Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1874/2026-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56806-2023-114-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 56/2023 de 5 de julio, cursante de fs. 337 a 342, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Román Condori Mamani contra Sara Olivera Choque, Jesús Cruz Paco, Nieves Anabe Romero, Freddy Mamani Nina, Oscar Macario Velásquez Mallcu, Edmee Mireya Castillo Rojas, Iván Quispe Gutiérrez, Nilda Fernández Calle, Julio René Silvestre Saavedra, Samuel Mendizabal Villca y José Antonio Flores Copa, todos Concejales del Concejo Municipal Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro.
I. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 128 a 137 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En la gestión 1999, adquirió una superficie de 9 ha de terreno ubicada en el exfundo Cochiraya, cantón Caracollo de la provincia Cercado del departamento de Oruro, mediante las Escrituras Públicas 94/99 -de 27 de enero de 1999- y 155/99 -de 6 de febrero de 1999-, que fueron inscritas en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 4.01.1.01.0037094. Desde la adquisición de dicho inmueble, enfrentó diversos conflictos por intrusiones y asentamientos de terceros, lo que derivó en la sustanciación de un proceso de mensura y deslinde iniciado el 2010, el cual, concluyó con la emisión del -de 3 de agosto-, ratificando los límites de su terreno frente a quienes pretendían asentarse en el mismo.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley Municipal 004 de 23 de diciembre de 2013 y su modificación mediante la Ley Municipal 022 -no cita fecha- ambas emitidas por el GAM de Oruro, se incorporó dentro de las áreas protegidas del municipio una parte de su propiedad, afectando una superficie de 13 918,42 m2, a partir de esa afectación, promovió ante el Concejo Municipal de la referida entidad un recurso de reconsideración el 27 de mayo de 2021, que fue respondido negativamente mediante Informe Legal RCC/D.A.J. 199/2021 de 15 de junio, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del referido Concejo, aprobado en sesión del mismo y notificado el 18 de junio de 2021, sin ingresar al fondo de la problemática relativa a su derecho propietario.
Ante esa determinación, el 12 de julio de 2021 interpuso recurso de control de legalidad, denunciando la afectación a su derecho a la propiedad privada y al debido proceso, así como la aplicación retroactiva de las leyes municipales que declararon áreas protegidas parte de su inmueble. Mientras dicho trámite administrativo se encontraba pendiente de respuesta, el 18 de agosto de ese año promovió una acción de inconstitucionalidad concreta contra las disposiciones municipales que -a su criterio-, incidieron directamente en la resolución del conflicto; sin embargo, el 22 de septiembre de igual año, fue notificado con dos informes legales, uno que supuestamente daba respuesta al recurso de control de legalidad y otro que denegaba la remisión de la acción de inconstitucionalidad concreta al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tales informes legales, no habrían sido tratados ni aprobados por el pleno del Concejo Municipal del GAM Oruro; por lo cual, con el propósito de obtener una solución por la vía administrativa, el 18 de enero de 2022 solicitó audiencia con Freddy Mamani Nina, entonces Presidente del citado Concejo -ahora demandado-; en ese marco, sostuvo varias reuniones con el personal jurídico de dicha entidad durante la gestión 2022; sin embargo, no obtuvo una respuesta definitiva. Por ello, el 11 de noviembre de ese año, pidió nuevamente una respuesta formal por escrito; por ende, el 26 de enero de 2023, fue notificado con el Informe C.M.O.-C.A.L. INF. 299/2022 de 14 de diciembre, aprobado en sesión ordinaria del referido Concejo el 24 de enero de 2023; por el cual, fueron convalidadas las actuaciones anteriores y mantuvo la negativa de remitir la acción de inconstitucionalidad concreta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En mérito a ello, acudió a la presente acción tutelar, denunciando la afectación de sus derechos por la falta de tramitación y remisión de dicha acción constitucional dentro del procedimiento administrativo seguido ante el Concejo Municipal del GAM de Oruro.
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