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TCP

1887/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de septiembre de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1887/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1887/2026-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 86170-2026-173-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 189/2026 de 6 de julio, cursante de fs. 94 a 99, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rogelia Yana Chambi en representación del menor de edad AA contra Lilian Mercedes Sandi Ochoa y Helen Lourdes Gutiérrez Miranda, Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de mayo y 8 de junio de 2026, cursantes de fs. 18 a 26; y, 69 a 73, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 28 de febrero de 2025, los progenitores del menor de edad BB interpusieron una demanda de infracción por violencia -art. 153.I, inc. i) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA)- contra AA, atribuyéndole una agresión ocurrida el 20 de mayo de 2024 en instalaciones de la Unidad Educativa Inglés Católico. Alegaron que BB habría recibido un golpe en los genitales, lesión por la cual fue atendido inicialmente en el Centro de Salud Villa Nueva Potosí y; posteriormente, en el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) Salud Sexual - Salud Reproductiva, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para la extirpación del testículo derecho.

La demanda fue conocida por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, cuyo titular, mediante Sentencia 226/2025 -de 1 de agosto-, la declaró improbada al considerar que los elementos producidos durante el proceso no eran suficientes para atribuir a AA la autoría de la agresión denunciada; sin embargo, en grado de apelación, las Vocales demandadas emitieron el Auto de Vista 748/2025 -de 24 de noviembre-, por el cual revocaron íntegramente la determinación de primera instancia y declararon probada la demanda por infracción.

No obstante, el mencionado Auto de Vista vulneró los derechos de AA, debido a que las autoridades judiciales demandadas:

  1. a)No fundamentaron las razones por las cuales otorgó credibilidad al relato de BB, pese a que este resultaba incongruente e inconsistente y carecía de persistencia, circunstancia que incluso fue advertida en el informe elaborado por el Equipo Interdisciplinario. En consecuencia, la atribución de responsabilidad contra AA se sustentó en un testimonio aislado, sin identificar otros elementos objetivos de carácter documental, testifical o pericial que corroboraran suficientemente la versión de los hechos denunciados;
  2. b)No valoraron adecuadamente el Informe de 3 de septiembre de 2024, elaborado por el Equipo Técnico del señalado Juzgado y mencionado en la Sentencia 226/2025. Dicho Informe estableció que AA presentaba signos de ansiedad significativa y dependencia emocional, pero también un adecuado control de impulsos y ausencia de indicadores de agresividad. Aspectos que, contradecían lo sostenido por la parte actora;
  3. c)La Defensoría de la Niñez y Adolescencia no cumplió adecuadamente sus funciones de protección respecto de ambos menores de edad, tanto de la presunta víctima como de AA. En efecto, promovió la demanda sin realizar previamente una investigación objetiva, integral y diligente de los hechos ni valorar adecuadamente los elementos existentes, pese a las inconsistencias advertidas desde un inicio en las declaraciones de la presunta víctima;
  4. d)Durante la tramitación del proceso, los testigos propuestos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los progenitores de BB incurrieron en contradicciones relevantes. Además, los propios testigos reconocieron que no presenciaron directamente los hechos y no aportaron elementos documentales, médicos, psicológicos o escolares que corroboraran la agresión atribuida a AA;
  5. e)Pese a que la supuesta agresión habría ocurrido dentro de la unidad educativa y en presencia de varios estudiantes, no se presentaron declaraciones de testigos presenciales, grabaciones de cámaras de seguridad, informes disciplinarios ni otros elementos objetivos que respaldaran la denuncia. A ello, se añade que, los progenitores de la presunta víctima reconocieron que no solicitaron oportunamente informes ni la adopción de medidas concretas a las autoridades educativas;
  6. f)Durante las audiencias, los testigos vinculados a la presunta víctima no brindaron explicaciones satisfactorias sobre su inasistencia a determinados actos destinados al esclarecimiento de los hechos. Se limitaron a señalar que pudieron llegar o que se atrasaron; tampoco pudieron explicar por qué no solicitaron informes a otras instituciones para verificar lo sucedido. Asimismo, pese a ser profesional del área médica, la progenitora de BB se limitó a manifestar que no se dio cuenta de determinados aspectos relevantes; y,
  7. g)Antes de la última audiencia, en la que debían prestar declaración los testigos ofrecidos por la defensa, los progenitores de la presunta víctima se habrían apersonado al Juzgado de origen con la intención de influir en sus testimonios y modificar sus declaraciones en favor de BB. Este hecho constaría en antecedentes y habría sido conocido por el Juez de primera instancia; sin embargo, las Vocales demandadas omitieron examinarlo al emitir el Auto de Vista cuestionado.
I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

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