Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1663/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 58072-2023-117-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 53 a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriel Tito Gutiérrez Mérida en representación sin mandato de Erick Daniel Gironda Meave contra Delina Irma Zurita Herbas y Pablo Antezana Vargas, Vocales de Sala Penal Cuarta ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 5 a 21, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Erick Daniel Gironda Meave -accionante- dedujo incidente de redención de la pena; puesto que, cumplía a cabalidad los requisitos previstos por el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, y ante la imposibilidad de acceder al beneficio de extramuro, en atención a los requisitos señalados por el art. 169 de la misma Ley -consecución de dos garantes de presentación-, se acompañó documental sobre el trabajo y estudios realizados desde el 2021.
La Jueza hoy coaccionada, mediante Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, resolvió rechazar la tramitación del incidente de redención de la pena, estableciendo entre otras consideraciones que se encontraría supeditada a los periodos del Sistema Progresivo, debiendo encontrarse el accionante de manera inescrutable en el segundo periodo de éste. Dicho instituto operaría dentro de cierto periodo temporal, pudiendo peticionarse el mismo a partir de las "2/5" partes de la condena hasta la mitad de aquella; y finalmente, que la redención de la pena podría plantearse en una sola oportunidad; ya que, no se constituye en una medida alterna al cumplimiento de la pena privativa de libertad, instando a iniciar los trámites relativos al beneficio de extramuro, en consideración al quantum de la pena cumplida. Con ello, se rechazó el incidente planteado, sin ningún tipo de sustento normativo; por lo que, se dedujo apelación incidental, al haberse advertido diferentes omisiones de naturaleza jurídica, errónea aplicación de la ley e inaplicación de principios rectores, entre otros, repercutiendo aquellos en la vulneración de sus derechos.
La impugnación recayó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, despacho que señaló audiencia para el 7 de julio de 2023, y que dictó improcedencia, señalando que la Jueza hoy coaccionada realizó una correcta fundamentación en lo que respecta a disposiciones legales aplicables al caso, se establecieron las razones que motivan el rechazo, determinando además que no se habría cumplido con la carga argumentativa, y que no se hubiese provisto al Tribunal de alzada de disposiciones de orden legal o jurisprudencial que avalen su postura jurídica.
Esos argumentos claramente no se encuentran revestidos de suficiencia; puesto que, con su simplismo, no se ha cumplido con la obligación de la debida fundamentación y motivación, omitiendo inclusive, ingresar al fondo de los cuestionamientos planteados, realizando apreciaciones de naturaleza meramente enunciativa, causando con todo aquello vulneración de diversos derechos y garantías constitucionales por parte de los Vocales ahora accionados.
Así, la jurisprudencia constitucional estableció que el medio idóneo para recurrir a la jurisdicción constitucional en cuestiones vinculadas con los beneficios penitenciarios, específicamente el de redención, es la acción de libertad ().
Por la revisión del art. 138 de la LEPS, en ninguno de los numerales que contiene se encuentra el requisito de "...ENCONTRARSE DENTRO EL SEGUNDO PERIODO DEL SISTEMA PROGRESIVO..." (sic), como afirma de manera errónea y excesiva la Jueza hoy coaccionada, requisitos que se encuentran ampliamente reiterados en la jurisprudencia (); en consecuencia, la alusión contenida en el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, carece de asidero legal, interpretación normativa que dista mucho de lo previsto por el art. 157 de la LEPS; puesto que, en ninguna parte de referido Auto Interlocutorio se menciona una disposición legal que establezca:
- a)Que la Redención de la pena sea un beneficio penitenciario instaurado dentro del segundo periodo del sistema progresivo;
- b)Que dentro los requisitos para acceder a la redención de la pena figure taxativamente el encontrarse dentro del segundo periodo el sistema progresivo;
- c)Que el derecho de acceder al beneficio de redención de la pena sea perentorio; es decir, que el mismo precluya a transcurrir cierto periodo de cumplimiento de condena; y,
- d)Que la redención pueda solicitarse por una sola vez, no pudiendo acceder nuevamente al mismo con posterioridad.
Se puede advertir con meridiana claridad que la Jueza hoy coaccionada no realizó una correcta compulsa de las disposiciones jurídicas que regulan el instituto de la redención de la pena; puesto que, su labor interpretativa ha creado normas paralelas a las previstas en la ley adjetiva penal y jurisprudencia imperante, instaurando nuevos requisitos para acceder a la redención de la pena, omitiendo advertir en primera instancia que ese instituto se constituye en un beneficio penitenciario regulado, estableciendo de manera taxativa el periodo en el que debe encontrarse el solicitante a fin de ser acreedor de alguno de esos beneficios. En mérito a dicho extremo, la redención de la pena no se encuentra supeditada jurídicamente a ninguno de los periodos del sistema progresivo cual afirma la Jueza ahora coaccionada, siendo ésa una interpretación totalmente desfavorable y no respaldada con disposición de orden legal o jurisprudencial alguna.
La contravención de los principios de legalidad y seguridad jurídica, elementos del debido proceso resultan ser fácilmente identificables, porque la Jueza ahora coaccionada delimita cuestiones de índole jurídico relativos a la redención de la pena, mismos que no se encuentran respaldados y no devienen de la aplicación de la ley.
