Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1976/2026-S1 Sucre, 28 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 81558-2026-164-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 25/2026 de 10 de febrero, cursante de fs. 60 a 65, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por NN por sí y en representación de su hijo menor edad AA contra Verónica Gutiérrez Mendoza y Raúl Guillermo Loayza Rojas.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 9 de febrero de 2026, cursante de fs. 17 a 21, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 6 de diciembre de 2025, sin que existiera orden judicial los ahora accionados, procedieron a cambiar las cerraduras de las habitaciones donde residían, impidiendo el acceso al bien inmueble, negando cualquier posibilidad de recuperar sus bienes personales que se encuentran en el referido bien inmueble, dicho desalojo -alega- carece de cualquier fundamento legal; puesto que, la normativa boliviana determina expresamente que ningún desalojo puede efectuarse sin orden judicial y la existencia de un acuerdo previo entre las partes no justifica la privación arbitraria del acceso al bien inmueble, intentó comunicarse con los hoy accionados en múltiples ocasiones para buscar una solución pacífica y recuperar el acceso al citado bien inmueble y sus bienes; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al "techo digno", a la vivienda, a la inviolabilidad de domicilio, a la educación, a la salud, al debido proceso y a la legalidad; citando al efecto los arts. 9.2, 4 y 5, 19.1, 25 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)La restitución inmediata del acceso al bien inmueble ubicado en calle E. Daza 140, zona San Pedro de la ciudad de Potosí, así como el uso de las habitaciones específicas donde residían su persona juntamente con su hijo menor de edad AA, con intervención de los funcionarios policiales correspondientes para garantizar la ejecución pacífica de la medida;
- b)Los ahora accionados deberán facilitar la instalación de nuevas cerraduras o entregar las llaves de las cerraduras cambiadas, cubriendo íntegramente los gastos de cerrajería derivada de esas acciones;
- c)Se entregue inmediatamente todos sus bienes personales y material escolar del mencionado menor de edad que se encuentran en dicho bien inmueble, debiendo levantar acta los funcionarios policiales respectivos con la finalidad de constatar su integridad y correcta devolución;
- d)Prohibir la perturbación, debiendo ordenar a los hoy accionados se abstengan de cualquier conducta que altere la posesión pacífica, bajo responsabilidad civil y penal; y;
- e)El pago de daños y perjuicios, costos y costas, los cuales deben cubrir íntegramente los gastos de hospedaje desde el 6 de diciembre de 2025 hasta la restitución del acceso al bien inmueble; puesto que, serían personas vulnerables y no contarían con fondos ni para subsistir en el momento, las pérdidas económicas derivadas de la imposibilidad de acceder a bienes y herramientas de trabajo y los gastos escolares adicionales generados por la pérdida o inaccesibilidad del material escolar del señalado menor de edad.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 10 de febrero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 59, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su Abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:
- 1)Sería ilógico conforme a la prueba, que su persona se retire y que deje la ropa de su hijo menor de edad AA así como material escolar y dinero dentro de la propiedad si es que se alega dicho extremo;
- 2)En cuanto al principio de subsidiariedad, se justifica en la aplicación del art. 54.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, de esperarse el agotamiento de la vía civil con un juicio de desalojo o interdicto, existe la inminencia de un daño irreparable e irreversible; puesto que, existe un niño de nueve años de edad en situación de desamparo habitacional y educativo, no existiendo dilación cuando se trata de derechos de menores de edad, habiendo aportado las pruebas necesarias que no dejan duda y que acreditan su posesión y documentos de su referido hijo menor de edad que demuestran que fue su hogar; y,
- 3)En lo referente a la medida cautelar solicitada y cumpliendo con la carga para justificar, pide la anotación preventiva para asegurar la publicidad del litigio y evitar que los ahora accionados dispongan del bien inmueble antes de la ejecución de la sentencia, la retención de fondos en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), justificando dicha medida cautelar; puesto que, los hoy accionados deben responder por los daños y perjuicios; ya que, se dio gastos inesperados como hospedaje y pérdida de material desde diciembre de 2025 y dicha retención aseguraría que existan fondos para cubrir la indemnización de un menor de edad que en el presente caso no tiene nada; y en el caso de no aplicarse dichas medidas la justicia será solo un papel sin posibilidad de ejecución real.
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