Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1661/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 57104-2023-115-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 111/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 473 a 476 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Balderrama Torrico contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, ex Fiscal General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 204 a 238 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde el 3 de marzo de 2009, desempeñó funciones como Fiscal de Materia en distintas Fiscalías Especializadas; asimismo, padece cáncer de mama, enfermedad que requería controles periódicos y tratamiento oncológico contínuo, circunstancia que fue de conocimiento del Fiscal General hoy accionado y que incluso motivó con anterioridad, la interposición de una acción de libertad, cuya tutela fue concedida por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiéndose su restitución al cargo.
Con posterioridad a su reasignación a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, se inició contra su persona un proceso disciplinario a raíz del hallazgo de cinco cuadernos de investigación en el domicilio de una persona particular; apertura de proceso que se sustentó en la presunta comisión de faltas disciplinarias previstas por el art. 121.9 y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-. Concluido el trámite de sustanciación correspondiente, se emitió la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA de 14 de noviembre, imponiéndose la sanción de destitución definitiva del cargo, por el cual, el 23 de diciembre de 2022, planteó recurso jerárquico, contra la mencionada Resolución Sumaria de Primera Instancia, resolviéndose el mismo mediante la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023 de 13 de enero, emitida por el entonces Fiscal General ahora accionado, quien revocó parcialmente la determinación respecto al art. 121.9 de la citada Ley; empero, se confirmó la responsabilidad por el numeral 10 del art. 121 de la Ley 260, manteniéndose incólume la sanción de destitución.
El entonces Fiscal General hoy accionado, incurrió en una indebida descontextualización de los agravios formulados, al interpretar que su impugnación únicamente cuestionaba la subsunción de los hechos al art. 121.9 de la Ley 260, cuando el recurso se dirigía a impugnar integralmente la valoración probatoria y la configuración de ambas faltas disciplinarias, omitiendo considerar los cuestionamientos a la credibilidad de Patricia Berbeli Galarza Fernández y Carla Orlet Navia Aguilar testigos; así como, la valoración integral de la prueba, que incidía directamente en la configuración del numeral 10 de dicho artículo, que finalmente sustentó la destitución, vulnerándose sus derechos de impugnación y al debido proceso en su elemento de congruencia externa, por no haberse atendido el verdadero sentido y finalidad de su recurso, sosteniendo que la valoración de la prueba constituía el eje central de la sanción confirmada.
La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, vulneró su derecho al debido proceso al no contener una fundamentación y motivación suficientes, claras y específicas respecto a los agravios expuestos en su recurso jerárquico contra la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA; puesto que, el entonces Fiscal General ahora accionado, se limitó a realizar una relación de antecedentes y afirmaciones genéricas, sin efectuar un análisis individualizado de cada uno de los cuestionamientos planteados, particularmente en lo relativo a la valoración probatoria y a la configuración de la falta disciplinaria atribuída, lo que -a su entender- configura una incongruencia omisiva y ausencia de motivación material, impidiéndole conocer con claridad las razones jurídicas que sustentan la decisión de mantener su destitución; asimismo, se vulneró su derecho a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, al aplicarse jurisprudencia anti-técnica no vinculante a su caso y descontextualizarse el recurso de impugnación interpuesto, restándole eficacia reparadora.
Como agravio central, el entonces Fiscal General hoy accionado, convalidó una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba testifical, otorgando credibilidad plena a las declaraciones de Patricia Berbeli Galarza Fernández y Carla Orlet Navia Aguilar; a pesar que, dichas declaraciones contienen contradicciones internas y externas, variaciones sustanciales en el tiempo y discrepancias relevantes sobre hechos determinantes, especialmente en lo relativo a la supuesta entrega de cuadernos de investigación a una persona particular ajena a la institución; más aun, que el mencionado Fiscal General no realizó un análisis comparativo entre las distintas declaraciones prestadas en fechas diferentes, ni explicó por qué tales inconsistencias no afectaban su credibilidad, omitiendo aplicar las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, lo que derivó en un juicio de responsabilidad basado en prueba carente de uniformidad y coherencia.
