Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1971/2026-S1 Sucre, 28 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 58685-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 169 de 27 de septiembre de 2023, cursante de fs. 48 vta., a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo en representación sin mandato de Carmen Ninosca Gonzáles Mejía contra Leonardo Luis Chamby Montoya, ex Alcalde; y, Neysa Arnez Espinoza, Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 34 a 39, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ingresó a trabajar como Responsable de Estadística del Hospital Municipal Príncipe de Paz, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, desde la gestión 2010 hasta el 9 de febrero de 2023, día en el que fue notificada con el Memorando 02/2023 de similar fecha, con Cite: GAMPQ 2023.02.09, de agradecimiento de servicios efectuada por la citada entidad municipal; a pesar de ser madre de una persona con discapacidad intelectual grave del 56%, teniendo carnet de discapacidad en el momento de la desvinculación de acuerdo al Decreto Supremo (DS) 4846 de 29 de diciembre de 2022 que amplía la vigencia del referido documento hasta el 30 de junio de 2023 y el DS 4961 de 14 de igual mes y año, que dispuso la validez hasta el 31 de diciembre de 2024.
Ante lo señalado, se apersonó a la Jefatura Regional de Puerto Suárez del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, solicitó su reincorporación por inamovilidad funcionaria - dependencia de persona con discapacidad; por lo que, mediante Conminatoria de Reincorporación con Inamovilidad Laboral a Funcionaria de Dependencia con Persona con Discapacidad JRTPS/CDPA/CONM/ 01/2023 de 10 de abril, emitida por la referida Jefatura Regional, se instruyó al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, que en el plazo de tres días hábiles improrrogables a partir de su notificación con la citada Conminatoria, la reincorpore al mismo puesto y ubicación de trabajo que ocupaba al momento del despido y se restituyan todos los derechos sociales que correspondan a la fecha de reincorporación, el cual fue notificada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, el 14 de abril de 2023; en consecuencia, el 20 del citado mes y año, se presentó a su fuente de trabajo en el Hospital Municipal Príncipe de Paz para su reincorporación, acompañada de la Defensoría del Pueblo y la Central Obrera Regional de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz; sin embargo, "hasta la fecha" -se entiende hasta la interposición de la presente acción tutelar-, no se cumplió la Conminatoria de Reincorporación con Inamovilidad Laboral a Funcionaria de Dependencia con Persona con Discapacidad JRTPS/CDPA/CONM/ 01/2023.
Además, se confirmó el incumplimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, respecto a la reincorporación dispuesta en la Conminatoria de Reincorporación con Inamovilidad Laboral a Funcionaria de Dependencia con Persona con Discapacidad JRTPS/CDPA/CONM/ 01/2023, mediante el Informe de Verificación a la Reincorporación Laboral MTEPS/JDT-PS/MMR-01/2023 de 9 de mayo, emitida por la Inspectora de Trabajo dependiente de la Jefatura Regional de Puerto Suárez del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual concluyó que no fue reincorporada al cargo de Estadísticas; sin embargo, dicha situación fue ratificada a través del Informe de Segunda Verificación MTEPS/JRT-PS/VCR/MMR/005/2023 de 28 de junio, emitido por la nombrada Inspectora de Trabajo, que señala que se evidenció que las puertas de la Oficina de Estadísticas se encuentran cerradas.
