Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1851/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 68449-2024-137-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeber Adrián Ríos Angulo en representación sin mandato de Cristian Ríos Angulo contra Juan Pablo Olmos Tapia, Santa Cruz Arias Gutiérrez; y, Hugo Celso Fernández Peñaranda, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. OBJETO PROCESAL
El accionante, a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2024, cursante de fs. 10 a 13, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, el 27 de agosto del indicado año, luego de tres años, siete meses y tres días de su detención preventiva, solicitó cesación de la misma, ante el Tribunal de Sentencia Penal ahora demandado; la cual, fue señalada para el 9 de septiembre de ese año; empero, ésta no se llevó a cabo, apareciendo luego una ilegal acta de suspensión y reprogramación del actuado para el 20 de idéntico mes y año, que tampoco se instaló. Debido a ello, el 26 del referido mes y año, reiteró su pedido de cesación de su detención preventiva; empero, el Presidente del aludido Tribunal, mediante decreto del siguiente día, dispuso "Estese al acta de suspensión y reprogramación"; el cual, no existía al no haberse instalado el acto; no obstante, "aparece" una en la cual se fijó la audiencia para el 7 de octubre del citado año, que de igual forma no se instaló, sin que curse acta alguna; por lo que, el 16 de igual mes y año presentó solicitud de copias del expediente, siendo ese más su respectivo decreto, el último actuado cursante en el expediente. En ese sentido, solicita se disponga que en el plazo fatal de veinticuatro horas se señale audiencia de cesación de su detención preventiva; además, se remitan antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, a fin de determinar las responsabilidades penal y disciplinaria.
Juan Pablo Olmos Tapia, Santa Cruz Arias Gutiérrez; y, Hugo Celso Fernández Peñaranda, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 25 y vta., manifestaron que conforme a las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el único funcionario autorizado para la realización de las diligencias de notificaciones es la Secretaria quien tiene el usuario del Sistema de Registro Judicial (SIREJ) y debe generarlas por el sistema para que luego la Gestora de Procesos pueda diligenciarlas, siendo una función específica conforme el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, en concordancia con el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, por la recargada carga procesal del Tribunal, la Secretaria presentó un informe escrito al que se remiten sobre los óbices que tuvo que cumplir con su obligación. Sobre las actas de suspensión, no existió acto doloso; por cuanto, todos los días se las realiza con el mismo formato para reprogramar las audiencias que no pudieron instalarse por falta de notificaciones y a fin de convocar a un nuevo actuado de oficio y así poder atender a las dos mil setecientas causas en movimiento. En ese mérito, pidieron se deniegue la tutela impetrada.
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