Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 28 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 57599-2023-116-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 62/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 18 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro en representación sin mandato de Javier Eduardo Quisbert Sea contra Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. OBJETO PROCESAL
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, así como del principio de celeridad procesal; manifestando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con el propósito de plantear un incidente de reconocimiento de la detención domiciliaria que inicialmente le fue impuesta en audiencia de medidas cautelares, y que era computable para la totalidad de su condena, tras haber cumplido la misma, solicitó en reiteradas oportunidades al Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, para que por medio de su secretaria, expida informe sobre la verificación de dicha medida cautelar; sin embargo, la Secretaria demandada, desde "abril" de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, omitió dar curso a su petición, demorando tres meses en hacerlo, sumado a ello, tampoco, encontró el segundo cuerpo de su proceso penal, así como el libro de firmas de registro de su asistencia durante dicho lapso, imposibilitando que pueda efectuarse el cómputo de la pena.
Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que, no vulneró derecho alguno del impetrante de tutela, ya que, mediante providencia de 26 de abril de 2023, dio respuesta a la solicitud del accionante, disponiendo que venga con sus antecedentes y que por Auxiliatura se ponga a la vista. La presente causa estaba completa al momento de su remisión al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del citado departamento, al existir Sentencia; no obstante, el personal de apoyo judicial de ese despacho, puso a su conocimiento, que no fue encontrado el segundo cuerpo a la vista del cuaderno signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20225299, y que sólo existía el primero, debido a ello, se reunió con los secretarios de diferentes juzgados ya renacionalizados, a fin de dar solución a la presente causa; empero, levantados los inventarios, no estaba en listas, hecho que daría a conocer al Consejo de la Magistratura, así como a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento a efectos de que se determine lo que corresponda; por otra parte, la defensa del peticionante de tutela en ningún momento denunció la pérdida del expediente; sin embargo, a la "fecha" su persona solicitó informe a su Auxiliar, quien le refirió que el cuaderno procesal no fue encontrado.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del Departamento de La Paz, mediante Resolución 62/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 18 a 22 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la Secretaria demandada, expida el informe solicitado a objeto que el accionante remita dicho documento al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del citado departamento; determinación asumida, en razón a que, ante la solicitud de informe de detención domiciliaria, reiterada por tres veces; la Secretaria demandada, emitió providencias evasivas y dilatorias, demorando tres meses en hacerlo, vulnerando las pretensiones del accionante, ya que no las resuelve positiva ni negativamente; asimismo, dicha servidora pública, actúo sin competencia, por cuanto, conforme lo dispuesto por el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estaba facultada a emitir decretos de mero trámite.
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