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TCP

1936/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de agosto de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1936/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1936/2026-S1 Sucre, 21 de agosto de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 73681-2025-148-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 257/2025 de 11 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Daniel Torrico Mejia en representación sin mandato de Olker Lukwin Castellón Veizaga contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 10 de mayo de 2025, cursante de fs. 3 a 7, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Risel Paola Tiñini Sthenchs -ahora tercera interviniente- contra Olker Lukwin Castellón Veizaga -accionante- por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 13/2025 de 17 de enero, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses.

El 17 de abril de 2025, fue convocado a la "presente" audiencia de consideración y resolución de su situación jurídica, en la cual el Juez de la causa emitió el Auto Interlocutorio 120/2025 de la señalada fecha, disponiendo la aplicación de "medidas sustitutivas" -medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva-, rechazando la solicitud de ampliación de su detención preventiva formulada por el Fiscal de Materia y la presunta víctima.

Frente a dicha decisión, el Fiscal de Materia y la presunta víctima presentaron el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 120/2025, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 423/2025 de "2" de mayo, por la Vocal ahora accionada.

En ese entendido, durante la audiencia de recurso de apelación incidental, el Fiscal de Materia y la presunta víctima sostuvieron que el Juez de la causa, que emitió el Auto Interlocutorio 120/2025, no consideró la complejidad del caso al tratarse de un hecho de violencia sexual; por lo que, correspondía ampliar la detención preventiva a su persona por tres meses más, en atención a que se tienen actos pendientes de investigación; asimismo, señalaron que el Juez de primera instancia no consideró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, no desvirtuados, ni emitió una resolución fundamentada y congruente.

Sin embargo, la Vocal hoy accionada al resolver el recurso de apelación incidental, debió ceñirse al principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin extender su análisis más allá de los agravios expuestos por los apelantes; empero, emitió una resolución incongruente y a la vez extra petita.

Señala que, la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista 423/2025, incurrió en los siguientes actos ilegales:

