Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1852/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 68456-2024-137-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcial Huarina Segales contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz.
I. OBJETO PROCESAL
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y al principio de celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 30 de septiembre de 2024, se presentó acusación formal, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se haya remitido al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente; actuar que ocasiona dilación y retardación de justicia. En ese contexto, solicita que en el día se envíe y sortee su causa ante el Juzgado de Sentencia Penal, y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público. Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 7 y vta., refirió que la obligación material de remitir las acusaciones fiscales y los cuadernos de control judicial recae de forma exclusiva sobre el personal subalterno y de secretaría, careciendo de responsabilidad directa en dicho trámite. Luego de la presentación del requerimiento conclusivo fiscal bajo el procedimiento inmediato, decretó la providencia ordenando de forma expresa que por secretaría se procediera al sorteo previo y remisión formal del caso ante el Juzgado de Sentencia Penal en cumplimiento del art. 393 ter numeral 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El impetrante de tutela mantuvo una postura pasiva; puesto que, su defensa jamás presentó ningún memorial previo ante su despacho reclamando o haciendo conocer la supuesta falta de remisión de los antecedentes antes de activar de forma directa la vía constitucional. La causa ya fue formalmente remitida y recepcionada el 15 de octubre de 2024, a horas 9:15, por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 10, ratificó los extremos informados por la autoridad jurisdiccional y manifestó que la remisión del cuaderno de control jurisdiccional se ejecutó en estricta observancia de los plazos el 14 de igual mes y año, para la correspondiente revisión ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del citado departamento; sin embargo, el personal de dicho Juzgado retuvo el cuaderno bajo el argumento de que debían realizar un control previo, instruyendo retornar al día siguiente. En consecuencia, al no existir observaciones, fue recepcionado el 15 de octubre del precitado año.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, concedió la tutela impetrada, porque se incumplieron los plazos legales, existió una demora injustificada de más de trece días relacionada con una persona privada de libertad, y las autoridades judiciales ahora demandadas no realizaron el debido control del trámite, vulnerando el derecho a la libertad y el principio de celeridad.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
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