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TCP

1665/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de diciembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1665/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1665/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 57974-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 22/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 83 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Breneli Hanney Vásquez Mamani en representación sin mandato de Manuel Yamandú Moraes da Cruz contra Ryan Caba Salazar, Encargado Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de no Violencia (CENVI) del Consejo de la Magistratura; Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura y Karen Rendón Marañón, Encargada Departamental del REJAP y CENVI, ambas del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de agosto de 2023, cursante de fs. 11 a 15, el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la comisión del delito de robo agravado, desde hace un año, once meses y doce días, se encontraba cumpliendo una condena de tres años de privación de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin embargo, desde el 3 de mayo de 2023; es decir, desde hace tres meses se encontraba internado en el hospital San Juan de Dios, con el diagnóstico de tuberculosis, anemia severa y desnutrición crónica, sin la colaboración de ningún familiar por ser extranjero.

Al momento de su aprehensión, extravió su cédula de identidad y no cuenta con pasaporte; en consecuencia, a efectos de lograr la suspensión condicional de la pena, considerando que el Certificado de Permanencia y Conducta emitido por la Gobernación del Régimen Penitenciario, acredita que no existe registro de otro ingreso por condena; sin embargo, el 4 de junio de 2023, se apersonó a ventanilla de trámites del REJAP para solicitar una certificación que acredite que no cuenta con otra sentencia condenatoria ejecutoriada, para lo cual, adjuntó un Certificado de Nacionalidad expedido por el Consulado General de Uruguay de 24 de mayo de 2023, donde se detalla sus datos personales, incluyendo el número de su cédula de identidad; empero, esta petición fue rechazada de manera verbal por funcionarios dependientes del REJAP.

Posteriormente, por memorial de 5 de junio de 2023, solicitó a Karen Rendón Marañón, Encargada Departamental del REJAP y CENVI de Santa Cruz, la certificación del REJAP; empero, por Oficio CITE 0034/2023 de 15 de junio, rechazó esta petición, argumentando que debe adjuntarse fotocopia de cédula de identidad del privado de libertad o pasaporte; sin otorgar valor alguno a la Certificación Consular, que fue emitida por la autoridad competente y adjuntada en original, conforme lo previsto en el art. 36.IV del Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial aprobado por Acuerdo 038/2019 de 27 de febrero, emitido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura; sin embargo, argumentó que en un caso similar en la gestión 2022, Ryan Caba Salazar, Encargado Nacional del REJAP y CENVI del Consejo de la Magistratura, dispuso que únicamente se cumpla lo establecido en el Reglamento; consecuentemente, la misma solicitud y la respuesta de la Encargada del REJAP y CENVI de Santa Cruz, fue remitida a Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Santa Cruz, quien también avaló el accionar de dichas autoridades; negando de esta forma, la entrega de la certificación requerida, sin tomar en cuenta su estado de salud, que se deteriora día tras día, peligrando su vida, más cuando al ser extranjero, está alejado de toda su familia que pueda ayudarlo.

Consiguientemente, solicitó la aplicación del enfoque diferencial a personas migrantes extranjeras, toda vez que, la Resolución de 4 de diciembre de 2019, que aprueba los principios interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas, establece estándares internacionales de protección de sus derechos, al considerar que se encuentran en situación de vulnerabilidad; en ese sentido, pide la consideración del principio internacional 3 de pro persona: que permite la interpretación de la norma más favorable a sus derechos, del principio internacional 40 que señala que, todo migrante tiene derecho al acceso a la justicia efectiva, imparcial y expedita para la protección de sus derechos y la reparación integral de los daños sufridos, de forma gratuita e igualitaria respecto a los nacionales, incluido el debido proceso y las garantías judiciales, sobre la base de los principios de inmediación, celeridad y debida diligencia para encontrar la solución justa de una controversia en la que esté sometido un migrante, correspondiendo el ejercicio de control de convencionalidad.

En su caso, el acceso a la justicia no debe estar sometido a estrictos formalismos, como presentar necesariamente su cédula de identidad, que se encuentra extraviada, siendo imposible volver a obtenerla por su condición de privado de libertad en un país alejado del suyo.

