Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1686/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 58071-2023-117-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 82/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Orlando Mamani contra Eve Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 10 a 13, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, el "11" -siendo lo correcto 14- de agosto de 2023, ante el Juzgado de Instrucción Cautelar Séptimo de la Capital, del departamento de Oruro, se llevó a cabo audiencia de consideración de su situación procesal y la solicitud de cesación a la detención preventiva, fundada en la supuesta enervación del riesgo procesal previsto en el art. 234 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
A la referida solicitud, adjuntó documentación a efectos de desvirtuar el componente de ocupación, consistente en el Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), contrato privado de trabajo, certificación emitida por la empresa de radio taxis "Anthares", la cual acreditaba que el propietario del vehículo, quien se constituía en su empleador, era socio de dicha empresa de radio taxis, además de licencia de conducir, documentación que demostraba la existencia de actividad laboral estable; pese a lo cual, la Jueza de primera instancia, rechazó la cesación solicitada con el único fundamento de que los documentos no habrían sido obtenidos mediante requerimiento fiscal, sin efectuar una valoración integral de los elementos presentados, ni considerar las reformas introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ni la excepcionalidad de la detención preventiva.
Interpuesto el recurso de apelación correspondiente, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 287/2023-SP1 de 22 de agosto, declaró improcedente la impugnación, señalando únicamente que la certificación emitida por la empresa de radio taxis, al no haber sido obtenida mediante requerimiento fiscal, no cumplía con el requisito de publicidad, omitiendo pronunciarse de manera integral sobre el resto de la documentación presentada de su parte, pese a que la misma tenía por finalidad desvirtuar el riesgo de fuga por falta de ocupación.
Asimismo, cuestionó que la autoridad de alzada haya fundado su decisión en aspectos que no fueron debatidos en audiencia ni constituyeron agravios expuestos en el recurso, tales como la referencia a un supuesto estado alcohólico y la eventual suspensión de la licencia de conducir, incorporando argumentos ajenos al objeto de la apelación y asumiendo incluso un rol acusador, actuación que se apartó de los límites de competencia establecidos en el art. 398 del CPP y la jurisprudencia establecida en la .
De igual forma, denunció que la Vocal demandada omitió realizar el control constitucional y convencional solicitado, así como la aplicación de los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia, favorabilidad y carga probatoria a cargo de la parte acusadora, manteniendo la detención preventiva sin efectuar un análisis razonable sobre la inexistencia de prueba que acredite de manera objetiva el riesgo de fuga, ni considerar la posibilidad de aplicación de medidas menos gravosas.
Finalmente, sostuvo que la Resolución de alzada careció de debida fundamentación y motivación, al incorporar razonamientos no sustentados en los antecedentes del proceso ni en los agravios planteados, manteniendo de ese modo una medida restrictiva de libertad de forma desproporcionada e indebida; motivo por el cual, consideró vulnerados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de defensa, fundamentación y motivación de las resoluciones, presunción de inocencia, a la libertad, a la proporcionalidad y valoración adecuada de la prueba y a la seguridad jurídica, acudiendo en consecuencia a la acción de libertad ante la existencia de procesamiento indebido en su contra.
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de defensa, fundamentación y motivación de las resoluciones, presunción de inocencia, a la libertad, a la proporcionalidad, valoración adecuada de la prueba y a la seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
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