Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1941/2026-S1 Sucre, 21 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56236-2023-113-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 03/2023 de 22 de julio, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Ticona Rios, Esteban Chillaje Mamani y Pedro Ignacio Javier contra Yasira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 6 de junio de 2023, cursante de fs. 89 a 97 vta., los accionantes, manifestaron los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves, hurto, robo de armamento y municiones de uso militar o policial, encontrándose detenidos preventivamente, el 24 de marzo de 2023, solicitaron la cesación de su detención preventiva; empero, el Tribunal de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, determinó rechazar su solicitud sin una fundamentación y valoración probatoria, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque serían un peligro efectivo para la sociedad; el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, porque estarían ocultando la escopeta que portaba uno de los fallecidos; y, el riesgo previsto en el at. 235.5 del citado Código, porque serían más de veinticinco a treinta personas que participaron en el hecho.
Contra dicha determinación, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por Yasira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 44/2023 de 13 de abril, por el que determinó declarar, respecto a Ramiro Ricona Ríos, parcialmente procedente y enervado el art. 234.6 del CPP manteniendo vigente los otros riesgos procesales; y con relación a Ramiro Ticona Ríos, Esteba Chillaje Mamani y Pedro Ignacio Javier, declaró improcedente; resolución que consideran injusta e ilegal en cuanto a la improcedencia con relación a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7; y, 235.1 y 5 del CPP, sin considerar los fundamentos expuestos como agravios, las pruebas aportadas ante el inferior descritos en al acta, fundamentos jurisprudenciales vinculantes relativos a cada riesgo.
La autoridad demandada para declarar la improcedencia del art. 234.7 del CPP, señaló que: "Que por verdad material no se ha remitido en el legajo ese documento, pero se ha alegado que esos elementos ya habían sido presentados en otras audiencias y que se debe considerar en el contexto, debemos puntualizar que para el señor Erick Mitma únicamente el riesgo de obstaculización numeral 1 y 2 del artículo 235 y deja vigentes para los otros coimputados, sin embargo la carga de la probatoria, corresponde al recurrente en el caso de autos se ha presentado un REJAP un informe de no violencia que no los puedo ahora apreciar pero se ha verificado que en otros autos de vista y resoluciones ha sido presentados esos elementos eso significa que no es un elemento nuevo...." (sic). Análisis completamente contradictorio, incomprensible, ya que primero se mencionó que no se remitió en el legajo de apelaciones el Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificados de No Violencia (CENVI) de los imputados, posteriormente hizo referencia que se presentó estos documentos pero que no los podía apreciar; empero, señaló que supuestamente habrían sido presentados anteriormente, no mencionó cuándo, en qué autos de vista o resoluciones fueron valorados, lo cierto y evidente, es que por estos documentos REJAP y CENVI, se estableció que sus personas no tienen ningún antecedente penal anterior al presente caso, menos de violencia familiar, documentos que fueron presentados ante el Tribunal de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, reconocido por la autoridad recurrida; sin embargo, no fueron valorados.
Asimismo, para declarar la improcedencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, señaló "Que la acusación por sí sola es insuficiente para enervar este riesgo procesal, si bien se ha cambiado la tipificación y ahora se estaría hablando del tema de hurto, se comprende que en realidad el mecanismo idóneo para cambiar este móvil que ha generado la audiencia de medida cautelar es otro y no este porque en síntesis nos estaría señalaría que al encontrarse en etapa de juicio esta decisión del titular de la acción que ha realizado el fiscal no tuviera posibilidad de ser cambiada..." (sic); no se comprende que es lo que pretendió señalar la autoridad judicial, con argumentos que no tienen coherencia a la petición formulada por la defensa, lo que se fundamentó en resumen es que un hecho objeto de investigación, no puede ser considerado como riego procesal, para desvirtuar este riesgo procesal, se presentó prueba para su análisis como elementos nuevos, consistente en ampliación de imputación formal, acusación formal; además, para contrastar en qué fecha o actuado se estableció la vigencia este riesgo procesal contenido en el art. 235.1. del CPP "Ocultamiento de la escopeta", se presentó la imputación formal y el acta de audiencia cautelar de 23 de enero de 2022, documentos generados con anterioridad a la ampliación de la imputación formal y acusación fiscal, de lo que se tiene acreditado que el riesgo procesal establecido en el señalado artículo fue establecido al inicio del proceso penal, posteriormente se convirtió en un hecho investigado y finalmente acusado.
