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TCPJurisprudencia precedencial reiteradora

1989/2013

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de noviembre de 2013SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional con relación al Juez disciplinario por emitir resolución sin la suficiente motivación y fundamentación, al restringir la producción de prueba y dictar la Resolución de primera instancia con ausencia de los…

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Resumen del caso

Ficha Jurisprudencial: SCP 1989/2013

Concede la acción de amparo constitucional con relación al Juez disciplinario por emitir resolución sin la suficiente motivación y fundamentación, al restringir la producción de prueba y dictar la Resolución de primera instancia con ausencia de los elementos probatorios de descargo dentro el proceso…

Proceso
Jurisprudencia precedencial reiteradora

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Sintesis de la ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional con relación al Juez disciplinario por emitir resolución sin la suficiente motivación y fundamentación, al restringir la producción de prueba y dictar la Resolución de primera instancia con ausencia de los elementos probatorios de descargo dentro el proceso disciplinario, sin realizar los actos de dirección del proceso en la producción de prueba, limitándose únicamente a establecer que la conducta del sumariado se adecua a la falta disciplinaria contenida en el art. 187.7 de la LOJ. Omisión que fue confirmada por el Consejo de la Magistratura mediante una resolución también inmotivada

Extracto de la ratio decidendi

FJ. III.4. "Ahora bien siendo, el aspecto primordial de la acción de defensa la negación de la producción de prueba de descargo, afectando con ello la valoración efectuada dentro el proceso disciplinario; si bien es cierto que el accionante fue notificado con la providencia de 4 de septiembre de 2012, que fija audiencia de declaración testifical de descargo para el 5 de igual mes y año a horas 17:30; sin embargo, con dicho actuado fue notificado faltando aproximadamente seis horas antes del verificativo de la audiencia, lo que impidió al denunciado convocar a seis testigos de descargo ofrecidos y tener la oportunidad de producir prueba, aspecto que en la Resolución de primera instancia asumida por la autoridad demandada basó su fundamento señalando que el mismo “no acreditó prueba por lo que no desvirtuó los hechos denunciados”, razonamiento alejado de la igualdad procesal al no haber permitido la producción de prueba de descargo, por cuanto al suspender la audiencia de declaración de testigos de descargo, solo se circunscribió a dejar de transcurrir el periodo de prueba, dejando de lado su rol de directora del proceso, quien debió agotar las diligencias y recabar los elementos de convicción que acrediten o desvirtúen los hechos denunciados como bien establece el art. 196.II de la LOJ; es decir, la Jueza disciplinaria se convierte en la actora directa de la investigación en procura del descubrimiento de la verdad de los hechos denunciados, siendo así, que cuenta con plena facultad para practicar las diligencias necesarias a objeto de recabar los elementos de convicción útiles, para acreditar o desvirtuar el o los hechos denunciados; la cual el art. 44.I del Acuerdo 165/2012, establece: “Todos los medios probatorios circunstanciales ofrecidos en calidad de prueba de descargo, por un principio de concentración y economía procesal deberán ser producidos de forma continua y sin interrupción”, lo que equivale a decir que los medios de prueba para producirlos correspondían a la Jueza disciplinaria dirigir y encaminar bajo los principios que se sustentan los procesos disciplinarios; en ese sentido, al limitar la producción de prueba y dictar la Resolución de primera instancia con ausencia de los elementos probatorios de descargo dentro el proceso disciplinario, se vulneró el debido proceso respecto al derecho a la defensa que debe concurrir dentro un proceso sancionatorio, siempre en procura de efectivizar un proceso justo; por cuanto la jurisprudencia constitucional ha establecido el derecho a la defensa es la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, a fin de que el procesado puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. (...) Consiguientemente, la Resolución 05/2012, de primera instancia se emitió sin la suficiente motivación y fundamentación, dado que no se asignó el valor específico a los medios probatorios de forma motivada estableciendo el nexo de causalidad entre las pretensiones de las partes procesales, limitándose únicamente a establecer que la conducta del sumariado se adecua a la falta disciplinaria contenida en el art. 187.7 de la LOJ, de donde la jurisprudencia constitucional estableció que toda autoridad que dicte una resolución, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador comprenda la misma y que la determinación esté establecida por los principios y valores supremos que rigen al juzgador, glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo. No obstante de la falta de fundamentación en la determinación de primera instancia, los Consejeros demandados dictaron la Resolución 47/2012, incurriendo en la ausencia de fundamentación al no haber explicado de forma clara y precisa los agravios expresados por el accionante al derecho al debido proceso, a la defensa, presunción de inocencia. En ese sentido amerita conceder la tutela solicitada, disponiendo que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, dicte nueva Resolución y sea debidamente fundamentada y motivada.