Existe ausencia de control de logicidad por el entonces Fiscal General ahora accionado, quien no ejerció un verdadero control de logicidad respecto a la valoración probatoria realizada por la Autoridad Sumariante del Ministerio Público quien emitió la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA, limitándose a confirmar sus conclusiones sin desarrollar un análisis propio, autónomo y razonado, respecto a la racionalidad del análisis efectuado en primera instancia; además que, el entonces Fiscal General hoy accionado, debió verificar si existía correspondencia entre los hechos considerados probados y el contenido real de las declaraciones testificales y demás elementos de convicción, evaluando si el razonamiento era coherente y razonable, lo que no ocurrió, generándose una convalidación automática de la decisión.
Por otro lado, existe errónea subsunción jurídica y configuración de la falta disciplinaria; ya que, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, no justifica de manera suficiente cómo los hechos atribuídos se encuadran en todos los elementos constitutivos de la falta prevista por el art. 121.10 de la Ley 260; así mismo, no se precisó adecuadamente cuál fue la conducta específica que configuraría la intervención de persona ajena a la institución, ni cómo dicha conducta se vincula con funciones propias y exclusivas de su persona, omitiéndose identificar con claridad la norma infringida y el nexo lógico entre la conducta y el tipo disciplinario aplicado; además que, no se consideró que determinadas funciones -como la custodia de cuadernos o elaboración de proyectos- podrían involucrar apoyo administrativo, lo cual debía ser debidamente analizado antes de atribuir responsabilidad disciplinaria.
Asimismo, no se valoraron adecuadamente los elementos de descargo que desvirtuaban la atribución de responsabilidad funcional, ni se explicó por qué dichos elementos no resultaban suficientes para generar duda razonable; debido a que, la resolución impugnada se centró exclusivamente en prueba de cargo cuestionada por su falta de credibilidad, sin desarrollar un análisis integral del conjunto probatorio, vulnerando el principio de valoración integral y razonable de la prueba.
Finalmente, el entonces Fiscal General ahora accionado, no consideró su situación de salud al padecer cáncer, ni aplicó criterios de protección reforzada desarrollados por la jurisprudencia constitucional, respecto a la estabilidad laboral de personas con enfermedades graves o terminales, argumentando que su destitución afecta no sólo su derecho al trabajo, sino también su acceso al seguro social y tratamiento médico; y, en consecuencia, sus derechos a la salud y a la vida, al no haberse efectuado una ponderación reforzada de su condición ni verificado si concurría una justa causa debidamente acreditada que justificara una medida tan gravosa.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia externa y valoración razonable de la prueba, vinculada con sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la vida; asi como, el principio de tipicidad; sin citar la norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023 de 13 de enero y se emita una nueva resolución que resuelva su recurso.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 454 a 472 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:
- a)La acción de amparo constitucional fue formulada conforme a la regla de competencia prevista por el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en el lugar donde se produjo la supuesta vulneración de derechos fundamentales; asimismo, el caso es respecto a la protección reforzada que merece una mujer Fiscal de Materia diagnosticada con cáncer en fase IV -estado terminal-, cuya destitución afectaría directamente sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba;
- b)Como antecedente relevante, la "sentencia 9/2022" de 17 de mayo, emitida por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que concedió tutela solicitada en una acción de libertad presentada contra un memorando de retiro, disponiéndose su restitución al cargo en atención a su estado de salud, quedando establecido que el entonces Fiscal General hoy accionado tenía pleno conocimiento de su condición médica;
