Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1662/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 81090-2026-163-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 01 de 15 de enero de 2026, cursante de fs. 107 vta. a 109, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación sin mandato de su hija menor de edad AA contra Ever Álvarez Orellana, ex Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 14 de enero de 2026, cursante de fs. 91 a 100 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Roger Ochoa Zamorano -acusado- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el nombrado hasta el 25 de noviembre de 2025, se encontraba en cumplimiento de detención preventiva, dispuesto en razón a los siguientes presupuestos:
- a)Se determinó la probabilidad de autoría conforme al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP);
- b)Se establecieron los riesgos de peligro de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del mismo Código, de los cuales persistieron exclusivamente del art. 234.7 del citado Código, referente al peligro efectivo para la víctima -menor de edad AA- que representa el nombrado; puesto que, la menor de edad AA se encuentra en estado de vulnerabilidad; ya que, el agresor seria su tío; y,
- c)La aplicación de la detención preventiva sin plazo temporal, conforme a lo dispuesto por el art. 233.3 del señalado Código, al tratarse de un tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente.
Como antecedente, mediante Auto Interlocutorio 132/25 de 4 de agosto de 2025, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, pretendió otorgar al acusado, la cesación de la detención preventiva a pesar de la vigencia del riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP; puesto que, de manera arbitraria efectuó un test de proporcionalidad dejando de lado los derechos de la víctima -menor de edad AA-, priorizando la libertad personal del acusado y desnaturalizando la protección reforzada y la obligación estatal de garantizar la seguridad eficaz de la integridad de la víctima en la instancia jurisdiccional. Tal situación, fue corregida y reparada a través del Auto de Vista de 3 de septiembre de 2025, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental formulado por su abogado defensor; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 132/25 y rechazó la cesación de la detención preventiva del acusado; bajo los siguientes fundamentos:
- 1)Refirió que existe el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; sin embargo, de los antecedentes del proceso advirtió que la menor de edad AA -víctima-, tiene ideas suicidas; puesto que, los efectos psicológicos y sociales que el abuso sexual produce, tiene consecuencias que pueden ser visibles a corto, mediano y largo plazo; es decir, que las secuelas psicológicas del abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y en la edad adulta, mismas que se desenvuelven en problemas emocionales y afectivos como ansiedad, depresión, entre otros; y,
- 2)Que si bien la detención preventiva es una medida restrictiva a la libertad personal dispuesta de manera excepcional y provisional por la autoridad jurisdiccional competente, en el caso se acreditó la probabilidad de autoría y el riesgo de fuga, "...siendo procedente la aplicación de la extrema ratio..."(sic).
Posteriormente el 25 de noviembre de 2025, el acusado formuló incidente "transversal" de cesación de la detención preventiva, en el cual pretendió enervar el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima, presentando los siguientes documentos:
- i)Certificación de 23 de septiembre de igual año, de la Clínica Neuropsiquiátrica "Monte Sinaí", que estableció la atención de la menor de edad AA -víctima- el 11 y 25 de mayo; y, el 5 de octubre de 2023;
- ii)Respuesta al Oficio de 29 de septiembre de 2025, el cual establece que en atención al Oficio 2074/2025 de 18 igual mes, se informe que en la evaluación pericial programada, la referida menor de edad se presentó; empero, se negó a participar; motivo por el que, la entrevista fue suspendida, elaborándose una representación legal, en la que se hizo conocer que la víctima expresó su molestia e incomodidad de tener que relatar los hechos nuevamente; y,
- iii)Memorial realizado por la abogada de la Unidad de Víctimas Especiales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz, el cual informó que la menor de edad AA, aún se encuentra en situación de vulnerabilidad con relación al acusado; puesto que, los factores determinantes de minoría de edad y género persistían; asimismo, de acuerdo al seguimiento realizado el 30 de diciembre de 2024, la citada menor de edad presentaba síntomas de ansiedad, trastorno de estrés postraumático con alteración en el límite de la personalidad incluyendo conducta autodestructiva y auto lesiva, indicó que se iniciaron terapias en el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT); no obstante, dicha institución no emitió aún un informe oficial que permita conocer la evolución del estado emocional y que acredite la disminución del nivel de vulnerabilidad.
Por lo cual, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, -a través del Auto 226/25 de 25 de noviembre de 2025-, efectuó la siguiente valoración:
- a)La certificación emitida por la Clínica Neuropsiquiátrica "Monte Sinaí", no es conducente a efectos de invalidar el art. 234.7 del CPP; ya que, solo brinda información;
- b)Respecto a la información sobre la negativa de la víctima -menor de edad AA- por someterse a una nueva entrevista psicológica, dicha documentación es de "01" de septiembre de 2025 y es de hecho que hubiese sucedido en esa temporalidad en la que la nombrada se reusó a realizarse una pericia; por lo que, tampoco es pertinente a efectos de enervación del art. 234.7 del CPP; y,
- c)Con relación a la información de la Unidad de Víctimas Especiales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz, esta tampoco es conducente a desvirtuar los riesgos procesales del indicado artículo; ya que, el CEPAT no emitió un informe para ver si se disminuyó el grado de vulnerabilidad de la víctima. Por todos esos fundamentos se mantuvo el rechazo de la cesación de la detención preventiva.
Posteriormente, el acusado planteó recurso de apelación incidental contra el Auto 226/25, que rechazó la cesación de la detención preventiva, así el 31 de diciembre de 2025, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, llevó a cabo la audiencia del referido recurso de apelación y declaró admisible y procedente dicho recurso formulado por el acusado, revocando la "RESOLUCION 84/25" -se entiende que es el Auto 226/25-, sustituyendo la detención preventiva por otras medidas cautelares del art. 231 bis del CPP; bajo el siguiente razonamiento:
- 1)El Tribunal de instancia, determinó que se debe presentar elementos de prueba concernientes a la víctima; sin embargo, tal como informa el Psicólogo aquello puede constituirse en una revictimización; por lo que, es de imposible cumplimiento y no es posible obtenerlos contra la voluntad de la víctima; y,
- 2)Siendo que anteriormente ya hubiese presentado otro elemento de prueba y habiéndose valorado de manera positiva en primera instancia, no hay motivo para establecer la concurrencia de ese riesgo procesal.
El Auto de Vista de 31 de diciembre de 2025, fue emitido en una franca desprotección de la víctima -menor de edad AA-, sin considerar su alta situación de vulnerabilidad y el peligro en el que corre su vida, generada por el temor y la angustia que representa la libertad de su agresor sexual; asimismo, por memorial de 24 de ese mes y año, presentó elementos probatorios relevantes a considerar respecto al peligro que corre la víctima, los cuales no fueron considerados y que significan una grosera omisión del análisis valorativo de esos elementos que acreditaban materialmente que de recobrar eventualmente la libertad el acusado; se estaría condenando a la víctima al suicidio.
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