mediante escritos de 17 y 24 de ese mes y año, omisión que beneficia de manera parcializada al denunciado y, no considera su condición de víctima.

El 29 de mayo de 2023, ante la demora incurrida por la Fiscal de Materia hoy coaccionada, solicitó al Juez ahora accionado realice el respectivo control jurisdiccional, quien el 12 de junio de ese año, procedió a conminarla, la citada Fiscal de Materia respondió que no se hubiese realizado las respectivas notificaciones por parte de la Oficina de Servicios Comunes, reconociendo los aspectos denunciados. Así también, a pesar de presentar denuncia disciplinaria contra el procesado, esta fue ignorada, develando la ineficacia del sistema, provocando que elevara quejas formales y escritas ante el Director General de la FELCN hoy coaccionado; y el Comandante de la Policía Boliviana ahora coaccionado; sin que las mismas fueran respondidas, demostrando una falta de acción ante las amenazas de muerte contra su persona.

Por último, solicita se abstraiga de la subsidiariedad excepcional aplicable a la acción de libertad, por tratarse de una víctima de violencia, conforme estableció la .

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la celeridad; citando al efecto los arts. 8, 15 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

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