Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1944/2026-S1 Sucre, 21 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expedientes: 51836-2022-104-AAC 52222-2022-105-AAC (acumulado)
Departamentos: Chuquisaca La Paz
Expediente 51836-2022-104-AAC
En revisión la Resolución 0155/2022-SCII de 2 diciembre, cursante de fs. 1736 a 1739 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo Nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) representado legalmente por José Paredes Padilla, Director Ejecutivo a.i. y Esthefany Moreno Rivas, Jefa Nacional de Procesos Judiciales de la misma entidad contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y,
Expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado)
En revisión la Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 636 a 661, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
I.1. Expediente 51836-2022-104-AAC
I.1.1. Contenido de la demanda
La parte accionante por memoriales presentados el 10 y 18 de agosto de 2022, cursantes de fs. 868 a 877 vta., y 880 a 890, manifestó lo siguiente:
I.1.1.2. Hechos que motivan la acción
Ante la existencia de varias causales de nulidad denunciadas por Diputados Nacionales dentro del proceso de saneamiento y recuperación del predio Mallasilla, la entonces Superintendencia Agraria asumió conocimiento del "Informe Legal 001-2004" emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), respecto de la titulación de ese predio, el cual indicaba:
- a)La Serie A corresponde a títulos ejecutoriales emitidos en favor de los beneficiarios que poseen únicamente una parcela de terreno como forma de distribución, consolidación, dotación y restitución, "...clase de título, individual-proindiviso" (sic);
- b)"La nota marginal cursante a fs. 134 de la página 127 se encuentra alterada" (sic);
- c)El Título Ejecutorial 384319, se encuentra registrado a nombre de "VCITRO TICONA CASTAÑO", correspondiente a la propiedad denominada "CATCORA", ubicado en el cantón Peñas, provincia Nor Andes del departamento de La Paz, con Resolución Suprema (RS) 100530 de 30 de diciembre de 1960, signado con el expediente 1287, Títulos Ejecutoriales emitidos el 20 de febrero de 1969;
- d)El papel valorado 02405, se encuentra registrado a nombre de "Luis Moreno", correspondiente a la propiedad denominada "Mineros" ubicada en el cantón Montero, provincia Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz, con RS 74947 de 23 de septiembre de 1957, signado con el expediente 254, Título Ejecutorial emitido el 24 del mismo mes y año;
- e)El 24 de febrero de 1969, se emitieron solo sesenta y seis títulos ejecutoriales, de los cuales treinta y tres fueron individuales y treinta y tres colectivos, en favor de treinta y tres beneficiarios de la Comunidad Chijipata Bajo, signado con el número de expediente 17211, ubicada en el cantón Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, cuyos números de los títulos ejecutoriales fueron impresos en imprenta y no manuscritos;
- f)Cursa en la Unidad de Certificaciones los registros de los títulos ejecutoriales emitidos el 24 de febrero de 1969, sin que corresponda considerarlos dentro de los setenta y nueve volúmenes faltantes; y,
- g)La designación del número de título ejecutorial y número de papel valorado es única, no existiendo duplicidad; por lo que, se ignora la procedencia de la emisión del Título Ejecutorial 384319 Serie A, papel valorado 02405, de igual fecha, en favor de Raúl Jordán Velasco, al no corresponder el contenido de dicho Título a los registros que se encuentran bajo la custodia de la Unidad de Certificaciones.
