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TCP

1697/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de diciembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1697/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1697/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 58109-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 13/23 de 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 51 vta., a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lázaro Melgar Bejarano contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 21, el accionante, expreso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Carlos Alberto Añez Rivero en su contra, por la presunta comisión del delito de abigeato, el 5 de marzo de 2023, fue imputado formalmente por el Ministerio Público, imputación que arbitrariamente calificó el delito como flagrante, y agravado, bajo el supuesto de que su persona el 3 del referido mes y año, a horas 18:00 habría comercializado una cabeza de ganado de propiedad del denunciante; por lo que, el 4 de citado mes y año, fue aprehendido en su domicilio y trasladado a la estación policial del municipio de San Javier del departamento de Santa Cruz, al haberse encontrado una cabeza de ganado perteneciente al denunciante en el matadero de dicho Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Xavier.

Emergente de ello, el representante del Ministerio Público Jean Paul Fleig Cruz, en base a las declaraciones testificales de Alexander López Barrientos, transportista encargado de recoger el ganado que presuntamente se comercializaba, manifestó que en dos oportunidades se ingresó a la propiedad de Carlos Alberto Añez Rivero -denunciante-, a cargar el ganado para su respectiva venta, la declaración de Edwin Marino Rodríguez, quien refirió que su persona en siete oportunidades le comercializó el ganado bovino de propiedad del denunciante; y, por último la declaración de Yoselin Llavera Oropeza, quien señaló que se le cancelaban alrededor de Bs3 000 a 4 000 (tres mil a cuatro mil bolivianos), por la venta de ganado que su persona supuestamente realizaba. Todas estas declaraciones fueron realizadas el 4 de marzo de 2023, de manera sorpresiva horas antes de su aprehensión, calificando de esta manera, el Fiscal de Materia los hechos objeto de la investigación como abigeato, atribuyéndole de manera arbitraria la comisión de un delito flagrante, como si se tratare de dos o más cabezas de ganado, cuando solo fue una; más aún, sin tener elementos fehacientes que demuestren dicho extremo, basados simplemente en la declaración de los testigos.

Sobre la base de estas declaraciones, se le atribuye la comisión del delito de abigeato agravado, tipo penal que se encuentra previsto en el art. 350.I numeral 5 y III numerales 1 y 4 del Código Penal (CP), atribuyéndole de manera arbitraria la comisión del delito flagrante, el cual establece el máximo legal de quantum, de la pena de cuatro a seis años.

En la audiencia de medidas cautelares, su persona invocó lo previsto por el art. 232.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; en el que claramente se establece la improcedencia de la detención preventiva en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad que sea igual o inferior a seis años.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público, ilegalmente solicitó la aplicación de la detención preventiva, haciendo caer en error al juzgador, quien mediante Auto Interlocutorio 44/2023 de 6 de marzo, dispuso su detención preventiva, situación que no correspondía; toda vez que, el delito cometido era de carácter patrimonial; y, en consecuencia, se debía establecer la improcedencia de la medida cautelar de la detención preventiva.

Por tal motivo, amparado en el art. 251 del CPP, presentó recurso de apelación incidental, sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presidida en ese entonces por la Vocal Arminda Méndez Terrazas, quien mediante Auto de Vista 272 de 2 de mayo de 2023, ratificó la Resolución de primera instancia; por lo cual, a criterio del impetrante de tutela, ambas autoridades, tanto el Juez a quo, así como la Vocal codemandada generaron una detención ilegal; toda vez que, resulta improcedente la detención preventiva; dado que, el tipo penal que se investiga es de carácter patrimonial; en consecuencia, la Vocal codemandada sin aplicar e inobservando la Ley adjetiva penal, ratificó la Resolución de primera instancia, validando la sustanciación de un proceso penal desarrollado en una absoluta falta de adecuación al procedimiento y a la Constitución Política del Estado (CPE).

Por lo que, al ser su persona el único encargado de solventar las necesidades de su hogar al tener tres hijos, siendo una adolescente y dos lactantes, al contar además con un contrato de trabajo y con un registro domiciliario realizado el 5 de marzo de 2023 y que cursa en el cuaderno procesal; toda vez que, teniendo un arraigo natural, manifiesta que no pretende eludir el proceso iniciado, lo único que se solicita, es que se cumpla con la normativa vigente cuya finalidad es el descongestionamiento de las causas penales.

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