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TCP

1899/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de septiembre de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1899/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1899/2026-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 59444-2023-119-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 225/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 108 a 112, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Justina Quenallata Molleguanca contra Juan Diego Tejerina Morato, ex Director Departamental; Laura Gabriela Paco Tangara, Administrativa II; y, Boris Ángel Leaño Abastoflor, Jefe de Sección de Registro Civil, todos del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de agosto y 15 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 13 a 17 y 21 a 23 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Realizó su vida civil conforme a los datos consignados en el Certificado de Nacimiento 0772910 que señala como fecha de nacimiento 13 de abril de 1961; en diciembre de 2022, quiso renovar su certificado de nacimiento en compañía de sus hijas, no obstante, las mismas le hicieron notar que su fecha de nacimiento era diferente a la que uso en toda su vida civil, la mayor parte de su vida estuvo en provincia y desconocía totalmente que el SERECI registraba otra fecha de nacimiento de su persona, fecha que es incongruente con su edad, la cual puede ser confirmada a simple vista con una verificación facial; asimismo, tiene una hija que nació el 4 de octubre de 1981; por lo que, si fuera real la fecha que consigna el SERECI -1973- habría tenido a su hija a los "6" años de edad, lo cual es totalmente incongruente. Al estar viviendo en provincia no necesitaba cédula de identidad y no realizaba trámite alguno, peor aún su persona no sabe leer, por lo tanto, desconocía lo que figuraba en el registro del SERECI y lo que decía su cédula de identidad, misma que nunca utilizó.

El 2022 cuando mediante sus hijas se enteró de la fecha de nacimiento que figuraba en su cédula de identidad quiso subsanar la misma en el SERECI, no obstante no tuvo una respuesta favorable, ya que pese a los referidos antecedentes el SERECI emitió la Resolución Administrativa 5wgWDYb5/2023 de 10 de enero, que resolvió rechazar la solicitud de cambio de fecha de nacimiento en su Partida de Nacimiento, inscrita en la Oficialía 66, Libro N0012/72, Partida 149 con fecha de inscripción 21 de noviembre de 1973; posteriormente, se emitió la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria SERECI-La Paz-LGPT-TACL 153/2023 de 19 de enero, que ratificó en todas sus partes la Resolución Administrativa 5wgWDYb5/2023. Finalmente, se emitió la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico JSRC 013/2023 de 10 de febrero, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria SERECI-La Paz-LGPT-TACL 153/2023.

El SERECI no consideró la prueba documental que presentó, tampoco tomó en cuenta que a simple valoración visual se puede percatar que no nació en 1973, que realizó todos los actos civiles con la fecha de nacimiento 13 de abril de 1961, que desconocía la Partida de Nacimiento que señala como fecha de nacimiento en 1973. Como prueba de que nació el 13 de abril de 1961, además del Certificado de Nacimiento 0772910, presentó Certificación emitida por las autoridades del Ayllu Originario de Huatascapa de la Marka Italaque de la provincia Camacho del departamento de La Paz.

La Resolución Administrativa 5wgWDYb5/2023, que rechazó la solicitud de cambio de fecha de su nacimiento carece de fundamentación, debido a que no consideró el art. 9 del Código Civil (CC), que señala el derecho al nombre, se lesiona dicho derecho porque no puede renovar su certificado de nacimiento con una fecha que es contraria a la fecha que nació. Además, el art. 7 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013- establece el trato preferente que deben brindar las instituciones públicas y privadas a las personas adultas mayores, y la capacidad de respuesta institucional, debiendo la misma ser oportuna; cumpliendo asimismo con el Reglamento de Rectificación, Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y Traspaso de Partidas de Registro Civil por la Vía Administrativa, aprobado por Resolución TSE-RSP 080/2012 de 15 de mayo.

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