Debido a la existencia de indicios sobre la duplicidad o falsificación del título del indicado predio Mallasilla, el 14 de febrero de 2007, la entonces Superintendencia Agraria, planteó demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido supuestamente en favor de Raúl Jordán Velasco, por decreto de 23 del referido mes y año, observa la admisión de la demanda "Con carácter previo a la consideración de la admisión de la demanda, la entidad demandante deberá acreditar legitimidad activa, es decir que deberá demostrar el interés legítimo de la Superintendencia Agraria Nacional..."(sic), la intención de que se declare la nulidad del indicado Título Ejecutorial al representar a personas particulares que tienen suficiente capacidad jurídica y legitimación para acudir personalmente ante el Tribunal Agroambiental, el 2 de marzo del mismo año, presentó memorial demostrando su legitimación activa conforme el art. 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -de 25 de abril de 2002- y el Estatuto de la Superintendencia Agraria aprobado por Decreto Supremo (DS) 24658 de 21 de junio de 1997 y modificado por DS 25777 de 19 de mayo de 2000; sin embargo, mediante decreto de 23 de abril de 2007, el Tribunal Agroambiental solicitó a la parte demandante que señale los domicilios de los terceros interesados y otros, que podrían verse afectados con la decisión a emitirse conforme la , observación que la Superintendencia Agraria subsanó y demostrando la legitimación activa, solicitó se admita la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido supuestamente en favor de Raúl Jordán Velasco memorial que no recibió respuesta hasta el 18 de abril de 2007, que mediante decreto pide se notifique a las partes procesales con el Auto de 2 del mismo mes y año.
Creada la ABT por DS de 9 de abril de 2009, en reemplazo de la Superintendencia Agraria, su Director Ejecutivo se apersonó y procedió a subsanar las observaciones establecidas por el propio Tribunal Agroambiental; por lo que, emitido el Auto de admisión por la Sala Primera del referido Tribunal, el 30 de octubre de 2013, (fs.218 a 227), recién se pudo notificar a los terceros interesados, demandados y a sus herederos, quienes plantearon un sinfín de excepciones e incidentes respecto de la competencia del referido Tribunal para conocer esa demanda y la legitimación activa de la ABT -parte accionante-, los que se resolvieron mediante Autos cursantes "a fs. 2913 a 2919 vta., a fs. 2950 a 2955 y 3863 a 3967 vta. de obrados" (sic), en favor de la ABT, siendo el último el Auto de 5 de enero de 2022.
Notificados los terceros interesados, se presentó nuevamente la excepción de falta de legitimación activa de la parte accionante, que fue resuelta por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, que determinó anular obrados hasta el auto de admisión de la demanda de nulidad de título ejecutorial "cursante a fs. 1931 a 1934 y vta., de obrados" (sic), con la aclaración de que se mantiene incólume la anulación dispuesta en la jurisdicción constitucional del Auto admisión inicial cursante a fs. 133 de obrados, disponiendo rechazar la demanda de nulidad "y anulabilidad" del título ejecutorial de fs. 85 a 92 vta.; por el que, se impugnó el Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco dentro del trámite de afectación del ex fundo Mallasilla, ubicado en el cantón Mecapaca, provincia Murillo del departamento de La Paz, al haber perdido la ABT competencia para conocer y presentar demandas de título ejecutorial por efecto de la derogatoria dispuesta de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, mediante el DS 3467 de 24 de enero de 2018, concluyendo que la ABT no tenía atribución de plantear, continuar y tramitar demandas de nulidad de títulos ejecutoriales en el Tribunal Agroambiental, ante la modificación al alcance del art. 76.V del DS 29215 efectuada por el art. 2 del indicado DS 3467, al establecer la facultad exclusiva de las partes para formulo demandas contencioso administrativas, excluyendo a las entidades públicas de tal atribución, así como la facultad de plantear demandas de nulidad de título ejecutorial; por lo tanto, consideran que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 vulnera los derechos a la:
- 1)Igualdad de las partes, al desconocer la uniforme jurisprudencia agraria Nacional que considera el principio de especialidad y determina las competencias del Tribunal Agroambiental para conocer y resolver demandas de nulidad de títulos ejecutoriales que recaen en predios rurales o fueron incorporados al área urbana, vulnerando así el derecho a la igualdad de las partes, al no dar continuidad al proceso de nulidad de título, negando la competencia de la ABT como parte accionante, que en un principio demandó con el nombre de Superintendencia Forestal Agraria y así se asumió el proceso, siendo la misma entidad desde su inicio;
