Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1663/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 67809-2024-136-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 219/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Guillermo Dunois Velasco contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 13 de mayo de 2024, cursante de fs. 55 a 67, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Nieves Quispe de Pacari -ahora tercera interesada- en su contra y Roberto Mantilla Mena -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 del Código Penal (CP), los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de Vista 16/2023 de 16 de febrero, declarándolo autor del delito de lesiones culposas previsto y sancionado por el art. 274 del mismo Código, modificando el tipo penal inicial de lesiones gravísimas; por lo que, planteó recurso de casación, cuestionando la validez y el contenido del citado Auto de Vista, alegando varios motivos de casación, las cuales no fueron considerados por los entonces Magistrados hoy accionados quienes emitieron el , alegando el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, declararon inadmisible el señalado recurso con argumentos generales y superficiales, sin revisar su contenido conforme el art. 418 del Código de Procedimiento Penal (CPP); cuando ese cumplía con todos los requisitos de admisibilidad; puesto que, en todos los agravios del recurso de apelación restringida invocó los precedentes contradictorios reuniendo los requisitos establecidos por el art. 416 del referido Código con relación a la Sentencia S-23/2016 de 1 de junio, cual le impuso la condena de cinco años de privación de libertad, por la comisión del delito de lesiones gravísimas; en función del cual expresó los siguientes motivos de casación:
- a)Primer motivo de casación. Existe falta de fundamentación, al ser contradictoria a los autos supremos emitidos en la causa; ya que, los entonces Magistrados hoy accionados, no consideraron los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, que de acuerdo al art. 398 del CPP, delimitaba el marco competencial sobre el cual debieron pronunciarse; no obstante, solo invocaron los , , , las cuales fueron citados en el recurso de casación anterior, cercenando así el mecanismo de defensa planteado; además que, el Auto de Vista 16/2023, modificó el tipo penal por el cual fue sentenciado, indicando que su conducta se adecuaba más al tipo penal de carácter culposo, "...aspecto, que si bien fue reclamado oportunamente por mi persona, empero, no es menos cierto que mi posición fue todo el tiempo RECLAMAR LA INEXISTENCIA DE ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE UN TIPO PENAL DE CARACTER DOLOSO..." (sic), es por eso que fue procesado, juzgado y condenado por un delito que no cometió; más aun, cuando desde el inicio del proceso reclamó su inocencia; por lo que, el señalado Auto de Vista vulneró el precedente invocado; por cuanto, no cumple con el voto de la fundamentación respecto al cambio de criterio o de razonamiento legal desde la perspectiva competencial, tomando en cuenta los principios de inmediación y contradicción; puesto que, desde el inicio del proceso el "encausado" debe conocer el delito por el cual será investigado y procesado, para luego defenderse de ella; sin embargo, al existir una modificación del tipo penal fue vulnerado ese derecho; es asi que, al no demostrarse el dolo, correspondía al Tribunal de apelación emitir sentencia absolutoria, conforme al lineamiento establecido por el referido Auto Supremo -685/2018-RRC-, que declaró fundado el motivo de casación por incumplimiento al mencionado precedente; además, de tomar en cuenta el mandato de los arts. 363 y 413 del referido Código, vinculado al , que establece como doctrina legal aplicable al .
- b)El Segundo motivo de casación fue la "DICTACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA", por cuanto el art. 413 del CPP, establece la posibilidad que tiene el Tribunal de apelación de emitir directamente sentencia aplicando los principios de legalidad, verdad material, subsunción normativa, taxatividad, interdicción de la analogía y otros; en ese sentido, dicho Tribunal emitió el Auto de Vista 16/2023, en contradicción con el , que permite la posibilidad de emitir sentencia absolutoria en segunda instancia; además, el citado Auto Supremo, concluyó que existía inobservancia de la ley sustantiva y se pretendía juzgar por un delito doloso por actividad medica que no fue demostrada, lo cual excluía el elemento central del delito de lesiones gravísimas; puesto que, no existía la intención de causar un daño; mientras que, en el Auto de Vista 16/2023, ante la ausencia de elementos probatorios, conforme el art. 363 inc. 2) y 3) del señalado Código, debió emitir sentencia absolutoria y en consecuencia ese motivo de casación declararse fundado.
