Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1981/2026-S1 Sucre, 04 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 52538-2023-106-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 11/2022 de 13 de diciembre, cursante de fojas 23 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yobana Ivon Vacaflor Patiño en representación sin mandato de Juvenal Leonel Cabezas Barrero contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, fue inicialmente sometido a detención preventiva; posteriormente, el 8 de agosto de 2022, solicitó la cesación de dicha medida cautelar alegando la condición de inimputabilidad por discapacidad mental, extremo acreditado mediante el certificado médico emitido por la psicóloga forense Lic. Rossemary Calizaya Caballero; no obstante, la solicitud fue denegada en primera instancia, lo que motivó la interposición de un recurso de apelación, conocido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien valoró el informe técnico de referencia y dispuso anular el fallo impugnado, ordenando a la autoridad de origen emitir una nueva resolución en la que se valore la pericia psicológica en cuestión.
El 18 de octubre del mismo año, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz -autoridad demandada-, dio cumplimiento al Auto de Vista y concedió la cesación de la detención preventiva a favor del peticionante de tutela, disponiendo en su lugar la aplicación de las siguientes medidas sustitutivas:
- a)Detención domiciliaria;
- b)Presentación al Ministerio Público al sistema biométrico cada quince días;
- c)Arraigo;
- d)Prohibición de acercarse a la víctima; y,
- e)Dos garantes solventes; asimismo, ordenó el traslado inmediato del imputado para su respectiva valoración psiquiátrica; medida que no constituyó una vulneración o dilatación injustificada de su derecho a la libertad, toda vez que la detención domiciliaria ya se encontraba previamente dispuesta.
A pesar de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, dicha determinación no pudo ser efectivizada debido a que la autoridad demandada omitió emitir de manera oportuna los correspondientes mandamientos de libertad y de detención domiciliaria, supeditó ilegalmente la ejecución de la libertad concedida a la previa realización de una valoración psiquiátrica; trámite que no fue dispuesto como condición de efectivización por el Tribunal de alzada, dichas circunstancias hicieron que el detenido con discapacidad mental, permanezca ocho meses en el penal pese a haberse ordenado su libertad, dilatando el acceso a la detención domiciliaria, que viene siendo condicionada por una valoración que no fue dispuesta para su efectivización.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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