Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1882/2026-S1 Sucre, 14 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 53610-2023-108-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 020/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vilma Rita Micordia Jallaza de Pérez y Agustín Pérez Lozano contra Hugo Bernardo Córdova Egüez y Julio César Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memoriales presentados el 5 y 12 de enero de 2023, cursantes de fs. 44 a 50 vta. y 54 a 56, manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante memoriales de 17 y 27 de octubre de 2019, Jaime Edwin Villafani Bustamante, propietario de la empresa unipersonal de Repuestos Industriales Petroleros y Equipos (RIPE) -hoy tercero interesado- formuló demanda ordinaria de cumplimiento de contrato contra la empresa Constructora Royal Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) representada legalmente por Rolando Nelzon Careaga Alurralde -ahora tercero interesado-; sin embargo, el 8 de enero de 2021, adjuntando los Formularios de Información Rápida de 16 de noviembre de 2020, el demandante -coaccionante- pidió el embargo de los bienes inmuebles registrados en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo las matrículas computarizadas 1011990054611, 1011990047291, 1011990047289, 1011990047286, 1011990047285 y 1011990047282 de propiedad de Rolando Nelzon Careaga Alurralde y Sara Sandra Cabrera Mendieta, disponiéndose por Auto DEF 12/2021 de 13 de enero, la medida cautelar de embargo respecto de dichos bienes inmuebles; pronunciándose la Sentencia 38/2021 de 30 de abril, que declaró probada la demanda, y dispuso que al tercer día de su ejecutoria se cancele la suma adeudada, más daños y perjuicios.
El 14 de octubre de 2021, el demandante presentó los Formularios de Información Rápida de 15 de septiembre del citado año, y por escrito de 31 de enero de 2022, solicitó el remate de seis bienes inmuebles con matrículas computarizadas 1011990054611, 1011990047291, 1011990047289, 1011990047286, 1011990047285 y 1011990047282 determinándose por Auto de 8 de febrero de 2022, se proceda a la subasta y remate de los mismos.
Por memorial de "20 de abril de 2022" acreditando su derecho propietario sobre el bien inmueble bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0047289 adquirido mediante la Escritura Pública 334/2022 de 24 de febrero y registrado en la Oficina de DD.RR. el 21 de marzo de 2022, sus personas -accionantes- formularon una tercería de dominio excluyente sobre el indicado bien inmueble; sin embargo, al haber adjudicado la Martillera dicho bien el 4 de mayo de 2022, a Ricardo Omar Mita Castro -hoy tercero interesado-, por Auto Definitivo 147/2022 de 17 de mayo, la Jueza de primera instancia declaró improbada la mencionada tercería, alegando que ese bien inmueble fue objeto de la medida cautelar de embargo dispuesta el 13 de enero de 2021, con base en la Información Rápida obtenida el 16 de noviembre de 2020, que establecía como titulares del bien inmueble al demandado Rolando Nelzon Careaga Alurralde y Sara Sandra Cabrera Mendieta (no demandada), embargo que el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, cumplió el 5 de febrero de 2021; ante esa determinación sus personas -accionantes- plantearon recurso de apelación contra dicho Auto Definitivo, emitiendo los Vocales ahora accionados el Auto de Vista SCC1 261/2022 de 17 de agosto, confirmando el referido Auto Definitivo recurrido, actuación que consideran vulnera:
- a)El derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba vinculado con su derecho a la propiedad
Omisión de valoración del folio real del bien inmueble con matrícula computarizada 1011990047289
Denunciaron en su recurso de apelación que la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato (obligación de pago) fue dirigida contra la empresa Constructora Royal S.R.L., advirtiéndose del antecedente dominial del folio real del bien inmueble bajo la matrícula computarizada 1011990047289, que el mismo fue adquirido de sus propietarios y titulares Sara Sandra Cabrera Mendieta y Rolando Nelzon Careaga Alurralde, sin que la indicada empresa Constructora hubiese figurado como propietaria, menos aún se advierte del Asiento B de gravámenes y restricciones del folio real del bien inmueble, la inscripción de embargo en favor del demandante -ahora tercero interesado- en la Oficina de DD.RR.; habiendo ordenado la Jueza de primera instancia el remate de su propiedad sin contar previamente con la certificación de inscripción previa del embargo ni haber acreditado las condiciones de dominio sobre dicho bien inmueble, el que de acuerdo con el folio real no pertenecía a la demandada empresa Constructora Royal S.R.L. hoy tercera interesada, sino a los accionantes, -Vilma Rita Micordia Jallaza de Pérez y Agustín Pérez Lozano- pretendiendo ahora de manera ilegal y arbitraria despojarlos de su derecho propietario perfecto, único y exclusivo debidamente inscrito en la Oficina de DD.RR., alegando que como terceristas no lograron acreditar su derecho propietario y de existencia cierta sobre el indicado bien inmueble antes del embargo, careciendo de derecho propietario oponible contra el demandante hoy tercero interesado o cualquier otro tercero debido a una incorrecta interpretación de la norma alegada en el recurso formulado.