Se inobserva el principio pro homine () toda vez que corresponde a las autoridades jurisdiccionales obrar de la manera más favorable a la admisión de la solicitud; sin embargo, se efectúa una labor interpretativa contraria al derecho a la reinserción social, siendo que la redención se constituye en la recompensa que otorga al legislador a los privados de libertad que desempeñan de manera regular el trabajo y estudios dentro del centro penitenciario.
Asimismo, se incumple con el principio de favor libertatis (); puesto que, la redención de la pena tiene la finalidad de acortar el tiempo de privación de libertad a los condenados, no siendo ese otorgado de manera discrecional; ya que, no todos los reclusos pueden acceder al mismo y su obtención; por ello, se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 138 de la LEPS, y en atención a ello, el art. 10 de la misma Ley establece de manera taxativa que la autoridad jurisdiccional debe limitar a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado dentro del recinto penitenciario.
En la decisión de la Jueza hoy coaccionada, se puede advertir una interpretación sesgada e insuficiente; por lo que, la Opinión Técnica Consultiva 007/2013 -sin fecha-, de donde se extrae la idea de que la redención no debe ser considerada como una medida alterna al cumplimiento de la pena privativa de libertad, realiza una evaluación y observación a la trascripción gramatical y naturaleza jurídica que provee la legislación de la República de Panamá con relación al instituto de la redención; por lo que, nada tiene que ver el contexto de aquella con la legislación interna boliviana; puesto que, no tiene un carácter vinculante. Ello denota la evidente carencia de la debida motivación del Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023; ya que, la Jueza ahora accionada tergiversa el razonamiento jurídico expedido; por lo que, se encuentra motivación arbitraria, así como una interpretación sesgada y forzada de la norma, no existiendo fundamentación valedera al respecto, se hace uso de disposiciones de índole legal de manera simplista y enunciativa. Por la revisión in extenso del Auto de Vista de 7 de julio de 2023, se puede advertir ausencia de debida motivación, por cuanto:
- 1)En audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, se hizo alusión expresa a la inaplicación del principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación normativa realizada por la Jueza hoy coaccionada, así como el carácter progresivo de los derechos; sin embargo, los Vocales ahora accionados omitieron pronunciamiento alguno sobre aquella problemática, incurriendo en una incongruencia omisiva;
- 2)Los referidos Vocales establecieron que la mencionada Jueza cumplió con la debida fundamentación al haber hecho uso de disposiciones legales aplicables al caso, así como haber establecido razones para disponer el rechazo del incidente solicitado; sin embargo, en ningún momento se llega a verificar si la argumentación jurídica resulta haber sido correctamente aplicada, si resulta pertinente y suficiente, ni se ingresa a verificar el fondo de la motivación cuestionada, siendo ésta justamente la labor del Tribunal de alzada; y,
- 3)Los Vocales hoy accionados afirman que no se acompañó jurisprudencia o normativa que avale que el beneficio de redención pueda ser otorgado las veces que sea necesario, tergiversando con ello el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como el principio de iura novit curia (); puesto que, es obligación del juzgador el conocimiento de toda cuestión jurídica que regule el hecho motivo de la litis, no debiendo peticionarse aquello a los sujetos procesales; por lo que, los ahora accionados no han cumplido con su deber de debida fundamentación y motivación.
El derecho y garantía de igualdad y no discriminación se encuentra comprometido porque el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, dispone que debe sujetarse a lo previsto para acceder al beneficio penitenciario de pre-libertad bajo extramuro; sin embargo, aquel beneficio penitenciario, previsto por el art. 169 de la LEPS tiene requisitos que no son posibles para todos los privados de libertad; por ello, el legislador ubicó el instituto de la redención de la pena en el acápite de las recompensas y no del sistema progresivo; puesto que, su naturaleza jurídica es diferente y para su obtención únicamente resulta necesaria la presentación de tarjetas de control personal del solicitante que acredite el trabajo realizado dentro del centro penitenciario, certificados de estudios y certificado de permanencia y conducta, literales a las que se encuentra en total autonomía para su obtención, no debiendo acudir a otras instancias como familiares o amistades con posición económica; y restringir la solicitud de redención hasta antes del cumplimiento de la mitad de la condena, se dispone de manera inescrutable el cumplimiento del resto de la condena en privación de libertad, desconociendo lo inserto por los arts. 3 y 10 de la LEPS, aperturando una lógica discriminatoria con relación a la población carcelaria.
Esas decisiones de los hoy accionados dejan en desigualdad a la población carcelaria a momento de acortar el periodo de reclusión, esto por los motivos descritos precedentemente, generando con ello la vulneración del derecho y garantía de igualdad y no discriminación.
Así también la emisión de aquellas decisiones vulnera el derecho a la libertad, sin la debida motivación y fundamentación, impidiéndole acceder con antelación la libertad condicional e inclusive una eventual libertad definitiva, porque debido a su posición socioeconómica, le resulta imposible cumplir con las exigencias previstas por el art. 169 de la LEPS.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho y garantía al debido proceso, así como de la tutela judicial efectiva, la igualdad y no discriminación; y a los principios de legalidad, de seguridad jurídica, pro homine y favor libertatis; sin citar norma constitucional alguna.
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