- c)Posteriormente a su reincorporación, fue reasignada a una Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, iniciándose contra su persona, un proceso disciplinario por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas por el art. 121.9 y 10 de la Ley 260, a raíz del hallazgo de cinco cuadernos de investigación en el domicilio de una tercera persona ajena a la institución, proceso que concluyó con la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA, con sanción de destitución definitiva del cargo;
- d)Planteó un recurso jerárquico mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, con el desarrollo de veintiséis agravios, el cual fue resuelto mediante la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, la cual confirmó parcialmente la decisión, descartando responsabilidad por el numeral 9; empero, manteniendo la destitución definitiva del cargo por la supuesta infracción al numeral 10 del mencionado artículo de la referida Ley, bajo el entendimiento de que su persona permitió actividades de personas ajenas en las labores del Ministerio Público; y,
- e)La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023 incurrió en diversas acciones ilegales e indebidas, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
- 1)Descontextualizó el contenido del recurso jerárquico, afirmando erróneamente que los agravios se dirigían únicamente contra la subsunción en el numeral 9 del art. 121 de la Ley 260, cuando en realidad la impugnación cuestionó integralmente la valoración probatoria y la fundamentación respecto de ambas faltas, lo que configuró incongruencia externa y restricción indebida del derecho a la impugnación;
- 2)El entonces Fiscal General ahora accionado aplicó de manera anti-técnica jurisprudencia constitucional, citando precedentes referidos a control constitucional de valoración probatoria, para exigir cargas argumentativas no previstas en procesos disciplinarios administrativos, desconociendo la naturaleza del recurso jerárquico y su finalidad como medio de defensa;
- 3)La decisión de confirmar la destitución se sustentó exclusivamente en las declaraciones de Patricia Berbeli Galarza Fernández y Carla Orlet Navia Aguilar -testigos-, las cuales presentaron contradicciones sustanciales entre sí y en el tiempo, habiendo incluso una de ellas reconocido haber mentido en una declaración posterior; aspecto que, fue valorado de manera aislada, fragmentaria e irrazonable, en contravención a las reglas de la sana crítica y a la obligación de valoración integral de la prueba; puesto que, la primera testigo declaró inicialmente que trasladó los cuadernos por decisión propia, sin orden de su persona, versión que luego modificó, reconociendo haber mentido y la segunda testigo incurrió igualmente en versiones contradictorias respecto a si observó o no el retiro de los cuadernos, contradicciones que, además, no guardaron coherencia con lo declarado por la persona en cuyo domicilio se encontraron los señalados documentos ni con otros testigos de descargo, lo cual generó duda razonable suficiente para impedir la imposición de una sanción de destitución;
- 4)La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, omitió pronunciarse sobre agravios vinculados al contraste integral entre prueba de cargo y descargo, configurando una incongruencia externa al no existir correspondencia entre lo impugnado y lo resuelto;
- 5)La subsunción en el "...artículo 121 num.10 de la ley 026..." (sic), resultó indebida; por cuanto, no se demostró que su persona hubiese permitido la intervención de un tercero en labores propias del Ministerio Público, ni que la custodia de cuadernos de investigación constituya deber exclusivo del Fiscal de Materia; ya que, dicha función corresponde a personal asistente, extremo que fue debidamente fundamentado por la Autoridad Sumariante;
- 6)La confirmación de la destitución desconoce el estándar de protección reforzada aplicable a personas con enfermedades terminales, en particular mujeres con cáncer, quienes constituyen un sector altamente vulnerable que requiere garantía de estabilidad laboral y acceso a la seguridad social para preservar sus derechos a la vida y a la salud; en ese orden, sosteniendo que el referido Fiscal General, omitió ponderar dicha condición en el análisis del caso;
- 7)Toda decisión estatal que afecte intensamente un derecho fundamental, exige una protección reforzada y una justificación estricta; asimismo, la sanción de destitución impugnada incide directamente en los derechos a la vida y a la salud de la accionante, afectando además su acceso a la seguridad social y al tratamiento médico; por lo que, debió aplicarse un examen estricto de proporcionalidad; y,