  1. a)El Fiscal de Materia solicitó inicialmente un plazo de tres meses de detención preventiva ante el Juez de la causa, quien mediante Auto Interlocutorio 13/2025 de 17 de enero, dispuso su detención preventiva durante ese plazo, considerando que fue suficiente para la realización de los actos investigativos; sin embargo, es incoherente que el Fiscal de Materia solicite la ampliación del plazo, mostrando su negligencia en la investigación que no se cumplió en el plazo de tres meses que él mismo solicitó, extremo que carece de respaldo legal; en ese entendido, el reclamo planteado no justificaba que la citada Vocal deje sin efecto la resolución apelada, eso implicaría apartarse del principio de legalidad y premiar la negligencia del Fiscal de Materia;
  2. b)El mencionado Auto de Vista, realiza una interpretación errónea del art. 134 del CPP, al afirmar que la etapa preparatoria debe concluir en el plazo de seis meses y por dicho motivo sería procedente la ampliación del plazo de la detención preventiva, que no fue considerado por el Juez de la causa; sin embargo, de acuerdo al principio de legalidad, previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo afirmado es falso; puesto que, el mencionado artículo establece un plazo máximo de seis meses, entendimiento que ya fue aceptado por las partes procesales en audiencia de 17 de enero de 2025, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 13/2025, sin observación alguna;
  3. c)El accionante sostiene que el Juez de primera instancia expuso fundamentos suficientes para rechazar la ampliación de su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en el entendido de que, en el proceso penal de referencia no se acreditó que el caso sea complejo, al estar involucrada una sola persona, ni se presentó fundamentación o prueba que sustente la ampliación solicitada; asimismo, la denunciante no demostró requerir actos de investigación pendientes al Fiscal de Materia; en consecuencia, el Juez de la causa obró conforme a derecho; por lo que, la referida Vocal no debió dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025;
  4. d)La Vocal ahora accionada, reconoció el vencimiento de los tres meses de detención preventiva; no obstante, de manera ilegal sostuvo que la detención preventiva podría mantenerse, desconociendo el principio de legalidad y los alcances del art. 233 del CPP; sin embargo, vencido el plazo fijado para la detención preventiva, correspondía disponer su cesación; más aun, cuando la audiencia de consideración de situación jurídica su persona no depende necesariamente de los riesgos procesales;
  5. e)La citada Vocal señaló que el Juez de la causa no consideró en el marco de la oralidad, la ponderación de los derechos de la víctima frente a los del procesado; no obstante, dicho aspecto no fue planteado como agravio por los apelantes; por lo que, se vulneró el principio de imparcialidad, al emitir una resolución ultra petita;
  6. f)No es evidente que el Juez de primera instancia no hubiese considerado la perspectiva de género y el principio de convencionalidad; ya que, dichos aspectos fueron contemplados en el Auto Interlocutorio 120/2025; razón por la cual, no se dispuso la libertar irrestricta, sino la aplicación de medidas sustitutivas -menos gravosas- para dar cumplimiento a lo previsto por los arts. 221 y 222 del CPP;
  7. g)La parte resolutiva del Auto de Vista 423/2025 declaró admisible los recursos de apelación interpuestos declarando, "...PROCEDENTE EN PARTE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 120/2025, manteniendo la detención preventiva del imputado..." (sic [fs. 5]); sin embargo, en toda la resolución cuestionada no indica que agravios fueron viables o atendibles y que partes no, para determinar la procedencia en parte; en ese entendido, conforme a los arts. 251, 404, 405 y 406 del CP modificados por la Ley 1173, la indicada Vocal no pudo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025; ya que, su resolución debió ser confirmatoria total o parcial y revocatoria total o parcial, incurriendo en la emisión de una resolución ilegal y contradictoria a la ; en todo caso, para mantener la detención preventiva, la mencionada Vocal debió fundamentar la probabilidad de autoría y la subsistencia de los riesgos procesales, conforme al art. 233 del CPP, lo cual no ocurrió;
  8. h)La referida Vocal convocó a una nueva audiencia de su situación jurídica para el 5 de agosto de 2025, sin señalar la hora y fijando una fecha posterior al vencimiento del plazo de su detención preventiva, que concluía el 17 de julio de igual año, ampliando el plazo de manera indebida, resultando en una actuación ilegal que contradice su propio entendimiento del art. 134 del CPP, vulnerando además el principio de reserva legal;
  9. i)La indicada Vocal vulneró el debido proceso, reconocido por los arts. 115 y 180 de la CPE en relación con el art. 124 del CPP; debido a que, sin fundamentación alguna manifestó que el Juez de la causa hubiese incumplido los arts. 124 y 173 del CPP;
  10. j)En los recursos de apelación corresponde fundamentar agravios; sin embargo, tanto la Fiscal de Materia como la víctima, se limitaron a expresar meras disconformidades durante la audiencia del recurso de apelación incidental, sin demostrar la existencia de un derecho o garantía vulnerado; por lo que, no pudo dar lugar a la procedencia del citado recurso; y,
  11. k)finalmente, el Auto de Vista 423/2025 no consideró los fundamentos expuestos por su persona en respuesta a los recursos de apelación vulnerando el principio de igualdad consagrado por el art. 8 de la CPE.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, el principio de igualdad; citando al efecto los arts. 23, 115.I y 180.I de la CPE; y, art. 124 del CPP.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene, dejar sin efecto el Auto de Vista 423/2025 de "2" de mayo, emitido por la Vocal ahora accionada; asimismo, la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada, reforzada, motivada únicamente en relación a los supuestos agravios deducidos por ambos apelantes, sea confirmando total o parcialmente el auto apelado, en su caso revocando total o parcialmente el mismo, sin dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025 de 17 de abril; ya que, la jurisprudencia constitucional lo prohíbe

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que:

  1. 1)Se encuentra con detención preventiva dispuesta mediante Auto Interlocutorio 120/2025, emitido por el Juez de la causa, determinando dicha medida por el plazo de tres meses a solicitud del Fiscal de Materia, debido a la existencia de actos investigativos pendientes;
  2. 2)Cumplido el plazo de tres meses, el 17 de abril de 2025, se celebró la audiencia para considerar su situación jurídica; en dicha audiencia, el Juez de la causa rechazó la solicitud de ampliación de la detención preventiva planteada por el Fiscal de Materia y de la presunta víctima; debido a que, no se acreditó la complejidad del caso, ni la necesidad de nuevos actos investigativos; al contrario, el Juez de primera instancia concluyó que existía un solo imputado y que el pedido de ampliación evidenciaba negligencia del Fiscal, quien debió realizar las investigaciones dentro del plazo inicialmente concedido; en consecuencia, dispuso la cesación de la detención preventiva y la aplicación de "medidas sustitutivas" -menos gravosas a la detención preventiva-; esta decisión fue apelada por el Fiscal de Materia y la presunta víctima;
  3. 3)Como resultado del recurso de apelación incidental, el 2 de mayo de igual año, la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 423/2025, mediante el cual revocó la resolución que dispuso la cesación de la detención preventiva, determinando que continúe detenido; en ese entendido, Auto de Vista 423/2025 constituye el acto vulneratorio que motiva la presente acción de libertad; puesto que, contendría múltiples ilegalidades que vulneran el debido proceso, el derecho a la libertad personal y el principio de igualdad;
  4. 4)La Vocal hoy accionada realizó una interpretación errónea del art. 134 del CPP, al afirmar que la detención preventiva debía extenderse por seis meses, equiparando ese plazo con el máximo de duración de la etapa preparatoria; sin embargo, dicha interpretación es incorrecta; ya que, la norma establece un plazo máximo y no obligatorio; por lo que, la investigación puede concluir en un periodo menor; asimismo, la Vocal ahora accionada no valoró adecuadamente los fundamentos del Juez de la causa, quien determino que el caso no era complejo y que la solicitud de ampliación respondía a la negligencia del Fiscal de Materia;
  5. 5)Denunció que el Auto de Vista 423/2025 carece de debida fundamentación; puesto que, la citada Vocal declaró "procedentes en parte" los agravios de los apelantes, sin especificar cuáles fueron aceptados ni las razones que justificaban la revocatoria de la resolución apelada, lo que configura una decisión incongruente y omisiva; por otra parte, se cuestionó que la referida Vocal haya "dejado sin efecto" el Auto Interlocutorio 120/2025 apelado, cuando conforme a la normativa procesal penal, los tribunales de alzada únicamente pueden confirmar o revocar total o parcialmente las resoluciones recurridas; empero, no anularlas, citando al respecto la jurisprudencia constitucional aplicable; y,
  6. 6)Se convocó a una audiencia de reconsideración de su situación jurídica sin señalar hora y fijando la misma para una fecha posterior al vencimiento del presunto plazo de ampliación de la detención preventiva, lo que generó un periodo de detención ilegal; asimismo, denunció la vulneración del principio de igualdad; puesto que, en la audiencia de recurso de apelación incidental se concedió la palabra a la defensa; sin embrago, los argumentos expuestos no fueron considerados en la resolución. Por todo lo expuesto, pide que se conceda la tutela solicitada, se deje sin efecto el Auto de Vista 423/2025 y se ordene a la Vocal ahora accionada emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 11 de mayo de 2025, cursante de fs. 12 a 14 vta.; así como, en audiencia manifestó que:

  1. i)El Auto de Vista 423/2025 consideró los fundamentos expuestos por el Fiscal de Materia en el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 120/2025, señalando que el Juez de primera instancia hubiese incurrido en una insuficiente valoración de los elementos probatorios al rechazar la solicitud de ampliación de la detención preventiva bajo el argumento de que el caso no era complejo; sin embargo, no consideró que la investigación trataba sobre un delito de orden sexual y que en dicho caso el Juez de la causa debió efectuar la protección de la víctima; en ese entendido, debió considerar que transcurrieron tres meses, de los seis meses que tiene la etapa preparatoria para llegar a la verdad histórica de los hechos, siendo que en el presente caso, existen actos investigativos pendientes, como la recepción de la declaración testifical del administrador del hotel; asimismo, el caso sería complejo; ya que, el accionante atento contra la libertad sexual de la víctima; sin embargo, no señaló bajo que fundamentos fue rechazada la solicitud del Fiscal de Materia; más aun, cuando el accionante hubiese denunciado una presunta extorsión vinculada al hecho investigado, aspecto que debió ser considerado en la investigación. Razón por la cual, el referido Fiscal consideró que la decisión del Juez de la causa carecía de adecuada valoración y congruencia respecto a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, solicitando la revocatoria del Auto Interlocutorio 120/2025 y la continuidad de la detención preventiva;
  2. ii)La defensa de la víctima señaló que, el Auto Interlocutorio 120/2025 carece de una adecuada fundamentación y motivación; puesto que, el Juez de primera instancia se limitó a afirmar que el Fiscal de Materia y la víctima no justificaron la complejidad del caso, ni explicaron los actos investigativos que estarían pendientes; sin embargo, no ingresó al análisis de fondo; asimismo, el indicado Juez no consideró la naturaleza del delito investigado, ni aplicó el principio de "formalismo" -se entiende principio de informalidad- previsto en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia;
  3. iii)El Fiscal de Materia y la víctima solicitaron la ampliación de la detención preventiva debido a la existencia de actos investigativos pendientes que requerían un tiempo razonable de acuerdo a la Resolución primigenia "13/2026"; en ese entendido, dentro de los elementos que fueron ofrecidos para la ampliación de la detención preventiva, se mencionaron la recepción de declaraciones testificales, el secuestro de registros del hotel donde ocurrieron los hechos y otras diligencias investigativas, además de pericias y actuaciones derivadas de la inspección técnica ocular; asimismo, indicó que el Juez de la causa consideró que la carga procesal correspondía al Ministerio Público para no atentar el derecho a la libertad; empero, no señaló, ni estableció por qué no se cumplió con el desarrollo de la investigación en el plazo de tres meses; ya que, la complejidad debe ser probada y fundamentada en hechos que sean de relevancia social; en ese sentido, la ampliación de la detención preventiva solo procede cuando existe una petición fundada que demuestre la complejidad del caso, conforme al art. 233.3 del CPP, aspecto que debe sustentarse en la necesidad, temporalidad y utilidad de la medida cautelar. Sin embargo, la resolución del Juez de la causa no consideró los principios de oralidad y proporcionalidad; puesto que, debió efectuar una ponderación de los derechos de la víctima frente a los derechos del accionante; sin embargo, se limitó a afirmar que el caso no era complejo; asimismo, el Juez de primera instancia señaló que la carga probatoria le correspondía al Ministerio Público; por lo que, se hubiese demostrado que faltan actos investigativos como las pruebas testificales y la pericia del celular de la víctima y que actualmente se estaría tratando la investigación por el delito de extorción; por ello, al fijarse únicamente el plazo de tres meses, quedarían tres meses más para que el Ministerio Público llegue a la verdad histórica del hecho, lo cual no fue considerado por el Juez e la causa; por ello, el Tribunal de alzada consideró que los fundamentos del Juez de primera instancia carecían de logicidad jurídica e incumplían los arts. 124 y 173 del CPP; y,
  4. iv)Como segundo fundamento de su apelación, la víctima señaló que la resolución impugnada no aplicó la perspectiva de género, incumpliendo el principio de convencionalidad; ya que, el Juez de la causa no explicó cómo debió aplicarse el principio de convencionalidad; por el contrario, minimizó los riesgos procesales y la situación de vulnerabilidad de la víctima, vulnerando de esa manera el derecho a la igualdad; en ese marco, solicitó que se declare admisible el recurso de apelación, se revoque el Auto Interlocutorio 120/2025 y se disponga la ampliación de la duración de la detención preventiva. Al respecto, el Tribunal de alzada señaló que, el Juez de la causa no consideró adecuadamente la situación de vulnerabilidad de la víctima, ni los riesgos procesales al momento de definir la situación jurídica del accionante y los actos investigativos pendientes; en ese sentido, el Juez de primera instancia incumplió el principio de logicidad, proporcionalidad y ponderación de la víctima respecto a la aplicación del art. 231 bis del CPP; ya que, las medidas cautelares tienen carácter instrumental y buscan garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso; en consecuencia, al incumplirse los arts. 2, 6, 7, 21 y 22 del CPP, el Tribunal de alzada consideró fundados los agravios planteados por el Fiscal de Materia y la presunta víctima; por ello, dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025, emitido por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, manteniendo la detención preventiva del procesado conforme Auto Interlocutorio "13/2025"; asimismo, aceptó la solicitud del Fiscal de Materia de ampliar el plazo de la detención preventiva por tres meses adicionales, fijando una audiencia para reconsiderar la situación jurídica del accionante, el 5 de agosto de 2025; finalmente, manifestó que cumplió con lo establecido por el art. 398 del CPP, circunscribiendo su resolución a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada.
I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 257/2025 de 11 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 423/2025 de "2" de mayo -según la Vocal ahora accionada de 5 de mayo-; bajo los siguientes fundamentos:

  1. a)La Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercera de la Capital del citado departamento, dispuso inicialmente la detención preventiva del accionante por el plazo de tres meses, conforme al art. 233.3 del CPP; posteriormente, convocados los sujetos procesales por el Juez de la causa en el proceso penal de referencia, otorgó la cesación de la medida cautelar de carácter personal y dispuso la imposición de otras medidas cautelares. Sin embargo, el Auto Interlocutorio 13/2025 fue apelado y la Vocal ahora accionada emitió el mencionado Auto de Vista, el cual fue cuestionado por carecer de debida fundamentación y motivación, estableciéndose reclamos por la emisión de una resolución arbitraria;
  2. b)No se demostró que la vida del accionante estuviera en peligro; ya que, no existió contradictorio en cuanto al derecho a la vida; por ello, el análisis se centró en la posible vulneración del derecho a la libertad personal en relación al procesamiento indebido en cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones; asimismo, considerando que la indicada Vocal no remitió oportunamente los antecedentes solicitados en el Auto de Admisión de la presente acción tutelar, la resolución se basa en lo establecido por el accionante y el informe presentado por la Vocal hoy accionada;
  3. c)Se reclamó que la referida Vocal no hubiese cumplido con el art. 134 del CPP al equiparar el plazo máximo de seis meses de la etapa preparatoria con la duración de la detención preventiva por el mismo plazo; al respecto, señaló que la etapa preparatoria debe concluir en dicho plazo máximo, salvo que se trate de organizaciones criminales; en ese entendido, señaló que el caso se trata de una calificación provisional por la presunta comisión del delito de violación; por lo que, no corresponde la ampliación; lo cual es evidente; ya que, la citada Vocal consignó el art. 134 del CPP y señaló que existían actos pendientes de investigación; sin embargo, referir que conforme el art. 134 del CPP se restan meses al Fiscal de Materia para seguir con la investigación y con dicho argumento revocar o dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 13/2025, evidencia la falta de fundamentación; puesto que, el Fiscal de Materia conforme a Ley tiene seis meses realizar su investigación, sea con una persona en detención preventiva o con otras medidas de carácter personal; por lo que, el argumento del accionante es cierto; ya que, la finalidad y características de las medidas cautelares se encuentran establecidas por los arts. 221 y 222 del CPP; por lo que, se consideró que el Auto de Vista 423/2025 resulta ser arbitrario;
  4. d)En cuanto al segundo argumento por el que se otorgó la cesación a la detención preventiva, rechazando los argumentos del Fiscal de Materia y la víctima, situación que no fue considerada por la mencionada Vocal, la cual señaló que al tratarse de un hecho de violación es que el presente caso se constituye en complejo; se debe considerar que, cuando se realiza el control de la duración del plazo de la detención preventiva, se debe analizar la complejidad del caso para ampliar la etapa preparatoria y verificar si se tienen actos investigativos pendientes; sin embargo, la referida Vocal no realizó un análisis adecuado sobre la complejidad del caso para justificar la ampliación de la detención preventiva; ya que, únicamente sostuvo que, al tratarse de un delito de violación, el caso es complejo, sin aplicar los parámetros jurisprudenciales establecidos para determinar dicha complejidad; razón por la que, se considera que su resolución vulnera el derecho al debido proceso y el principio de presunción de inocencia; puesto que, no se puede fundamentar una medida restrictiva de libertad únicamente en la naturaleza del tipo penal de orden sexual; es decir, al señalar que al tratarse de un hecho de violación corresponde revocar una resolución, se estaría vulnerando la presunción de inocencia; por ello, su decisión no está debidamente fundamentada;
  5. e)Conforme a la SCP "0990/2019-S2 de 21 de octubre", los Tribunales de alzada deben confirmar o revocar las resoluciones apeladas; empero, no pueden anularlas o dejarlas sin efecto, lo que constituye una vulneración del debido proceso y contraviene el procedimiento previsto por el Código de Procedimiento Penal y la Ley 025, que establecen la manera de emitir pronunciamiento; en consecuencia, se verificó el cuarto reclamo; ya que, la citada Vocal no justificó en qué artículo del referido Código se basó para dejar sin efecto la resolución del Juez de primera instancia; por lo que, no emitió una resolución fundamentada y motivada;
  6. f)En cuanto al quinto reclamo, se evidenció que el Auto de Vista 423/2025 mantuvo la detención preventiva y fijó audiencia para el 5 de agosto de 2025, sin realizar un cómputo adecuado del plazo; en ese entendido, considerando que el periodo adicional de tres meses vencía el 17 de julio de 2025, existía un lapso superior a veinte días sin definición de la situación jurídica del accionante, lo que generaró una posible detención ilegal;
  7. g)El Auto de Vista 423/2025 incurrió en omisiones al alegar los arts. 124 y 173 del CPP; ya que, en etapa de investigación no se mencionan pruebas, sino elementos de prueba, si la Vocal ahora accionada consideró que se tratarían de pruebas debió establecer por qué las consideró de esa manera, señalando de forma concreta qué elementos no valoró de manera adecuada el Juez de primera instancia; además que, conforme al art. 233 del CPP, el Ministerio Público debe demostrar la complejidad; empero, no refiere que actos investigativos se van a realizar para justificar la ampliación de la detención preventiva; asimismo, no refirió nada respecto a la responsabilidad disciplinaria e incluso penal del Fiscal de Materia, en caso de que la víctima demuestre que existen actos investigativos pendientes; y,
  8. h)Por todo lo expuesto, se evidenció la vulneración del derecho a la libertad personal y del debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. A través de decreto constitucional de 12 de marzo de 2026, cursante a fs. 53 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 18 de agosto del citado año, cursante a fs. 57; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Disco Versátil Digital (DVD) que contiene la grabación digital de audios cortos relativos a la audiencia de consideración de apelación incidental, celebrada por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -hoy accionada- el 17 de abril de 2025 (fs. 1).

