Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2000/2026-S2 Sucre, 7 de octubre de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58773-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 161/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 340 a 350 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Grandy Cabero, Edgar Crispín Huarachi, Dery Quispe Chambi y Emma Jacqueline Andia Fernández en representación de Álvaro José Alvarez Griffiths, Comandante General Interino de la Policía Boliviana contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 10 y 19 de julio de 2023, cursantes a fs. 1, 161 a 173; y, 177 a 180 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Según Certificado de Inscripción del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Policía Boliviana tiene como actividad principal la administración pública y defensa, planes de seguridad social y afiliación obligatoria, teniendo solo como obligaciones tributarias el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el "Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)" y el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
No obstante, el 22 de septiembre de 2015, la Gerencia Distrital II de La Paz del SIN, emitió la Orden de Verificación 2515OVI00046, respecto al débito fiscal IVA y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2010; para posteriormente, determinar la existencia de ingresos no declarados por el IT, concluyendo con la emisión del CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/2331/2015 de 30 de diciembre - Resolución Determinativa 17-0001-15, misma que de oficio, sobre base cierta, determinó obligaciones impositivas de la Policía Boliviana por un total de UFV382.- (trescientas ochenta y dos unidades de fomento a la vivienda), equivalente a Bs800.- (ochocientos bolivianos) correspondiente al IT, por los periodos de octubre y noviembre de 2010, asimismo, estableció la sanción por omisión de pago por el total de UFV244.- (doscientos cuarenta y cuatro unidades de fomento a la vivienda) correspondiente a Bs511.- (quinientos once bolivianos), sumando un total de deuda tributaria de UFV626.- (seiscientas veintiséis unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs1 311.- (mil trescientos once bolivianos).
Contra la aludida Resolución Determinativa, planteó recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), el cual fue resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2016 de 29 de abril, que revocó la Resolución Determinativa. Esta decisión fue impugnada por la Gerencia Distrital II La Paz del SIN a través de recurso jerárquico; sin embargo, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) confirmó la mencionada Resolución de Recurso de Alzada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio. Posteriormente, la Administración Tributaria interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico, la cual fue resuelta por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sentencia 83 de 17 de agosto de 2018, que declaró improbada la demanda y mantuvo firme y subsistente la indicada Resolución Jerárquica.
La Gerencia Distrital II La Paz del SIN interpuso acción de amparo constitucional contra la Sentencia 83; en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la , dejando sin efecto la referida Sentencia, ordenando emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en dicho fallo constitucional. En cumplimiento de dicha decisión, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia 175 de 29 de septiembre de 2022.
La referida Sentencia 175, no consideró que los batallones de seguridad física dependen orgánicamente de la Policía Boliviana, conforme a la Resolución Ministerial (RM) 1106 de 29 de abril de 1982 ni que su personal tiene la condición de servidores públicos. Asimismo, los recursos económicos generados por los servicios que prestan son depositados en el Tesoro General de la Nación (TGN). Pese a ello, la Administración Tributaria sostuvo que dichos servicios tienen carácter comercial, sin tomar en cuenta que tales recursos no generaban lucro alguno, sino se enmarcaban en lo dispuesto por el art. 76 inc. d) de la Ley de Reforma Tributaria -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, norma que exenciona del pago del IT a los servicios prestados por el Estado; razón por la cual, dichos servicios se encuentran exentos del IT.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Sentencia 175/2022, debiendo las autoridades judiciales demandadas emitir una nueva sentencia.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 331 a 339, se produjeron los siguientes actuados:
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