- 8)En mérito a todo lo expuesto, solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023 y se disponga la emisión de nueva resolución conforme con los fundamentos constitucionales alegados, con expresa consideración de los agravios formulados y del estándar de protección reforzada aplicable al caso concreto.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado, mediante informe presentado el 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 448 a 453 vta.; así como en audiencia, manifestó que:
- i)El proceso disciplinario instaurado contra la accionante tuvo su origen en el proceso penal signado con código 301102012103964, dentro del cual se evidenció, mediante un allanamiento ejecutado por un Fiscal de Materia, la existencia de cinco cuadernos de investigación originales pertenecientes a un despacho fiscal en la oficina de una persona particular ajena al Ministerio Público, identificada como Janett Carla Ramos Villafuerte -tercera persona involucrada-, cuadernos que, conforme al sistema informático institucional, se encontraban asignados a la accionante en su calidad de Fiscal de Materia;
- ii)En virtud de dichos antecedentes, la Autoridad Sumariante inició un proceso disciplinario por la presunta comisión de faltas muy graves previstas por el art. 121.9 y 10 de la Ley 260, referidas respectivamente a la subordinación indebida y a permitir la intervención de personas ajenas a la institución en funciones propias del Fiscal de Materia, proceso que culminó, en primera instancia, con la "...Resolución de 22 de agosto de 2022..." (sic), que declaró responsable a la accionante e impuso la sanción de destitución definitiva del cargo, la cual fue objeto de recurso jerárquico;
- iii)La primera "...Resolución Jerárquica de 13 de septiembre de 2022..." (sic), dispuso la nulidad de obrados por vulneración al principio de inmediación, ordenando nueva audiencia, una vez reencaminado el proceso, se emitió nueva Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA, que nuevamente declaró responsable a la accionante por ambas faltas disciplinarias, imponiendo destitución definitiva del cargo; decisión que, recurrida jerárquicamente, dio lugar a la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, mediante la cual se revocó parcialmente el fallo, declarándose no responsable a la accionante respecto a la falta prevista por el numeral 9; empero, confirmando su responsabilidad por la falta prevista por el numeral 10 del mencionado artículo y referida Ley, manteniendo la sanción de destitución únicamente por esa última;
- iv)Respecto a la acusación de descontextualización de los agravios del recurso jerárquico, la referida Resolución Jerárquica interpretó los cuestionamientos formulados conforme al contenido expreso del recurso, el cual se centró en desvirtuar la "subordinación indebida", elemento típico exclusivo del numeral 9 de la citada Ley, no habiéndose desarrollado argumentación específica orientada a negar la configuración de los elementos constitutivos del numeral 10 de la misma norma, particularmente la permisividad en la intervención de persona ajena ni la existencia de autorización jerárquica;
- v)En aplicación del principio "tantum devolutum quantum apelatum", el entonces Fiscal General hoy accionado debió circunscribirse a los agravios expresamente planteados, no pudiendo suplir deficiencias argumentativas ni inferir pretensiones no formuladas con claridad, siendo exigible a toda parte recurrente la carga de identificar de manera concreta los aspectos impugnados y su incidencia en la decisión final, criterio respaldado por la jurisprudencia constitucional y penal sobre la carga argumentativa en recursos;
- vi)Con relación a la valoración probatoria, sí se ingresó al análisis de las declaraciones testificales cuestionadas por la accionante, particularmente las de Patricia Berbeli Galarza Fernández y Carla Orlet Navia Aguilar, efectuándose su valoración con base en las declaraciones prestadas en la audiencia de 8 de noviembre de 2022, en resguardo del principio de inmediación, que impide valorar declaraciones rendidas ante autoridad distinta o cuya acta fue anulada; precisando que la anterior audiencia de 22 de agosto del mismo año fue dejada sin efecto por "...Resolución Jerárquica de 13 de septiembre de 2022..." (sic), careciendo de eficacia jurídica;