- 2)Seguridad jurídica, principio universalmente reconocido que se sustenta en la certeza del derecho, en el ámbito de la publicidad en su aplicación y firmeza de que se conoce o puede conocerse lo previsto, es una garantía dada al individuo por el Estado, sobre que su persona, bienes y derechos no serán vulnerados; en el caso, la parte accionante, está actuando en representación del Estado, habiéndose apersonado con documentación que demuestra que los predios que figuran a nombre del "demandante", deberían estar en poder y posesión del Estado; sin embargo, el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 ahora impugnado, al rechazar la demanda de nulidad "y anulabilidad" de título ejecutorial lo está perjudicando económicamente al inhabilitar su accionar y recuperar sus activos fijos detentados por un tercero mediante un título ejecutorial, el referido Auto Interlocutorio Definitivo es parcializado y contrario a la normativa agraria, que imposibilitó dilucidar el fondo de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido el 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco dentro del trámite agrario de afectación del ex fundo Mallasilla, ubicado en el cantón Mecapaca de la provincia Murillo del departamento de La Paz, quedando la parte accionante, en un estado de indefensión al no poder demostrar la nulidad del citado Título Ejecutorial y lograr la titularidad de la superficie que quedó sobrante como producto del proceso de afectación, a pesar de resolver un sinfín de incidentes y excepciones respecto de la legitimación activa de la ABT, "luego de derogado el DS 3467" (sic), y que fueron resueltos en favor de la misma;
- 3)Al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, al colocar en estado de indefensión a la ABT como parte accionante, en relación a que en el transcurso del proceso de nulidad de título ejecutorial es posible probar que el referido Título Ejecutorial, fue duplicado y falsificado, y que esas actuaciones beneficiaron a una persona particular afectando los intereses y coartando el derecho constitucional al debido proceso, dejando en indefensión al Estado; y,
- 4)Valoración integral de la prueba, el accionante se limitó a transcribir la , sin realizar argumentación alguna.
I.1.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba y los principios de igualdad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 117, 119.I, 120.I, 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Anular el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, ordenando a la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, proseguir con el conocimiento de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969 hasta emitir una sentencia.
I.1.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1725 a 1735 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo, y ampliándolo, manifestó que:
- i)El 19 de noviembre de 2022, la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz presentó una acción de amparo constitucional; en la que, la ABT -parte accionante-, intervino como tercero interesado; por lo que, al conceder la tutela, se dispuso que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, sea modificado, es decir que, ya habría cosa juzgada, encontrándose a la espera de la notificación correspondiente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y,
- ii)El resultado de dicha acción tutelar, es el mismo que la ABT como parte accionante, pretende en esta audiencia de acción de amparo constitucional solicitada.
I.1.2.2. Informe de las autoridades accionadas
María Teresa Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, las entonces Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental mediante informe presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 923 a 926, manifestaron que:
- a)Conforme el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) el plazo máximo parar interponer esta acción de defensa es de seis meses, computables desde la supuesta comisión de la vulneración alegada, correspondiendo en el caso de declararse improcedente esta acción tutelar; puesto que, revisado el expediente 01/-NTE -2007, la notificación con el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, a Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo de la ABT -parte accionante-, fue practicada el 10 de febrero del mismo año, dejando transcurrir el plazo de los seis meses que rige el principio de inmediatez; por lo que, no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada;
- b)La decisión fue asumida por no identificar al demandante -parte accionante- a todos los terceros interesados que pueden verse afectados con las resultas del proceso, a partir de aquella decisión transcurrieron más de diez años a la fecha y quince años desde que se interpuso la demanda por parte de la extinta Superintendencia de Tierras, extremo que se hizo notar al continuar incorporándose al proceso más terceros interesados;
- c)Esta actitud negligente de la ABT -parte accionante-, se pone de manifiesto con el planteamiento de la presente acción tutelar al replicar respecto de los terceros interesados una tabla con alguno de ellos, sin considerar la existencia de otros; por ello, tramitar la presente acción de defensa implicaría el incumplimiento de una decisión asumida por la jurisdicción constitucional que tiene la calidad de cosa juzgada material no citaron a todos los terceros interesados;
- d)Respecto a la existencia de cosa juzgada o sustracción de materia, la jurisprudencia constitucional establece que al desaparecer el objeto procesal, no corresponde conocer la acción de amparo constitucional; sin embargo, la misma jurisprudencia establece que la pérdida de objeto procesal debe ser por voluntad de los mismos demandados o en su caso por un tribunal superior, lo que no sucede en el caso; y,
- e)Existe cosa juzgada formal y no material, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe emitir un fallo constitucional confirmando o revocando la decisión inicial; por lo que, si bien un Tribunal de garantías declaró procedente la anterior acción tutelar, ello no significa que concurra la cosa juzgada material; por eso, no corresponde ingresar al fondo del asunto. Piden se declare improcedente la acción de defensa solicitada, por inmediatez.
