Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1663/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 58007-2023-117-AL Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 448/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Orlando Iporre Llano y Pablo Gilbert Martínez Rosas en representación sin mandato de Emilio Gutiérrez Olivera contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 28 a 37, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y encubrimiento, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lucas del departamento de Chuquisaca, dictó el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2023, ordenando la detención preventiva del imputado en la Carceleta Provincial de Camargo por la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); contra esa decisión, se interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del mismo cuerpo legal, el cual fue radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y resuelto por el Vocal demandado mediante Auto de Vista 430/2023 de 1 de septiembre de 2023, que declaró improcedente la apelación presentada.
El Auto de Vista impugnado, careció de una motivación coherente con la eficacia probatoria de los indicios que ha producido, ya que en la audiencia cautelar presentaron prueba testifical que desvirtúa la teoría del hecho del Ministerio Público de que fue su persona quien se hallaba conduciendo el vehículo accidentado y que se habría cambiado de posición con su hija; son declaraciones que no son referenciales, puesto que se trata de la declaración del conductor del vehículo pequeño -se entiende con el que se produjo la colisión- quien señala que vio que fue una mujer la que estaba conduciendo el motorizado y que se acercaron a prestar ayuda; y, asimismo las declaraciones de dos testigos que se encontraban a 50 y 70 metros del lugar del suceso señalaron que fue "la señorita o señora Gisel" (sic) quien estaba conduciendo el motorizado y que inmediatamente después del hecho, primero la conductora y luego su papá, brindaron el auxilio necesario; a pesar de que estos indicios evidencian que existe duda razonable -se entiende sobre la autoría del hecho-; el Vocal demandado señala que son valederos los indicios presentados por el Ministerio Público y no así los que presentó de su parte; esta ponderación de los indicios hace ver que se incurrió en una errónea aplicación de los arts. 5 y 7 con relación al 221, todos del CPP en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad en caso de existir duda razonable.
Respecto al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 y 7 del CPP, no obstante que de acuerdo al entendimiento establecido por la , de que no puede fundarse varios riesgos procesales sobre un mismo hecho, el Vocal demandado fundamentó la existencia de ambos criterios de riesgo de fuga en reiteración de la teoría fáctica de la imputación de que su persona conducía en estado de ebriedad, que hubo cambio de posición con su hija y que supuestamente no brindaron ayuda; y, lo propio sucede respecto al riesgo de obstaculización previsto en el numeral 1 del art. 235 del CPP.
Asimismo, se ha fundado los riesgos procesales en los elementos de fondo del hecho investigado, como son el conducir ebrios, cambiarse de posición, fugar; contraviniendo de esa manera el entendimiento establecido por la de que ningún riesgo procesal puede fundarse en elementos que son de fondo de la investigación, lo que le causa grave indefensión equivalente a una condena anticipada, y no se cumple el principio de favorabilidad y revisabilidad de las medidas cautelares.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos legalidad, defensa y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista por la autoridad demandada, con costas a su favor.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 54 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
Según informe de la secretaría del Tribunal de garantías, la parte accionante estuvo presente, pero no se contó con la conexión de su abogado defensor.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del informe escrito presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante de fs. 42 a 50, expresó:
- a)El reclamo sobre la supuesta falta de valoración adecuada de los testigos en la audiencia cautelar fue considerado improcedente, ya que cada parte expuso los hechos desde su propia perspectiva; el juez a quo, en ejercicio de su función jurisdiccional, aplicó el art. 173 del CPP que le facultaba a otorgar el valor correspondiente a cada elemento probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, fundamentó sus decisiones mediante una apreciación conjunta y armónica de la prueba producida; determinando, cuáles elementos de convicción resultaban útiles y necesarios para acreditar el hecho que estimó correcto;
- b)En el caso analizado, esos testigos presentaron una versión distinta a la sostenida por el Ministerio Público; sin embargo, al revisar el Auto Interlocutorio apelado, no se evidenció una valoración defectuosa de los elementos de convicción, aunque señalaron que la conductora del vehículo era la otra coimputada, el juez a quo, conforme al art. 173 del CPP, otorgó mayor credibilidad a otros testimonios que resultaron coherentes entre sí; de esa manera, se verificó una correcta apreciación de los elementos probatorios, el juez valoró adecuadamente los indicios que apuntaban a que el accionante tenía probabilidad de ser autor de los delitos atribuidos;
- c)La defensa sostuvo que la prueba de alcoholemia debía considerarse una pericia y practicarse conforme al art. 204 del CPP; sin embargo, se estableció que, según la normativa vigente, solo se ordenaba una pericia cuando era indispensable un conocimiento especializado; en este caso, la alcoholemia realizada por los funcionarios policiales no constituyó una pericia, ya que no requería saberes técnicos complejos, sino que representó un elemento de convicción legítimamente obtenido;
- d)No se demostró que el juez a quo hubiera empleado los mismos argumentos para fundamentar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, ya que la referencia a la forma en que ocurrieron los hechos delictivos no constituyó la base de su decisión; respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, el sustento fue la conducta del accionante al darse a la fuga, sin que resultara evidente lo alegado en la apelación; en cuanto al art. 234.7 del referido Código, la sola presentación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no bastó para descartar un riesgo real, pues debían considerarse las circunstancias del hecho investigado; y,
- e)En relación con el art. 235.1 del CPP, se acreditó el peligro de obstaculización debido a la modificación de elementos de prueba, ya que se alteró la ubicación del conductor, se ocultó la chata y posteriormente fueron hallados en otro lugar; con base en estos hechos, el Auto Interlocutorio contó con fundamentación suficiente y una valoración adecuada de los elementos presentados, no se evidenció que los riesgos procesales se hubieran sustentado en la misma teoría fáctica, pues se diferenciaron claramente los argumentos relativos a la probabilidad de autoría y a cada riesgo procesal.
I.2.3. Intervención del Ministerio Público
El representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que:
- 1)No se vulneraron los derechos ni las garantías constitucionales del accionante, pues la alegación de una incorrecta valoración de la prueba careció de sustento, los elementos fueron apreciados conforme al procedimiento y a las reglas de la sana crítica, sin que resultara evidente lo señalado por quien promovió el reclamo; y,
- 2)El accionante sostuvo que sus dos testigos desvirtuaban el hecho, lo cual no resultó evidente, ya que el juez a quo valoró dichas declaraciones junto con todos los elementos de convicción incorporados en el cuaderno de investigaciones, sin que existiera una apreciación errónea; en cuanto a la muestra de sangre, alegó su invalidez, pero este no fue el único indicio considerado, durante la audiencia de medidas cautelares se examinó cada riesgo procesal y se fundamentaron las razones que justificaron su aplicación.
I.2.4. Intervención del tercero interviniente
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