- c)Tercer motivo de casación, referido a la prohibición de revalorizar la prueba al momento de dictar sentencia en segunda instancia; menos para dictar nueva sentencia condenatoria modificando el tipo penal, incurriendo en error injudicando y actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, la cual reafirmaba la inexistencia de dolo en su conducta, a pesar de ello, se emitió sentencia condenatoria por el "mismo delito", entrando en contradicción con el , que dispuso la doctrina legal aplicable; por lo que, estaría absolutamente claro que se cumplió con los arts. 416 y 418 del señalado Código, al invocarse el precedente contradictorio; y,
- d)Cuarto motivo de casación, se vulneró el principio o garantía de "REFORMA EN PERJUICIO", por cuanto los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitieron la Sentencia S-23/2016; declarándole autor del delito de lesiones gravísimas, que es un delito doloso, imponiéndole cinco años de privación de libertad sin que exista pena accesoria. La referida Sentencia fue apelada por su parte, asi como por la víctima; empero, el recurso de apelación de la víctima fue desestimada, quedando únicamente vigente su recurso de apelación restringida y del hoy tercero interesado; por lo que, correspondía aplicarse el art. 400 del CPP, que señala: "(Reforma en perjuicio). Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio"; siendo que, son ambos imputados, no correspondía la agravación de su situación jurídica; ya que, el Auto de Vista 16/2023, incorporó otras cuestiones que no fueron consideradas en sentencia, como la inhabilitación especial sin que nadie haya solicitado, agravando su situación jurídica; por cuanto, la afirmación contenida en el de que no se hubiera explicado el resultado dañoso emergente del defecto y menos estableció en que consiste la restricción o disminución del citado principio, se está faltando groseramente a la verdad; asimismo que, no analizó los verdaderos motivos y los precedentes invocados incumpliendo con el principio de legalidad.
En definitiva, los entonces Magistrados ahora accionados no explicaron ni argumentaron porque razones los precedentes contradictorios invocados no correspondían ser considerados; más aun, cuando la mayoría de ellos, fue emitida en el desarrollo de la misma causa, existiendo falta de fundamentación; por cuanto, el art. 418 del CPP, con relación a la admisibilidad del recurso determina con carácter imperativo, la fundamentación de una probable inadmisibilidad; empero, con argumentos genéricos e impertinentes negaron el acceso a la justica, dejándolo en estado de absoluta indefensión; también, se afectó el derecho a la igualdad de oportunidades procesales y el derecho a ser escuchado; puesto que, reclamó una protección equilibrada de la ley ante el cambio arbitrario de tipo penal, ajeno al marco competencial del Tribunal de apelación previsto por el art. 413 del señalado Código, de un delito doloso a uno culposo, siendo un error judicial que ameritaba una revisión más detallada y minuciosa del recurso de casación.
Asimismo, se vulneró el derecho de petición garantizado por el art. 24 de la CPE, por medio del cual las personas pueden solicitar a la administración de justicia a que se escuche sus planteamientos, las cuales deben ser respondidas de manera clara y fundamentada conforme la jurisprudencia constitucional, lo cual no fue atendido ni escuchado al no resolverse su recurso de casación, no existiendo una correlación entre lo impugnado y lo resuelto; además que, -los entonces Magistrados hoy accionados-, incurrieron en incongruencia omisiva interna; siendo que, omitieron responder de manera fundamentada a sus agravios de los cuatro motivos de casación, siendo el común denominador, la absoluta contradicción con los precedentes invocados al haberse modificado el tipo penal de un delito doloso a uno culposo con reconocimiento del error judicial; asimismo, afectaron el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada por el art. 15.I de la CPE, al declararse inadmisible su recurso de casación, negando el acceso a la justicia; ya que, no es razonable la modificación del tipo penal, la revalorización de la prueba y la reforma en perjuicio que no fueron considerados; así también, se afectó, el derecho a ser oído y juzgado en un debido proceso garantizado por el art. 117 de la Norma Suprema; puesto que, los mencionados Magistrados consintieron la modificación del tipo penal, sin considerar que soportó la restricción de sus derechos y garantías constitucionales agravando las sanciones penales.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, a ser oído y a la defensa, a la petición, a la tutela judicial efectiva; así como a los principios de "REFORMA EN PERJUICIO" y de legalidad; citando al efecto los arts. 24, 109.I, 115.I y 117.I de la CPE; 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto y/o la "nulidad" del y se emita un nuevo auto supremo cumpliendo con las normas legales y jurisprudenciales.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:
- 1)Respecto al primer motivo de casación, se citó el , relativo a la falta de fundamentación y al ser contradictorio a ese el ; también se invocó el , que facultaba emitir sentencia absolutoria, pretendiendo la aplicación de este precedente contradictorio;
- 2)Como segundo motivo de casación cuestionó que correspondía dictarse sentencia absolutoria en base a los principio de legalidad, verdad material, subsunción normativa, interdicción de la analogía, invocando para ello el , pretendiendo la aplicación de ese precedente contradictorio;
- 3)En el tercer motivo de casación, referido a la prohibición de la revalorización de la prueba al momento de dictarse el Auto de Vista 16/2023, invocó al respecto el precedente contradictorio del , pretendiendo su aplicación;
- 4)Como cuarto motivo de casación denunció la "REFORMA EN PERJUICIO", derivando en una sanción que no estaba contemplado o consignado en los agravios del recurso de apelación restringida, ni en los precedentes contradictorios invocados y se indicó como precedente contradictorio el , el -L de 26 de agosto, el , , y finalmente la "", que establece la invialibilidad de la aplicación de empeorar la situación jurídica del encausado;
- 5)El proceso penal empezó el 2008, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas y se aplicó la medida cautelar de carácter personal; por lo que, estuvo y continua arraigado no pudiendo asistir a sus actividades familiares y después de quince años lo condenan por un delito culposo que no está penado con privación de libertad; además de aplicarle de oficio la inhabilitación especial por cuatro años del ejercicio de profesión de médico, cuando nadie solicitó esa situación aspecto reclamado en el recurso de casación;
- 6)Una vez que se dictó la Sentencia S-23/2016, ambas partes plantearon el recurso de apelación restringida -querellantes y acusados-; empero, fueron observados otorgándoles un plazo para corregirlos; no obstante, la querellante -ahora tercera interesada- no subsanaron las observaciones; razón por la cual, se activó la competencia del tribunal de apelación únicamente con respecto al recurso de apelación restringida interpuesta por los acusados, siendo plenamente aplicable el art. 400 del CPP; aspecto que, no fue observado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo cual se reclamó en el recurso de casación en base a precedentes contradictorios y una sentencia constitucional específica sobre la reforma en perjuicio; y,
- 7)Modificando el tipo penal, se aplicó una sanción accesoria, lo cual vulneró el principio de legalidad, porque la dicha Sala Penal no tenía competencia para imponer una sanción accesoria al principal, cambiando el tipo penal de lesiones gravísimas a lesiones culposas, configurando la reforma en perjuicio del del apelante -su persona- que es una garantía para los justiciables.
I.2.2. Informe de los accionados
Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 90 a 91 vta.; manifestaron que:
- i)En primera instancia denunciaron la vulneración de derechos fundamentales; puesto que, la notificación a sus personas fue realizada en horas de la tarde del día de ayer y la audiencia estaba prevista para las 9:30 horas, a menos de tres horas del inicio de audiencia -se entiende el día anterior a la celebración de la audiencia de amparo constitucional-, lo cual vulnera el derecho al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad razonable, principio de contradicción; puesto que, no tuvieron el tiempo suficiente para preparar la defensa, viéndose en una situación desventajosa frente a la otra parte, no pudiendo contradecir fácilmente los argumentos contrarios en condiciones de igualdad, afectándose el debido proceso, la cual exige que las partes tengan la oportunidad de conocer los cargos con la debida antelación, lo cual les generó indefensión;
- ii)En el , se precisó que el accionante planteó cuatro motivos de casación y todos resultaban inadmisibles; si bien invocó múltiples precedentes contradictorios; empero, no precisó de manera clara y concreta en qué medida la resolución impugnada contradice dichos precedentes;
- iii)Denunció la vulneración del principio y garantía de reforma en perjuicio; sin embargo, no detalló el perjuicio ocasionado por la imposición de la pena, menos explicó como se vio afectado su derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, lo cual impide su consideración;
- iv)El contenido del citado Auto Supremo, se encuentra debidamente fundamentado de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida en la ; y,
- v)El Tribunal Supremo de Justicia, concluyó que la motivación de las resoluciones es un elemento esencial del debido proceso que garantiza la transparencia, control de la legalidad y seguridad jurídica; por lo que, el Tribunal de apelación emitió un fallo congruente estableciendo una relación lógica y coherente entre los argumentos de la parte recurrente; es decir, sus autoridades, realizaron una correcta compulsa de los argumentos, ajustándose a los cánones del derecho convencional y constitucional; en consecuencia, corresponde la denegatoria de la tutela solicitada.
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