I.1.2.3. Intervención de los terceros interesados
Carlos Andrés Cabezas Dávalos, a través de su representante legal del Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima (BNB S.A.), por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 971 a 975 vta., y en audiencia, manifestó que:
- 1)La ABT pretende desconocer la Disposición Derogatoria del DS 3467, por la que la capacidad de esa entidad para plantear demandas de nulidad de títulos ejecutoriales quedó derogada y que le restó legitimidad activa para interponer dichas demandas ante el "Tribunal Constitucional"; por lo tanto, esta acción de defensa debe ser rechazada in limine;
- 2)La ABT en su memorial de amparo constitucional refirió que para el ámbito de la teoría jurídica, el alcance y efectos del instituto jurídico derogatorio, una norma derogada pierde su eficacia jurídica "...más aún si esta disposición derogatoria no está acompañada de una declaración expresa de ultractividad; condición sine qua non para que una norma derogada siga siendo aplicada con todos sus efectos, por un periodo después al de la declaratoria de su derogación" (sic); afirmación con la que reconoció su falta de legitimidad para plantear demandas de nulidad de títulos ejecutoriales, acción que carece de sentido al ser un hecho superado y operar la sustracción de materia ante la modificación de la ley reguladora sobre lo urbano y rural, lo que limita la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer y decidir sobre el fondo de la demanda;
- 3)De acuerdo con la , citada por la ABT como parte accionante, respecto de la aplicabilidad del DS 3467, dicha disposición solo afectaba la legitimación para interposición de nuevas demandas o en las que estando en trámite, no se hubiere constituido la relación jurídico procesal; olvidando la parte hoy accionada que hasta la emisión del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, no se concluyó con la citación de todas las partes dentro del proceso signado con el expediente 001/-NTE-2007, no habiéndose trabado la relación procesal, reconociendo en la prueba presentada en mayo y julio de 2021, seguía pidiendo, tramitando y citando mediante órdenes instruidas a todas las partes interesadas; advirtiéndose que el 6 de julio de 2018, a seis meses de la emisión del DS 3467, la ABT como parte accionante, recién acompañó una lista con las direcciones de los terceros interesados para su citación;
- 4)La mencionada ABT, alegó como derechos vulnerados a la igualdad de las partes, como si fuera un ciudadano, pretendiendo de forma abusiva omitir mostrar que toda esa área está plenamente urbanizada, existiendo viviendas de personas que adquirieron esos bienes inmuebles; efectuando respecto del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso una referencia normativa y doctrinal, pretendiendo utilizar esta acción como un medio de impugnación ordinario al proceso principal; habiendo efectuado en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, una correcta interpretación y fundamentación sobre la aplicación del DS 3467; por lo que, no cabe valorar prueba alguna;
- 5)El BNB S.A. fue citado en calidad de tercero interesado con la demanda de título ejecutorial, el 9 de julio de 2021, tres años después de entrar en vigencia el DS 3467, cuando la ABT ya no tenía facultad para formular dicha demanda, debiendo aplicarse al caso a la teoría del hecho superado al desaparecer el objeto de tutela;
- 6)Conforme lo dispone el art. 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrg.), "...La competencia del Juez, ante quien se interpone una demanda, se abrirá con la citación de ésta al demandado...", estableciéndose la relación procesal de acuerdo con el art. 353 de dicha norma, "...Presentados los escritos de demanda, reconvención y respuesta de ambas...", partes; es decir que; a pesar, que la demanda fue presentada el 2007, la negligencia de la ABT determinó aperturar la competencia del Tribunal Agroambiental, recién el año 2021, catorce años después de su planteamiento, cuando se encontraba en vigencia el DS 3467, estableciéndose la relación procesal a partir de la citaciones realizadas en ese año; y,
- 7)La ABT -parte accionante-, pretende anular un Título Ejecutorial de hace más de veinte años en la hoy reconocida zona de Mallasilla, ubicada entre los municipios de La Paz y Achocalla, predios que conforme a las certificaciones emitidas por los Gobiernos Autónomos Municipales de esos municipios, se encuentran en área urbana y dentro del radio urbano, respectivamente; aspecto sobre el que se pronunció la y el , al determinar que el Tribunal Agroambiental solo puede conocer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales de predios ubicados en el área rural, cuya tuición le corresponde; en consecuencia, la mencionada ABT, no solo tiene legitimidad para interponer demandas de nulidad, sino que ese predio al ser declarado urbano no puede ser objeto de litis en materia agroambiental.