II.2. Al no existir documentación adjunta en la presente acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por el accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 3 a 7); lo manifestado en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa (fs. 16 a 19 vta.); y lo verificado por la La Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías emitido en Resolución 257/2025 de 11 de mayo (fs. 20 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, el principio de igualdad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Risel Paola Tiñini Sthenchs -ahora tercera interviniente-, contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 423/2025 de "2" de mayo, que resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el Fiscal de Materia y la presunta víctima, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025 de 17 de abril dictado por el Juez de la causa, incurriendo en los siguientes agravios:

  1. 1)Declaró "...PROCEDENTE EN PARTE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 120/2025, manteniendo la detención preventiva del imputado..." (sic [fs. 5]); apartándose del principio de legalidad y premiando la negligencia del Fiscal de Materia; puesto que, no detallo qué agravios fueron considerados fundados y cuáles no, a pesar de declarar su procedencia en parte; asimismo, sostiene que la Vocal hoy accionada no podía dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 120/2025, en el entendido de que, conforme al Código de Procedimiento Penal, su resolución debía ser confirmatoria total, parcial o revocatoria total o parcial, incurriendo de este modo en la emisión de una resolución ilegal;
  2. 2)Realizó una interpretación errónea del art. 134 del CPP, al sostener que la etapa preparatoria debía concluir en el plazo de seis meses y que, por ese motivo, sería procedente la ampliación del plazo de la detención preventiva, lo cual no fue considerado por el Juez de la causa; sin embargo, de acuerdo al principio de legalidad, dicha disposición establece un plazo máximo de seis meses; además que, no se acreditó la complejidad del caso, al encontrarse involucrada una sola persona, ni se presentó fundamentación o prueba que sustente la ampliación solicitada; y que la denunciante, no demostró la existencia de actos investigativos pendientes requeridos al Ministerio Público; por lo que, el Juez de primera instancia obró conforme a derecho;
  3. 3)De manera ilegal, sostuvo que la detención preventiva pudo mantenerse, desconociendo el principio de legalidad y los alcances del art. 233 del CPP, cuando correspondía disponer su cesación al vencimiento del plazo fijado; más aun, cuando la audiencia de consideración de su situación jurídica del imputado no depende necesariamente de los riesgos procesales;
  4. 4)Señaló que, el Juez de la cuasa no consideró, en el marco de la oralidad, la ponderación de los derechos de la víctima frente a los del procesado y que dicha ponderación no fue planteada como agravio por los apelantes; sin embargo, resolvió ese aspecto vulnerando el principio de imparcialidad al emitir una resolución ultra petita;
  5. 5)Convocó a una nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 5 de agosto de 2025, sin consignar la hora de la audiencia y fijando una fecha posterior al vencimiento del plazo de su detención preventiva, que concluía el 17 de julio de igual año, lo que implica una ampliación indebida de su detención; y,
  6. 6)No consideró los fundamentos expuestos por el accionante en respuesta al recurso de apelación incidental -planteados por el Fiscal de Materia y la víctima-, emitiendo una decisión contradictoria y vulnerando el principio de igualdad consagrado por el art. 8 de la CPE.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

  1. i)Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales;
  2. ii)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
  3. iii)El principio de congruencia como elemento sustancial del derecho al debido proceso;
  4. iv)Las atribuciones específicas del tribunal de alzada, tratándose del recurso de apelación incidental de medidas cautelares;
  5. v)La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación;
  6. vi)La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y,
  7. vii)Análisis del caso concreto.

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Tribunal Constitucional Plurinacional21 de agosto de 20261936/2026-S1Fuente oficial