Texto del fallo
Sintesis de la ratio decidendi
Concede la acción de amparo constitucional por vulneración del debido proceso quien fue destituido de su fuente laboral en base al art. 29 de la LACG, sin que su conducta este sancionada con tal medida en el Reglamento Interno de AASANA.
Extracto de la ratio decidendi
FJ. III.4. "...Al respecto, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, consta que el 3 de diciembre de 2012, el Juez Sumariante de AASANA expidió el Auto inicial de sumario 033/2012, determinando la existencia de indicios de responsabilidad administrativa contra Hugo Monzón Castillo, hoy accionante, “…por contravención al Art. 41 Núm. 5 y Art. 42 Núm. 3-7 del Reglamento Interno de la Institución…” (sic) (fs. 33 a 34). Sin embargo, posteriormente esa misma autoridad pronunció la Resolución de sumario administrativo GMA-003/2013 de 1 de febrero, a través de la cual estableció la existencia de responsabilidad administrativa contra el accionante “…por contravención al Art. 41 Num. 5 y Art. 42 Num. 3 y 5 del Reglamento Interno de la Institución…” (sic) (fs. 36 a 42), evidenciándose de esta manera que el Juez Sumariante incurrió en incongruencia al pronunciar las mencionadas Resoluciones, dado que en la acusación figura un determinado precepto al que se adecúa las faltas atribuidas, mientras que en la Resolución sancionatoria figura uno diferente. Esta ilegal actuación no fue percatada por el Director General Ejecutivo de AASANA en oportunidad de resolver el recurso jerárquico interpuesto por el procesado. Así, de esa manera se vulneró el debido proceso en su elemento congruencia (Fundamento Jurídico III.3), aspecto que determina que en el presente caso deba concederse la tutela solicitada, pues dicho aspecto no fue advertido en instancia de revocatoria ni jerárquico. Por otro lado, el accionante también denuncia que los demandados le aplicaron la destitución del cargo que ocupaba, sin considerar que dicha sanción no está contemplada en el Reglamento Interno de AASANA. De los informes que cursan en el expediente, se evidencia que las autoridades demandadas reconocen que la destitución no figura como sanción en el Reglamento Interno de la Institución, pero al estar sometidos a la Ley de Administración y Control Gubernamental por ser parte de las entidades del sector público, deben aplicar sus preceptos, entre los que destaca el art. 29 de la citada Ley en la que está contemplada la destitución. Al respecto, en un caso de similares características en el que se planteó acción de amparo constitucional contra las mismas autoridades de AASANA, este Tribunal se pronunció a través de la , señalando que: “Se ha hecho abstracción del principio de legalidad o tipicidad, por cuanto la sanción que se impuso al accionante, debió responder exactamente a la penalidad establecida para la conducta descrita como falta en el ordenamiento legal correspondiente, establecido con anterioridad a la realización de la conducta; es decir, que necesariamente, para las presuntas faltas que se le atribuyeron al ahora accionante, el ordenamiento legal o administrativo tendría que prever expresamente como sanción la destitución, siendo así que en la Resolución que se revisa, no existe ninguna fundamentación ni motivación respecto a la aplicación de esta drástica medida en el caso del accionante, puesto que la cita de disposiciones legales que se realizan en la parte dispositiva del fallo, en relación al accionante, como los arts. 28 inc. a) y 29 de la Ley 1178, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, se refieren de manera general a la responsabilidad administrativa y la destitución, como una de las sanciones, entre otras, establecidas para los servidores públicos contra quienes se haya determinado este tipo de responsabilidad, al igual que la multa y suspensión, sin que de ninguna manera se precise qué conductas como las atribuidas en este caso al accionante, deban estar sancionadas con destitución. Asimismo, los arts. 41.3 y 42.3 del Reglamento Interno de AASANA, que describen acciones que se consideran faltas graves y muy graves, no establecen como penalidad la destitución, tampoco existe una justificación del por qué se tendría que aplicar al procesado esta sanción, con descripción de las agravantes que así lo ameriten, pues en ningún caso la determinación de una sanción, puede estar librada a la discrecionalidad del sumariante, lo que naturalmente, se constituiría en una arbitrariedad intolerable en un estado constitucional de derecho”. Por lo expuesto, en el caso en análisis las autoridades demandadas, al destituir al accionante en base al art. 29 de la LACG, sin que su conducta este sancionada con tal medida en el Reglamento Interno de AASANA, vulneraron los derechos denunciados en la presente acción de defensa."
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1762/2014 Sucre, 15 de septiembre de 2014
SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Ruddy José Flores Monterrey Acción de amparo constitucional
Expediente: 06216-2014-13-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 041/2014 de 10 de febrero, cursante de fs. 158 a 160, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Monzón Castillo contra Raúl Velasco Ramos y Guillermo Málaga Arteaga, Director General Ejecutivo y Juez Sumariante, respectivamente, de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
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