De acuerdo con los arts. 1296 en relación con el 1523 del Código Civil (CC) y 17 del Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre, el folio real constituye plena prueba que acredita la titularidad del dominio sobre un bien inmueble y la existencia de restricciones y gravámenes que puedan pesar sobre él; no obstante, sin valorar el folio real con matrícula computarizada 1011990047289 que evidencia la adquisición del bien inmueble de sus anteriores propietarios Sara Sandra Cabrera Mendieta y Rolando Nelzon Careaga Alurralde (personas no demandas), los Vocales ahora accionados concluyeron que no acreditaron su derecho propietario como terceristas, desconociendo que al momento de registrar su compra no existía registro de embargo alguno en favor del demandante Jaime Edwin Villafani Bustamante, propietario de la empresa unipersonal RIPE, al carecer la deudora empresa Constructora Royal S.R.L. de derecho propietario sobre ese bien inmueble y que el embargo fue dispuesto respecto de un bien que no le pertenecía, contraviniendo el embargo lo previsto por los arts. 44 del DS 27957 y 1470 del CC, embargo y remate que vulneran su derecho a la propiedad privada en su calidad de terceristas, habiendo omitido valorar los Vocales ahora accionados el indicado folio real 1011990047289, documento que acredita su derecho propietario perfecto, único y exclusivo sobre dicho bien inmueble.
- b)El derecho al debido proceso en su elemento de interpretación y aplicación correcta del ordenamiento jurídico vinculado con el derecho a la propiedad
Los Vocales ahora accionados alegaron que los arts. 1473 del CC y 411 del Código Procesal Civil (CPC) no pueden ser entendidos en sentido literal y de manera aislada; ya que, el embargo por disposición del art. 327 concordante con el art. 411 del citado Código, es eficaz desde su ejecución -no registro- a cargo del Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, razón por la que el art. 1474 del CC, sanciona con ineficacia los actos de disposición del deudor u obligado con relación al acreedor embargante, pues ejecutado el mandamiento de embargo no puede alegarse una tercería de dominio excluyente sobre un derecho de adquisición ineficaz al encontrarse el bien inmueble embargado con anterioridad; por lo que, aplicando las reglas de interpretación sistemática en los arts. 1 de la Ley de Inscripción de DD.RR. de 15 de noviembre de 1887, 4 del DS 27957, 1473 del CC y 411.II del CPC en relación con los arts. 1470.I del CC y 44 del referido Decreto Supremo, cuando una autoridad judicial dispone el embargo de bienes inmuebles, dicha medida recae sobre el bien inmueble propio del deudor demandado, debiendo procederse con su inscripción en la Oficina de DD.RR. para surtir efecto contra terceros, razonamiento que permite concluir que la medida cautelar de embargo ordenada sobre bienes inmuebles propios del deudor demandado, resulta eficaz a partir de su inscripción en la indicada Oficina de DD.RR., evidenciándose que los Vocales ahora accionados al indicar que el embargo previsto por el art. 327 concordante con el 411 del CPC, resulta ser "...eficaz desde su ejecución por el Oficial de Diligencias..." (sic) utilizaron una regla de interpretación arbitraria y aislada, cuando por el contrario, de una interpretación sistemática de dichas normas, la inscripción del embargo de la propiedad del deudor demandado en el Registro de DD.RR., es lo que hace ineficaz todo acto de disposición sobre dicho bien inmueble y no como se pretende, sancionando los arts. 147 del CC, 59 del DS 27957 y 414.I del CPC de manera conteste, con ineficacia, los actos de disposición realizados por el deudor demandado, sobre el bien de su propiedad después de la fecha de inscripción del embargo en la Oficina de Registro de DD.RR.; de igual manera, aplicando la regla de interpretación sistemática conforme los arts. 52 y 360.II del CPC, 56 de la CPE, 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la tercería de derecho excluyente se justifica en el folio real que acredita el derecho propietario del tercerista sobre el bien inmueble en resguardo a la inviolabilidad de su derecho a la propiedad; consecuentemente, la conclusión referida a que, no se puede alegar una tercería de dominio excluyente bajo un derecho de adquisición ineficaz por encontrarse dicho bien inmueble embargado con anterioridad, evidencia una interpretación arbitraria y aislada de las normas adjetivas y constitucional.
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