- vii)La admisión voluntaria de Patricia Berbeli Galarza Fernández -testigo- en audiencia respecto a haber mentido en la declaración anterior no desvirtuaba su credibilidad, sino que, por el contrario, otorgaba mayor valor a su testimonio actual al explicar las razones de su conducta anterior; asimismo, las declaraciones de las nombradas, resultaban coincidentes en señalar que los cinco cuadernos de investigación fueron entregados por instrucción o con participación de la accionante a la persona particular, siendo irrelevante la inexistencia de vínculo de amistad con dicha persona; puesto que, no excluía la permisividad;
- viii)Respecto a la alegada incongruencia externa por omisión de respuesta a determinados agravios, todos los argumentos relevantes del recurso jerárquico fueron respondidos en los puntos 4.2.1 y 4.2.2 de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, resultando reiterativas las observaciones sobre supuestas contradicciones testificales ya analizadas en el marco del principio de inmediación y de la nulidad declarada respecto de actuaciones previas;
- ix)En cuanto al argumento relativo a que la custodia de cuadernos de investigación no sería función del Fiscal de Materia, sino de los "asistentes", conforme a los arts. 61.1 y 119.5 de la Ley 260 y a las normas del Código de Procedimiento Penal que reconocen al Fiscal de Materia como director funcional de la investigación, corresponde al referido Fiscal de Materia la organización y manejo de los cuadernos, no pudiendo delegarse tales funciones a persona ajena a la institución, menos aún la elaboración de resoluciones, atribución exclusiva de dicho funcionario conforme al art. 40.11 de la citada Ley; extremo que, según afirmó, quedó acreditado al constatarse que la persona involucrada no era funcionaria, pasante ni contaba con convenio o autorización jerárquica;
- x)Respecto a la alegada obligación de aplicar criterios reforzados por la condición de salud de la accionante, dicho argumento no fue planteado en el recurso jerárquico y en todo caso la Ley del Cáncer garantiza estabilidad laboral salvo justa causa, pudiendo disponerse la desvinculación cuando exista determinación fundada en proceso disciplinario interno; siendo que, la protección reforzada no implica inamovilidad absoluta frente a responsabilidad administrativa debidamente acreditada;
- xi)En cuanto al agravio de descontextualización del recurso jerárquico, sostuvo que el entonces Fiscal General ahora accionado analizó el contenido expreso del memorial y concluyó que determinados argumentos estaban dirigidos exclusivamente a cuestionar la falta del numeral 9, no así la del numeral 10, ambos del art. 121 de la Ley 260, afirmando que no correspondía inferir intenciones no expresamente desarrolladas, alegando jurisprudencia constitucional que exige adecuada carga argumentativa de quien recurre;
- xii)El procedimiento disciplinario del Ministerio Público se rige por normativa específica -arts. 114 y ss. de la citada Ley y Reglamento de Régimen Disciplinario-, que excluye la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo, rechazando la pertinencia de la jurisprudencia señalada por la accionante;
- xiii)En cuanto a la alegada valoración irrazonable de la prueba; la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023, sí realizó un análisis integral de las declaraciones testificales, especialmente de Patricia Berbeli Galarza Fernández y Carla Orlet Navia Aguilar -testigos-, concluyendo que no existían contradicciones sustanciales, sino coherencia en la secuencia fáctica relatada, particularmente en lo referente a la autorización de la accionante para que Janett Carla Ramos Villafuerte -tercera persona involucrada- colaborara en la elaboración de proyectos de resolución;
- xiv)Sostuvo que la retractación de la testigo Patricia Berbeli Galarza Fernández fue razonablemente explicada y valorada; y, que no correspondía contrastar declaraciones producidas ante distintas Autoridades Sumariantes por el principio de inmediación, alegando jurisprudencia constitucional que exige que la autoridad que resuelve valore únicamente la prueba producida ante ella; y,
- xv)Respecto a la tipificación de la falta del art. 121.10 de dicha Ley, la elaboración de resoluciones y la dirección funcional de investigaciones son atribuciones exclusivas del Fiscal de Materia, citando disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público -arts. 40, 61 y 119 de la misma Ley-; por lo que, permitir que una persona ajena tenga en su poder cuadernos de investigación para proyectar resoluciones configura la infracción disciplinaria muy grave, independientemente de que la custodia material pueda recaer en asistentes.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 111/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 473 a 476 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023; bajo los siguientes fundamentos:
- a)Del análisis comparativo entre el recurso jerárquico formulado contra la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 CBBA de 14 de noviembre y la referida Resolución Jerárquica, se evidencia que el entonces Fiscal General hoy accionado, efectuó una relación de antecedentes procesales, identificó los agravios expuestos y desarrolló respuesta respecto a:
- 1)La supuesta falta de precisión en la citada "Resolución de apertura";
- 2)La alegada falta de fundamentación probatoria en su elemento descriptivo e intelectivo;
- 3)La defectuosa valoración de la prueba; y,
- 4)La errónea labor de subsunción jurídica, observándose correspondencia temática entre los agravios planteados y los fundamentos expuestos, en el marco del derecho al debido proceso reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE);
- b)En el punto 4.2.1 de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 006/2023 se abordó el cuestionamiento relativo a la errónea valoración de la prueba testifical, desarrollando un subanálisis e incluso refiriéndose a una nulidad previamente dispuesta; asimismo, en el punto 4.2.3 se efectuó control de legalidad respecto a la subsunción de las faltas disciplinarias previstas por el art. 121.9 y 10 de la Ley 260, determinándose desestimar la responsabilidad por el numeral 9 y mantenerla respecto al numeral 10, con la consecuente destitución;
- c)Respecto al agravio central vinculado a la credibilidad y supuestas contradicciones en las declaraciones de las testigos de cargo, el entonces Fiscal General ahora accionado, se limitó a afirmar su coherencia y uniformidad sin desarrollar un análisis de control de logicidad suficiente sobre las contradicciones señaladas por la accionante; omitiendo efectuar una ponderación razonada conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, elementos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la correcta valoración probatoria;
- d)La jurisprudencia constitucional ha establecido que toda resolución debe contener una motivación suficiente, razonable y congruente, que permita comprender las razones jurídicas que sustentan la decisión; puesto que, la parte esencial del debido proceso, exige además que la autoridad superior ejerza un control efectivo de logicidad respecto a la valoración probatoria efectuada por la autoridad inferior;
- e)Si bien la citada Resolución Jerárquica abarca formalmente los agravios planteados, se evidencia insuficiencia en la motivación respecto al análisis específico de las contradicciones advertidas en la prueba testifical considerada determinante para establecer responsabilidad funcional conforme el numeral 10 del citado artículo y mencionada Ley; configurándose una incongruencia omisiva y motivación insuficiente con relevancia constitucional; y,
- f)Respecto a la alegada vulneración de los derechos a la salud y a la vida por padecer la accionante una enfermedad grave de cáncer, la jurisprudencia constitucional ha reconocido estabilidad laboral reforzada en casos de enfermedades terminales "...(, y )..." (sic); sin embargo, dicha protección opera frente a despidos sin justa causa; no obstante, en el presente caso, la sanción deriva de un proceso disciplinario sustanciado conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público y normativa interna aplicable, no evidenciándose, en este punto, vulneración autónoma de tales derechos.
En vía de aclaración, complementación y enmienda, el entonces Fiscal General hoy accionado, a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2023, cursante a fs. 484, manifestó que, los cuestionamientos formulados no son evidentes; puesto que, la Resolución 111/2023 expone con claridad las razones y fundamentos de la decisión asumida, no advirtiéndose expresiones oscuras, omisiones ni errores materiales que ameriten modificación. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, declaró no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada por los representantes legales del entonces Fiscal General ahora accionando.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mostrando 32 de 158 parrafos.