Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1660/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 57966-2023-116-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 06/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Fernando Alcon Orocondo y Marcelo Ramírez Coro en representación sin mandato de José Luis Cuellar Baltazar contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial interpuesto el 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 8 y vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de José Luis Cuellar Baltazar -accionante- y María Martha Jaimes Orellana, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, se celebró la audiencia de medidas cautelares, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón de departamento de Potosí, se dispuso la detención preventiva de los nombrados. Dicha decisión fue objeto de apelación por la incorrecta valoración de la prueba respecto de los riesgos procesales, domicilio y ocupación conforme al art. 234. 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del citado Código, impugnación resuelta por los ahora accionados, quienes confirmaron en parte la "resolución" por Auto de Vista de 26 de julio de 2023, con los mismos fundamentos, dando por acreditado dichos riesgos procesales domicilio en favor de su persona; por lo que, se estaría vulnerando el debido proceso y realizando una valoración de la prueba e incorrecta interpretación de la jurisprudencia; así como, se vulnera el derecho a la debida motivación y fundamentación y el derecho a la seguridad jurídica. El Auto de Vista de 26 de julio de 2023, emitida por el Vocal ahora accionado, vulneró el derecho al debido proceso vinculado a su libertad; ya que, realizaron una incorrecta valoración de la prueba respecto a los arts. 234 y 235.2 del CPP.
Sobre el numeral 7 del art. 234 del CCP. El Vocal Hoy Accionado y la Jueza de primera instancia, fundamentó su decisión de 16 de junio de 2023, en la construcción del riesgo procesal refiriendo textualmente que al ser sorprendido con sustancias controladas, su persona constituye un atentado contra la sociedad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos, dañando a la familia; por lo que, es un peligro para la sociedad. Argumento replicado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin considerar lo establecido en la , que especifica que el peligro procesal debe ser advertido por los jueces y tribunales penales, en consideración al principio de proporcionalidad y razonabilidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado; precedente que, tuvo que ser aplicado al presente caso; toda vez, que la subregla especifica claramente que el peligro debe ser efectivo, real, verdadero y materialmente verificable con un certificado de antecedentes penales; puesto que, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional tiene los mismos fundamentos de hecho y derecho.
Entonces, los fundamentos que dieron lugar a la construcción del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, no son razonables debido a que no se cuenta con ningún elemento de prueba objetivo a ser valorado y que demuestre un peligro real y verificable atribuido a su persona, argumentos que de igual manera vulneran la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, se da por hecho que el ilícito se haya cometido, cuando no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, concluyendo que los fundamentos que construyen el riesgo procesal no podrían ser alegados; puesto que, no se puede extinguir la afectación a la sociedad del delito de tráfico de sustancias controladas, lo que restaría la calidad provisional e instrumental a la medida cautelar de última ratio, provocando una condena anticipada.
En cuanto al numeral 2 del art. 235 del CPP, el Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, señaló que al momento de la aprehensión, fueron sorprendidos al interior de una habitación conjuntamente la coimputada, y uno de ellos puede influir negativamente sobre los partícipes terceros a quienes se encontraba destinada la entrega de las sustancias controladas, obstaculizando la averiguación de la verdad. Argumentos nuevamente confirmados por el Tribunal de alzada.
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