Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1787/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 67345-2024-135-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 26/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Felipe Fernando Viveros y José Luis Reguerin Llanos contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria, ambas de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. OBJETO PROCESAL
Los accionantes denunciaron la lesión del debido proceso, sus derechos a la libertad a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y sin dilaciones; asimismo, del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Resolución 219/2024 de 13 de junio, el Juzgado de Instrucción Penal Octavo del Departamento de La Paz, dispuso la cesación de su detención preventiva imponiendo una fianza económica para cada uno, decisión que fue apelada y posteriormente confirmada por Auto de Vista de 23 de julio de 2024, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, pese a dicha resolución, hasta la interposición de la presente acción tutelar (12 de septiembre de 2024) transcurrieron cuarenta y ocho días sin que la referida Sala Penal hubiese devuelto el legajo de apelación al Juzgado de origen, impidiendo a los accionantes solicitar la modificación de sus medidas cautelares; por lo que, solicitan se conceda la tutela, se ordene la devolución inmediata del expediente y se reconozcan daños y perjuicios por la demora.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 20, señaló que cumplió con resolver la apelación y emitir el Auto de Vista de 23 de julio de 2024, conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ya que, no es responsable de la supuesta vulneración, alegando falta de legitimación pasiva.
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