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TCP

1657/2025-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
31 de diciembre de 2025SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1657/2025-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1657/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 57876-2023-116-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 399/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Clemencia Ramírez Márquez en representación sin mandato de César Guaygua Mamani contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 20 de agosto de 2023, cursante de fs. 84 a 90, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, concluyendo con el Auto Interlocutorio 55/2022, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de cinco meses, señalándose audiencia para definir su situación jurídica para el 14 de junio de igual año.

La audiencia fue suspendida por inasistencia de las partes procesales y posteriormente, el "17" de junio de 2022, nuevamente se suspendió dicha audiencia por problemas técnicos del Órgano Judicial y del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), sin fijarse nueva fecha, a pesar de consignarse la presencia del Fiscal de Materia, generando indefensión al no resolverse su situación jurídica.

Solicitó cesación de su detención preventiva mediante memorial de 11 de julio de 2022, señalándose audiencia para el 22 de ese mes y año. En dicha audiencia, el Juez de primera instancia señaló que su situación jurídica ya fue resuelta en una audiencia previa; ya que, en cumplimiento de la SC "740/2021", correspondía remitir obrados al Tribunal tras la presentación de la acusación Formal 12/2022, disponiéndose la remisión de actuados y suspendiéndose la audiencia, lo que profundizó la situación de indefensión y vulneración de derechos fundamentales. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 45/2023 de 29 de marzo, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva planteada al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que la defensa no exhibió en audiencia virtual la documentación ofrecida como prueba para desvirtuar los riesgos procesales, a pesar reconocer que dicha documentación se encontraba en el cuaderno de control jurisdiccional. Esa decisión fue cuestionada por incurrir en incongruencia interna y falta de valoración probatoria; ya que, la normativa procesal penal y los protocolos de audiencias virtuales no exigen la exhibición en pantalla de la documentación previamente notificada a las partes procesales.

El Auto Interlocutorio 45/2023, fue apelado y recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformada por la Vocal hoy accionada, la cual, al emitir el Auto de Vista 330/2023 de 6 de abril, y resolver una posterior solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sostuvo que subsistía el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, señalando la existencia de testigos pendientes de declaración en juicio oral público y contradictorio. Sin embargo, esa fundamentación fue considerada incongruente y ultra petita; ya que, la Acusación Formal 12/2022 acreditó la conclusión de la etapa investigativa y la realización de todos los actos investigativos mencionados en la Resolución primigenia, incluyendo la declaración de testigos.

En consecuencia, la Vocal ahora accionada omitió valorar de manera objetiva los agravios expuestos, manteniendo su detención preventiva sin una debida fundamentación fáctica y jurídica, en contradicción con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente la , que establece que el riesgo de obstaculización no puede sostenerse en presunciones ni mantenerse de manera automática hasta contar con una sentencia ejecutoriada; situación que, vulneró sus derechos, manteniéndolo privado de libertad por más de un año, a pesar de la inexistencia actual de riesgos procesales y a la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 bis del CPP.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

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