Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1907/2026-S2 Sucre, 21 de septiembre de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 52792-2023-106-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 009/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 147 a 150, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Marcelo Barrios Arancibia y Alex Gustavo Rengel Patzi contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 20 de diciembre de 2022, cursantes a fs. 1 y 13 a 27 vta.; y, 57 a 60, los accionantes manifiestan lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario con Número de Registro Judicial (NUREJ) 1088949, seguido por Lourdes Roxana Salinas Ortega, Técnico de Prevención y Transparencia del Consejo de la Magistratura en su contra y de Próspero Franz Segovia García, entonces Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, instaurado a denuncia de Caupolican Amir Mendivil Cavero, por la supuesta lectura parcial, emisión tardía y notificación extemporánea de la Sentencia 1/2019 de 15 de enero, dentro del proceso penal con Sistema de Seguimiento de Causas Penales y Estadísticas Judiciales (IANUS) 201406768, por la comisión de los delitos de estafa y estelionato; asimismo, que la denuncia sostenía que el mencionado Tribunal únicamente leyó la parte resolutiva de la indicada Sentencia, fijando audiencia de lectura íntegra para el 18 de enero de 2019, la cual no se habría llevado a cabo debido a que fueron declarados en comisión electoral, y dicha Sentencia no fue emitida ni notificada dentro de los plazos legales, configurándose un retardo indebido e incurriendo en la falta prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); asimismo, se cuestionó la inexistencia física de las actas firmadas y la demora en que se subió y notificó de la referida resolución en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ).
Ante ello, el Juez Disciplinario de primera instancia, dictó la Resolución Definitiva 06/2020 de 18 de marzo, concluyendo que existió una demora injustificada de seis días hábiles en la emisión y notificación de la referida Sentencia, descartando como justificativo válido la carga laboral existente en el despacho judicial, y declaró probada la falta disciplinaria grave por retardo indebido; ante lo cual, solicitaron aclaración y complementación, cuestionando la falta de individualización de responsabilidades y la inexistencia de un perjuicio real al denunciante, solicitudes que fueron rechazadas; posteriormente, interpusieron recurso de apelación, alegando la falta de motivación, la indebida subsunción de la conducta y el desconocimiento de los roles diferenciados dentro de un tribunal colegiado; sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia, mediante Resolución TSI-AP 136/2022 de 22 de abril, confirmó íntegramente la resolución sancionatoria, señalando que la responsabilidad era conjunta al tratarse de un órgano colegiado, que la demora fue injustificada y que la resolución impugnada sí contenía fundamentación suficiente, ratificando que se configuró la falta disciplinaria grave por incumplimiento de plazos en la emisión y notificación de la sentencia.
En ese contexto, consideraron que, se vulneró la garantía al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, esta última resolución:
- a)Omitió pronunciarse sobre los puntos de apelación referidos a la individualización de los hechos, estableciendo su responsabilidad conjunta por haber suscrito el acta de registro de juicio oral, el acta de lectura de sentencia, y la Sentencia; sin que existiera la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho denunciado; y,
- b)Asimismo, incurrió en una incongruencia externa, toda vez que, se denunció que no firmaron las actas del juicio oral y que ese hecho constituyó una omisión o retardo, lo cual, les generó desconcierto, además que hubiesen inobservado el art. 361 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo cual no fue cuestionado por las partes en audiencia de lectura de sentencia.
I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada
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