Raúl Jordán Pereda, mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2022 (fs. 1697) y a través de su abogado en audiencia manifestó que:
- i)Es el propietario demandado en el proceso de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, que origina el presente amparo constitucional pide sea denegado, al impugnarse el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, que quedó sin efecto debido a una anterior y similar acción de defensa formulada por Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert, aparejando el respectivo memorial de demanda; y,
- ii)La acción fue admitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, desarrollada la audiencia el 19 de noviembre de 2022, mediante Resolución 279/2022 (fs. 1690 a 1720), la referida Sala Constitucional Primera, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto legal el indicado Auto Interlocutorio Definitivo, concurriendo conforme la jurisprudencia constitucional las causales de rechazo referidas a la sustracción de materia y cosa juzgada constitucional, habiendo participado de ella la ABT -parte accionante-, en calidad de tercero interesado, sin contar con el acta de audiencia y sentencia al no haber sido todavía notificados.
Justo Raúl Quispe Quisbert, Eleuterio Vargas Ticona y Damián Policarpio Blanco Díaz, en representación de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, el primero de los nombrados mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 1267 a 1288, y los segundos en audiencia, por intermedio de su abogado manifestaron que:
- a)La señalada Comunidad, se adhiere a la acción de amparo constitucional de referencia, denunciando además, la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales que hacen a su condición de terceros interesados en la demanda de nulidad de título ejecutorial, que se viene tramitando ante el ahora Tribunal Agroambiental; puesto que, de manera reiterada expresó "...somos los más afectados porque el área que comprende el título ejecutorial falsificado, abarca nuestro territorio ancestral" (sic [1267 vta.]);
- b)Se vulneró el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso, al no exponerse en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 los hechos y actos jurídicos emergentes a partir de las actuaciones y memoriales presentados por la referida Comunidad, apersonada al proceso el 18 de diciembre de 2008 y 25 de febrero de 2009, a través de sus representantes Ernesto Celestino Vargas Ticona y Justo Raúl Quispe Quisbert, constituyendo su territorio ancestral el área más afectada por el Título Ejecutorial falsificado;
- c)El fundamento que sustentó la decisión del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, es el DS 3467, que no consideró que el Auto de admisión es 30 de octubre de 2013; es decir, cinco años antes de dicho Decreto Supremo;
- d)La decisión de anular obrados de oficio, amparado por el art. 3.1 del CPC abrg., no solo desconoce la normativa legal en vigencia, sino los derechos fundamentales y garantías o legalidad y el debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, ya que después de nueve años de admitida la demanda de nulidad de título ejecutorial es del 30 de octubre de 2013, las entonces Magistradas hoy accionadas por Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, de manera arbitraria y sin considerar la norma procesal en vigencia, resolvieron rechazar la citada demanda de nulidad por falta de legitimación activa de la ABT -parte accionante-;
- e)No se consideró que el art. 116.2 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente en la jurisdicción agroambiental por mandato del art. 78 de la Ley 1715, -Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), de 18 de octubre de 1996-, establece que la legitimación de las partes subsistirá aunque los hechos que la sustenten hubieren cambiado; lo que evidencia la vulneración al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, habiendo desarrollado el Tribunal Agroambiental la doctrina sobre la "perpetuación de la legitimación activa" que es lo mismo que la previsión de la norma procesal citada; empero, que no se consideró en el fundamento jurídico del mencionado Auto Interlocutorio Definitivo, vulnerando el principio de predictibilidad de las decisiones judiciales;