Por otro lado, la autoridad judicial recurrida, no analizó en su cabal dimensión, la , que señaló: "De igual manera, con relación a la valoración de las circunstancias que determinaron la probabilidad de autoría, las cuales fueron igualmente estimadas de manera análoga, en la evaluación de la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad y la víctima, también resulta necesario recordar que el análisis de dicho riesgo procesal, no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, pues en ese caso, se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, así, las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar el análisis de riesgos procesales pues ello supondría restarles su calidad de provisional" (sic).
Por ello, no se puede concebir que un hecho investigado o acusado, constituya un riesgo procesal; de mantener el mismo, primero que contraviene las características de las medidas cautelares; segundo, vulnera el principio de inocencia, finalmente, no se podría desvirtuar este riego nunca hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
Finalmente, para declarar la improcedencia del riego procesal contenido en el art. 235.5 del CPP, señaló: "...El argumento esencial presentado por el abogado ha sido que existe una acusación fiscal y que en esta acusación solo se habría imputado a cuatro personas si bien puede darnos ese referente de que no se tienen otras personas sindicadas, se entiende que en la etapa del juicio ellos van a tener mayores luces para determinar la participación o no de otros imputados, pero la simple acusación es insuficiente..." (sic); por lo que, la Vocal demandada, argumentó su decisión en suposiciones, conjeturas, incorporando un elemento nuevo para la fase del juicio, que no tienen sustento en algún elemento de convicción, al señalar que el juicio oral, va a dar mayores luces sobre la participación o no de otros imputados, no refirió porque es insuficiente la prueba, cuando en los hechos, desde un principio fueron cuatro los imputados y terminaron acusados, no se realizó correctamente la contrastación, cuál fue el motivo o argumento para la existencia de este riesgo procesal contenido en el art. 235.5 CPP, establecida en la audiencia de medidas cautelares de 23 de enero de 2022, que a la letra textual expresó: "La víctima ha reclamado que está latente la declaración de Marco Antonio que al momento del hecho eran más de 25 o 30 personas que hubiesen participado en el hecho, es evidente, al respecto por verdad material los hechos nos han mostrado que presumiblemente en el ilícito han participado mas de 25 o 30 personas aproximadamente" (sic); para enervar este riego procesal, se presentó como prueba el Pliego Acusatorio del Ministerio Público de 17 de enero de 2023, un elemento nuevo que desvirtúa completamente los argumentos que fundaron la existencia del riesgo procesal; por cuanto, la investigación que realizó el Ministerio Público, a la conclusión de la etapa preparatoria, mediante un requerimiento fundamentado de acusación, estableció que supuestamente, son cuatro los autores del hecho; la acusación fiscal delimita el objeto del proceso, al identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso y delimita los hechos que se deben probar, además no pueden modificarse por el órgano jurisdiccional en base al principio de congruencia, la acusación fiscal es la base del juicio oral, al no estar identificado quien o quienes son esas personas, mal se podría entender van a influir negativamente sobre otras personas que no fueron identificados en la fase de la investigación; además, que el fundamento del riego procesal, no establece influencia negativa u obstaculización, no existe mayor fundamento; consecuentemente, no se puede mantener en el tiempo este riesgo procesal como pretende la Vocal, por cuanto se vulnera las características de las medidas cautelares, que estas son provisionales, temporales, revisables, excepcionales, la detención preventiva, puede ser modificada o cesar en cualquier momento, de lo contrario sería imposible modificar.
Por lo expuesto, se hace evidente la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, incorrecta valoración de la prueba, por cuanto debe expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, siendo necesario que sus fallos sean motivados y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que sustenten y permitan concluir su determinación, respecto a la existencia o no de los agravios alegados en el recurso de apelación y la motivación debe ser coherente con el mandato constitucional y legal.
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