En consecuencia su desvinculación vulneró el derecho al trabajo, al seguro social, la inamovilidad laboral por tener bajo su dependencia a una persona con discapacidad grave; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, hizo caso omiso a la Conminatoria de Reincorporación con Inamovilidad Laboral a Funcionaria de Dependencia con Persona con Discapacidad JRTPS/CDPA/CONM/ 01/2023, que no fue impugnada por las autoridades ahora accionadas quienes señalan que se realizará un nuevo contrato en otra área y dirección y por tiempo determinado.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo; a los salarios, a la seguridad social; y, a la inamovilidad y estabilidad laboral; citando al efecto, los arts. 46.I y 70.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación con Inamovilidad Laboral a Funcionaria de Dependencia con Persona con Discapacidad JRTPS/CDPA/CONM/ 01/2023 de 10 de abril, disponiendo el restablecimiento de sus derechos vulnerados como trabajadora, reincorporándola al mismo puesto que ocupaba en el momento de su despido, Responsable de Estadística del Hospital Príncipe de Paz dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 27 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Leonardo Luis Chamby Montoya, entonces Alcalde y Neysa Arnez Espinoza, Jefa de RR.HH. ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, a través de su abogada, en audiencia, manifestaron que:
- a)La accionante no se presentó a su fuente laboral a pesar de su notificación mediante "Notario del Municipio", aunque no es a la misma función; puesto que, dicho cargo ya se encuentra ocupado por otra persona; considerando que, cometió algunas faltas; por lo que, si bien es cierto, que la citada entidad municipal, no cumplió con el debido procedimiento en la desvinculación; sin embargo, cuando se hizo conocer la conminatoria, se dispuso su reincorporación; ya que, antes del 14 de abril de 2023, como manifiesta la Defensoría del Pueblo, tuvieron varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en las que se hizo conocer que sería reincorporada; empero, en la oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de dicha entidad municipal, como Secretaria sin afectar su nivel salarial;
- b)La accionante se rehusó de manera informal a reincorporarse al indicado cargo; puesto que, pedía ítem como personal de planta; no obstante, debe tomarse en cuenta que la mencionada entidad municipal, está organizado a través de un Plan Operativa Anual (POA) y se maneja con un presupuesto, razón por la cual, no se contaba con presupuesto para reincorporarla como personal de planta; debido a que, se aprobaron únicamente veinticuatro puestos jerárquicos; y,
- c)Como la accionante era Responsable de Estadística del Hospital Municipal Príncipe de Paz, dicho puesto no es de planta, sino que se suscriben contrato de consultoría en línea, aspecto que fue rechazado por la nombrada, lo cual no era posible sin afectar el POA; extremos que, se le hicieron conocer el 12 de mayo del referido año, con intervención notarial, sin embargo, no aceptó.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 169 de 27 de septiembre de 2023, cursante de fs. 48 vta. a 51 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo a las autoridades hoy accionadas, la reincorporación de la accionante, a un puesto laboral con el mismo nivel salarial y sin modificar las cuestiones laborales debiendo en su caso, en la actualización del siguiente POA, reincorporarla en el puesto que ejercía antes de su desvinculación, debiendo la nombrada presentarse en el plazo de seis días; sin costas ni multas por ser excusable, todo ello; bajo los siguientes fundamentos:
- 1)El ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que presten servicios en sectores públicos o privados, implica su inamovilidad laboral y excepcionalmente, su despido por causa justa previo proceso, medida que tiene sustento en la voluntad del constituyente de proteger de manera especial a ese sector vulnerable de la población por su situación de desventaja derivada de su limitación por salud que les coloca en una situación de desigualdad para acceder a fuentes de trabajo; y,
- 2)Respecto a las personas con discapacidad o personas que tienen bajo su cargo a personas con discapacidad, como ocurre en el presente caso, corresponde conceder la tutela y disponer que en forma inmediata, las autoridades ahora accionadas, reincorporen a la accionante a un puesto laboral con el mismo nivel salarial, hasta que se restituya a su puesto original, sin modificar sus condiciones laborales que permitan que pueda cumplir con el cuidado de la persona con capacidades diferentes que tiene a su cargo.
En vía de enmienda, complementación y aclaración, las autoridades hoy accionadas, en audiencia, mediante su abogada solicitaron complementación, señalando que si bien se dispuso que la accionante vuelva al mismo puesto de trabajo; sin embargo, dicho puesto de Estadística tiene que ser ocupada por una profesional con Título de Técnico Estadístico o por lo menos tres años que haya pasado Administración, Auditoría o Contaduría y la nombrada no cumple con ese perfil y si bien tienen la intención de reincorporarla; empero, no puede ocupar el citado cargo por no cumplir con los requisitos.
En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional, en audiencia, aclaró que no se puede cambiar el lugar o trasladar a la accionante a un lugar lejano u otra unidad que la aleje de la posibilidad de cuidar a la persona con discapacidad. De igual forma, los sueldos devengados de la nombrada deben ser liquidados por la Inspectoría del Trabajo y ser pagados.
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