- f)El señalado Auto Interlocutorio Definitivo resulta ser incongruente interna y externamente; puesto que, en el primer, segundo y cuarto considerando se fundamentó sobre las excepciones formuladas; sin embargo, la parte resolutiva no resolvió las excepciones, no declaró probada o improbada la excepción de falta de legitimación, sino anuló obrados hasta el Auto de admisión de 30 de octubre de 2013, sin señalar el sustento legal; por el que, mantenía vigente la anulación del proceso dispuesta por la ;
- g)Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 incurrió en motivación arbitraria por incongruencia interna, debido a que no existe relación entre la premisa normativa y fáctica; por lo que, hizo referencia al DS 3467 y la competencia del Tribunal Agroambiental, sin explicar cómo se vinculó la resolución respecto de las excepciones a la competencia del mismo Tribunal, incurriendo en falta de fundamento jurídico, sin explicar las razones; por las que, se apartó de sus propios precedentes, declarando la falta de legitimación activa de la ABT para interponer la demanda de nulidad de título ejecutorial, vulnerando el principio de predictibilidad y generando inseguridad jurídica;
- h)Por memorial de 13 de febrero de 2019, la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz solicitó de manera fundamentada la adopción de medidas cautelares de anotación preventiva de las propiedades que comprenden la superficie del Título Ejecutorial impugnado, prohibición de innovar y realizar transferencias, las que fueron oportunamente otorgadas por la parte demanda y se encuentran subsistentes, sin que el referido Auto Interlocutorio Definitivo se pronuncie sobre este aspecto, generando indefensión y vulnerando los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia e igualdad, al no ser mencionados en el indicado Auto Interlocutorio Definitivo; a pesar, de su participación activa en el proceso;
- i)Las entonces Magistradas hoy accionadas omitieron valorar la prueba en la demanda de nulidad de título ejecutorial de forma integral, desconocieron el principio de verdad material, a partir de los documentos probatorios acompañados en dicha demanda y el deber de aplicar un enfoque interseccional e intercultural para no ser formalista, ritualista y simplista, cuando era su deber aplicar la ;
- j)El señalado Auto Interlocutorio Definitivo, carece de congruencia interna de argumentación respecto del Auto de Admisión de 30 de octubre de 2013, concluyendo de manera arbitraria y sin fundamento que el mismo debe ser anulado, incorporando un elemento ajeno al marco normativo que lo sustenta como es la Disposición Final Vigésima del DS 29215, que no fue el sustento para acreditar la legitimación activa de la ABT como parte accionante;
- k)Al tratarse de un Título Ejecutorial, presuntamente emitido por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, las causales de nulidad no estaban previstas por el art. 50 de la Ley 1715, que se aplica a títulos ejecutoriales emitidos como resultado del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, situación que no corresponde al caso concreto, ya que el referido Título Ejecutorial demandado fue emitido presuntamente el 24 de febrero de 1969, veintisiete años antes de la vigencia de la Ley INRA;
- l)El citado Auto Interlocutorio Definitivo, no se refirió ni valoró las diligencias de notificación practicadas a los terceros interesados, menos su apersonamiento realizado "...de fs. 1947 a 1950 vta., 1978 y vta. y 2704" (sic), entre otros actuados que dan cuenta de las actividades jurisdiccionales en busca de la incorporación legal de los terceros interesados al proceso, los que fueron providenciados por las entonces Magistradas hoy accionadas, quienes además emitieron una serie de actos procesales tendientes a permitir que continúe, inclusive ante la vigencia del DS 3467, norma que sustenta la decisión de anular obrados y archivar el proceso; y,
- m)Las entonces Magistradas ahora accionadas no realizaron una adecuada interpretación de la norma -Decretos Supremos 3467 y 29215-, en lo relativo a la legitimación activa del demandante y la legitimación de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, como tercero interesado; toda vez que, el interés legítimo fue acreditado por la referida comunidad, a través de las certificaciones adjuntas a la misma y que fueron motivo de análisis y valoración en su oportunidad por las referidas Magistradas.
Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Síndico Liquidador y Sustituto Procesal del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA) en Liquidación representado legalmente por Álvaro Silvestre Medina Castillo, Interventor Liquidador a.i. a nivel nacional de dicha entidad bancaria, por informe presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1167, manifestó que: Se apersonó dentro la presente acción tutelar pidiendo se le haga conocer ulteriores providencias.
Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón, Gerente General del Banco Unión representado legalmente por Stephany Pino Morales, mediante informe presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1302, manifestó que: Se apersonó dentro la presente acción tutelar pidiendo se le haga conocer ulteriores providencias.
La Empresa Terrasur Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Bienes Raíces S.A., Banco Bisa S.A., Fortaleza-FFP S.A., BISA Leasing S.A., Banco BISA S.A., Banco de Crédito de Bolivia S.A., Colegio de Arquitectos de La Paz, PRETENSA LTDA., Banco Unión S.A. - sucursal La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fiscalía Departamental de La Paz, Asamblea Departamental de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursantes de fs. 1406 a 1414.
De igual manera, conforme al Informe TDJ-SCI 6/2022 de 19 de octubre, el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: "...nos vimos forzados a no sentar diligencia en razón a que, los porteros de los edificios señalaron que las instituciones ya no se encontrarían en el lugar" (sic), refiriéndose a Sociedad Solsur Limitada (Ltda.), Inmobiliaria Alboreda del Sur, Inmobiliaria Vista Verde S.A., Negocios Inmobiliario del Sur S.A., Sociedad Compañía Inmobiliaria LAGO SOL S.A., Banco Ganadero, Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, TECNHOGAR S.R.L. (fs. 1415).
Julio Fidel Vargas Quispe, Alexander Michel Prudencio Haussler, Olga Carmen Palma, José Fernando Rocabado, Mario Luis Espinoza Zambrana Sánchez, Hugo Eduardo Pérez Rodríguez, Lucia Cossio Mamani, Cecilia Mamani de Santander, Gregorio Rubén Santander Cutipa, José Luis Plata Silva, Sandra Vanessa Muñoz Solíz, Alejandra Claudia Quispe Mamani, Guillermo Argedas Castro, Luis Sánchez Rocha, Maruja Paucara Choque, Noel Gonzalo Mancilla, Roshio Claudia Paniagua, Iván Ramiro Paniagua, Efrain Sejas Martínez, Jenny Sofía Medina Cadena, Brigitt Tania López Ramos, Juan Carlos Carrasco, Favian Eduardo Rivas Dávila, Susana Maria Ramírez Alipaz, Víctor Gabriel García Arispe, René Sandoval Pérez, Germán Vladiir Bojanic Dietrich, Helen Carmen Michel Portugal, Lucrecia Carola Palza Prudeciao, Javier Enrique Palza Prudencio, René José Ochoa, Francisco Javier Zárate Taborga, Ana Viviana Cisneros, Rolando Hernan Kempff Bacigalupo, Carola Medina, Hernán Marcial Coarite Mamani, José Daniel Bustos Quiroga, Ema Rutha Sempertegui, Erika Patricia Uriona Lanza, Leticia Marizabel Reynaga, Wendy Alison Paredes Tacaray, Maria Elena Iporre Zambrana, fueron notificados de manera personal o por cédula, tal cual se evidencia de las notificaciones sentadas por el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 1486 a 1527).
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