Si bien correspondería la exigencia de la cédula de identidad para la emisión del certificado del REJAP, empero, también debería otorgarse valor judicial al Certificado de Nacionalidad que contiene los mismos datos y tiene igual o mayor valor legal por ser un documento original; pues, al negarse su entrega se dilató la resolución de su situación jurídica, sometiéndolo a un estado de indefensión; más aún, cuando el propio Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial, en su Primer Considerando, reconoce que el art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la administración pública debe regirse por los principios de legalidad, compromiso e interés social, eficacia, responsabilidad y resultado, priorizando la vida, el debido proceso en su elemento de celeridad procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al acceso a una justicia efectiva, imparcial y expedita, a la no discriminación en razón a su nacionalidad, al debido proceso en su componente de celeridad y a la libertad; citando al efecto, los arts. 14.II, III, IV, V y VI y 115.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que las autoridades demandadas extiendan la certificación del REJAP a su favor, a efectos de poder solicitar la restitución de su derecho a la libertad, a través de la suspensión condicional de la pena.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 80 a 82, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. a)Al tiempo de solicitar el certificado del REJAP a la Encargada y CENVI de Santa Cruz, a pesar de hacerle conocer sobre su delicado estado de salud e internación en el hospital San Juan de Dios, la finalidad de la certificación, relacionada con su libertad, la imposibilidad de presentar su cédula de identidad, mantuvo su exigencia de la copia de su cédula de identidad para poder extenderle lo solicitado; lo cual, implicó un rechazo a su petición, sin considerar que el certificado de nacionalidad es un documento original que contiene los mismos datos fidedignos de su carnet o pasaporte; en consecuencia, no hubo celeridad en la emisión de su trámite administrativo, no obstante su calidad de privado de libertad; y,
  2. b)Finalizó reiterando la aplicación de un enfoque diferencial por su calidad de migrante extranjero, más cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su delicado estado de salud.

Respecto a las preguntas realizadas por el Juez de garantías, respondió:

  1. 1)Solo tiene una condena de tres años de privación de libertad; empero, al sufrir un infarto, requieren solicitar la suspensión condicional de la pena; para lo cual, necesitaba el certificado del REJAP; y es en esa instancia, donde al no emitirlo, le están sometiendo a un estado de indefensión; y,
  2. 2)Fue condenado el 3 de julio de 2022, por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ryan Justiniano Caba Salazar, Encargado del REJAP del Consejo de la Magistratura, por informe escrito de 17 de agosto de 2023, señaló:

  1. i)El art. 36.I del Reglamento de Antecedentes Penales del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo 038/2019, exige -entre otros- la presentación original y copia fotostática de la cédula de identidad, pasaporte y/o libreta de servicio militar, para solicitar el certificado de dicha institución;
  2. ii)No se incurrió en dilación, al responder al accionante, que no se le puede extender el referido certificado sin previo cumplimiento de requisitos establecidos por Reglamento; por lo que, no se le está sometiendo a discriminación, al recibir igual trato que un ciudadano boliviano; y,
  3. iii)El impetrante de tutela, no especificó como se estuviera vulnerando su derecho a la libertad; por lo que, considera la demanda inadmisible.

Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura; y, Karen Rendón Marañón, Encargada Departamental del REJAP y CENVI, ambas de Santa Cruz, a través de su abogado, indicaron:

  1. a)La Encargada Departamental del REJAP y CENVI demandada, cumplió estrictamente el Reglamento de Antecedentes Penales del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo 038/2019, donde se establecen requisitos para poder obtener el certificado del REJAP, siendo uno de ellos, la presentación de una fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte vigentes; siendo que no es posible la aceptación de otro documento, más cuando es emitido por una institución ajena al de nuestro país, como el certificado de nacionalidad, donde no se muestra la fotografía del accionante, además de señalar expresamente que, no es válido para viajes; por lo que, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del citado certificado del REJAP, no se lesionó ningún derecho del impetrante de tutela;
  2. b)Por Sentencia 22 de 4 de abril de 2022, el solicitante de tutela se encontraba cumpliendo una condena por robo agravado, donde de ninguna manera las Unidades demandadas a cargo del Consejo de la Magistratura, son parte del proceso penal al cual fue sometido el impetrante de tutela;
  3. c)Los abogados del accionante, en lugar de presentar un documento ajeno a los requisitos solicitados para la obtención del certificado del REJAP, debieron tramitar la renovación de la cédula de identidad y pasaporte;
  4. d)Las demandadas no son autoridades jurisdiccionales sino administrativas, cuya función es hacer cumplir los acuerdos emitidos por el Consejo de la Magistratura; por lo que, al inobservar el referido Reglamento, incurrirían en incumplimiento de deberes, siendo pasibles a sanciones, incluso de ser sometidas a procesos disciplinarios; y,
  5. e)No se acreditó cuál el estado real del accionante en cuanto a su hospitalización; por lo que, al no encontrarse en estado de vulnerabilidad, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 22/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 83 a 86, denegó la tutela impetrada, respecto a Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura; y, concedió con relación a Karen Rendón Marañón, Encargada Departamental del REJAP y CENVI ambas del departamento de Santa Cruz; y, Ryan Caba Salazar, Encargado Nacional del REJAP y CENVI del Consejo de la Magistratura, disponiendo:

  1. 1)Registrar la Sentencia Condenatoria de 4 de abril de 2022, emitida contra el accionante, con el número de cédula de identidad 5.148.128-9.; y,
  2. 2)Una vez registrada dicha Sentencia, se deberá extender el certificado del REJAP, correspondiente al accionante, con el Certificado de Nacionalidad emitido por el Consulado de la República Oriental del Uruguay. Estas determinaciones fueron efectuadas sobre la base de los siguientes argumentos:
  3. i)Existe un certificado de buena conducta del accionante, empero, no registra el número de su cédula de identidad; actualmente, solo se advierte en el Sistema del Número de Registro Judicial (NUREJ), que está con mandamiento de detención preventiva desde el 3 de septiembre de 2021;
  4. ii)Revisando el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), se evidencia que, dentro del proceso penal abreviado seguido contra el accionante, se emitió la Sentencia Condenatoria de 4 de abril de 2022, por la comisión del delito de robo agravado, sometiéndolo a la pena privativa de libertad de tres años, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz;
  5. iii)El 27 de octubre de 2022, la autoridad judicial remitió al REJAP la Sentencia Condenatoria para su registro, conforme lo establece el art. 440 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, se advierte que no fue registrada, siendo que debería encontrarse en el Sistema del REJAP, para que en cualquier momento, la parte interesada pueda solicitar una certificación que le coadyuve en la tramitación judicial o administrativa que requiera y no se lesione su derecho de acceso a la justicia; en consecuencia, los datos del impetrante de tutela que deben estar registrados en el REJAP son: el mandamiento de detención preventiva de 3 de septiembre de 2021 y la Sentencia Condenatoria con el respectivo mandamiento de condena;
  6. iv)El accionante se encontraba en situación de vulnerabilidad por su edad, género, salud y por estar privado de libertad; pues por informe médico de 25 de mayo de 2023, presentó hepatitis medicatosa, por la suministración de medicamentos para la tuberculosis; siendo un motivo para acelerar el registro de su sentencia condenatoria y la entrega del certificado del REJAP, para los fines de lograr su libertad; para lo cual, se debe tomar en cuenta los datos del Certificado de Nacionalidad extendido por el Consulado de la República Oriental del Uruguay; toda vez que, de la obtención de esta documentación, dependen la tramitación de solicitudes relacionales con sus derechos a la vida y a la libertad durante la ejecución de su Sentencia;
  7. v)La Sentencia debe ser registrada en el REJAP y en el CENVI, empero no en otras instituciones; y,
  8. vi)Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz carece de legitimación pasiva para ser demandada en esta acción tutelar, pues su competencia y atribuciones son distintos a los responsables del REJAP y el CENVI; por lo que, no se apertura la tutela constitucional, con relación a esta servidora pública.

En la vía de enmienda, complementación y ampliación, la parte demandada cuestionó:

  1. a)No es pretensión del accionante el registro de la Sentencia Condenatoria en el REJAP; al respecto, se encuentra debidamente registrada desde el 27 de octubre de 2022; y,
  2. b)Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 27 de octubre de 2022, remitió al REJAP para su registro, la Sentencia Condenatoria de 4 de abril de igual año, con ejecutoria de 7 de octubre del referido año; empero, los requisitos para emitir un certificado del REJAP son otros.

En respuesta a la solicitud de enmienda, complementación y ampliación, realizada por la parte demandada, el Juez de garantías a través de Auto de la misma fecha, señaló que si la sentencia condenatoria se encuentra registrada, entonces corresponde extender el certificado del REJAP, aceptando la presentación del Certificado de Nacionalidad; además de insertar la cédula de identidad del accionante como ciudadano uruguayo; más si está a punto de cumplir la condena, encontrándose como detenido preventivo y no como condenado.

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Tribunal Constitucional Plurinacional18 de diciembre de 20251665/2025-S3Fuente oficial