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1989/2013 Sucre, 4 de noviembre de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Efren Choque Capuma Acción de amparo constitucional

Expediente: 04096-2013-09-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 33/013 de 5 de julio de 2013, cursante de fs. 215 a 220, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan José Paniagua Cuéllar contra Wilber Choque Cruz, Wilma Mamani Cruz, Consejeros de la Sala Disciplinaria e Ingrid Daniza Melgar Rodríguez, Jueza Tercera Disciplinaria de la Oficina Departamental de Santa Cruz, todos del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 24 y 26 de junio de 2013, cursante de fs. 150 a 156 y 160, el accionante expone los siguientes fundamentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso disciplinario seguido por la Jueza Tercera Disciplinaria de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, a denuncia de Ana María Morales Campos de Garret en representación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por supuestas faltas inmersas del art. 187.7 y 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por haber presuntamente suspendido una audiencia de lectura de sentencia sin instalación previa, así como por pérdida de competencia; ante esa circunstancia, presentó un informe de 3 de septiembre de 2012, por la cual no solo negaba las acusaciones en su contra sino también presentó y ofreció pruebas de descargo, entre ellas el testimonio de los testigos Ana Delia Morales Hidalgo, Oscar Peña Mancilla y Juana Delia Aguilar; sin embargo, la autoridad demandada por decreto de 4 de septiembre del año señalado, fijó audiencia para la declaración de sus testigos de descargo a llevarse a cabo en “menos de veinticuatro horas”, además dicha providencia ni siquiera dispuso se expida las correspondientes provisiones citatorias para que sus testigos tengan conocimiento del llamado a declarar.

Posteriormente, la autoridad demandada dictó la Resolución 05/2012, por la cual declaró probada la denuncia, disponiendo la suspensión de sus funciones como Juez y sin goce de haberes por el tiempo de un mes, con el fundamento de que él “no habría ejercido su derecho a la defensa ni desvirtuado la denuncia en su contra”, siendo esta conclusión errónea y contradictoria con los hechos relatados, puesto que en obrados se evidencia que su persona presentó sus descargos, además ofreció pruebas testificales de descargo; además, la referida Resolución, es contradictoria por cuanto en la parte considerativa inicial, manifiesta que sí habría presentado pruebas de descargo, para luego, contradictoriamente manifestar como hecho base de su condena. En ese sentido, la autoridad demandada al haber omitido la declaración de sus testigos de descargo, considera que la autoridad demandada vulneró el art. 196.II de la LOJ.

Interpuesto el recurso de apelación, el mismo radicó en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, dictando la Resolución 47/2012 de 20 de diciembre, pretendiendo justificar las ilegalidades del inferior en base a nuevos argumentos, al manifestar que como denunciado tiene la carga de la prueba de desvirtuar las denuncias que se le interpongan. En suma considera la falta de motivación en los referidos fallos, invocando las , , y “1086/2012”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia como lesionados sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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Confirmadora
Tribunal Constitucional Plurinacional4 de noviembre de 20131989/2013Fuente oficial